|
180708 -
Proyecto Sur - Alcira Argumedo y
Pino Solanas *
La decisión del Senado, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba
la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política
y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del
kirchnerismo. El proyecto del Gobierno no cayó solamente por el voto del
vicepresidente Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También
aportaron la tozudez del Gobierno, que se negó a consensuar determinadas
reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las
retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación
realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y
oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008,
debido a la negligencia o complicidad de las autoridades las retenciones
sirvieron para estafar al Estado en 1169 millones de dólares, que las
exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al fisco. En
esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de
Claudio
Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento
consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las
retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.
La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevó al país a atravesar
más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar
al Congreso. La experiencia vivida en Diputados no sirvió como advertencia:
en el Senado, el Gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria,
entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado
a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones
democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los
grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su
dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que
evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir
de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica,
necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha
sido el caso del enfrentamiento con “el campo”. Un rasgo complementario de
ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso,
al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación
amigos-enemigos– tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos
sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los
grandes medios y el poder rural, sino también las del Gobierno. La política
de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos
del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de
haber hecho votar la ley antiterrorista. Lo más sorprendente fue su
capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y
ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron
prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser
arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del PJ –uno de los
partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en
el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes
corruptos del conurbano y más cómplices del saqueo nacional– fueron
considerados golpistas, antidemocráticos, integrantes de una “nueva derecha”
antipopular; con los cuales es imposible llegar a cualquier consenso. Y
aquellos que desde las propias fuerzas del Gobierno busquen ese consenso,
serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con
nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.
Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas –un síndrome
característico de varias provincias chicas de nuestro país– que a dinámicas
democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los
grandes debates nacionales– el Poder Judicial, los medios locales de
comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o
subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar
de este modo a una provincia poblada por unos 200 mil habitantes; y otra es
pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y
complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta,
como son las retenciones móviles, desconociendo que debían ser segmentadas e
ignorando, además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como
las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias
extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de
fideicomisos no tributan ganancias.
Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra
“el campo” durante más de cuatro meses ha dejado postergados otros problemas
no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se
pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la
riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente
deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis
energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos
hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en
particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector
financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones
impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de
ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y
nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y
consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de
cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios
de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas
licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del Indec; a los modos
de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas
latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos
objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas
polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un
proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos
de una nueva época histórica.
* Proyecto Sur.
|
