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200209
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Postales del Sur
- Los grandes medios de comunicación nacionales,
integrantes y defensores de las clases dominantes, quieren imponer la
candidatura de Carlos Reutemann, no solamente en las elecciones
legislativas de 2009, sino fundamentalmente a la presidencia de la
Nación, en 2011.
De allí que ya polaricen la contienda electoral en
Santa Fe. El actual senador nacional, ex gobernador en dos
posibilidades, es la demostración más palpable del triunfo de la
impunidad en democracia. Jamás dio una sola explicación en tribunales
provinciales o federales en torno a los dineros que por millones
llegaron al norte santafesino de la mano de su ex delfín, Jorge Massat
(fallecido en 2008), en forma paralela que se empobrecía aún más la
región; tampoco nadie lo molestó para responder sobre los asesinatos de
diciembre de 2001 como asimismo gambeteó cualquier cuestionamiento en
torno al desborde del Salado que se tragó la tercera parte de la ciudad
capital en 2003. Lejos de las tres banderas históricas del Justicialismo
(aquellas de la justicia social, la independencia económica y la
soberanía política), Reutemann, sin embargo, parece ser el hombre
elegido para perpetuar el partido, en primera instancia, pero lo más
importante, resulta la figura seductora para reciclar una estructura
social injusta en donde hay más de tres millones cien mil pibes que no
comen todos los días en un país hecho de carne, pan y riquezas. Sea una
vez más la memoria una necesaria herramienta para detener este nuevo
intento de llevar la impunidad al poder.
Poncio Pilatos
La candidatura presidencial de Carlos Reutemann fue criticada por la
seccional Rosario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su
secretario adjunto, Gustavo Martínez, recordó que "Santa Fe fue la
provincia con mayor cantidad de víctimas fatales durante la represión de
diciembre del 2001", y que "aún nadie ha rendido cuentas por los 23
muertos en la inundación" de abril de 2003 en la ciudad capital, cuando
el Lole era gobernador.
El dirigente aseveró: "«Yo no sabía», dice el senador ante la
inundación. «No di orden de matar a nadie» en diciembre del 2001,
argumenta. El Poncio Piloto (sic) santafesino podrá repetir esas
vaguedades hasta el cansancio, pero ninguna palabra cambiará ya la
historia y la realidad, que los muertos viven y sus voces se
multiplican".
Martínez, también integrante de la Comisión Investigadora No
Gubernamental de la Masacre de Diciembre de 2001, se preguntó "¿qué
gobernante argentino en democracia armó su gabinete con ejecutores del
genocidio en áreas clave como Seguridad y Economía?". Remarcó que
"Reutemann gobernó dos veces la provincia, y sólo hubo un ministro de
Hacienda: el contador Juan Carlos Mercier, que contaba como antecedente
el haber sido secretario de Hacienda de la dictadura".
Destacó que los secretarios de Seguridad del Lole fueron "el teniente
coronel (Rodolfo) Riegé, responsable de 40 desapariciones forzadas de
personas, y Enrique Álvarez, quien formó y forma parte de la Side desde
marzo de 1976". Martínez hizo suya la frase de Rubén Naranjo quien
escribió hace 15 años que "Reutemann tiene predilección por los
genocidas".
(Fuente: Diario La Capital, martes 13 de enero de 2009).
La dulce década en el extremo norte santafesino
El supuesto enriquecimiento ilícito del ya fallecido senador nacional
Jorge Massat es la expresión política individual del neofeudalismo de
fin de milenio que se viene practicando con la gente del departamento
General Obligado desde hace una década.
Los mismos diez años que le sonrieron a Carlos Menem, Carlos Reutemann y
al propio Massat, se pueden medir en casi cincuenta millones de dólares
que pasaron a través del Ingenio Arno, la mayor fuente de mano de obra
del norte profundo santafesino.
Dinero que, en la mayoría de los casos, fue tramitado por la dupla
Reutemann - Massat, estableciendo no solamente una sociedad política
sino económica, más allá de lo que diga o se niegue a aclarar el
gobernador santafesino.
Los 17 millones de pesos que el ex senador nacional nunca explicó cómo
se generaron en los mismos tres años en los que fue presidente de la
estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado y
Privatizaciones, forman parte de las repetidas promesas de empleo para
los obreros del surco, los empleados del Arno y la reactivación para los
productores de la región.
Desde 1991 hasta principios del tercer milenio, subsidios, reducción de
aportes patronales, compras anticipadas de cosechas, cancelación de
deudas varias, créditos otorgados por el Banco Provincial de Santa Fe
declarados como perdidos, aportes del tesoro nacional, son las distintas
máscaras detrás de las cuales se blanquearon millones de pesos que
supuestamente debían ir hacia la gente y que hasta ahora no se sabe
dónde terminaron.
En todos los casos, Reutemann y Massat actuaron en forma conjunta. Y en
forma paralela, centenares de familias de Villa Ocampo y del
departamento General Obligado, empeoraron sus existencias.
De los 18 mil habitantes que viven en la ciudad, hay mil chicos con
distintas discapacidades. Según el propio ejecutivo municipal, de
extracción peronista, la causa es la desnutrición que sufrieron sus
madres. Las que los gestaron en la dulce década del noventa en la que la
dupla Reutemann - Massat consiguieron más de 50 millones de dólares para
esa misma gente. Herederos del saqueo medioambiental y social que
produjo La Forestal.
Santafesinos ilustres
Liliana Gurdulich de Correa y Jorge Massat, como ex presidentes de la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las
Privatizaciones, convalidaron el 78 por ciento de las renegociaciones de
las concesiones que hizo el estado nacional entre 1990 y 1999.
De los 161 dictámenes que se concretaron en la década, los dos
legisladores santafesinos convalidaron 125.
El rol de ambos santafesinos será discutido en las próximas sesiones del
senado nacional en su desesperada búsqueda por recuperar credibilidad
social.
Los detalles del trabajo de ambos santafesinos muestra algunas
diferencias. La señora Gurdulich, por ejemplo, se mostró muy
complaciente a la hora de las privatizaciones de los servicios de gas en
las provincias; mientras que Massat no tuvo inconvenientes a la hora del
aumento de los peajes, las renegociaciones por el transporte ferroviario
y por Aguas Argentinas, entre otras.
La Bicameral
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las
Privatizaciones se conformó mediante la ley 23.696 y comenzó su trabajo
en 1990.
Su presidenta fue la senadora por el justicialismo santafesino, Liliana
Gurdulich de Correa.
El primer dictamen de la estratégica comisión, verdadera síntesis de la
década menemista, fue la modificación de los pliegos para la
privatización de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones. También
ese mismo día se cambiaron los pliegos para la licitación de Aerolíneas
Argentinas. Era el 28 de marzo de 1990.
Pero el gran día de la ex senadora santafesina fue el 8 de noviembre de
1990.
Esa jornada quedó consagrada como la distribución de las provincias
entre las principales empresas que explotarían el servicio de gas en
cada uno de los estados argentinos. La concesión del negocio del gas
natural en La Plata, La Rioja - Catamarca, Córdoba, Santa Cruz, San
Luis, San Juan, Capital Federal - Gran Buenos Aires, Río Negro, Bahía
Blanca, Neuquén, Tucumán - Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del
Fuego, La Pampa, Jujuy y Provincia de Buenos Aires, se hizo posible a
pesar de la disidencia total expresada por el diputado demócrata
progresista Alberto Natale. La presidenta votó por la afirmativa en
todos los casos en esa “maratónica” jornada.
Después le tocó votar a favor de la privatización de la Caja Nacional de
Ahorros y Seguros, de los ramales ferroviarios Rosario - Bahía Blanca y
hasta del Hipódromo Argentino.
En 1992, su último año como presidenta de la Comisión Bicameral, la
señora Gurdulich también se anotó entre quienes privatizaron Obras
Sanitarias a partir de la aprobación de los pliegos el 30 de abril,
aunque los cuatro legisladores radicales de entonces se manifestaron en
disidencia parcial. Su último trabajo fue avalar la licitación y
adjudicación de los accesos a Buenos Aires.
Como primera presidenta de la Comisión, Liliana Gurdulich terminó
avalando 64 procesos de concesión, licitación y renegociaciones a favor
de empresas privadas. Todo un record.
El turno de Massat.
El que fuera dos veces intendente de Villa Ocampo, una de las ciudades
más pobres de Santa Fe, Jorge Massat, se hizo cargo de la presidencia de
la Comisión Bicameral a partir de 1996. Llegó de la mano de Carlos
Reutemann.
Lo primero que hizo Massat el 14 de marzo de 1996 fue cancelar la
concesión de una terminal portuaria.
Luego vinieron la renegociación de los contratos con Ferrocarriles
Metropolitanos, la reestructuración tarifaria de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, el barajar y dar de nuevo en Aguas Argentinas, su
participación en los nuevos acuerdos por el dragado del Paraná y el
aumento en las tarifas de los peajes el 25 de febrero de 1998.
Como presidente de la comisión, el senador Massat, desde el 14 de marzo
de 1996 al 22 de junio de 1999, aprobó 61 dictámenes en la etapa de las
renegociaciones.
Allí se condonaron deudas de grandes grupos económicos, como ocurrió con
diez millones de pesos que no pagó Techint para la continuidad de la
explotación de Ferroexpreso Pampeano o con las inversiones que no
hicieron los adjudicatarios de las concesiones de los servicios viales.
En la década del menemismo, dos santafesinos, Liliana Gurdulich de
Correa y Jorge Massat, concentraron el 78 por ciento de dictámenes a
favor de los grandes grupos económicos que explotan los servicios
privatizados. Dos muestras más de la provincia “invencible”.
Diciembre de 2001
Una orden bajó desde lo alto del poder político de la administración de
Carlos Reutemann: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas.
Eso es lo que se desprende de los nueve cuerpos que contienen los
testimonios de familiares y vecinos de los ocho asesinados de diciembre
pasado, siete en el Gran Rosario y uno en Santa Fe; y las palabras de
suboficiales y oficiales de La Santafesina SA.
Cuatro fusilados encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el
Poder Ejecutivo Nacional dispusiera el estado de sitio.
La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los
promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes:
siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la
provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes
involucrados.
Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política
colombiana de los últimos cincuenta años.
El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de
armas de fuego secuestradas durantes los saqueos: solamente nueve y
hubo, se recuerda, siete muertes en el Gran Rosario. Actuaron las Tropas
de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las
reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino
de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Álvarez,
dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del
doctor Lorenzo Domínguez y con los vicios y mañas operativos del
entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani.
Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba
a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según
se desprende del expediente.
Esta síntesis forma parte de lo volcado en la causa sobre los cuatro
primeros asesinatos cometidos por la policía horas antes de la
declaración del estado de sitio por los restos del gobierno nacional.
Todo está allí, lo dicho y lo que no se dice, se infiere con claridad.
Si hubo una orden política que tuvo como principales responsables a
Domínguez, Álvarez y Storani, ¿podía Reutemann desconocer las
consecuencias de lo que podía suceder?.
Nadie en el poder judicial santafesino se hizo esta pregunta hasta el
presente, enero de 2009.
No es otra cosa que demandar la misma explicación que le pidieron, en su
momento, al ex presidente de la Nación, Fernando De La Rúa.
El desborde del Salado
(Abril 2003)
Las promesas incumplidas
“El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda se ha propuesto
como objetivo replantear la planificación general de los estudios y de
las obras a ejecutar, para definir, en una visión más amplia, el
conjunto de las prioridades existentes en función de las necesidades, de
los recursos disponibles y de su programación en el tiempo”, decía el
Informe a la Asamblea Legislativa en la inauguración del 119º período de
sesiones ordinarias el primero de mayo de 2001.
El gobernador era Carlos Reutemann y en el subtítulo dedicado a “obras
hidráulicas” se destacaba que “la definición del proyecto ejecutivo para
resolver, en forma definitiva, el abastecimiento de agua potable en 151
localidades del oeste provincial a través de la alternativa que resulte
de un análisis comparativo técnico, económico y ambiental”.
También se anunciaba “la continuación del programa de saneamiento y de
defensas hídricas para resolver los inconvenientes que afectan las áreas
productivas y urbanas de la provincia. En esa línea se inscribe la
reglamentación de la ley 11.730, de regulación de uso del suelo en áreas
inundables”.
El apartado dedicado a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas
Servicio Provincial de Agua Rural se afirmaba que “un aspecto
fundamental para el desempeño de este organismo son las condiciones
imperantes que afectan no solo al territorio provincial sino también al
país. La gran variabilidad en la distribución -en cantidad y tiempo- de
las precipitaciones ha provocado situaciones extremas -inundaciones y
sequías- en numerosas regiones del ámbito provincial, en ciertos casos
en forma simultánea, que obliga a actuar en una permanente situación de
emergencia hídrica”.
Tal situación, seguía el informe presentado por el gobernador a la
Asamblea Legislativa, “provoca un continuo ajuste de las medidas
destinadas al manejo y control de excedentes y déficit hídrico, de allí
que para lograr una mayor efectividad de las diferentes líneas de acción
se trabajó y se trabajará” en distintos puntos que entonces fueron
descriptos.
Entre otros: “Se activaron las tareas a través de los Comités de Cuencas
inter jurisdiccionales y con las provincias vecinas, como ejemplo de ello
se puede citar: Comité Inter jurisdiccional del río
Pasaje-Juramento-Salado: el tema básico representa la compleja
distribución de caudales para cada provincia y con usos múltiples. Se
logró un significativo avance sobre el estudio de pérdidas de caudales,
con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba”.
Tres años después el Salado se llevó cada una de estas palabras al fondo
de la ciudad inundada.
No se sabe dónde fue a parar aquel “significativo avance sobre el
estudio de pérdida de caudales” que se hizo con los investigadores de la
universidad cordobesa.
Tampoco hay un relevamiento de los trabajos que supuestamente se
hicieron en la zona oeste de la provincia, territorio atravesado por las
aguas del Salado.
Aquel mensaje de dos años atrás no fue controlado ni evaluado.
Ni por el oficialismo ni por la oposición.
En diciembre de 2002, el gobierno de Reutemann redobló la apuesta
informativa sobre las obras realizadas desde 1999 y presentó un balance
de gestión.
Dentro del segmento dedicado a las “obras hidráulicas” lo único que se
destaca en relación a lo citado en el informe de 2001 con respecto a las
inundaciones en lugares cercanos a la ciudad capital es el “refuerzo de
defensas en las localidades de Saladero Cabal, Helvecia, San José del
Rincón y La Guardia Centro” y la “canalización y obras de artes en
Cuenca del Arroyo de las Conchas”.
Entre las obras ejecutadas se señalaba la “reconstrucción Puente
Colgante y obras complementarias”.
El capítulo dedicado a Medio Ambiente se lee que se trabajó “en el
diseño de una política de planificación ambiental, entendida como punto
de partida en el camino hacia el desarrollo sustentable y como un
proceso participativo e integrador que opera sobre lo económico, lo
social y lo ambiental”.
Ni una sola línea vinculada a las inundaciones. Aunque hay un párrafo
que sobresale por su desparpajo: “Hemos realizado numerosos ensayos en
nuestro laboratorio, tendientes al control ambiental de calidad de
suelo, agua, efluentes industriales y control de la contaminación de
cursos superficiales y profundos de agua. También brindamos
asesoramiento y efectuamos tareas para terceros como un servicio sin
cargo para la comunidad, alcanzando a hospitales, escuelas, municipios y
comunas y distintas dependencias oficiales”.
Si los laboratorios estudiaban la calidad del agua alguien debió darse
cuenta del caudal de los ríos que recorren la geografía provincial.
Si alguien asesoró durante tres años a las distintas instituciones
mencionadas es porque se tenía un permanente relevamiento informativo
sobre lo que ocurría con y en los recursos y accidentes naturales de la
provincia.
Semejante cantidad de información, sin embargo, parece refugiarse en
lugares inaccesibles para el gobernador.
Estos documentos oficiales de la administración Reutemann demuestran el
tamaño de la responsabilidad política en todo lo concerniente a lo
sucedido con el desborde del Salado.
Las cosas que se hicieron no sirvieron y las que se estaban realizando
no se terminaron.
Una cuestión de metros
“De haber seguido la construcción aunque sea un kilómetro más, se
hubiera evitado el ingreso de la masa hídrica que inundó la mayor parte
de la ciudad”, dijo Pablo Farías, concejal del Frente Grande en relación
a la interrupción de la defensa del Salado a la altura del hipódromo
santafesino.
“El agua que inundó casi un tercio del caso urbano de la ciudad ingresó
exclusivamente por ese lugar. Más allá de que si hubo o no presiones de
interesados o de propietarios de los terrenos por los que tenía que
pasar la defensa eso no deja de lado la responsabilidad del Estado, que
debía hacer esa defensa de la forma que fuera porque la utilidad pública
que tiene excede los intereses personales. El problema es que allí pasa
el caño que alimenta de gas natural a la ciudad, así que se decidió no
hacerlo, cuestión discutible porque si ponemos en la balanza la
catástrofe que tuvimos, al lado de haber quedado sin gas la ciudad, el
problema hubiese sido menor”, dijo el concejal.
Apuntó que la contención de emergencia de casi 600 metros se hizo en
cinco días por lo que quedó en evidencia la desidia del gobierno en no
haber construido las obras de defensa en tiempo y forma y no después de
la invasión de las aguas.
Si se sabía
“La ciudad Capital no estaba desprotegida ante la crecida del Salado. La
provincia se endeudó en más de 25 millones de dólares sólo para la
construcción de defensas que luego debieron ser dinamitadas en algunos
puntos para salvar Santa Fe”, sostienen los periodistas y directores de
la revista “Tercer Mundo” en su número dedicado íntegramente a la
inundación.
Afirman que “en mayo de 1994 el entonces Ministro de Hacienda y Obras
Públicas, Juan Carlos Mercier, junto al subsecretario de Obras Públicas,
hoy senador provincial por el PJ, Daniel Depetris, realizan la apertura
de la presentación de ofertas técnicas y económicas para la construcción
de la zona oeste de la Circunvalación en el tramo comprendido entre la
Ruta Nacional número 11 y la Avenida Blas Parera en inmediaciones del
Hipódromo de Las Flores. Se le adjudicó a la Empresa Victorio Américo
Gualtieri la realización del primer tramo de la obra”.
El propio Mercier calificaba a la obra como fundamental porque “su
construcción significa la protección de más de un tercio de la población
de la capital provincial”.
Los redactores remarcaron que “da terror la certeza del dato de Mercier
evidenciando el conocimiento que tenía el Ejecutivo provincial en cuanto
lo que significaba socialmente la obra”.
Agregaron que “el agua del Salado entró a la ciudad por la intersección
del terraplén con el Hipódromo. La duda que debe despejar el Ejecutivo
es:¿el sector se rompió?, o ¿el sector nunca existió?”.
El nuevo terraplén
Ahora el gobierno de Carlos Reutemann anunciará la prolongación hasta
Recreo de las defensas de la ciudad de Santa Fe contra las aguas del
Salado.
Serán 23 kilómetros de terraplén con un costo de 50 millones de pesos y
se deberá complementar con puentes más anchos en la autopista a Rosario.
El actual Ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, sostuvo que “se
trabaja reflotando el Plan Federal de Infraestructura elaborado por la
provincia” a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo
que paga el estado nacional y está a disposición de la provincia.
El funcionario agregó que “se acordó un paquete de obras para tratar de
reacondicionar toda la red vial de la cuenca del río Salado, entre la
que es imprescindible la readecuación del puente de la autopista Santa
Fe - Rosario, al que hay que aumentar la luz para posibilitar un mayor
paso de agua”.
Mientras se avanza en este nuevo proyecto el único funcionario que pagó
los costos políticos de tanta desidia acumulada fue el ingeniero Ricardo
Fratti.
El 6 de mayo pasado se produjo su renuncia al cargo de director de Obras
Hidráulicas.
Fratti ya había acumulado una serie de once advertencias y pedidos de
renuncia de la cúpula de Obras Hidráulicas que por carta le hicieron
llegar a las propias manos de Reutemann distintas instituciones,
especialmente de la zona sur de la provincia.
En su momento, cada una de estas advertencias y los pedidos de renuncia
no se tuvieron en cuenta.
Fratti siguió en su puesto hasta que tuvo que dejarlo como consecuencia
de tanta mentira y desidia acumuladas.
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