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0706 - No marche preso
La Alcaidía de la ciudad hoy alberga a 54 detenidos, mientras
que su capacidad no supera las 40 plazas. La profunda crisis del 2001 podría
ser uno de los causantes de la gran cantidad de reclusos que hoy vive una
grave situación de hacinamiento. La futura cárcel en la ciudad: un remedio
discutido.
Rafaela carga con un problema que hace algunos años parecía
impensado. La Alcaidía de Rafaela se encuentra en un estado de
superpoblación, contabilizándose en este tiempo a 54 internos contra las 40
plazas máximas de capacidad y se asegura que en algunos tiempos llegó a
albergar hasta 80 reclusos en sus instalaciones.
Esta situación puede llegar a vislumbrarse como una novedad
en Rafaela, pero no así en la provincia y el resto del país. La
superpoblación carcelaria es una constante en la Argentina. Nuestro país se
caracterizó por una alta deficiencia en políticas penitenciarias, y parece
ser que en los últimos años los gobiernos comprendieron que la construcción
de lugares de reclusión podría comenzar a solucionar el problema.
Rafaela está lejos de ser la única alcaidía con problemas de
hacinamiento. Rosario cuenta con 127 plazas y a fines de 2005 albergaba 170
presos, situación que mereció un llamado de atención de la Corte Suprema de
la Provincia -a través de un documento presentado en aquel período- al
Ejecutivo, denunciando que "es altamente peligrosa la concentración de
detenidos en las comisarías".
Una situación insostenible
El sistema penitenciario se encuentra sobrepasado en todo
Santa Fe. La cárcel de Las Flores cuenta con 481 plazas para un promedio de
600 presos, mientras que en Rosario se encuentran 1400 personas en un predio
preparado para 889 detenidos. Rafaela, que aún es una localidad que cuenta
exclusivamente con la Alcaidía, no es una excepción, sino la regla.
Dr. Jorge Daniel Pedraza, abogado santafesino especialista en
Derechos Humanos dialogó acerca de esta problemática, asegurando que "en
Santa Fe tenemos el penal de Las Flores y la Alcaidía, y sin embargo hay
hacinamiento en la Alcaidía. No dan abasto los presos. Está Coronda cerca,
Rosario tiene una cárcel grande, también se creó la cárcel en Piñeiro, hay
otra en Vera, pero es un problema de aumento vegetativo de la población, de
la delincuencia por razones socio-económicas. Y sin embargo algo hay que
hacer en el mientras tanto. Por un lado la sociedad demanda seguridad y a la
vez demanda que no haya hacinamiento en las alcaidías y comisarías -que no
están hechas para eso, sino para un mero tránsito-, ese es un grave
problema".
Así, Pedraza se refirió a las causas de la explosión
demográfica en el sistema penitenciario: "El problema fundamental es el auge
de la delincuencia, a partir fundamentalmente de la crisis del 2001, de
todos los sectores que quedaron marginados de la sociedad. En la ciudad de
Santa Fe hay una cantidad impresionante de muertos de justicia por mano
propia, y eso va de la mano del aumento de la pobreza. El último informe del
Indec indica que aumentó la brecha entre lo que gana una familia y cuánto
debería ganar, la diferencia es del 50%".
Cárceles y hacinamiento
"La gente que está en la cárcel no tiene que estar en un
nivel infra-zoológico -indicó Pedraza- porque en este país se cuida más a
los animales que a los presos. Hay veterinarios para todo tipo de animales,
pero a los presos se los tiene en un nivel mucho más bajo. La Constitución
indica que las cárceles deben alentar la recuperación de los presos, pero
esto no se cumple en la realidad, es una expresión de deseo".
Los problemas de hacinamiento generan todo tipo de
trastornos: carencia de higiene y medicamentos, problemas de alimentación,
mala distribución de los detenidos, violencia, fugas y motines, poniendo en
riesgo no solamente la vida de los que allí están destinados sino también la
seguridad de toda la población de la ciudad.
Un penal en Rafaela, que ya está licitado y adjudicado (ver
recuadro) podría paliar esta situación, pero sin dudas la educación de los
que trabajan en el sistema penitenciario y un afán de recuperación en los
programas carcelarios serían los primeros pasos consistentes para una
solución real de la situación extrema que viven los reclusos de Rafaela y la
provincia toda.
El futuro penal en Rafaela
En el marco del Programa de Fortalecimiento del Régimen
Penitenciario, el 29 de diciembre de 2005 (una fecha muy conveniente) se
abrieron los sobres para la licitación de la Unidad XV del programa: un
penal para 240 internos varones -160 procesados y 80 condenados- que se
llevará adelante en nuestra ciudad. La adjudicataria es la empresa Regan
S.A. -quienes tienen a cargo la construcción de las 250 casas del Promeba- y
se invertirá la suma de 20 millones de pesos que provienen de los erarios
provinciales. Los terrenos -ubicados al final de Av. Italia- fueron donados
por el Municipio local.
Así, Rafaela tendrá su propio penal que contribuirá a
descongestionar el resto de las cárceles de la provincia. Esta situación
puede ser intrascendente para la vida de la ciudad, como puede transformarse
en un problema.
El Dr Dniel Pedraza reflexionó acerca de este tema. "Cuando
hay grandes cárceles se producen asentamientos poblacionales alrededor. Eso
pasa en Las Flores, Coronda y Rosario, y principalmente son los familiares
de los presos, porque si son de esa población se tratan de ubicar en esa
zona para estar más cerca, para hacer visitas, para llevarles ropa,
elementos de higiene, dinero para comprar en la cantina. Esto genera un
movimiento alrededor, y es un movimiento semi-delincuencial".
De todos modos, la Unidad XV no tendrá la magnitud que tienen
Coronda o Las Flores, están destinados para ser un centro local y regional
de permanencia de reclusos condenados, con el fin de descongestionar las
Alcaidías.
La preocupación central pasa por la integración de la vida
carcelaria con la de una ciudad que no está habituada al trato con reclusos
y su órbita social. "Hay pueblos que absorben este tipo de cambios y otros
que son más refractarios -indicó Pedraza. Me imagino que a Rafaela no le va
a ser fácil aceptar una cárcel dentro del ejido de la ciudad, pero también
hay que aceptar el mundo donde estamos viviendo, porque sino todos los
presos los van a tener que mandar a Las Flores, o a Rosario o a Coronda. Si
hay una gran cantidad de presos en la ciudad, se tiene que aceptar esa
realidad".
"Más cárceles no es la solución"
Así lo asegura el Dr. Hugo Degiovanni, fiscal en los
Tribunales de Rafaela y catedrático de Derecho Penal en la Universidad
Católica de Santa Fe, cuando Rafaela está por tener su propio penal para
descongestionar la Alcaidía de la Jefatura, que cuenta con cuarenta plazas
para 54 internos.
La situación carcelaria en Rafaela es muy preocupante. La
Alcaidía que se encuentra en la Jefatura de la ciudad ya no puede albergar a
la cantidad de reclusos para la que está preparada, pues mientras que los
internos suman 54, las plazas se cuentan en un máximo de 40. Y esta
situación se repite desde los últimos años, con un auge de la delincuencia
luego de la crisis del 2001 y el aumento de la brecha entre ricos y pobres,
sumado a la migración hacia nuestra ciudad de la delincuencia, desde grandes
urbes como Santa Fe o Rosario. Así, mientras Rafaela ya tenía un problema
con sus propios delincuentes, la profundización de la crisis en las urbes
expulsó en los últimos años a una cantidad de desamparados que se fueron a
centros más promisorios, entre ellos Rafaela.
Por todas estas razones es por la que a fines de 2005 se
licitó un penal en Rafaela (ver recuadro). Pero para el fiscal de los
Tribunales de Rafaela, Hugo Degiovanni, la problemática carcelaria no se
resuelve sumando cárceles al sistema, sino que un principio de solución
sería la reforma del Código Penal, con una filosofía basada en que los
delincuentes que aún no tienen una condena firme no estén recluidos, sino
bajo una libertad vigilada.
"Pensar que la legislación penal y el sistema penitenciario
es lo que va a traer solución a la inseguridad es más o menos como echarle
la culpa al conscripto por una guerra", aseguró Degiovanni.
Cárceles, penas y seguridad
El fiscal Degiovanni insistió en la idea de que la
inseguridad no es una cuestión que se solucione imponiendo mayores
penas o atiborrando las cárceles de personas sin sentencia, sino que
optando por un efectivo control del Estado a los procesados mientras
gozan de libertad descongestionaría mucho la problemática.
"Para todas las personas a las que se les presume
haber cometido un delito debe regir un sistema de libertad. ¿Por qué
la sociedad en general hace tanto hincapié en la idea de que aquel
que es sospechoso de un delito debe estar preso inmediatamente? Lo
que la sociedad no quiere es que esa persona que delinquió, por
estar afuera cometa otro delito. En verdad hay que dar una respuesta
a eso, pero no tiene que ser meter gente en las cárceles porque sí,
eso no es la solución. Nuestra Constitución establece que las
cárceles son para las personas que están condenadas, a nadie se le
ocurriría en el sistema jurídico llenar las cárceles con personas
procesadas."
Las palabras del fiscal no son casuales. Degiovanni
fue alumno del vocal de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio
Ziaffaroni, quien aseguró que "el sistema penal nuestro y de América
Latina funcionan como derecho penal del enemigo, sólo que en lugar
de hacerlo excepcionalmente para un grupo lo estamos generalizando y
tratamos a todo el mundo como enemigo porque el sistema penal es
cautelar, no de condena. Tenemos cárceles llenas de procesados y
apenas tenemos un 25 % de condenados. Cuando hablamos de un sistema
penitenciario, estamos hablando, en el mejor de los casos, para un
30 % de presos que no se van a quedar mucho".
Un mal signo
La superpoblación en los centros de detención es un
mal signo acerca del estado del sistema en la ciudad, la provincia y
el país. Degiovanni aseguró que "hay un parámetro que se toma a
nivel internacional para medir el estado del derecho en el sistema
penitenciario, y es la cantidad de procesados sin condena que un
país tiene en sus cárceles. Cuando ese porcentaje excede entre el 5
y el 10 por ciento, ya hay que abrir los ojos. Nosotros tenemos un
porcentaje mucho mayor en Argentina y Latinoamérica".
Y así, llegó a una contundente conclusión: "Lo grave
no es que la persona que cometió un delito está en libertad, sino
que esa persona no puede ser controlada eficientemente desde los
órganos del Estado para que no vuelva a delinquir".
De este modo, Rafaela se inscribe en un plan de
fortalecimiento del sistema carcelario con la inminente llegada de
un nuevo penal, cuando el mismo esquema es duramente cuestionado no
solamente en la ciudad, sino también en el mismo seno legislativo de
la Nación.
Se debe comenzar a conocer los pormenores de un
sistema del que pronto Rafaela dejará de mirarlo como una realidad
lejana para estar en el seno mismo de la ciudad.
Cinco millones para Coronda
Cinco millones de pesos serán enviados desde el
Ministerio de Planificación para llevar adelante en la provincia una
parte del Plan de Infraestructura penitenciaria 2004-2007, que tiene
por objetivo aumentar las plazas para reclusos en 1.500 nuevos
espacios.
En la cárcel de Coronda, donde se alojan presos de
máxima seguridad, se invertirán 5 de los 55 millones que la Nación
dispuso para llevar adelante este plan en presidios de Salta y
Buenos Aires.
Así, el sistema penitenciario argentino se reacomoda
lentamente a la situación de superpoblación que se vive desde hace
años en el país, agravada por los efectos de la crisis de 2001.
Para desagotar la Alcaidía
Consultado el secretario de Obras Públicas municipal,
Daniel Ricotti, aseguró que el nuevo penal que se ubicará en los
tramos finales de avenida Italia aún no está adjudicado. "La
licitación la ganó Regan SA, pero aún no le fue adjudicada porque la
Provincia debe realizar una investigación previa para verificar si
la empresa está en condiciones de hacerse cargo de la obra. Ese
proceso se retrasó un poco, pero aseguran desde la Provincia que
para el segundo semestre la obra ya estará adjudicada".
Así, la nueva penitenciaría tendrá por objetivo
reemplazar a la Alcaidía céntrica y albergará a 160 procesados sin
condena, además de guardar 80 plazas para condenados.
Alcaidía: ¿un secreto guardado tras las rejas?
Pasado el tiempo de adjudicación para la nueva
Alcaidía que se licitó en los últimos días del año pasado, ni los
poderes locales ni provinciales pueden dar certezas por la ausencia
de la nueva Alcaidía que Rafaela precisa. En el actual predio de la
Jefatura, generalmente hay superpoblación. El diputado Aldo Strada
aseguró: "Hay cierto ocultamiento de la información".
La Unidad Penitenciaria Nro 15 es parte de un plan
que elaboró el gobierno provincial como respuesta a la emergencia
carcelaria decretada el año pasado. La superpoblación de presos en
el sistema santafesino requirió la urgente necesidad de construir
nuevas unidades penitenciarias que serían distribuidas en diferentes
localidades de la provincia.
Así fue como Omar Perotti, en un encuentro con el
Ministro de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, se comprometió a
que el Municipio done los terrenos que se necesitarán para la
construcción. Finalmente, este predio resultó estar ubicado en
barrio Monseñor Zazpe, en las concesiones 155 y 171.
Según la información oficial, esta Alcaidía sería una
ampliación de la actual, pero ubicada en este predio de 7000 m2, con
capacidad para 80 presos en celdas individuales y 160 en celdas
compartidas.
En aquel seco y caluroso fin de año, la constructora
cordobesa Regan SA resultó ser la primera en una licitación que
contuvo a seis competidores.
Dudas, muchas dudas
Hasta aquí, la información oficial brindada por los
partes provinciales allá por diciembre de 2005. Pero hoy, 26 de
septiembre, casi 9 meses después de aquel fin de año, no sólo la
obra no está adjudicada, sino que los legisladores santafesinos y la
cartera municipal de Obras Públicas desconocen los detalles de la
obra.
"La obra debería ser adjudicada en el segundo
semestre de 2006" indicó el Secretario de Obras Públicas Daniel
Ricotti tiempo atrás al diario CASTELLANOS. De todos modos, las
gestiones correspondientes a la obra no son competencia del
Municipio sino del gobierno provincial. Y en la Cámara de Diputados,
donde Rafaela tiene dos representantes, los legisladores no parecen
muy interesados en el tema, a pesar de que la Alcaidía de la
jefatura generalmente alberga una decena más de presos (y hasta una
veintena) de los que puede soportar en su infraestructura para 52
reclusos.
Sólo el legislador rosarino Aldo Strada, del bloque
Acción por una República Igualitaria parece realmente interesado en
el tema, ya que una semana atrás presentó en la Cámara Baja un
pedido de informes sobre el tema.
"Hay cierto ocultamiento de la información en Rafaela
ya que no se conoce cuál es la magnitud de la obra ni los plazos de
ejecución de la misma", había dicho el legislador al matutino El
Ciudadano y la Región, con respecto al documento que hoy está
tratándose en la legislatura santafesina, cuando se inauguró
recientemente la Alcaidía de Rosario, una obra que estaba
planificada dentro del mismo programa que la unidad penitenciaria
rafaelina.
"Nosotros no tenemos claro si es un predio especial o
una ampliación de la actual Alcaidía. No conocemos la capacidad que
va a tener, ni exactamente su ubicación. En determinados momentos se
dijo que iba a estar en las cercanías de la ciudad. En el convenio
hay 1.600.000 pesos destinados a construir la Alcaidía de Rafaela, y
en el informe de la auditoría que realizó la Sigen (Sindicatura
General de la Nación, un organismo oficial) indican que ya tendría
que estar construido o en proceso de construcción".
Por otro lado, el diputado duda si la ciudadanía
tiene cabal conocimiento de lo que implica la construcción de una
nueva unidad penitenciaria en la ciudad. "Desconocemos si esto lo
sabe la comunidad de Rafaela, porque siempre la posibilidad de tener
una unidad carcelaria o no ha generado fuertes polémicas. En algunos
lugares, muchos ciudadanos se movilizaron para pedir que la unidad
carcelaria no se construya, y nosotros preguntamos al Ejecutivo
sobre el grado de conocimiento que tiene la ciudad.
Cuando se firmó el convenio para la realización de
las unidades carcelarias en la provincia había una necesidad muy
importante de plazas. "Entre 900 a 1000 plazas nuevas", explicó
Strada. "Hoy nosotros en un segundo pedido de informes queremos
saber cómo se fueron construyendo y paliando este déficit
penitenciario, en definitiva, cómo se comenzó a trabajar en este
programa", pues la información oficial no mencionó nada sobre las
alcaidías hasta la inauguración de la nueva penitenciaría en
Rosario.
Así, mientras en nuestra ciudad se vive un problema
reconocido en voz baja -la superpoblación en la actual alcaidía y
los problemas de inseguridad que acarrean- los dineros que tanto se
publicitaron provenientes de la Nación y la provincia cayeron en un
vacío informativo del cual, hasta hoy, nueve meses después, ninguna
autoridad conoce el destino.
La Alcaidía rafaelina tenía por plazo de obra 480
días a partir de su adjudicación. Esos días aún no comenzaron a
correr. ¿Donde está entonces la respuesta a una emergencia
carcelaria?.
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