-¿Qué
cambió y qué sigue igual?
-En la etapa
pasada los negocios principales y de mayor rentabilidad eran los
vinculados a la especulación financiera o a las áreas de servicios
privatizadas y, consecuentemente, los niveles de rentabilidad de
actividades productivas eran menores. En la etapa actual, la renta
que obtienen las actividades productivas son mayores, y la de las
áreas vinculadas a los servicios de las áreas privatizadas son
menores que antes. Pero el hecho de que haya un cambio en el esquema
de negocios sin modificación en los basamentos más estructurales
determina algunas cosas: si bien se recuperó el nivel de actividad
económica, llegando a los niveles del 98, la recuperación en
términos sociales es más lenta. Lo que parece observarse es que la
Argentina termina de organizar un esquema económico después de la
devaluación que se sostiene en condiciones de mayor explotación de
la fuerza de trabajo y de mayor pauperización que los que dominaron
las condiciones de funcionamiento de los 90.
- ¿En base a qué datos saca estas conclusiones?
-Ejemplo: la
Argentina tiene mayores niveles de actividad económica que en el año
98, pero cuenta con una tasa de desocupación superior a la que
existía en aquel momento. En el 98, la desocupación estaba en el
orden del 11 por ciento. Hoy, incluyendo, a los que perciben planes,
la Argentina está en el orden del 13 por ciento. Y el ingreso
promedio de los argentinos actualmente es inferior al que había
entonces: está un 25 por ciento por debajo de aquel momento. Hay
otra relación muy importante, que ha cambiado y es muy determinante:
la relación entre el ingreso promedio y el nivel necesario para que
un hogar tipo no sea pobre. En la Argentina actual, el ingreso
promedio está aproximadamente 10 puntos por debajo de lo que
necesita un hogar para ser pobre. En el 98, el ingreso promedio
estaba 34 por ciento por encima de lo que necesitaba un hogar para
no ser pobre. En aquel momento había 10 millones de pobres, hoy
existen 15 millones.
-Ya me lo imagino a Néstor Kirchner confrontando con usted,
diciendo: “Esos son los que dicen que con Menem estábamos mejor...”.
-Lo que hay que
hacer es entender la realidad. La situación social argentina no se
construyó de un día para otro. Fue el resultado de una etapa de
reestructuración de la economía que implicó el predominio de la
actividad financiera en desmedro de lo productivo. Implicó también
cambios distributivos importantes. Pero el modo de construirse fue a
través de distintas crisis: hubo una en el 76/77, que fue el momento
de instalación del proyecto regresivo de la dictadura, hubo una
nueva crisis en el 82, otra en el 89, una en el 94/95 y la última en
98/2002. Cada crisis lo que nos demuestra es que luego de su pico se
instituye un plan de relativa normalidad que siempre es mejor al
momento propio de la crisis. Por lo tanto si uno compara el modelo
de la tablita cambiaria de (José Alfredo) Martínez de Hoz del 78 al
81 va a encontrarse con situaciones, en términos relativos, mejores
que las que caracterizaban el período de la crisis 75/76. Ahora lo
que lo no sucedió nunca es que se volviera a los niveles previos a
la crisis. Y esto pasó en todos los casos.
- ¿Y qué perspectivas ve ahora de que se vuelva a los niveles
previos a la crisis?
-Lo que uno
observa no es alentador. Porque si uno hoy tiene niveles de
actividad superiores a los del año 98, no es lógico que tenga mayor
tasa de desempleo, debería tener menor. La lógica sobre la cual se
organiza la salida productiva y exportadora de la Argentina actual
se sostiene en mayor explotación de la fuerza de trabajo y mayor
empobrecimiento de la sociedad. Es cierto que estamos mejor que en
2002. Pero también es cierto que estamos peor que en los 90. Y no es
claro que la cosa mejore. Si vamos al patrón distributivo, hoy
tenemos en términos de participación del total del PBI, que los que
están ocupados y no son patrones reciben 5 ó 6 puntos por debajo de
lo que recibían en 2001. Y si bien hubo una pequeña recomposición en
2003, lo cierto es que en 2004 y 2005 se agudizó la desigualdad. Da
la sensación que se estabiliza un nuevo piso de pobreza: si en los
90 la pobreza estaba en el orden del 25 por ciento, ahora da la
sensación es que ese piso estará por arriba del 35 por ciento, sino
el 40. Porque digo esto: porque cada vez hay más datos que indican
que el crecimiento tiene un menor derrame.
-¿A qué datos se refiere?
-El nivel de
empleo que genera cada punto de crecimiento de la economía, cada vez
es menor. La economía generó mucho empleo en 2003, la mitad en 2004
y la mitad de la mitad en 2005. La economía creció en los últimos
tres años casi al 9 por ciento cada período. Entonces, ese mismo 9
por ciento cada año genera menos empleo. El segundo elemento es que
la composición del empleo no se ha alterado: sigue repartiéndose por
mitades entre empleo formal y empleo ilegal o informal y estos
últimos tienen un menor nivel de ingreso. El tercer dato es que el
empleo en blanco que se genera -que es el que se propagandiza- tiene
niveles salariales inferiores a los históricos. La persona que
ingresa hoy a un trabajo no lo hace con el promedio salarial de los
trabajadores que ya están en el mercado, sino por debajo. Estos tres
elementos indican que el derrame tiende a agotarse, por eso cada vez
es menos lo que bajan la pobreza, la indigencia y el desempleo.
Además, hay otro tema importante: la capacidad de sostener esta tasa
de crecimiento, que depende del volumen de inversión. Con una
inversión que está en el orden del 20 por ciento del PBI no parece
posible sostenerla. Hasta ahora eso se logró porque hubo una
ganancia de productividad muy grande sobre la base de la capacidad
instalada. Pero, en verdad, lo que se invierte es de carácter
marginal. Eso se advierte cuando se mira la composición de la
inversión. El 60 o 65 por ciento proviene de la construcción, se
vincula al boom inmobiliario residencial y privado, que es una de
las actividades que en el modelo vigente tiene niveles importantes.
Pero esto nos reenvía a lo que dije antes: el boom inmobiliario
tiene que ver con la distribución del ingreso. Porque con una
distribución profundamente injusta como tiene la Argentina, el
patrón del mercado interno está basado en el consumo de los
segmentos altos de la población. Los dos sectores que están
funcionando son el de la construcción residencial y el automotriz.
La construcción residencial tiene límites en términos de inversión
reproductiva y la industria automotriz, en realidad, es una
armaduría, porque los autos se traen en forma completa del exterior
o se fabrican con una elevada proporción de componentes importados.
-¿Cómo definiría al modelo K?
- El modelo
vigente es un modelo hacia afuera, de colocación de naturaleza
barata en el mercado mundial. El patrón de exportaciones no tiene
diferencias respecto al anterior a la crisis. La devaluación no ha
modificado el perfil exportador en términos de agregación de valor.
Y, en segundo lugar, es un modelo hacia arriba, en el sentido de
atender las demandas de los sectores más acomodados de la población.
El modelo se sostiene orgánicamente en una distribución más
regresiva. Sobre este esquema se construye la ideología
desarrollista el gobierno actual. Todas sus políticas tienen como
único objetivo ver cómo se sostiene la tasa de inversión. El
gobierno no ha tomado como eje el tema de la distribución del
ingreso.
- ¿Se anima a enunciar medidas concretas que permitan una mejor
distribución de la riqueza?
-Lo primero que
hay que entender es que una economía con alto nivel de
concentración, con una fuerte desindustrialización y con un mercado
informal tan grande, solo reproduce desigualdad si uno la deja
funcionar sin producir intervenciones específicas. Así las cosas, la
economía puede crecer pero de manera desigual. Y para modificar eso
hay que actuar en todas las áreas. Si existe un mercado formal que
representa sólo el 30 por ciento del mercado laboral, lo que hay que
pensar son políticas de carácter universal. Si el Gobierno fija el
salario mínimo y cree que de esa manera se le pone un piso al
mercado laboral, se equivoca. Porque en realidad el salario mínimo
tiene que ver con los trabajadores privados que están en blanco y
con los trabajadores del sector público a nivel nacional. Pero deja
afuera a los desocupados, a los que están en negro, a los
trabajadores de los estados provinciales que están en blanco (que no
se rigen por el salario mínimo). En consecuencia, el verdadero
salario mínimo no son los 630 pesos que se fijaran por última vez,
sino que son los 150 del plan Jefas y Jefes o los 225 pesos del plan
Familias, según el último anuncio Lo que uno tiene que tener es una
estrategia de transferencia de ingresos que le llegue al conjunto de
la población. El FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza) había
planteado un programa que planteaba un seguro de desempleo y
formación para el desocupado y se completaba con una asignación
universal para todos los pibes y una jubilación universal para todos
los mayores sin cobertura. El seguro de empleo y formación más la
asignación universal permitían a los hogares estar por encima de la
línea de pobreza. Un estado debería garantizar que nadie se ubicara
por debajo.
- El posibilismo político dice que eso es sólo una utopía.
-Objetivamente,
la Argentina tiene condiciones para hacerlo. Basta observar el
producto, la generación de riqueza anual, y lo que consumen los
hogares. El total que consumen los argentinos equivale a la compra
de canastas básicas para que 120 millones de personas no sean
pobres. Si tenemos 15 millones de pobres es porque mientras que
algunos se quedan con muchas canastas otros no tienen ninguna. Lo
que se requiere es un tipo de intervención que replantee la
transferencia de ingresos. Y si se cambia la distribución, cambia la
demanda. Ya no tendrías demanda sostenida por el sector de altos
ingresos sino por los sectores populares. Esto, a su vez, cambia el
perfil de producción.
- Concretamente, ¿de dónde obtendría los recursos económicos para la
asignación universal?
-De los recursos
fiscales que se disponen. Si uno hace números, el Estado estaría
-aún después de haberle pagado la deuda al Fondo-, con niveles de
recaudación suficientes para pagar inmediatamente 70 pesos por pibe
y garantizar la ayuda escolar anual de 130 pesos. Estas dos cosas
hoy tendrían un impacto muy significativo: cinco millones de
personas dejarían de estar por debajo de la línea de pobreza o de
indigencia. Si encima el Estado pusiera en marcha alguna estrategia
de reconstrucción de su capacidad financiera, poniendo en marcha una
reforma impositiva, los logros podrían ser mayores. Pero el gobierno
ha clausurado esa discusión. Ya lo había clausurado (el ex ministro
Roberto) Lavagna y ahora que aparecieron versiones de que la nueva
ministra, Felisa Micelli, quería hacer algo, fue el mismo Presidente
que dijo que ni había que hablar del tema. Si hubiera una reforma
impositiva se recaudaría más: la Argentina recauda mal y poco.
-¿Por qué?
- La Argentina
recauda 26 ó 27 puntos mientras que Brasil recauda 35 puntos. Y
recauda poco porque lo hace mal. La carga impositiva está formulada
en base a impuestos sobre el consumo, que tienden a gravar a los
sectores medios y de menores ingresos. Hay un escaso peso sobre las
rentas. El impuesto a las ganancias mantiene exenciones a los pagos
de dividendos en las sociedades, al cobro de alquileres, a las
rentas financieras, a la compra-venta de títulos. Y todo esto con
independencia de la fuerte fuga que hay vinculada con la ausencia de
articulación entre la administración tributaria nacional y las
administraciones tributarias provinciales. Porque la verdad es que
es muy difícil cobrar ganancias o bienes personales a nivel nacional
sin vincularlo con lo que las provincias cobran en términos de
inmobiliario urbano o rural, o automotriz. La ausencia de
coordinación implica que no haya un padrón único de grandes
contribuyentes. Hay más elementos, como la reforma previsional. Hoy
existe una cantidad de fondos que se transfiere de los trabajadores
en actividad a las administradoras de fondos de jubilación y
pensión, un régimen que no resuelve el sistema previsional. Si se
retomara el sistema público, se recuperarían 7.000 millones por año.
También se podría restituir las contribuciones patronales a los
niveles que tenían en 1993. En ese momento se modificaron con el
argumento de que el dólar estaba 1 a 1, pero estamos 3 a 1. Si se
quiere, esto podría hacerse exceptuando a las pequeñas empresas.
Todas estas reformas implicarían recursos múltiples, sin pensar si
quiera en el uso de las reservas.
-¿Por qué razón, entonces, un gobierno que podría pasar a la
historia por terminar con la pobreza no toma este tipo de medidas?
-Hay dos razones
por las que nunca se llevan adelante las políticas de carácter
universal. La primera es porque la universalidad pone en cuestión a
buena parte del sistema político argentino. El hecho de que uno no
tenga recursos para el conjunto de los pobres hace necesaria algún
tipo de intermediación para cubrirlos monetariamente. Esto implica
que hay alguien que dice “este recibe y este no”. Eso ha construido
una parte relevante de lo que son las practicas clientelistas del
sistema político actual. El primer punto de confrontación de las
políticas de universalidad es que rompen las prácticas políticas que
caracterizan a los partidos dominantes. El plan Jefas y Jefes llegó
a tener mas de dos millones de beneficiaros, de los cuales 250 mil
era manejados por organizaciones sociales. El resto lo entregaba el
Estado provincial o municipal. El segundo tema es que si yo
garantizo un piso de ingresos para las familias postergas
equivalente a los niveles de pobreza, le pongo un piso más alto al
mercado laboral y potencio la capacidad de discusión de los
trabajadores ocupados. Consecuentemente, pongo en discusión las
ganancias extraordinarias de las principales empresas del país.
Implica también una confrontación con la estructura económica
actual.
-¿Cuándo se habla de la nueva política no se plantea terminar con
estas prácticas?
-Actualmente no
hay una estrategia para desbordar el sistema político tradicional,
solo existe un cambio en la organización de los actores: desaparecen
algunos cacicazgos pero se mantienen otros. Hay una renovación de
carácter generacional de estructuras pre-existentes. Puede perder
poder (Eduardo) Duhalde, pero dentro del kirchnerismo hay un montón
de duhaldistas y hasta menemistas. Además, como en esta lógica
desarrollista se cree que si las principales empresas invierten se
genera empleo y se resuelven los problemas, se percibe de una manera
negativa presionar sobre la rentabilidad de las empresas. Y esto,
desde una interpretación benigna. Desde una mirada maligna se podría
decir que hay más intención de preservar los ingresos de las
empresas que a mejorar la situación de la gente.
- Sin embargo, hoy no se escuchan en voz alta discursos que
defiendan intereses empresariales. Al menos de manera tan obscena
como en los 90
-A partir 2001
hay un punto de inflexión en la vida política argentina. La sociedad
fue capaz de cuestionar la experiencia política del neoliberalismo,
pero tuvo como límite no haber sido capaz de construir una fuerza
política que permita sostener un proceso de transformación. Esa
etapa política existe y se expresa en algunas cosas: hoy, por
ejemplo, el discurso legítimo para esta sociedad tiene que
confrontar con lo que pasó en los 90. Y ese discurso, que tiene
límites, se pudo sostener hasta ahora porque la transformación
económica ha sido muy fuerte respecto al momento propio de la
crisis. Naturalmente hay una visión de que se está mejor respecto al
2002, pero lo que va a empezar a discutirse ahora es “cómo es esto
de que estoy peor que hace cinco años”. Porque ahora hay una
política de contener la inflación, pero el principal sustento es
anclar los ingresos de la gente. Si los precios no tienen que subir
más que un uno por ciento mensual, los salarios ¿cuánto suben?.
Porque si siguen igual, no se recuperan. En el 2005, una porción muy
chica, el 6 ó el 7 por ciento de la fuerza de trabajo creció por
encima de la inflación en promedio. Los trabajadores en negro, los
trabajadores públicos, los que cobran planes crecieron por debajo de
la tasa de inflación. Acá lo que va a empezar a notarse es que no se
plantea una solución a la distribución del ingreso. Las estadísticas
del INDEC son una señal, y el rechazo del Gobierno a esa metodología
-que es la misma que se utilizaba hasta el mes anterior-, también.
La brecha entre el 10 por ciento más rico de la población y el 10
por ciento más pobre se expandió a 31 veces. Lo mejor ya pasó, lo
que viene ahora es una desaceleración de la tasa de crecimiento. Se
crecerá menos, con derrame inferior.
- ¿Esa puja distributiva es la que motiva una mayor conflictividad
gremial en relación con los 90?
- Hay un
desplazamiento en el eje del conflicto. Antes estaba situado en
quienes resistían el cierre de fuentes de trabajo, o se
materializaba en un ámbito territorial a través de quienes habían
quedado excluidos. Ahora lo que hay es una pelea por la
distribución, y lo dominante del conflicto aparece en el ámbito
gremial. Ahí aparece otro tema donde el gobierno tiene grandes
contradicciones. Si quiero profundizar un proceso de distribución de
ingreso necesito actores con capacidad de disputar en todos los
lugares. Pero el problema que existe es que hay límites precisos a
la actividad sindical. Más allá de las estructuras existentes, una
tendencia muy fuerte de los grandes establecimientos, consiste en no
permitir la organización de los trabajadores. Si alguien entra a
Coca Cola, en Barracas, te hacen firmar la renuncia, que se ejecuta
en el mismo momento que participas de una actividad gremial. ¿Por
qué se puede hacer esto? Porque la presión que existe con una tasa
de desempleo del 13 por ciento es lo suficientemente significativa
para que el trabajador lo acepte. Esto también determina que las
grandes empresas, que son las que mejor pagan, tienen también la
mayor tasa de explotación laboral. Si uno compara lo que percibe un
trabajador en relación con la productividad de una empresa, la
diferencia es brutal. La tasa de explotación es altísima, porque el
resto del mercado laboral le fija un piso de discusión muy baja.
Menos
gasto social que con Menem
Ya sabemos la preocupación de Kirchner y Miceli por ocultar las
estadísticas del INDEC, y no les falta razón. El gobierno
de los derechos humanos tiene un gasto social un 10% menos que con
el neoliberal Menem y aumentó un 30% la brecha entre ricos y pobres.
Se exporta para hambrear al trabajador. “El Pais en Serio”: una
utopía del capital salvaje.
Una de las opciones más fáciles cuando un indicador económico no
deja satisfechos los oídos del Gobierno es criticar la metodología
con la que se confeccionó. Ese fue el camino por el que transitó la
mayoría de los ministros de Economía de los últimos años. Ya en las
últimas elecciones la empresa española INDRA censuró por primera vez
los datos de los votos en blanco y los porcentajes de abstención. Si
a esto se le suma la casi desaparición de críticas serias del
periodismo profesional, cooptado y pagado por la publicidad y los
“sobres” oficiales, tenemos un panorama más claro de la libertad de
opinión con el neopopulismo montonero de K.
La actual jefa del Palacio de Hacienda, Miceli, no fue la excepción.
Cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)
comunicó hace 10 días que el abismo entre los que más ganan y los
que menos ingresos se hizo más notorio, la ministra criticó el
indicador que mide el gasto en salud, educación, agua potable y
planes de empleo, entre otros rubros. Es que Miceli es como la
emperatriz de Rusia, la cual, al viajar al interior del imperio
zarista y no poder soportar lo miserables caseríos de sus súbditos,
ordenaba cubrirlos a su vista con decorados al estilo Hollywood en
colores pastel. Ni más ni menos que Miceli...bueno, salvo que lq
emperatriz nunca coqueteó con ser “guevarista”. ¡Pecado de juventud,
Felisa!
Sin embargo, el ministerio que conduce Miceli elabora y publica
algunos números que explican el porqué del crecimiento de la brecha.
¿Lo cerraran por antipopulistas? Uno de ellos, quizás el más
importante, sean el monto y el destino del gasto social. Y mal que
le pese al neopopulismo en boga, el dinero que la administración de
Néstor Kirchner destinó al gasto social está un 10% por debajo del
la cifra que el “neoliberal” Menem asignó en 1994, y un 15% por
debajo del año 2001 (al aburrido De la Rua¡¡¡), cuando se desató la
crisis que hizo tambalear al “Capital-Parlamentarismo”.
Según los últimos datos disponibles en la Dirección Nacional de
Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, dependiente de la
Secretaría de Política Económica, en valores constantes -es decir
teniendo en cuenta la inflación- en 2004 se destinaron $ 45.569
millones de pesos, frente a los 56.055 millones de 1994 o a los
59.550 millones que se registraron en 2001.
Si bien los datos de 2005 aún no están disponibles en la dirección,
las estimaciones privadas concuerdan que el gasto social aumentó
pero que aún está lejos de los valores de la década del noventa. De
un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa)
-elaborado en base al aumento del gasto público total y al gasto
público social en el presupuesto del año pasado- surge que en 2005
se utilizaron $ 51.038 millones. Es decir, se llegó a valores
similares a los de 1993.
De acuerdo con las respuestas que da la población en la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), el Indec informó que en el tercer
trimestre de 2005, el 20% de las personas que perciben ingresos en
la Argentina se queda con el 53,6% de la torta, mientras que, en el
otro extremo, un 40% de la población debe conformarse con el 11,7%
de los recursos.
“La desigualdad aumentó de manera notoria; se situó por encima de
Brasil. La Argentina es el país más desigual de toda América
latina”, dijo Jorge Paz, profesor del CEMA y de la Universidad de
Salta.
Otro dato que
demuestra el deterioro de la distribución del ingreso es la brecha
entre lo que gana, en promedio, el 10% de las personas ubicadas en
la franja más elevada y el decil más pobre. La diferencia entre una
y otra punta es, al tercer trimestre del año pasado, de 30,8 veces.
Y lo que es más ilustrativo es la tendencia, que cada vez más los
aleja más: en el segundo semestre de 2004, la brecha había sido de
28 veces. Inmediatamente después, Miceli apuntó al organismo
estadístico: ¡cómo se atreve a contradecir a la propaganda oficial!.
“La ministra dijo
que la metodología del Indec no es completa porque no incluye el
gasto social, pero lo que sucede es que el gasto social está por
debajo de los niveles de los noventa”, refutó sin querer Ernesto
Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL). “Lo que
sí disminuyó es la pobreza y la indigencia, básicamente porque la
clase media baja, que había caído a niveles de pobreza, salió.
Además, muchos indigentes pasaron a pobres”, agregó.
Según el experto, gran parte de la causa del fenómeno es la
disparidad entre los salarios formales e informales, que supera el
40 por ciento. “La brecha entre salarios formales e informales ahora
es mayor”, sostuvo. Pero esta brecha palnificada del mercado
laboral...¿no es acaso el modelo de acumulación que inició Duhalde y
continúa Kirchner? ¿No se basa este modelo en salarios congelados de
estatales y jubilados, superexplotación del trabajo precario y en
negro, y trabajo negado de dos dígitos?
Eduardo Fracchia, director del área de economía del IAE de la
Universidad Austral, dijo que la relación de ingresos entre el 10%
más rico y el 10% más pobre era en la década del 70 de ocho veces.
¿Con la democracia del capital no se comía, se curaba y se educaba?
“Eso se fue
ampliando hasta llegar a 15 en los años 90, hacia fines de la década
pasada llegó a 25 y ahora está en 30”, agregó. Respecto de las
posibles causas, además de la diferencia entre salarios formales e
informales, Fracchia apuntó al tipo de cambio. ¿Pero el tipo de
cambio, para trasvasar ganancias del trabajo al capital, no es el
modelo de acumulación de Duhalde y Kirchner, disfrazado de
proteccionismo?
“El dólar alto
hace que haya una mayor concentración de ingresos, va contra la
distribución equitativa del ingreso porque concentra más poder en
pocos sectores. América latina es muy rico, pero muy
injusto”, finalizó.
Vigoroso crecimiento
Jorge Colina, investigador jefe de Idesa, sostuvo que el vigoroso
crecimiento de la economía choca contra los recientes datos del
empeoramiento en la distribución del ingreso.
“Algunos datos
del Ministerio de Economía dan pie a pensar que la distribución del
ingreso empeoró. Uno de ellos es que el gasto social medido a
precios constantes que está por debajo del promedio que tuvo en la
década pasada”, indicó.
Para Colina, la explicación de este fenómeno está en que la actual
visión de la política social. “Probablemente motorizado por la
emergencia social, el Gobierno ha concentrado su atención en el
gasto asistencial, principalmente, el Plan Jefes de Hogar y los
programas alimentarios, mientras que los principales componentes del
gasto social, que son las jubilaciones, los sueldos docentes y los
salarios del sector salud, han perdido mucho poder adquisitivo como
consecuencia de la inflación”, explicó.
El economista y diputado nacional por la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), Claudio Lozano, calificó de falso el argumento que
utilizó Miceli. “El gasto social habría que medirlo globalmente, es
decir no sólo incluir lo que reciben del Estado los que menos tienen
sino también lo que se les da a los más ricos. Aquí entrarían los
4300 millones de pesos de exenciones impositivas que les dan a las
empresas y que les generan mayores rentas. Si se hiciera así, la
brecha sería más grande”, dijo Lozano. Es decir: los trabajadores
aportan un n50% de su salario en sostener un estado que año a año
aumenta la diferencia entre ricos y pobres. Una contradicción
curiosa.
Exportar a costa de la alimentación de los trabajadores:
A juzgar por la recuperación del PBI y el notable crecimiento en las
exportaciones, el 2005 fue un año excelente. La Bolsa está
exultante, Méndez, el capitoste de la UIA, repite que este gobierno
es el que mejor los ha tratado en los últimos veinte años. Se
cambian precios fijos que nadie cree por suculentos beneficios. Por
eso, los escasos progresos en materia social generan sorpresa en un
gobierno populista, que lidera la tercera vía, ya no sabemos si
bolivariana o indigenista o de la inmigración suiza. Estas
tendencias divergentes tienen un mismo origen: los ajustes asociados
a la devaluación que intentaron aumentar la tasa de ganancia del
capital.
En particular, gracias a la nueva política cambiaria se produjo un
importante aumento en las exportaciones y una brusca caída en las
importaciones. Comparado con la situación previa a la crisis del
2002, la mejora en la balanza comercial no se sustenta en mayores
niveles de producción, sino en la contracción del consumo interno y,
en menor medida, en disminución de la inversión. Este sacrificio de
las familias no se distribuye de manera proporcional, sino que es
mucho más intenso entre las familias pobres.
Una forma muy gráfica de ilustrar el fenómeno es analizar el caso de
un producto de consumo popular y alta necesidad, como la leche.
Según datos oficiales:
§
·
En 1999, un trabajador contratado “en blanco” podía comprar con su
salario mensual 1.035 litros de leche; un trabajador “en negro”
podía comprar 543 litros.
§
·
En el 2005, el trabajador “en blanco” puede comprar sólo 800 litros
mientras que el trabajador “en negro” puede comprar apenas 283
litros de leche.
§
·
El nivel de producción de productos lácteos en el 2005 es similar al
de 1999, pero las exportaciones son un 30% superior.
Los aumentos en
la producción observados entre 2002-2005 apenas fueron suficientes
para recuperar los niveles previos a la crisis. A igual nivel de
producción que en 1999, las mayores exportaciones son equivalentes a
un menor consumo interno. Estimando el crecimiento de la población
en esos 6 años, se llega –según datos del Ministerio de Economía– a
una caída del consumo interno per capita de lácteos del orden del
20%.
El agravante es que el impacto fue muy heterogéneo entre diferentes
tipos de hogares. Prueba de ello es que la caída en la cantidad de
litros de leche que puede comprar un asalariado “en blanco” es de
23%; mientras que para los asalariados “en negro”, típica fuente de
ingresos de los hogares pobres, fue del 48%. El mismo panorama, sólo
con diferencias de matices, se puede plantear para mucho de los
productos que juegan un papel clave en el nivel de bienestar de los
hogares más humildes. Esto permite generalizar la idea de que buena
parte del auge exportador de los últimos años esta siendo
financiando con la contracción del consumo popular.
Dos hechos son decisivos para explicar este impacto distributivo
regresivo de un tipo de cambio muy alto. Por un lado, los alimentos
tienen una alta ponderación en la composición de las exportaciones y
en la canasta de consumo de los pobres. Por el otro, el principal
demandante de mano de obra no calificada son los sectores no
transables, que son precisamente los que no se benefician con la
devaluación. En la nueva estructura de precios relativos, los pobres
sufren con mayor intensidad el ajuste, tanto por los aumentos de
precios de los alimentos (dado que son demandantes intensivos de
estos bienes) como por la caída de sus ingresos (dado que son
oferentes intensivos de mano de obra no calificada).
Acuerdos de precios, retenciones crecientes y oscilantes, aumentos
centralizados de salarios y el rechazo a reformas estructurales, más
que aportar soluciones, consolidan el problema. Esta combinación de
políticas difícilmente revierta la regresividad que subyace en los
ajustes que produce la devaluación, pero seguramente agrega nuevos
factores que desalientan la inversión.
Por el contrario, transformando la organización y la administración
del sistema impositivo, los criterios de asignación del gasto
público, y sosteniendo reglas claras y racionales es posible inducir
inversiones. Esta es la vía para un crecimiento genuino de las
exportaciones, es decir, fundado en que el país produce más y no en
que la gente consume menos. Si además es acompañado por un mejor
funcionamiento del mercado laboral, todos los argentinos –no un
grupo minoritario, como hasta ahora– podrán disfrutar de los
beneficios del crecimiento económico. Instrumentos de impacto más
inmediatos como la devolución del IVA sobre los alimentos y un
mínimo no imponible para el cálculo de las cargas sociales, podrían
aportar paliativos importantes sin colisionar –como ocurre con los
acuerdos de precios o las retenciones– con una estrategia
consistente de largo plazo. Si los trabajadores no llegan a 2700
calorías por día, y es probable que la mayoría ronde en las 2000,
reflexionen que lo estamos haciendo para reconstruir al digno
capitalismo argentino. De eso trata el “Pais en Serio”...
