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Fortalecer la calidad institucional. (Nueva ley de radiodifusión)
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240909 - La reconstrucción del Estado Democrático Constitucional mediante el mejoramiento de la calidad institucional fue una de las rimbombantes promesas de la presidente Kirchner  en ocasión de su discurso en el Teatro Argentino en la ciudad de La Plata, en julio del 2007 y reafirmada en el día de su asunción a la primera magistratura.

La gran mayoría de los argentinos coincidían con estas metas tan deterioradas por la gestión personalista y autoritaria de su cónyuge. Parecía que  el cambio de gobierno traería aparejado un nuevo estilo de gobernar, en particular en lo que respecta a este punto tan esencial en un sistema democrático:
el respeto por las instituciones y las leyes.

Hoy a dos años vista de ese día, casi en la mitad de la gestión de la presidente, ya no quedan dudas que pertenece al mismo cuño del ex presidente y es solo la otra cara de la misma moneda. Pero para mal de nuestro país, mucho peor aún que su marido.

Queremos exponer una muestra más, de las últimas de las muchísimas irregularidades en la gestión del matrimonio real:
la nueva ley que regula el sistema de medios audiovisuales.

Es conocido la mala relación que los Kirchner tienen con los medios periodísticos, particularmente con el multimedios “Clarín”.

Toda esta grotesca  indisimulada embestida del gobierno contra los medios, originada por su odio y resentimiento, tiene dos finalidades: por un lado destruir el grupo “Clarín” por sus acerbas críticas sobre la gestión de gobierno y por el otro, amordazar a los medios como un medio de apuntalar la gestión presidencial y reforzar su alicaído poder político.

Al respecto  recordamos un aspecto que es muy conocido: el control de los medios constituye la forma más conveniente para facilitar la discrecional acción del gobierno.

Pero en correlación con lo expuesto, si el control y la regulación de los medios están completamente en manos del gobierno, estos dejan de cumplir
su rol de ser el contrapoder para convertirse en el instrumento más adecuado para la manipulación libre y arbitraria de la opinión pública.

El común de la gente, los estratos socioeconómicos más deprimidos, se informan de los acontecimientos y de las noticias a través de los medios de mayor comunicación, básicamente por la radiofonía y la televisión. El porcentaje que lo hace por otros medios, es muy limitado y difícilmente leen las editoriales de los diarios que representan las ideas del periódico….y si estos a su vez, representan los intereses e ideas del gobierno, la libertad de expresión prácticamente queda anulada.

Precisamente ese estrato es el más numeroso y compone la mayoría del país. Constituye en consecuencia el objetivo de los gobiernos autoritarios por la fácil manipulación y conducción de las masas de acuerdo a sus propios fines, sin importar si estos se encuentren dentro de los lineamientos de las leyes o fuera de ellas.

No caben dudas que la ley de radiodifusión realizada por el último gobierno militar debe ser cambiada. Pero no por ser del gobierno militar. Sino porque a la luz de las innovaciones tecnológicas y los cambios sufridos en este tema después de más de un cuarto de siglo ya es obsoleta. Por ello precisamente tiene más de doscientas modificaciones.

El argumento que por ser una ley del gobierno militar no es en absoluto válido. De ser así hay muchísimas promovidas por el gobierno militar que están en plena vigencia y no son cuestionadas por su origen.

No se cuestiona el cambio de la ley.  Se cuestiona la metodología y las formas. Kirchner la llamó “madre de todas las batallas”.

Kirchner lo enfoca como una batalla para imponer, como ya es su costumbre, su personal y arbitraria opinión. Pero sí constituye en cambio, “la madre de las batallas”, porque por la importancia de la ley, la libertad de expresión constituye
la piedra basal y probablemente la característica más clara que define un sistema democrático.

Por ello precisamente debería ser cuidadosa y detalladamente analizada con tiempo suficiente por ambas cámaras del Parlamento, para que luego de un profundo y detallado debate, sea consensuada para finalmente promulgarla.

Tendríamos así una ley moderna, actualizada y seguramente
para asegurar su vigencia por muchos años.

Pero no es esto que le importe al dueto real.  No les interesa tener una buena ley. Les interesa que sea promulgada, salvo modificaciones de poca importancia, tal como fue enviada al Congreso. No les interesa, ni la democracia ni el bien del país. Les interesa imponer su voluntad para conseguir sus espurios objetivos.
 

Citaremos algunos puntos negativos centrales que se pretende imponer o que vulnera la nueva ley:

·    Control gubernamental (autoridad de aplicación) de la regulación y la publicidad en los medios.

·                Implica avance sobre la propiedad privada.

·                Incrementa aún más la ya casi ausente seguridad jurídica en el país.

·                Compromete el pluralismo al controlar los contenidos.


La directiva presidencial es que debe ser promulgada en tiempo record. Ni sus propios legisladores pudieron leerla. Adolece de tantas fallas de procedimiento que sería largo enunciar sus trasgresiones e irregularidades reglamentarias y formales. También algunas graves y burdas fallas de contenido. Tantas  torpezas de toda índole, hizo que todo el arco opositor se retirara como protesta del recinto impugnando el tortuoso e irregular procedimiento, viciado de absoluta nulidad.

Se emplearon artilugios, trampas, artimañas, el manejo a su medida y convivencia personal y política,  procedimientos poco  claros, en el límite de la racionalidad... y muchas veces sobrepasando
ese límite que separa una persona o acto honesto de un delincuente o de un acto delictivo.

En toda la formulación de esta ley se evidenció la mala fe del gobierno.

No va a ser una ley que fortalezca la democracia. Muy por el contrario, va a ser una ley que atropella la democracia y es funcional a los desvaríos del matrimonio real. En vez de ser medios públicos tendremos propaladoras oficiales. No va a ser una ley consensuada y además con un rechazo unánime de las entidades periodísticas.

En definitiva una mala ley, que como casi todo en la gestión de los Kirchner, nos retrotrae hacia el pasado. No es la forma ni el método de fortalecer la institucionalidad que proclamó la presidente en el acto de su “coronación”.

 


 

 

 

 

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