Se suponía que el paquete de rescate financiero de 700 mil millones de dólares, conocido como el Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP, por sus siglas en inglés, obligaría a eliminar las compensaciones exorbitantes a ejecutivos y los llamados “contratos blindados”. Mientras los contribuyentes estadounidenses pagan con los dólares que tanto les costó ganar, los ejecutivos de alto vuelo y los directorios de las empresas ahora están considerando adjudicarse bonificaciones multimillonarias.

Según el Washington Post, el lenguaje específico de la ley TARP que prohibía dichos pagos extraordinarios fue cambiado a último momento, mediante una pequeña pero importante edición de una oración realizada por el gobierno de Bush. El Post informó: “El cambio estipuló que la pena se aplicaría solamente a las empresas que recibieron fondos del rescate mediante la venta al gobierno de activos en problemas en una subasta”.

Lea la letra chica. De los fondos de rescate del TARP a ser desembolsados, tan sólo se les impondrían límites en el pago a ejecutivos a aquellos fondos que técnicamente se gastaron “en una subasta”. Pero el Secretario del Tesoro Henry Paulson y su ex colega de Goldman Sachs, Neel Kashkari (sí, se pronuncia “cash carry”, que en inglés significa ‘llevar dinero’), que está a cargo del programa, no tienen intención de gastar los fondos en subastas. Prefieren su Programa de Compra de Capital, que entrega dinero en efectivo en forma directa. Recuerden el curriculum vitae de Henri Paulson: comenzó como asistente especial de John Ehrlichman durante el gobierno de Nixon y luego continuó trabajando durante un cuarto de siglo para Goldman Sachs, una de las mayores receptoras de fondos del rescate financiero y principal competidora de Lehman Brothers, la empresa que Paulson dejó que quebrara.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe sobre el TARP el 10 de diciembre, en el que expresa preocupaciones sobre la falta de supervisión de las empresas que recibieron fondos del rescate. El informe plantea que “sin una fuerte función de supervisión y monitoreo, la capacidad del Tesoro de asegurar un nivel adecuado de rendición de cuentas y transparencia será limitada”. La organización de noticias sin fines de lucro ProPublica ha hecho un seguimiento del programa de rescate que reveló detalles que permanecen ocultos por el Tesoro. Al martes pasado, 202 instituciones habían obtenido fondos de rescate por un total de alrededor de 250 mil millones de dólares.

La Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo recientemente: “La implementación del TARP por parte del Departamento del Tesoro no es suficientemente transparente y no rinde cuentas a los contribuyentes estadounidenses”. Barney Frank, diputado demócrata de Massachussetts y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo anteriormente: “La utilización de estos fondos (…) para bonificaciones, para el pago de indemnizaciones por despidos, para dividendos, para la adquisición de otras instituciones, etc., es una violación a las disposiciones de la ley”.

El senador Republicano Charles Grassley de Iowa dijo acerca del vacío legal: “Las delgadas restricciones a las compensaciones a ejecutivos en el proyecto de ley original desaparecieron”. Dejando de lado por el momento que los tres votaron a favor de la legislación, la ley claramente debe ser corregida antes de que se otorguen fondos adicionales.

Las sumas de dinero que se están llevando estos titanes de Wall Street son estremecedoras. En su informe anual “Exceso Ejecutivo”, los grupos United for a Fair Economy (Unidos por una economía justa) y el Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios sobre Políticas) informaron que la compensación de 2007 para Lloyd Blankfein, Presidente de Goldman Sachs (el sustituto de Paulson) fue de 54 millones de dólares, y la de John Thain, Presidente de Merril Lynch, fue la cifra astronómica de 83 millones de dólares. Desde entonces Merrill fue vendida a Bank of America, luego de perder más de 11 mil millones de dólares este año; sin embargo, Thain aún quiere una bonificación de diez millones.

Paulson, Kashkari y su jefe, el Presidente George W. Bush, quizá no sean las personas más indicadas para gastar los próximos 350 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses, apenas semanas antes de que se reúna el nuevo Congreso, el 6 de enero, y de que Barack Obama asuma la presidencia, el 20 de enero. Al igual que el informante de Watergate, Garganta Profunda, le habría dicho a Bob Woodward cuando Paulson recién comenzaba: “Sigue la pista del dinero”. El pueblo estadounidense, sus representantes en el Congreso y el nuevo gobierno de Obama deben seguir el rastro del dinero, remediar el vacío legal en relación con el pago a ejecutivos y exigir rendición de cuentas de los bancos rescatados por el público.

Denis Moynihan colaboró como investigador para esta columna.

Amy Goodman es presentadora de Democracy Now! un noticiero diario de una hora que se emite por radio y televisión en más de 550 emisoras en inglés y 200 emisoras en español.

© 2008 Amy Goodman