El pensamiento neoliberal desarrolla el concepto de ineluctabilidad: el sistema que es, debe ser porque es; la mundializacion / globalización tal como se desarrolla es inevitable, todos y todas deben someterse.

Se sumerge así en el misticismo y el fatalismo. Con todo, una mirada atenta sobre la historia demuestra la incongruencia de la idea «de irreversibilidad». Tomemos el ejemplo del ámbito financiero. A principios del siglo XX, la libertad de los movimientos de capitales garantizada por el patrón oro, la libertad de los cambios garantizada por los Tratados sobre el comercio y la inversión parecían irreversibles. La primera guerra mundial vino a trastornar todo eso. En los años veinte, la omnipotencia de los mercados financieros parecía tan irreversible como pretende serlo actualmente. La quiebra de 1929 y la larga crisis que siguió obligaron a los gobiernos a supervisar estrechamente las actividades bancarias y financieras. Al final de la segunda guerra mundial, los gobiernos de los principales países capitalistas vencedores se pusieron de acuerdo para dotarse de instrumentos de control financiero en el nivel internacional. El FMI, en particular, tenía por objetivo velar por el este control (el artículo VI de su estatuto lo estipula explícitamente). Varios gobiernos de Europa Occidental emprendieron a partir de 1945 extensos programas de nacionalizaciones, incluso de bancos, bajo la presión del mundo del trabajo.

Las certezas teóricas neoliberales enunciadas actualmente no valen mucho más que las de los liberales o conservadores que estaban en el poder en los años veinte en vísperas de la quiebra financiera. El fracaso económico y el desastre social causados por los neoliberales de hoy podrían desembocar en nuevos grandes cambios políticos y sociales. La globalización no es una aplanadora que destroza todo a su paso: las fuerzas de resistencia están completamente presentes.

¿Por qué, por lo tanto, excluir que el descontento social se exprese nuevamente alrededor de proyectos de emancipación? No hay ni fatalidad económica ni situación política que resista a la acción de las fuerzas sociales.

La satisfacción de los derechos humanos fundamentales para el Sur

Sería inútil esperar de la lógica del mercado que cubriera las necesidades esenciales. 2.800 millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día no disponen del poder adquisitivo suficiente para que los mercados se interesen por ellas. Sólo políticas públicas pueden garantizar, a todos y a todas, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Esta es la razón por la que es necesario que los poderes públicos dispongan de los medios políticos y financieros que les permitan honrar sus compromisos y deberes con sus conciudadanos.

La aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) no se podrá obtener sino por la acción de un poderoso movimiento social y ciudadano. Es necesario, en primer lugar, poner fin a la hemorragia de los recursos que constituye el reembolso de la deuda.

No es necesario esperar que instituciones internacionales tomen por sí mismas la decisión de cancelar la deuda de los PED (Países en Desarrollo). Es la acción decidida de un Estado o de una coalición de Estados la que podrá conducir a tal medida. Los juristas que se reunieron en Quito en julio de 2008 tienen perfectamente razón al afirmar: «Sostenemos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el Derecho, declaren la nulidad de instrumentos ilícitos e ilegítimos de la deuda pública, incluyendo la suspensión de los pagos.» ²

Una vez logrado este primer paso, es esencial sustituir la economía de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo social justo y ecológicamente sostenible, independiente de las fluctuaciones de los mercados financieros y las condicionalidades de los préstamos del FMI y el Banco Mundial.

Para que una anulación de deuda sea útil para el desarrollo humano es necesario que las sumas destinadas hasta el momento de la anulación al pago de la deuda, sean utilizadas en adelante para el desarrollo humano. Las nuevas modalidades deben ser determinadas de manera democrática por cada país en cuestión.

Poner fin a los planes de ajuste estructural

Los planes de ajuste estructural, que llevan este nombre o que las instituciones financieras internacionales, predicando la liberalización total de las economías del Sur, hayan rebautizado «Cuadros estratégicos de lucha contra la pobreza», tienen por consecuencia el debilitamiento de los Estados, volviéndolos más dependientes de fluctuaciones exteriores (evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y su sumisión a condicionalidades inaceptables impuestas por el tándem Banco Mundial /FMI y, detrás, por los gobiernos de los países acreedores agrupados en el Club de París. El balance humano de las políticas de ajuste estructural es trágico. Éstas deben ser suprimidas y sustituidas por políticas que se destinen con prioridad absoluta a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, orientadas hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y la búsqueda de complementariedades regionales.

Los planes de ajuste estructural van más allá «… de la simple imposición de un conjunto de medidas macroeconómicas en el nivel interno. Estas medidas son la expresión de un proyecto político, de una estrategia deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo principal objetivo es hacer del planeta un ámbito en el que las sociedades transnacionales podrán operar con total seguridad. En pocas palabras, los programas de ajuste estructural (PAE) desempeñan un papel de “ correa de transmisión” para facilitar el proceso de globalización, que pasa por la liberalización, la desregulación y la reducción del papel del Estado en el desarrollo nacional». ONU-CDH, Informe conjunto del experto independiente Fantu Cheru y del Relator especial, E/CN.4/2000/51, 14 de enero de 2000.

La Comisión de derechos humanos de la ONU³ adoptó numerosas Resoluciones sobre la problemática de la deuda y del ajuste estructural. En una ellas, adoptada en 1999, la Comisión afirma que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países endeudados: a la alimentación, al alojamiento, a la vestimenta, al trabajo, a la educación, a los servicios de salud y a un medio ambiente sano, no puede supeditarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural y a reformas económicas generadas por la deuda» (1999, Artículo 5).

Devolver a los ciudadanos de los PED lo que les han robado

Riquezas considerables, acumuladas ilícitamente por gobernantes y capitalistas locales, se depositaron en los países más industrializados, con la complicidad de las instituciones financieras privadas y la complacencia de los gobiernos del Norte. La restitución de estas riquezas implica el resultado de procedimientos judiciales iniciados a la vez en los países del Tercer Mundo y en los países más industrializados. Tales investigaciones permitirían por otro lado no dejar impunes a corruptos y corruptores: es la única manera de lograr, algún día, poder ver a la democracia y a la transparencia superar la corrupción. Se trata también de exigir reparación por el saqueo al cual el Tercer Mundo es sometido desde hace cinco siglos. Eso implica, en particular, la restitución de bienes económicos y culturales robados a los continentes asiático, africano y suramericano.

«Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.» Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 4

Instaurar un impuesto excepcional a las grandes fortunas

En su informe de 1995, la CNUCED propone efectuar una única exacción («one-shot») sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Tal impuesto, aplicado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, permitiría movilizar fondos considerables. Este impuesto excepcional (diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, tal como existe en algunos países del planeta) podría ser aplicado alternativamente a escala nacional. Tal impuesto excepcional de solidaridad podría generar recursos considerables. Según el World Wealth Report 2008⁵ publicado por las sociedades Merrill Lynch y Capgemini, 10,1 millones de personas en el mundo tienen más de 1 millón de dólares en activos y su riqueza acumulada alcanza 40,7 billones de dólares, lo que representa 30 veces la deuda exterior pública de todos los países en desarrollo… Por lo tanto, como ejemplo, un impuesto del 10% excepcional sobre este patrimonio aportaría más de 4 billones de dólares sin por ello condenarlos a la miseria…

El orden económico dominante «comenzó a imponerse cuando la gran mayoría de los países en vías de desarrollo eran aún países dependientes y no podían, por lo tanto, participar en su formación; era pues inevitable que fuese, desde el principio, un orden no equitativo y contrario a sus intereses. […] El orden económico internacional actual es ciertamente injusto, principalmente porque los países 'en desarrollo' no participaron en su formación y porque son ellos quienes sufren hoy la mayor parte de sus efectos negativos. Este hecho impone pues reparar la situación en pos del interés superior de los derechos humanos.» Raúl Ferrero, Relator especial de la ONU sobre el Nuevo orden económico internacional y sobre la promoción de los derechos humanos, 19836

Numerosas indefiniciones subsisten. ¿Qué impuesto (tasa) imponer? ¿Una tasa única? ¿Una tasa progresiva? ¿Qué parte de los fondos iría a proyectos mundiales? ¿A los proyectos continentales? ¿Un fondo para la reforestación? ¿Un fondo para la desnuclearización completa? ¿Qué prioridades y qué proyectos? ¿Determinados por quien? ¿La Asamblea General de la ONU precedida por los referéndums nacionales? ¿Continentales? ¿Qué parte iría a proyectos locales? Pero algo es seguro: es necesario comprometerse en esta vía, y en forma más generalizada, instaurar un sistema fiscal realmente redistributivo, que dé a las autoridades públicas los medios para cumplir sus obligaciones con sus ciudadano(a)s respecto a los derechos económicos, sociales y culturales.

Redistribuir equitativamente las riquezas a nivel planetario

Jamás la riqueza ha estado tan desigualmente repartida en el mundo. Con el objeto de luchar contra este crecimiento dramático de la desigualdad, es imprescindible la instauración de impuestos (tasas) internacionales, que podrían tomar varias formas: impuestos de tipo Tobin sobre la especulación financiera (como la recomendada por la red ATTAC), un impuesto sobre los beneficios de las sociedades transnacionales (en 2006, Total obtuvo el mayor beneficio anual de la historia de la economía francesa, un valor de 12.585 millones de euros, una tercera parte del cual se distribuyó entre su accionistas en forma de dividendos…), un impuesto sobre las industrias contaminantes, etc. Esos ingresos deben ser usados en la lucha contra la desigualdad, para la educación, la salud pública, la soberanía alimentaria, la promoción de los bienes públicos y para la protección del medio ambiente.

¿Un impuesto sobre los billetes de avión? Damien Millet Después del nacimiento de la asociación Attac en 1998, el debate sobre el concepto de impuesto internacional no dejó de tomar amplitud. En 2003, Jacques Chirac, presidente francés, creó una comisión con el fin de reflexionar «sobre la posibilidad de nuevas contribuciones financieras internacionales para reducir la pobreza, favorecer el desarrollo, y financiar los bienes públicos globales, como el medio ambiente, la salud pública o los recursos escasos». 7 Entre las propuestas seleccionadas en el informe8 de 2004, el ex presidente francés eligió instaurar un impuesto sobre los billetes de avión. En julio de 2006, Francia fue el primer país que hizo realidad este impuesto que variaba entre 1 y 40 euros por billete de avión, según el destino y la clase de viaje. Numerosos jefes de Estado se comprometieron a seguir el ejemplo, pero en agosto de 2008 sólo pocos países aplicaban tal impuesto.9 Su producto, estimado en 300 millones de dólares al año, abastece a Unitaid, una organización que facilita la compra a bajo precio de medicamentos contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, con destino a los PED. Se ruega a los ciudadanos aplaudir. ¿Pero es tan simple? La contribución de Unitaid es la prueba de que un impuesto internacional es perfectamente realizable, pero ese es su único mérito, ya que no parece haber sido objeto de una verdadera reflexión sobre los objetivos pretendidos y los medios a aplicar para alcanzarlos. Si el objetivo es mejorar los sistemas de salud en los PED, la anulación de la deuda y el abandono de las políticas de ajuste estructural habrían sido palancas mucho más acertadas, puesto que los Estados del Sur reembolsaron 190.000 millones de dólares a sus acreedores en 2007, lo que representa más de 600 veces el importe que recibe Unitaid. Por supuesto, otras medidas son indispensables para mejorar la salud pública: el final de las patentes sobre los medicamentos y la producción a amplia escala de medicamentos genéricos de alta calidad proporcionados gratuitamente a las poblaciones que las necesitan. Si el objetivo es avanzar sobre el tema de un impuesto internacional, la elección de los billetes de avión dista mucho de ser la mejor, puesto que se trata finalmente de un impuesto sobre el consumo, no de un impuesto que contempla básicamente a los que acumulan más riquezas, como un impuesto sobre la especulación financiera o sobre los beneficios de las sociedades transnacionales. Los trabajadores africanos que emigran a un país rico con el fin de enviar fondos para la supervivencia de su familia que permanece en África pagan este impuesto cuando vuelven a su país. Limitándose a actuar al margen de la universalización financiera, esta contribución sobre los billetes de avión evita todo cuestionamiento de las elecciones macroeconómicas10 que condujeron al sector de la salud al callejón sin salida actual.

Llevar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como mínimo al 0,7 % del PIB

La AOD no cumple el papel que debería tener. No se compromete teniendo en cuenta las necesidades al Sur, sino en función de los intereses geopolíticos, comerciales y de propaganda mediática de los países donantes. Se trata como un anuncio publicitario, solamente se seleccionan los proyectos visibles y rentables, las empresas implicadas son en general las del país de donde viene el dinero, demasiadas manipulaciones estadísticas tienen lugar y el contorno de la AOD es borroso: incluye préstamos con una tasa reducida que se reembolsarán hasta el último céntimo, las condonaciones de deuda, los gastos de enseñanza (gastos de escolaridad de los estudiantes del Sur en los países en cuestión), la recepción de los refugiados (y demasiado a menudo la vuelta por la fuerza a su país de origen), los gastos de misiones de expertos que realizan peritajes bien poco útiles, el salario de cooperadores que benefician raramente a las poblaciones desamparadas… La parte de la AOD que llega in situ y es aprovechada por los más pobres es ridícula. La triplicación de la AOD permitiría lograr sumas sustanciales. Por fin, para hacerlo bien, la AOD debería pagarse enteramente en forma de subvenciones y, más que de hablar de ayuda o subvención, convendría en adelante utilizar el término «reparación». Se trata, en efecto, de reparar los daños causados por siglos de saqueo e intercambio desigual.

En este contexto, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada por la ONU en 1974¹¹ es una contribución importante. El Capítulo 1 prescribe que las relaciones entre Estados deberían ser reguladas por una serie de principios entre los cuales figura en el acápite i) el de «Reparación de injusticias que han sido impuestas por la fuerza y que privan a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal.» El artículo 17 prescribe la obligación general de los Estados de cooperar en el desarrollo de los Estados más necesitados, concretamente afirma la necesidad: «de cooperar a los esfuerzos de los países en vías de desarrollo para acelerar su progreso económico y social garantizándoles condiciones exteriores favorables y aportándoles una ayuda activa, conforme a sus necesidades y a sus objetivos en cuanto a desarrollo, en cumplimiento riguroso de la igualdad soberana de los Estados y sin condiciones que afectan a su soberanía.» Una obligación similar, que incluye a todos los Estados, «de responder a las necesidades y objetivos de desarrollo generalmente reconocidos o mutuamente aceptados de los países en vías de desarrollo», figura en el artículo 22¹².

Garantizar la vuelta al ámbito público de los sectores estratégicos que se privatizaron

Las reservas y la distribución de agua, la generación y distribución de electricidad, las telecomunicaciones, el correo, los ferrocarriles, las empresas de extracción y de transformación de bienes primarios, el sistema de crédito, algunos sectores de la educación y de la salud… han sido sistemáticamente privatizados o están en vías de serlo. Resulta conveniente asegurar el retorno de esas empresas al dominio público.

Todo Estado tiene derecho a: «Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea motivo de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales... » ONU, Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados, 1974, artículo 2/2

Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados

Este tipo de desarrollo supone la creación de zonas política y económicamente integradas, la aparición de modelos de desarrollo endógenos, un refuerzo de los mercados internos, la creación de un ahorro local para financiamientos locales (mientras que en muchos países, las sumas colocadas en el extranjero por los más ricos sobrepasan el importe de la deuda exterior del país), el desarrollo de la educación y la salud ambas públicas y gratuitas, la instauración de un impuesto progresivo y de mecanismos de redistribución de las riquezas, una diversificación de las exportaciones, una reforma agraria que garantice un acceso universal a la tierra a los campesinos, una reforma urbana que garantice un acceso universal al alojamiento, etc.

En la arquitectura mundial actual, es necesario sustituir reagrupaciones económicas regionales. Sólo tal desarrollo parcialmente autocentrado permitirá la aparición de relaciones de complementariedad Sur-Sur, condición sine qua non para el desarrollo económico de los PED.

Si se quiere dar un contenido de justicia social al proyecto de integración Sur-Sur, es necesario que las autoridades públicas recuperen el control sobre los recursos naturales y sobre los grandes medios de producción, crédito y comercialización. Es necesario nivelar hacia arriba las conquistas sociales de los trabajadores y pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías. Es necesario sostener a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanía, comercio, servicios. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto socialista del siglo XXI quiere liberar a la sociedad de la soberanía capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social positiva: pequeñas propiedades privadas, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, propiedad tradicional de los pueblos indígenas…

Actuar sobre el comercio

Es necesario reformar radicalmente las reglas del comercio. En lo que se refiere a la agricultura, como lo reivindica el movimiento campesino Vía Campesina, conviene reconocer el derecho de cada país (o grupo de países) a la soberanía alimentaria y, en particular, a la autosuficiencia para los productos básicos.

Las reglas del comercio mundial deben por otro lado supeditarse a criterios ambientales, sociales y culturales estrictos. La salud, la educación, el agua y la cultura deben excluirse del campo del comercio internacional. Los servicios públicos deben ser los garantes y deben por tanto ser excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que prepara la liberalización total de los servicios públicos. Conviene, por otra parte, suprimir los Acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) que impiden los países del Sur producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) destinados a la satisfacción de las necesidades de sus poblaciones.

«Todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas con el fin de desarrollar sus economías nacionales... » - Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados, las Naciones Unidas, 1974. Artículo 5

Se trata de establecer mecanismos que garanticen una mejor remuneración de la canasta de productos exportados al mercado mundial por los PED (estabilizar el precio de las materias primas en un nivel satisfactorio para los países productores, garantizar los beneficios de exportación, constituir stocks reguladores —lo que implica el abandono de stock cero—, etc.).

Para ir hacia tales mecanismos concertados, conviene apoyar los esfuerzos de los PED para constituir carteles de países productores. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a menudo es denigrada aunque desempeña en varios aspectos un papel positivo¹³. La consecución de tales carteles podría permitir a la vez una reducción de los volúmenes exportados (lo que, por una parte, limitaría el agotamiento de los recursos naturales y, por la otra, permitiría el aumento de las superficies utilizadas para los cultivos alimentarios) y un aumento de los ingresos de exportación que deben volverse a invertir en el desarrollo por los países beneficiarios. ¿Por qué no hay un cartel de los productores de cobre (Chile no hace mucho tiempo representaba, él solo, el 30% de las exportaciones mundiales)? ¿Un cartel del café? ¿Un cartel del té? Etc.

Por otra parte, los PED deben poder recurrir a medidas de protección de sus producciones locales, en particular, como lo pide Vía Campesina, «la abolición de todo apoyo y subsidio directos o indirectos a las exportaciones», «a la prohibición de la producción y la comercialización de semillas y alimentos genéticamente modificados» y «a la prohibición de la patente de lo vivo así como a la apropiación privada del conocimiento relativo a la agricultura y a la alimentación».

“Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es crucial que los alimentos sean producidos mediante sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y regular la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico al fin de alcanzar metas de desarrollo sostenible, a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes sin volcar sus excedentes en terceros países mediante la práctica del dumping. […] No se debe conceder primacía al comercio internacional por encima de otras metas sociales, ambientales, de desarrollo o culturales14 . ” Vía Campesina

Adoptar una nueva disciplina financiera

Las crisis financieras de repetición de los años noventa y la crisis financiera mundial que estalló en 2008 probaron, por el absurdo, que ningún desarrollo sostenible podía alcanzarse sin un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasión fiscal. Varias medidas son pues necesarias para llevar a los mercados financieros a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales: volver a regular los mercados financieros, controlar los movimientos de capitales, suprimir los paraísos fiscales y suprimir el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la malversación de fondos públicos y la corrupción, adoptar normas garantizando la protección de los países que recurren a la deuda externa. Es pues necesario implantar una arquitectura financiera diferente, y la creación en diciembre de 2007 del Banco del Sur es un paso en este sentido.

Ante la crisis financiera, los gobiernos deberían tomar el control de los bancos privados sin indemnización. En el caso de la nacionalización de bancos privados al borde de la quiebra, es necesario que el gobierno recupere el coste de la operación de rescate de los depósitos de los ahorristas tomando esa suma del patrimonio de los grandes accionistas y de los administradores. En vez de salvar a los banqueros, es necesario salvar el ahorro y el crédito populares.

Suprimir los paraísos fiscales y otras actividades offshore¹⁵ 

Estos paraísos fiscales —y judiciales— tienen como efecto inflar la burbuja financiera y debilitar las economías legales (anualmente se blanquean entre 500.000 millones y 1,500 billones de dólares). El centro offshore de la City de Londres representa por sí solo un 40% del volumen de negocios realizado por los paraísos fiscales. En la lista de los principales paraísos fiscales aparecen: Suiza, Países Bajos, Irlanda, Gran Ducado de Luxemburgo, que representan alrededor de un 30%. El 30% restante pasa por unos sesenta destinos exóticos, como las islas Vírgenes, las islas Caimán, las Bermudas… Es necesario suprimir los paraísos fiscales y los centros offshore suprimiendo al mismo tiempo el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la malversación de fondos públicos y la corrupción.

Asegurar un control democrático de la política de endeudamiento

La decisión de los Estados de contraer empréstitos y los términos en los que se suscriben deben presentarse a la aprobación popular (debate y voto en el Parlamento, control ciudadano). A este respecto, el proyecto de nueva Constitución boliviana prevé que en adelante sea la Asamblea legislativa plurinacional (se refiere a las varias naciones que se reconocen en el país, NdT) que autoriza el recurso al empréstito¹⁶ . Del mismo modo, la Constitución ecuatoriana coloca, de manera transparente, la decisión del endeudamiento en las manos de los funcionarios electos por el pueblo.

“ Art. 289.-La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público.” Constitución ecuatoriana 2008.

Garantizar a las personas el derecho de circulación y de radicación

Además de que la libertad de circulación y de radicación constituye un derecho humano elemental, es necesario tener en cuenta el hecho de que los envíos de los emigrantes hacia su familia de origen, que vive en un PED, representan un recurso considerable para decenas de millones de familias. Sólo en 2007, los envíos de los emigrantes representaron la suma de 240.000 millones de dólares, lo que representa cuatro veces más que la parte «subvención» del conjunto de la ayuda pública al desarrollo. Obviamente, sobre la base de una verdadera mejora de las condiciones de vida, que serán la consecuencia de la aplicación de las medidas preconizadas más arriba, las presiones migratorias disminuirán mucho. Es por ese ángulo por el que es necesario solucionar el problema, no por el del cierre de las fronteras a los seres humanos.

« En Haití y en Jamaica, ocho de cada diez diplomados universitarios emigran al extranjero. En Sierra Leona y en Ghana, son cinco diplomados de cada diez. Numerosos países de América Central Y del África subsahariana, así como ciertos países insulares del Caribe y del Pacífico, informan tasas de migración de personas muy calificadas en más de 50%.» - Banco Mundial, «Migraciones internacionales, envíos de fondos y éxodo de competencias », 24 de octubre de 2005

Establecer la igualdad hombre-mujer

Aunque la expresión se puso de moda, esta igualdad es la clave absolutamente indispensable para una alternativa real. Es importante precisar, a la hora de las palabras ambiguas, que se trata efectivamente de «igualdad» que debe establecerse y no de «equidad». Estas dos palabras a menudo se emplean indiferentemente pero no cubren la misma necesidad ni la misma urgencia. El que tiene 6 manzanas y decide darlos a dos personas puede considerar «equitativo» dar 2 a uno y 4 al otro según criterios que le parezcan pertinentes. Lo mejor posible, por ello las mujeres viven de equidad: según las posibilidades objetivas, según los partidos en el poder, según la jerarquía de las urgencias… A este nivel, es útil actualizar las ideologías que, incluso progresistas, dejaron de lado la lucha por la emancipación de las mujeres. Las mujeres no son seres humanos rebajados y, en todos los casos, deben beneficiarse del mismo tratamiento que los hombres en todos los ámbitos. En primer lugar en la esfera pública: los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. ¡Cada uno y cada una sus 3 manzanas! Y sobre todo en la esfera privada: en las familias, los hogares, las comunidades. Ya que es en última instancia allí es que el patriarcado se refugia cuando se logran avances en la sociedad. Allí pueden subsistir los deseos de poder, allí es donde se producen las compensaciones frente a las injusticias externas. ¡El que se siente esclavo o explotado afuera, se convierte en potentado en su hogar por la gracia del patriarcado! El feminismo, como instrumento de la emancipación de las mujeres y de la lucha contra el patriarcado, es pues parte integral de la alternativa, no es negociable.

«Los Estados deben adoptar, a nivel nacional, todas las medidas necesarias para la consecución del derecho al desarrollo y deben garantizar, en particular, la igualdad de oportunidades de todos para el acceso a los recursos básicos, a la educación, a los servicios de salud, a la alimentación, al alojamiento, al empleo y a una distribución equitativa de la renta adoptarse. Deben adoptarse medidas eficaces para garantizar una participación activa de las mujeres en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales convenientes con el fin de eliminar todas las injusticias sociales.» - ONU, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo17

Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación

La visión jerarquizada de la historia del mundo implica muy a menudo una visión racista de las relaciones sociales. ¡Con qué condescendencia a menudo, incluso en los textos mejor intencionados, se abordan los derechos de las «comunidades indígenas»! A menudo minoritarias por la «fuerza» de los acontecimientos históricos, como las masacres y los saqueos de los colonos, los pueblos nativos están en estado de alerta permanente para salvaguardar sus derechos. E incluso, siempre que el pueblo nativo sea mayoritario con relación a los descendientes de los colonos blancos, por ejemplo en varios países andinos, el racismo invierte la jerarquía de los valores y da todos los derechos a las minorías dominantes. La autonomía constituye pues un medio político para llevar a hombros la pretensión de los derechos. Esta autonomía no puede adquirirse, una vez más, sino por la creación de una relación de las fuerzas: por ello, durante las últimas décadas, por todas partes en el mundo, los pueblos indígenas rechazaron la oferta del modelo dominante y se plantaron contra las multinacionales, contra los gobiernos, contra las instituciones internacionales, para hacer valer su derecho, su elección de sociedad. Nuevas Constituciones en Bolivia, Venezuela, Ecuador ratifican estas luchas y abren el campo a una justa autonomía de los pueblos nativos, permitiéndoles vivir o hacer revivir los hábitos, las tradiciones, el derecho, la concepción de la política, la concepción de la democracia que son los suyos. ¿Es el mejor medio, es la única vía que debe seguirse? La reflexión merece llevarse en las filas de los movimientos sociales. Lo que queda claro, es que autonomía permitirá a los pueblos beneficiarios probar el fundamento de sus elecciones y a las otras comunidades de encontrarlos en pie de igualdad.

En septiembre de 2007, y después de más de veinte años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU adoptó una «Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas»¹⁸, que reconoce, en particular, para las aproximadamente 370 millones de personas en esa categoría: «el derecho a la autodeterminación» y «el derecho a definir y elaborar prioridades y estrategias con el fin de ejercer su derecho al desarrollo», con el fin de proteger sus culturas y la integridad de sus tierras, sin ninguna forma de discriminación. Algunas reparaciones están previstas incluso para los perjuicios sufridos: «El pueblo autóctono privado de sus medios de subsistencia y desarrollo tiene derecho a una indemnización justa y equitativa.» Aunque esta declaración no tiene el valor jurídico y vinculante de un Tratado, es un paso adelante que es necesario saludar. Hay que indicar que once países, entre ellos Rusia y Colombia, se abstuvieron, mientras que otros cuatro (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) votaron en contra¹⁹ .

Proteger los bienes comunes de la humanidad

La reflexión sobre los bienes comunes de la humanidad está en el centro de los debates altemundialistas. El nombre que se les da varía (bienes públicos, patrimonio de la humanidad…) y el campo que cubren tiene tendencia a ampliarse. Hacer una lista y una clasificación de los bienes comunes requiere pues una extensa consulta democrática donde se reflejan historias y culturas diferentes.

El concepto «bien común» coincide con el concepto de «derecho» en muchos aspectos. La protección de los bienes comunes quiere en efecto garantizar el derecho y el acceso de todos: al agua, al aire puro, a la energía, a la comida, al transporte, a la educación básica y también al conocimiento en sentido amplio, al derecho al desarrollo, a la igualdad, a la libertad, al placer, en resumen, el derecho a la vida. Se enunciaron magníficamente todos estos derechos en las cartas y pactos de las Naciones Unidas.

A escala planetaria, otros derechos deben garantizarse: el derecho universal a un empleo digno por una reducción radical del tiempo de trabajo, que se opone a la lógica actual en la que se ven desocupados (parados) coexistir con asalariados agotados y corroídos por la tensión; el derecho universal a una renta de ciudadanía; la defensa de los sistemas de jubilación por distribución, en comparación con el sistema de jubilación por capitalización (la instauración de un sistema por distribución allí donde no existe); la gratuidad de la educación (nivel universitario incluido) y la salud; extensos programas de trabajos públicos socialmente útiles y preservando el medio ambiente (por ejemplo, construcción de alojamientos y adaptación urbana, renovación del hábitat existente, infraestructura de transportes colectivos por ferrocarril…) ; gratuidad del transporte públicos; campañas de alfabetización, vacunación, asistencia sanitaria primaria, como fue el caso, con resultados extraordinarios, en Nicaragua entre 1980 y 1983 o en Venezuela en 2003-2005.

La cuestión de la democracia política es obviamente central. Sin la intervención activa de los/las ciudadanos/as a todos los niveles de la decisión política, el conjunto de las propuestas presentadas aquí no tiene verdaderamente sentido.

Construir una nueva arquitectura internacional

Es necesario optar por propuestas que redefinan radicalmente el fundamento de la arquitectura internacional (misiones, funcionamiento…). Retomemos el caso de la OMC, del FMI y del Banco Mundial, organizaciones que es necesario reemplazar.

La nueva OMC debería aspirar en el ámbito del comercio a garantizar el cumplimiento de una serie de pactos internacionales fundamentales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los otros tratados fundamentales en cuanto a derechos humanos (individuales o colectivos) y ambientales. Su función sería supervisar y regular el comercio de tal modo que se ajuste rigurosamente a las normas sociales (convenios de la Organización Internacional del Trabajo - OIT) y ambientales. Esta definición se opone de manera frontal a los objetivos actuales de la OMC. Esto implica obviamente una estricta separación de los poderes: es inaceptable que la OMC, como, por otra parte, cualquier otra organización, posea su propio tribunal. Es necesario pues suprimir el Órgano de Resolución de Conflictos.

La organización que sustituirá al Banco Mundial, que será una organización fuertemente regionalizada (los Bancos del Sur podrían conectarse), tendría por función proporcionar préstamos a tasas de interés muy bajas o nulas y subvenciones que sólo podrían concederse a condición de utilizarse cumpliendo rigurosamente las normas sociales y ambientales y, más generalmente, los derechos humanos fundamentales. Contrariamente al Banco Mundial actual, el nuevo banco, cuyo «mundo» tiene necesidades, no pretendería representar los intereses de los acreedores e imponer a los deudores un comportamiento de oferta al mercado-rey, tendría por misión prioritaria la defensa de los intereses de los pueblos que reciben los préstamos y las subvenciones.

El nuevo FMI, por su parte, debería reencontrar una parte de su función original para garantizar la estabilidad de las monedas, luchar contra la especulación, controlar los movimientos de capitales, actuar para prohibir los paraísos fiscales y el fraude fiscal. Para lograr este objetivo, podría colaborar con las autoridades nacionales y los fondos monetarios regionales en el cobro de distintos impuestos internacionales.

Todas estas pistas requieren la elaboración de una arquitectura mundial coherente, jerarquizada y dotada con una división de los poderes. La clave debería ser la ONU, siempre que su Asamblea General se convierta en la verdadera instancia de decisión —lo que implica suprimir el estatuto de miembro permanente del Consejo de Seguridad (y el derecho de veto que le está vinculado)—. La Asamblea General podría delegar misiones específicas a organismos ad hoc.

Creemos en la posibilidad y en la necesidad de la reforma de la ONU por tres razones: su carta es globalmente progresista y democrática; el principio de su composición es democrático (un Estado = un voto) —incluso se debería completar, tal como se ha sugerido más arriba, con un sistema de representación proporcional y directa—; en los años 60 y 70, la Asamblea General adoptó resoluciones y declaraciones claramente progresistas (que en principio aún no han sido aplicadas) y estableció algunas instituciones útiles (la OIT, la CNUCED, la OMS…).

Otro tema al que aún no se dio la suficiente importancia es el de un dispositivo internacional de derecho, de un poder judicial internacional (independiente de las otras instancias de poder internacional), que complete el dispositivo actual constituido principalmente por el Tribunal Internacional de La Haya y por el joven Tribunal Penal Internacional. Con la ofensiva neoliberal de los veinte últimos años, la ley del comercio dominó progresivamente a la ley del derecho público. Instituciones internacionales no democráticas como la OMC y el Banco Mundial funcionan con su propio órgano de justicia: el Órgano de resolución de conflictos en la OMC y el CIADI cuyo papel aumentó excesivamente. Algunos miembros permanentes violan regularmente la carta de la ONU en su Consejo de Seguridad. Se crean algunos nuevos espacios de no derecho (los presos sin derecho encarcelados en Guantánamo por Estados Unidos). Este país, después de haber desafiado al Tribunal Internacional de La Haya (en el que ha sido condenado en 1985 por haber atacado a Nicaragua), rechaza el Tribunal Penal Internacional. Todo eso es extremadamente preocupante y requiere urgentemente iniciativas para completar un dispositivo internacional de derecho.

Mientras tanto, es necesario obligar a instituciones tales como el Banco Mundial y el FMI a rendir cuentas a la justicia. En efecto, mientras que en principio están sujetas del derecho internacional y, en particular, al conjunto de los Tratados relativos a los derechos humanos, estas dos instituciones (a las cuales es necesario añadir los bancos regionales de desarrollo) hacen caso omiso de ellos.

«El agravamiento de la desnutrición, el retroceso de la tasa de escolaridad y el aumento del desempleo fueron imputados a las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, estas mismas instituciones [el FMI y Banco Mundial] siguen prescribiendo la misma terapia y poniéndolas como condición para que los países puedan beneficiarse de una reducción de la deuda, negando la evidencia - a saber que los programas de ajuste estructural acentuaron incuestionablemente la pobreza. » Fantu Cheru, Relator especial de la ONU20

Por otra parte, estas instituciones sostuvieron (y sostienen aún) activamente regímenes dictatoriales, y desestabilizaron (y desestabilizan aún ahora) a gobiernos democráticos que llevan a cabo políticas que desagradan en Washington y en otras capitales. La lista de sus fechorías es larga y los delitos que cometieron y cometen aún son muy graves. Es necesario comenzar pleitos en su contra en distintas instancias habilitadas a hacerlo, comenzando por órganos jurisdiccionales nacionales²¹.

NOTAS

1 Éric Toussaint, doctor en Ciencias políticas de las Universidades de Liege (Bélgica) y Paris VIII (Francia), presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo - Bélgica, www.cadtm.org , autor de Banco del Sur y nueva crisis internacional, Viejo Topo, Barcelona, 2008; Abya-Yala, Quito, 2008; Observatorio DESC-Bolivia, La Paz, 2008

2 Ver el texto integral de la declaración final: www.cadtm.org/spip.php ?article3616. Para una ampliación detallada desde el punto de vista del derecho internacional a favor de un acto soberano unilateral, ver Hugo Ruiz Díaz Balbuena, « La décision souveraine de déclarer la nullité de la dette ou la décision de non paiement de la dette : un droit de l’Etat » (La decisión soberana de declarar la nulidad de la deuda o la decisión de no pago de la deuda: un derecho del Estado), www.cadtm.org/spip.php?article3680

3 Refiriéndose a las investigaciones de ponentes especiales, de grupos de trabajo de expertos y del Secretario General de la ONU.

4 Artículo 11, sección 2. Esta declaración fue adoptada en septiembre de 2007. Ver más adelante.

5 Disponible en www.ml.com/media/100472.pdf

6 Estudio sobre el nuevo orden económico internacional y la protección de los Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1983/24, par. 10.

7 Carta de Jacques Chirac, presidente de la República, dirigida a Jean-Pierre Landau, consejero financiero en la embajada de Francia en Londres y presidente del grupo de trabajo sobre las nuevas contribuciones internacionales para el financiamiento del desarrollo, 7 de noviembre de 2003, www.elysee.fr rúbrica Archivos.

8 Les nouvelles contributions financières internationales (Las nuevas contribuciones financieras internacionales), Grupo de trabajo presidido por Jean-Pierre Landau, La Documentation française, 2004.

9 Ver www.unitaid.eu/index.php/fr/Un-mode-de-financement-innovant.html : « Aujourd’hui, la taxe est déjà en place dans les pays suivants : France, Chili, Côte d’Ivoire, Congo, République de Corée, Madagascar, Maurice, Niger. Pour sa part, la Norvège affecte une partie de sa taxe sur le CO2 (kérosène) à UNITAID.» (« Actualmente, la tasa está implantada en Francia, Chile, Costa de Marfil, Congo, República de Corea. Madagascar, Mauricio, Niger. Por su lado, Noruega afecta una parte de su tasa sobre el CO₂ (kerosene) a UNITAID.»)

10 En el sitio web de Unitaid, puede leerse: « En Francia, la tasa entró en vigencia el 1º de julio de 2006 y no apareció ningún impacto negativo sobre la industria del transporte aéreo. Air France publicó un resultado que muestra un alza del 5 % sobre un año de su transporte de pasajeros en septiembre de 2007.»

11 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1974.

12 Ver Cetim, Quel développement? (¿Qué desarrollo?) Quelle coopération internationale? (¿Qué cooperación internacional?) , 2007.

13 Por ejemplo, Venezuela, miembro de la OPEP, firmó acuerdos con unos quince países del Caribe y de Latinoamérica por los que les vende el petróleo a precio de «amigo», mucho más bajo que el precio de venta a Estados Unidos, del que es uno de los principales proveedores.

14 Vía Campesina, en Rafael Díaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria editorial - Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90

15 Un centro offshore o paraíso fiscal es un artificio contable, un espacio ficticio de hecho, presente en las cuentas de las empresas (inversores institucionales —zinzins—, transnacionales industriales y otras), que permite que una transacción en un territorio preciso escape de toda forma de control y de pago de impuestos en ese territorio por el hecho de que la transacción se considera como producida en otro lugar en el plano jurídico.

16 Ver especialmente el artículo 322

17 Artículo 8, sección 1. Declaración adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986. Texto integral reproducido en Eric Toussaint, Banco Mundial: el Golpe de estado permanente. Centro Internacional Miranda. Venezuela, 2006.

18 Ver la declaración completa : www.un.org/french/documents/view_doc.asp ?symbol=A/RES/61/295

www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

19 Ver « Les Nations unies reconnaissent les droits des peuples indigènes » (« Las Naciones Unidas reconocen los derechos de los pueblos indígenas »), Le Monde, 14 de septiembre de 2007.

20 ONU, Comisión de los derechos del hombre, E/CN.4/2001/56, 18 enero 2001, p. 14.

21 Para una argumentación detallada sobre este tema, ver Eric Toussaint, Banco Mundial : el Golpe de estado permanente. Centro Internacional Miranda. Venezuela, 2006, capítulos 22 a 24.4.

Traducción : Guillermo Parodi con Griselda Pinero y Raúl Quiroz