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La Alcaidía de Rafaela
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0706 - No marche preso

 

La Alcaidía de la ciudad hoy alberga a 54 detenidos, mientras que su capacidad no supera las 40 plazas. La profunda crisis del 2001 podría ser uno de los causantes de la gran cantidad de reclusos que hoy vive una grave situación de hacinamiento. La futura cárcel en la ciudad: un remedio discutido. 

 

Rafaela carga con un problema que hace algunos años parecía impensado. La Alcaidía de Rafaela se encuentra en un estado de superpoblación, contabilizándose en este tiempo a 54 internos contra las 40 plazas máximas de capacidad y se asegura que en algunos tiempos llegó a albergar hasta 80 reclusos en sus instalaciones.

Esta situación puede llegar a vislumbrarse como una novedad en Rafaela, pero no así en la provincia y el resto del país. La superpoblación carcelaria es una constante en la Argentina. Nuestro país se caracterizó por una alta deficiencia en políticas penitenciarias, y parece ser que en los últimos años los gobiernos comprendieron que la construcción de lugares de reclusión podría comenzar a solucionar el problema.

 

Rafaela está lejos de ser la única alcaidía con problemas de hacinamiento. Rosario cuenta con 127 plazas y a fines de 2005 albergaba 170 presos, situación que mereció un llamado de atención de la Corte Suprema de la Provincia -a través de un documento presentado en aquel período- al Ejecutivo, denunciando que "es altamente peligrosa la concentración de detenidos en las comisarías".

 

Una situación insostenible

 

El sistema penitenciario se encuentra sobrepasado en todo Santa Fe. La cárcel de Las Flores cuenta con 481 plazas para un promedio de 600 presos, mientras que en Rosario se encuentran 1400 personas en un predio preparado para 889 detenidos. Rafaela, que aún es una localidad que cuenta exclusivamente con la Alcaidía, no es una excepción, sino la regla.

 

Dr. Jorge Daniel Pedraza, abogado santafesino especialista en Derechos Humanos dialogó acerca de esta problemática, asegurando que "en Santa Fe tenemos el penal de Las Flores y la Alcaidía, y sin embargo hay hacinamiento en la Alcaidía. No dan abasto los presos. Está Coronda cerca, Rosario tiene una cárcel grande, también se creó la cárcel en Piñeiro, hay otra en Vera, pero es un problema de aumento vegetativo de la población, de la delincuencia por razones socio-económicas. Y sin embargo algo hay que hacer en el mientras tanto. Por un lado la sociedad demanda seguridad y a la vez demanda que no haya hacinamiento en las alcaidías y comisarías -que no están hechas para eso, sino para un mero tránsito-, ese es un grave problema".

 

Así, Pedraza se refirió a las causas de la explosión demográfica en el sistema penitenciario: "El problema fundamental es el auge de la delincuencia, a partir fundamentalmente de la crisis del 2001, de todos los sectores que quedaron marginados de la sociedad. En la ciudad de Santa Fe hay una cantidad impresionante de muertos de justicia por mano propia, y eso va de la mano del aumento de la pobreza. El último informe del Indec indica que aumentó la brecha entre lo que gana una familia y cuánto debería ganar, la diferencia es del 50%".

 

Cárceles y hacinamiento

 

"La gente que está en la cárcel no tiene que estar en un nivel infra-zoológico -indicó Pedraza- porque en este país se cuida más a los animales que a los presos. Hay veterinarios para todo tipo de animales, pero a los presos se los tiene en un nivel mucho más bajo. La Constitución indica que las cárceles deben alentar la recuperación de los presos, pero esto no se cumple en la realidad, es una expresión de deseo".

 

Los problemas de hacinamiento generan todo tipo de trastornos: carencia de higiene y medicamentos, problemas de alimentación, mala distribución de los detenidos, violencia, fugas y motines, poniendo en riesgo no solamente la vida de los que allí están destinados sino también la seguridad de toda la población de la ciudad.

 

Un penal en Rafaela, que ya está licitado y adjudicado (ver recuadro) podría paliar esta situación, pero sin dudas la educación de los que trabajan en el sistema penitenciario y un afán de recuperación en los programas carcelarios serían los primeros pasos consistentes para una solución real de la situación extrema que viven los reclusos de Rafaela y la provincia toda.

 

El futuro penal en Rafaela

 

En el marco del Programa de Fortalecimiento del Régimen Penitenciario, el 29 de diciembre de 2005 (una fecha muy conveniente) se abrieron los sobres para la licitación de la Unidad XV del programa: un penal para 240 internos varones -160 procesados y 80 condenados- que se llevará adelante en nuestra ciudad. La adjudicataria es la empresa Regan S.A. -quienes tienen a cargo la construcción de las 250 casas del Promeba- y se invertirá la suma de 20 millones de pesos que provienen de los erarios provinciales. Los terrenos -ubicados al final de Av. Italia- fueron donados por el Municipio local.

 

Así, Rafaela tendrá su propio penal que contribuirá a descongestionar el resto de las cárceles de la provincia. Esta situación puede ser intrascendente para la vida de la ciudad, como puede transformarse en un problema.

 

El Dr Dniel Pedraza reflexionó acerca de este tema. "Cuando hay grandes cárceles se producen asentamientos poblacionales alrededor. Eso pasa en Las Flores, Coronda y Rosario, y principalmente son los familiares de los presos, porque si son de esa población se tratan de ubicar en esa zona para estar más cerca, para hacer visitas, para llevarles ropa, elementos de higiene, dinero para comprar en la cantina. Esto genera un movimiento alrededor, y es un movimiento semi-delincuencial".

 

De todos modos, la Unidad XV no tendrá la magnitud que tienen Coronda o Las Flores, están destinados para ser un centro local y regional de permanencia de reclusos condenados, con el fin de descongestionar las Alcaidías.

 

La preocupación central pasa por la integración de la vida carcelaria con la de una ciudad que no está habituada al trato con reclusos y su órbita social. "Hay pueblos que absorben este tipo de cambios y otros que son más refractarios -indicó Pedraza. Me imagino que a Rafaela no le va a ser fácil aceptar una cárcel dentro del ejido de la ciudad, pero también hay que aceptar el mundo donde estamos viviendo, porque sino todos los presos los van a tener que mandar a Las Flores, o a Rosario o a Coronda. Si hay una gran cantidad de presos en la ciudad, se tiene que aceptar esa realidad".
 

"Más cárceles no es la solución"

 

Así lo asegura el Dr. Hugo Degiovanni, fiscal en los Tribunales de Rafaela y catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica de Santa Fe, cuando Rafaela está por tener su propio penal para descongestionar la Alcaidía de la Jefatura, que cuenta con cuarenta plazas para 54 internos. 

 

La situación carcelaria en Rafaela es muy preocupante. La Alcaidía que se encuentra en la Jefatura de la ciudad ya no puede albergar a la cantidad de reclusos para la que está preparada, pues mientras que los internos suman 54, las plazas se cuentan en un máximo de 40. Y esta situación se repite desde los últimos años, con un auge de la delincuencia luego de la crisis del 2001 y el aumento de la brecha entre ricos y pobres, sumado a la migración hacia nuestra ciudad de la delincuencia, desde grandes urbes como Santa Fe o Rosario. Así, mientras Rafaela ya tenía un problema con sus propios delincuentes, la profundización de la crisis en las urbes expulsó en los últimos años a una cantidad de desamparados que se fueron a centros más promisorios, entre ellos Rafaela.

Por todas estas razones es por la que a fines de 2005 se licitó un penal en Rafaela (ver recuadro). Pero para el fiscal de los Tribunales de Rafaela, Hugo Degiovanni, la problemática carcelaria no se resuelve sumando cárceles al sistema, sino que un principio de solución sería la reforma del Código Penal, con una filosofía basada en que los delincuentes que aún no tienen una condena firme no estén recluidos, sino bajo una libertad vigilada.

 

"Pensar que la legislación penal y el sistema penitenciario es lo que va a traer solución a la inseguridad es más o menos como echarle la culpa al conscripto por una guerra", aseguró Degiovanni.

 

Cárceles, penas y seguridad

 

El fiscal Degiovanni insistió en la idea de que la inseguridad no es una cuestión que se solucione imponiendo mayores penas o atiborrando las cárceles de personas sin sentencia, sino que optando por un efectivo control del Estado a los procesados mientras gozan de libertad descongestionaría mucho la problemática.

 

"Para todas las personas a las que se les presume haber cometido un delito debe regir un sistema de libertad. ¿Por qué la sociedad en general hace tanto hincapié en la idea de que aquel que es sospechoso de un delito debe estar preso inmediatamente? Lo que la sociedad no quiere es que esa persona que delinquió, por estar afuera cometa otro delito. En verdad hay que dar una respuesta a eso, pero no tiene que ser meter gente en las cárceles porque sí, eso no es la solución. Nuestra Constitución establece que las cárceles son para las personas que están condenadas, a nadie se le ocurriría en el sistema jurídico llenar las cárceles con personas procesadas."

 

Las palabras del fiscal no son casuales. Degiovanni fue alumno del vocal de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Ziaffaroni, quien aseguró que "el sistema penal nuestro y de América Latina funcionan como derecho penal del enemigo, sólo que en lugar de hacerlo excepcionalmente para un grupo lo estamos generalizando y tratamos a todo el mundo como enemigo porque el sistema penal es cautelar, no de condena. Tenemos cárceles llenas de procesados y apenas tenemos un 25 % de condenados. Cuando hablamos de un sistema penitenciario, estamos hablando, en el mejor de los casos, para un 30 % de presos que no se van a quedar mucho".

 

Un mal signo

 

La superpoblación en los centros de detención es un mal signo acerca del estado del sistema en la ciudad, la provincia y el país. Degiovanni aseguró que "hay un parámetro que se toma a nivel internacional para medir el estado del derecho en el sistema penitenciario, y es la cantidad de procesados sin condena que un país tiene en sus cárceles. Cuando ese porcentaje excede entre el 5 y el 10 por ciento, ya hay que abrir los ojos. Nosotros tenemos un porcentaje mucho mayor en Argentina y Latinoamérica".

 

Y así, llegó a una contundente conclusión: "Lo grave no es que la persona que cometió un delito está en libertad, sino que esa persona no puede ser controlada eficientemente desde los órganos del Estado para que no vuelva a delinquir".

 

De este modo, Rafaela se inscribe en un plan de fortalecimiento del sistema carcelario con la inminente llegada de un nuevo penal, cuando el mismo esquema es duramente cuestionado no solamente en la ciudad, sino también en el mismo seno legislativo de la Nación.

 

Se debe comenzar a conocer los pormenores de un sistema del que pronto Rafaela dejará de mirarlo como una realidad lejana para estar en el seno mismo de la ciudad.

 

Cinco millones para Coronda

 

Cinco millones de pesos serán enviados desde el Ministerio de Planificación para llevar adelante en la provincia una parte del Plan de Infraestructura penitenciaria 2004-2007, que tiene por objetivo aumentar las plazas para reclusos en 1.500 nuevos espacios.

 

En la cárcel de Coronda, donde se alojan presos de máxima seguridad, se invertirán 5 de los 55 millones que la Nación dispuso para llevar adelante este plan en presidios de Salta y Buenos Aires.

 

Así, el sistema penitenciario argentino se reacomoda lentamente a la situación de superpoblación que se vive desde hace años en el país, agravada por los efectos de la crisis de 2001.

  

Para desagotar la Alcaidía

 

Consultado el secretario de Obras Públicas municipal, Daniel Ricotti, aseguró que el nuevo penal que se ubicará en los tramos finales de avenida Italia aún no está adjudicado. "La licitación la ganó Regan SA, pero aún no le fue adjudicada porque la Provincia debe realizar una investigación previa para verificar si la empresa está en condiciones de hacerse cargo de la obra. Ese proceso se retrasó un poco, pero aseguran desde la Provincia que para el segundo semestre la obra ya estará adjudicada".

 

Así, la nueva penitenciaría tendrá por objetivo reemplazar a la Alcaidía céntrica y albergará a 160 procesados sin condena, además de guardar 80 plazas para condenados.

 

Alcaidía: ¿un secreto guardado tras las rejas?

 

Pasado el tiempo de adjudicación para la nueva Alcaidía que se licitó en los últimos días del año pasado, ni los poderes locales ni provinciales pueden dar certezas por la ausencia de la nueva Alcaidía que Rafaela precisa. En el actual predio de la Jefatura, generalmente hay superpoblación. El diputado Aldo Strada aseguró: "Hay cierto ocultamiento de la información".

 

La Unidad Penitenciaria Nro 15 es parte de un plan que elaboró el gobierno provincial como respuesta a la emergencia carcelaria decretada el año pasado. La superpoblación de presos en el sistema santafesino requirió la urgente necesidad de construir nuevas unidades penitenciarias que serían distribuidas en diferentes localidades de la provincia.

Así fue como Omar Perotti, en un encuentro con el Ministro de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, se comprometió a que el Municipio done los terrenos que se necesitarán para la construcción. Finalmente, este predio resultó estar ubicado en barrio Monseñor Zazpe, en las concesiones 155 y 171.

 

Según la información oficial, esta Alcaidía sería una ampliación de la actual, pero ubicada en este predio de 7000 m2, con capacidad para 80 presos en celdas individuales y 160 en celdas compartidas.

 

En aquel seco y caluroso fin de año, la constructora cordobesa Regan SA resultó ser la primera en una licitación que contuvo a seis competidores.

 

Dudas, muchas dudas

 

Hasta aquí, la información oficial brindada por los partes provinciales allá por diciembre de 2005. Pero hoy, 26 de septiembre, casi 9 meses después de aquel fin de año, no sólo la obra no está adjudicada, sino que los legisladores santafesinos y la cartera municipal de Obras Públicas desconocen los detalles de la obra.

 

"La obra debería ser adjudicada en el segundo semestre de 2006" indicó el Secretario de Obras Públicas Daniel Ricotti tiempo atrás al diario CASTELLANOS. De todos modos, las gestiones correspondientes a la obra no son competencia del Municipio sino del gobierno provincial. Y en la Cámara de Diputados, donde Rafaela tiene dos representantes, los legisladores no parecen muy interesados en el tema, a pesar de que la Alcaidía de la jefatura generalmente alberga una decena más de presos (y hasta una veintena) de los que puede soportar en su infraestructura para 52 reclusos.

 

Sólo el legislador rosarino Aldo Strada, del bloque Acción por una República Igualitaria parece realmente interesado en el tema, ya que una semana atrás presentó en la Cámara Baja un pedido de informes sobre el tema.

 

"Hay cierto ocultamiento de la información en Rafaela ya que no se conoce cuál es la magnitud de la obra ni los plazos de ejecución de la misma", había dicho el legislador al matutino El Ciudadano y la Región, con respecto al documento que hoy está tratándose en la legislatura santafesina, cuando se inauguró recientemente la Alcaidía de Rosario, una obra que estaba planificada dentro del mismo programa que la unidad penitenciaria rafaelina.

 

"Nosotros no tenemos claro si es un predio especial o una ampliación de la actual Alcaidía. No conocemos la capacidad que va a tener, ni exactamente su ubicación. En determinados momentos se dijo que iba a estar en las cercanías de la ciudad. En el convenio hay 1.600.000 pesos destinados a construir la Alcaidía de Rafaela, y en el informe de la auditoría que realizó la Sigen (Sindicatura General de la Nación, un organismo oficial) indican que ya tendría que estar construido o en proceso de construcción".

 

Por otro lado, el diputado duda si la ciudadanía tiene cabal conocimiento de lo que implica la construcción de una nueva unidad penitenciaria en la ciudad. "Desconocemos si esto lo sabe la comunidad de Rafaela, porque siempre la posibilidad de tener una unidad carcelaria o no ha generado fuertes polémicas. En algunos lugares, muchos ciudadanos se movilizaron para pedir que la unidad carcelaria no se construya, y nosotros preguntamos al Ejecutivo sobre el grado de conocimiento que tiene la ciudad.

 

Cuando se firmó el convenio para la realización de las unidades carcelarias en la provincia había una necesidad muy importante de plazas. "Entre 900 a 1000 plazas nuevas", explicó Strada. "Hoy nosotros en un segundo pedido de informes queremos saber cómo se fueron construyendo y paliando este déficit penitenciario, en definitiva, cómo se comenzó a trabajar en este programa", pues la información oficial no mencionó nada sobre las alcaidías hasta la inauguración de la nueva penitenciaría en Rosario.

 

Así, mientras en nuestra ciudad se vive un problema reconocido en voz baja -la superpoblación en la actual alcaidía y los problemas de inseguridad que acarrean- los dineros que tanto se publicitaron provenientes de la Nación y la provincia cayeron en un vacío informativo del cual, hasta hoy, nueve meses después, ninguna autoridad conoce el destino.

 

La Alcaidía rafaelina tenía por plazo de obra 480 días a partir de su adjudicación. Esos días aún no comenzaron a correr. ¿Donde está entonces la respuesta a una emergencia carcelaria?.
 

 

 

 

 

 

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