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- Río Negro -
Con el asesoramiento del ministro de Economía
(1976-1980) José Martínez de Hoz, las dictaduras militares se abocaron a
poner públicamente en evidencia la "ineficiencia" de YPF.
Se derogó el decreto 632/74 que le daba el monopolio de la
industrialización y comercialización de combustibles. Se congelaron los
sueldos de sus profesionales y los mejores migraron a las empresas
privadas. Entre 1977 y 1982 debió entregar más de 25 yacimientos en
plena producción. Se la obligó a endeudarse (de 350 millones de dólares
en 1975 a 4.600 en 1983) con préstamos que no recibió y a hacer
inversiones inmediatamente privatizadas, como el gasoducto Centro-Oeste.
Debió pagar el petróleo de sus contratistas a precios que en 1982
cuadruplicaban los costos promedio de extracción en el país. Las
petroleras privadas, que en 1976 eran un porcentaje ínfimo, en 1982
alcanzaron el 40% de participación en la industria. El riesgo empresario
fue casi totalmente asumido por YPF, que entre 1977 y 1985 hizo 942
pozos de exploración contra 18 de las privadas.
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo esas políticas para
los hidrocarburos. Su Plan Houston licitó, sin intervención del
Congreso, miles de kilómetros cuadrados de cuencas continentales y
plataforma submarina. Redujo al 27% la parte de YPF en la venta de
combustibles; en 1989 los aportes al fisco de YPF y Gas del Estado
igualaban a los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y
Patagonia. Promovió la contratación privada de barcos de transporte en
vez de reparar la flota de YPF. Según el fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, en 1987 YPF compró más
de ocho millones de metros cúbicos de petróleo a 93 dólares el barril y
vendió a Shell y Esso otro tanto a sólo 45 dólares.
La resultante "ineficiencia" de YPF sirvió de justificación al
presidente de Carlos Menem (1989-1999) para venderla al capital
extranjero. Aunque violaba la ley de Hidrocarburos 17.319 (1967),
legalizó la entrega con las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 23.697
de Emergencia Económica elaboradas por su ministro de Economía Domingo
Cavallo. En 1990, cuando facturaba unos 4.000 millones de dólares
anuales, el decreto 2.778 transformó a YPF en sociedad anónima bajo la
dirección del ingeniero José Estenssoro, empresario petrolero con
importantes vínculos internacionales. Usando sólo criterios de
eficiencia y rentabilidad, sin tener en cuenta las consecuencias
sociales y geopolíticas, su Plan de Transformación Global vendió o cerró
los sectores de menor valor, poco rendimiento o prescindibles. Esta
"poda vigorizadora", simultánea a la eliminación de empleados y la
reorganización de los métodos de conducción y trabajo de los que
quedaron, hizo a YPF una empresa vendible en el mercado internacional.
En 1990 YPF era el cuarto mayor empleador del país con el 13% de los
trabajadores públicos: 50.000 empleados de los que 15.000 eran
temporarios, ilustrando el criterio clientelista con que se lo manejaba.
Su número se redujo a 23.000 en 1991, 13.000 en 1992, 9.000 en 1993 y
unos 6.000 en el 2001 como Repsol-YPF. El gobierno menemista hizo
astutas maniobras para neutralizar las protestas por los despidos
masivos. Concedió subsidios, contratos y privilegios especiales al
Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). Dio a los
"prescindidos" retiros "voluntarios" y jubilaciones anticipadas con
grandes indemnizaciones que muchos usaron para comprar, por ejemplo, su
propio remise. También recibieron cursos de capacitación en panadería,
computación, pantalonería, aviación... que tal vez les permitieron
competir con ventaja contra los profesionales universitarios que en la
época manejaban taxis y remises. La ley 24. 145 (1992) otorgó a los
cesantes el 10% del valor de venta de YPF, aún no pagado a la fecha de
publicación de este artículo. La privatización tuvo máximo impacto en
los lugares donde la explotación de hidrocarburos era la principal o
única fuente de trabajo, como Comodoro Rivadavia, Cutral Co, Plaza
Huincul, Río Grande, Tartagal y Vespucio. Es prototípico el caso de
Cutral Co, inicialmente un campamento petrolero de una zona desértica de
Neuquén, cuya única fuente de ingresos era y sigue siendo la actividad
estatal. El cese de actividades afectó tanto a los pobladores que, en
1996, cortaron la ruta durante varias semanas iniciando el movimiento
piquetero que se extendería a todo el país. Durante esas protestas fue
muerta Teresa Rodríguez, hoy emblema del movimiento.
En 1993 se vendió el 80% de las acciones de YPF por 6.300 millones de
dólares, acciones que en 1998 valían 10.300 millones. Aunque el costo
promedio de producción era muy inferior, las petroleras privadas vendían
internamente el petróleo a precios internacionales (el costo ronda hoy
los 7 dólares por barril, se vende a 47 y el precio internacional excede
los 90). Cuando aumentaba el valor internacional, los combustibles
aumentaban eso y un poco más; cuando en 1998 el precio internacional
disminuyó un 40%, los precios bajaron menos del 3%. Durante todo el
período las petroleras tuvieron irrestricta libertad de remisión de
utilidades, dividendos, regalías y pagos de patentes; de importación de
maquinarias, equipos, insumos y tecnologías aunque existieran en el
país; de transferencia de pagos por supuestos préstamos contraídos en el
exterior con sus casas matrices; de repatriación parcial o total de
capitales cuando lo quisieran. Dejaron de pagar el impuesto al crudo
procesado que financiaba obras hidroeléctricas. El resultado fue que
entre 1991 y 1998 sus ganancias aumentaron un 70%, mucho más que el
promedio de las 100 empresas más grandes del país. Mientras se exportaba
valiosa materia prima sin elaborar, la industria petroquímica (el valor
unitario de cuyos productos elementales más que triplica el del crudo)
producía sólo para el mercado interno, desmintiendo la supuesta
actualización tecnológica de la industria petrolera.
Durante la Segunda Década Infame, gracias a la Revolución Productiva que
la mayoría de nosotros votó, los argentinos pagamos los combustibles a
precio internacional, hicimos desaparecer nuestras reservas de
hidrocarburos, regalamos renta petrolera al exterior, congelamos el
crecimiento de nuestra industria petroquímica y de fuentes de energía,
redujimos drásticamente el poder de compra de nuestros salarios,
eliminamos millones de puestos de trabajo, condenamos a migrar a
poblaciones enteras y convertimos en desaparecidos sociales a más de
dieciocho millones de nuestros pobres e indigentes.
CARLOS SOLIVÉREZ es
Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales. Mail:
csoliverez@gmail.com
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