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Aunque la administración
Toledo
dice respetar las libertades ciudadanas y el estado de derecho, múltiples
denuncias, sucesos e indicios razonables expuestos por ciudadanos, líderes
políticos, dirigentes de instituciones cívicas y la prensa independiente,
confirman que se ha desnaturalizado la misión de un segmento de los
servicios secretos peruanos, usándolos para la represión y el espionaje
político, tanto como para encubrir la corrupción gubernamental. Por
primera vez se revela en forma global este accionar nefasto, propiciando
una corriente de opinión pública que lo desarticule, y evite así, una
posible escalada hacia otros hechos delictivos con un grave desenlace, en
el contexto de los impredecibles comicios generales del 2006, donde se
elegirá a un nuevo gobierno y Parlamento.
“… entonces conocerán la Verdad y la Verdad
los hará libres” Evangelio según San Juan. 8,32.
Esta deplorable historia se descubre con más
nitidez el año 2003
. Los primeros meses del año 2003 y ampliando
las pesquisas de otros medios, el programa Entrelíneas del Canal 8 de Lima,
denunció la existencia de un denominado “Plan Andino”, cuya finalidad sería
descabezar y copar el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), incorporando a
personal del partido gobiernista Perú Posible. La primera etapa ya se había
ejecutado: a la nueva estructura directiva y como “analistas” del CNI,
llegaron exclusivamente personal de dicha agrupación política, gracias a una
fuerte injerencia de Eliane Karp, esposa del presidente Toledo. Esta
acusación se confirmaría luego con los diversos hechos que mostraron la
desnaturalización de las funciones del CNI, dedicado a encubrir las
tropelías del gobierno de Toledo, en lugar de afianzar la seguridad
nacional.
. Por entonces, una revelación del periodista
César Hildebrandt, permitió que la prensa y las autoridades ubicaran en el
distrito limeño de San Juan de Lurigancho, una camioneta Ford Van, equipada
con sofisticados dispositivos para interceptar comunicaciones y otras tareas
de espionaje. En esa oportunidad resultó involucrado un oficial de la
Policía Nacional adscrito a la Digimin (Dirección General de Inteligencia
del ministerio del Interior), y cobró fuerza una sospecha: un ala de los
servicios secretos estaría usando subrepticiamente esta clase de equipos
decomisados a grupos ilegales que actuaron en la década pasada. Incluso se
recuerda que al inicio del gobierno de Toledo ya el líder del APRA, Alan
García, había sufrido la interceptación de una comunicación telefónica con
el congresista Jorge Del Castillo.
. El programa periodístico La ventana
indiscreta del Canal 2 de Lima, declaró que cuando realizaban
investigaciones sobre malos manejos en el CNI, entre agosto y septiembre del
2003, una Unidad de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Dirección de
Contrainteligencia de dicho servicio secreto, perpetró labores de espionaje
contra sus periodistas de investigación y demás integrantes del programa. En
esas circunstancias, uno de los hombres de prensa fue agredido y sufrió el
robo de su celular. La exposición de estos hechos provocó la renuncia
forzada del jefe del CNI, almirante en retiro Alfonso Panizo.
. El diario Correo de Lima, publicó una
investigación contenida en documentos de trabajo de inteligencia filtrados
por personal del CNI (denominados “Plan Enrique 2003”), donde se aseguraba
que en el distrito limeño de La Molina, existía un inmueble en el cual,
personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la Policía Nacional,
estaría empleando equipos cedidos por la DEA estadounidense, para tareas de
espionaje político contra diversas personas e instituciones. Es de precisar,
que luego en agosto 2005, se tuvo que aplicar una “cirugía mayor” en la
Dirandro – defenestrando a su jefe y a numeroso personal- al descubrirse que
estaba infestada de corrupción y hasta habría sido infiltrada por el cártel
mexicano de Tijuana.
. El movimiento político opositor “Sí Cumple”
-liderado por el cuestionado ex presidente Alberto Fujimori- denunció haber
sufrido el robo de equipos informáticos conteniendo datos sobre su
organización y otros documentos, en su local del distrito de Lince en Lima,
que además compartía con otras dos instituciones particulares, las mismas
que no fueron afectadas por los intrusos.
. Desconocidos golpearon violentamente al
dueño de Radio Miraflores de Lima, Ricardo Palma Michelsen, cuya emisora
acoge un sintonizado programa sabatino “La hora del chino”, que sirve para
promover y defender al ex mandatario Alberto Fujimori. Del mismo modo, esta
radio difundía los espacios de dos periodistas de oposición radical al
gobierno de Toledo: Nicolás Lucar y Fernando Viaña.
. Funcionarios del gobierno regional de
Arequipa -del opositor Partido Aprista Peruano- y congresistas de esa
agrupación, lograron infiltrar una reunión donde participaba un empleado
gubernamental destacado en Arequipa -el mayor del ejército en retiro, Marcos
Hinojosa Requena- cuando coordinaba acciones para desestabilizar al
mencionado gobierno regional, con apoyo del CNI. El militar indicado es de
la misma promoción de la Escuela Militar de Chorrillos -La Brea y Pariñas de
1969-, a la que pertenece Roberto Chiabra León, quien entonces era
comandante general del Ejército y después fue ministro de Defensa de Toledo.
. Mientras la periodista Rosa María Palacios,
conducía un programa político en el Canal 6 de Lima, manifestó ante la
prensa y una Comisión del Congreso, haber sido víctima de un operativo para
interceptar sus comunicaciones telefónicas. Incluso presentó el artefacto
que fue ubicado por una empresa privada de seguridad, en un poste telefónico
frente a su domicilio en Miraflores. Expertos consultados reconocieron que
el aparato servía para interceptar comunicaciones, y por su estado, había
sido colocado recientemente.
. La corresponsal de la cadena CNN y la
revista Newsweek en el Perú, Sharon Stevenson, fue encontrada muy golpeada y
abandonada en el distrito limeño de San Martín de Porres. Ella investigaba
la influencia del narcotráfico y la supuesta utilización del hongo fusiarium
oxysporum en los programas para erradicar cultivos de coca, supervisados por
la Policía Antidrogas del Perú y la DEA estadounidense. Igualmente, en más
de una oportunidad Stevenson había denunciado la presencia de subversivos de
las Farc de Colombia en territorio peruano, contrariando declaraciones del
gobierno del Perú sobre el particular. Más tarde aparecieron versiones
periodísticas señalando que la agresión contra Stevenson, sería producto de
un asalto y/o conflicto de pareja.
Los incidentes se acentúan en el 2004
. En marzo de 2004, el Canal 2 de Lima puso
al descubierto -con pruebas documentarias-, que el ex jefe del CNI César
Almeyda, así como el general del Ejército en retiro Daniel Mora, estuvieron
al tanto de una operación (“Plan Cazador”), de ubicación y recuperación de
equipos para interceptar comunicaciones, que fueron empleados entre 1990 y
el 2000, pero no lo comunicaron a las autoridades correspondientes. También
se supo que antes de relevarse en su cargo como jefe de la Dirección de
Inteligencia Estratégica del CNI, Mora expuso al entonces jefe del CNI,
Fernando Rospigliosi, los operativos secretos en curso, pero le ocultó el
“Plan Cazador”.
. Seguidamente, el organismo no
gubernamental, “Pro Justicia”, sufrió el robo de varias computadoras, con
valiosa información sobre casos de corrupción judicial y hasta un documento
de trabajo sobre la reforma del sistema de inteligencia peruano. El director
ejecutivo de “Pro Justicia”, Fernando Ophelan, desarrolla una activa campaña
mediática y académica, develando supuestos actos de corrupción y abuso del
gobierno de Toledo y del Poder Judicial, de igual forma critica la “justicia
jacobina”, que aplicaría un sector de los jueces, contra procesados
vinculados al régimen de Fujimori.
. El diario Correo de Lima destapa un nuevo
escándalo, con grabaciones y filmaciones incluidas: una fallida operación de
difamación perpetrada personalmente por el director de Contrainteligencia
del CNI, coronel del Ejército en retiro, José Valdivia, en perjuicio del
entonces ministro del Interior Fernando Rospigliosi (públicamente enfrentado
con el jefe del CNI, general en retiro Daniel Mora y otros sectores del
propio gobierno).
A raíz de estas acusaciones y la presión de
la opinión pública, el jefe del CNI y Valdivia, fueron obligados a dimitir,
el 19 de marzo, al tiempo que se anunció la “desactivación total del CNI”.
Medida que fue cambiada por una nueva reorganización. A pesar de numerosos
cuestionamientos en su contra, Daniel Mora recibió el respaldo del
presidente Toledo y siguió desempeñándose como “secretario de ética y
disciplina” del partido oficialista, para luego ser designado en febrero del
2005, directivo del principal organismo de seguridad social del Perú, y en
julio del mismo año, asesor del presidente Toledo.
. Refiriéndose al intento de cierre del CNI,
en marzo del 2004, el criticado legislador opositor Alfredo González
sostuvo: “El principal servicio de inteligencia que tenemos en el Perú es la
Digimin, que está dirigida hace años dentro del gobierno de Toledo, por el
general de la policía en retiro, Juan Zárate Gambini, hombre de la DEA”.
“Ése señor es el que maneja todo el frente
interno y tenía un jefe operativo que era el coronel Jorge Cárdenas, que era
el encargado de interceptar comunicaciones. Actualmente, el jefe operativo
es el coronel Edgar Palomino”, apuntó. (Cárdenas ahora es general y jefe de
la Digimin desde diciembre del 2004 ante la súbita renuncia del general
Zárate Gambini) “Lo cierto es que hay un aparato de inteligencia, paralelo,
que tiene mucha plata y funciona en el ministerio del Interior. La
información que yo tengo es que la DEA le ha dado equipos de interceptación
a Zárate Gambini”, remarcó el legislador González y concluyó: “Estos
equipos, que son operados por la Digimin, se están usando contra los
políticos y periodistas que no les resultamos cómodos, hasta se espía a
ciertos personajes del gobierno”.
Sobre este asunto, cabe acotar que gracias a
su continua actividad como dirigente deportivo, el congresista Gonzáles
estableció lazos de amistad durante muchos años con oficiales de la Policía
Nacional, quienes le habrían proporcionado la información referida, al estar
disconformes con el proceder ilegal de ciertos colegas suyos vinculados a
los aparatos de inteligencia. Simultáneamente, no se excluye la posibilidad
de una actitud permisiva de la DEA frente al espionaje político de los
servicios secretos policiales, en reciprocidad por el fuerte apoyo que
brindó la CIA, a la comunidad de inteligencia peruana durante el régimen de
Fujimori.
. A su turno, el primado de la Iglesia
Católica en el Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani (que soporta una
animadversión pública y notoria de la influyente esposa del Presidente
Toledo), denunció el 5 de abril de 2004, que por un año y medio era víctima
de la interceptación de sus teléfonos y faxes; aclarando que no lo hizo
público antes, debido a su desconfianza en las autoridades judiciales. Estas
afirmaciones luego las ratificó ante la “subcomisión investigadora encargada
de interceptaciones”, del Congreso de la República.
. Por otra parte, el 27 de abril, sesenta
internos del Establecimiento Penitenciario de Procesados Primaros de Lima
(ex San Jorge), sufrieron una aguda intoxicación. Según el presidente de la
entidad que dirige las prisiones del Perú (INPE), Wilfredo Pedraza, el hecho
se produjo por la mezcla de los alimentos con un insecticida, utilizado
habitualmente como raticida. “Se trató de una contaminación deliberada”,
explicó el directivo.
En dicha prisión se encuentran detenidos,
muchos ex funcionarios que trabajaron en el gobierno de Fujimori y otros,
entre ellos Miguel Salas, que divulgó un audio comprometedor que provocó el
encarcelamiento del ex asesor presidencial y ex jefe del CNI, César Almeyda.
Algunos de estos reclusos estaban realizando denuncias de corrupción y
chantaje, contra altos funcionarios del régimen de Toledo (como el líder del
partido aliado del gobierno, Fernando Olivera, el ex jefe del CNI, Daniel
Mora, entre otros). En consecuencia, es probable que la extraña intoxicación
buscara atemorizar a los denunciantes e incluso al propio Almeyda, quien por
su cercanía a Palacio de Gobierno, podría conocer información sensible,
sobre presuntos casos de corrupción en las altas esferas del poder.
. En mayo de 2004, los directivos del diario
opositor “La Razón”, confirmaron ante la Comisión de Defensa e Inteligencia
del Congreso y la Fiscalía, sus denuncias sobre interceptaciones telefónicas
y seguimientos de las que habrían sido víctimas sus periodistas y varios
personajes que se comunicaban con ellos. Para sustentar su acusación, el
Editor General de la La Razón, Plinio Esquinarila presentó audios con
diálogos entre el parlamentario Rafael Rey y redactores del periódico;
además otros documentos que le habrían proporcionado fuentes de inteligencia
descontentas con este proceder.
¿También “terrorismo blanco”?
. El 6 de julio y cuando importantes voceros
del Ejecutivo alertaban sobre un supuesto “complot para derrocar al
mandatario Toledo”, el presidente de la Central General de Trabajadores del
Perú, Mario Huamán, principal organizador del paro nacional de protesta
contra la administración Toledo, previsto para el 14 de julio, recibió un
siniestro presente en su hogar: un arreglo floral y una caja que contenía
una granada de guerra tipo piña, con su respectivo dispositivo de seguridad,
y una tarjeta donde se atribuía la autoría de este hecho a un aparente
“Comando 4 Suyos”.
Al día siguiente, surgieron pintas en algunas
avenidas centrales de Lima con la inscripción: “Comando 4 Suyos”, como
reivindicando dicho acto de “terrorismo blanco”. Ambos hechos fueron
corroborados por las fuerzas del orden y la prensa. Al tiempo que Olmedo
Auris, líder del poderoso sindicato nacional de profesores (Sutep),
participante del paro nacional, dijo al diario Correo, que recibió llamadas
telefónicas amenazándolo de muerte.
Es necesario recordar, que el presidente
Toledo denominó en el año 2000, “Marcha de los 4 Suyos”, a la principal
movilización de protesta que encabezó junto a sectores opositores al
gobierno de Fujimori, otorgándole desde entonces a ese acto, un visible
simbolismo político-partidario.
. Por otro lado, el 10 de julio, Carmen
Burga, testigo y presunta cómplice de un supuesto fraude en la inscripción
electoral del gobiernista partido Perú Posible (PP), que incluso había
declarado ante un fiscal y solicitado acogerse a la figura legal de la
“colaboración eficaz”, acusando al mandatario Toledo, de una participación
en el delito mencionado; salió del país con su familia, tramitando sin
problemas sus pasaportes en oficinas gubernamentales, aún cuando luego se
comprobó que no cumplía con los requisitos para obtenerlos.
Luego se presentaron varios testigos y
pruebas, ante una comisión investigadora del Congreso, sindicando al
presidente de la empresa nacional aeroportuaria (Corpac), a empresarios
vinculados con el presidente Toledo y a jefes de la Dirección de Migraciones
del Ministerio del Interior, por haber facilitado y financiado la fuga y
ocultamiento durante varios meses en Ecuador, Colombia, Venezuela y en
Chiclayo (Perú), a Carmen Burga y a su familia. Quienes al retornar al Perú
confirmaron su denuncia inicial contra el jefe del Estado y la complicidad
de altos funcionarios gubernamentales para posibilitar su salida del país,
con el vano intento de acallarlos.
Sobre el tema, el 27 de agosto, el jefe de
procuradores anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, denunció las presiones
que estarían ejerciendo, el jefe del gabinete de asesores del ministerio del
Interior, Juan Sheput y el entonces director de Gobierno Interior, Pedro
Carrasco (luego obligado a renunciar por una denuncia que lo relacionaba con
un narcotraficante en prisión), sobre los integrantes del cuerpo policial
que realizaban el peritaje a los planillones de PP, para verificar si
existió un patrón de falsificación de rúbricas en su inscripción.
Pese a que en estos últimos sucesos, no se
percibe un acto de represión política o espionaje, sí se muestra un nuevo
modus operandi, destinado a asegurar la impunidad mediante el ocultamiento
de pruebas o testigos comprometedores y la obstrucción de las
investigaciones; para lo cual (esconder y luego ubicar en el extranjero a
una familia), se necesita mucho dinero, personal operativo de confianza,
autos, viviendas seguras, equipos de comunicación, entre otros soportes
logísticos, junto a la complicidad de instancias oficiales.
. Pero los perpetradores de estos hechos no
descansaron. El 5 y 7 de agosto de 2004, los diarios, La Razón y La
República, informan de un extraño asalto y robo sufrido por la fiscal Martha
Salinas Zavala, quien investigaba el caso de las cartas apócrifas
presentadas por el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera al Estado
del Vaticano, para desprestigiar a monseñor Cipriani; el ataque ocurrió en
vísperas de que la fiscal formalizara la denuncia correspondiente, donde
finalmente involucró a Olivera. Al comentar el tema, la doctora Salinas
expresó: “Los agresores, eran altos y de buen vestir, por lo que no me
parece que fue un asalto común, asimismo, ellos tenían más interés en mis
documentos que en mi cartera. Quizá alguien quería asustarme”.
. El programa “La Ventana Indiscreta” (LVI),
relata el 29 de agosto, que Fernando Cárdenas Lomparte, había intentado
sembrar información falsa entre su equipo de investigación. Cárdenas entregó
documentos fraguados de manera muy sofisticada, que acusaban a uno de los
hermanos del presidente Toledo. Según LVI, el objetivo era acabar con la
credibilidad de sus investigaciones, muchas de las cuales comprometen al
entorno presidencial.
LVI aseguró que un operativo denominado
“Estrategia de destrucción de líderes”, se había ejecutado desde Palacio de
Gobierno, con la participación de Cárdenas Lomparte, quien resultó ser un ex
oficial de la Marina que habría trabajado en inteligencia naval, también se
le vincula con otro ex oficial naval Ricardo Irribarren, quien a su vez,
sería ex compañero de estudios y amigo de Juan Sheput (entonces jefe del
gabinete de asesores del ministerio del Interior y luego ministro de Trabajo
de Toledo). Del mismo modo, Irribarren ha sido jefe de seguridad de la
estatal Corpac y fue candidato del partido gobiernista en el 2002.
Los periodistas de LVI están convencidos que
todos estos sujetos integraban un equipo de inteligencia que operaba desde
Palacio de Gobierno, sin figurar formalmente en ninguna dependencia de la
comunidad de inteligencia, y en él además habrían participado otros agentes
civiles relacionados con el CNI por mediación del ex jefe de la desaparecida
DINIE del CNI, general del ejército en retiro Carlos Chamochumbi y del
coronel Enrique Aguilar, ex subjefe de dicha central de inteligencia durante
la administración Toledo.
. El periodista y agudo crítico del gobierno,
Agustín Figueroa (quien trabajó como asesor de imagen del presidente Toledo
en el 2003 y por ello contaría con cierta información privilegiada), narró
que el 27 de agosto, cuando caminaba por un puente de la Av. Javier Prado de
Lima, hacia una cita previamente concertada por teléfono con el ex
presidente Alan García, líder del APRA; sufrió una agresión física y un
amago de asalto, donde uno de los atacantes le arrojó billetes fuera de
circulación. Para algunos, este burdo acto de amedrentamiento habría
pretendido transmitir el mensaje: “Te estamos vigilando y estas a nuestro
alcance”.
. El 13 de septiembre, en el programa “La
hora N”, del Canal 8 de Lima, el constitucionalista Aníbal Quiroga, acusó a
la policía anticorrupción y a algún servicio secreto que no pudo precisar,
por interceptar una comunicación suya enviada desde su computadora hacia un
destinatario en Washington y por grabar clandestinamente conversaciones de
coordinación realizadas en su estudio de abogado, las mismas que después
habrían sido propaladas en una reunión de ministros. Quiroga ha estado
vinculado a la asesoría legal de acusados de corrupción que ejercieron
funciones en el gobierno de Fujimori.
. El diario Correo de Lima, del 14 de
septiembre, recogió declaraciones en ese mismo sentido, pero desde la otra
orilla: las que formuló el jefe de procuradores anticorrupción, Luis Vargas
Valdivia (envuelto en una pública controversia con altos funcionarios del
gobierno de Toledo a quienes por entonces investigaba), el cual denunció
haber recibido un sobre conteniendo copias de dos correos electrónicos
privados que días antes envió a un importante destinatario.
Sobre el asunto, el Dr. Vargas precisó: “Ya
no me siento seguro ni cuando levanto mi teléfono o estoy frente a la
computadora”. A pesar de ello, aclaró que si bien hay indicios de espionaje
en su contra, no presentará denuncia penal ante el Ministerio Público. “Yo
desconfío de los resultados, porque aún no se resuelven los casos de la
periodista Rosa María Palacios, el cardenal Juan Luis Cipriani, entre
otros”, enfatizó el procurador.
. El programa “Cuarto poder” del Canal 4 de
Lima, confirmó el 19 de septiembre, que Elías Medina Mendoza, un agente de
seguridad que trabajaba durante 2 años en Palacio de Gobierno, y otros tres
sujetos, intentaron raptar y golpearon a Vilma Izquierdo Durán y a Alfonsín
Karol Condo, cuando recolectaban firmas para la agrupación del congresista
opositor Rafael Rey, el 12 de mayo.
De acuerdo a fuentes de “Cuarto poder”, este
ataque fue ejecutado siguiendo órdenes del coronel de la Policía en retiro,
Alejandro Ballarta Saldaña y del sobrino del presidente Toledo, Fernando
Manrique (apodado “filete”), quienes laborarían como miembros de seguridad
del jefe del Estado. Al respecto, ambos trabajadores de Rafael Rey,
reconocieron el auto de placa TO-6695, en el que llegaron sus agresores, el
cual pertenece a Elías Medina Mendoza.
Paralelamente, se reveló que detrás de la
violenta agresión y robo que sufriera el 3 de abril de 2004, Fidel Supo -ex
militante del oficialista partido Perú Posible (PP) y ahora radical crítico
del gobierno- estaría el también trabajador de Palacio de Gobierno, en el
Área de Servicios Generales, José Robles Ortega, reconocido por la
secretaria de Supo ante cámaras de televisión, como uno de los atacantes de
su jefe.
. Este proceder turbio de un sector del
gobierno de Toledo y de su partido, se confirmó mediante la carta de
renuncia del dirigente-fundador de la agrupación oficialista y ex presidente
del Consejo de Ministros, Luis Solari, el 23 de septiembre. Donde entre
otras cosas, cuestiona la autoridad moral del secretario de ética y
disciplina de PP y ex jefe del CNI, general en retiro Daniel Mora, sobre
quien refiere: “Tuvo que renunciar cuando no pudo explicar, qué hacía su
jefe de contrainteligencia filtrando información a un medio, para
desacreditar al mejor ministro del Interior” (que habría tenido la
administración Toledo).
Pero Solari es más contundente en la última
parte de su misiva: “...los recientes hechos descritos, revelan que estamos
ante la existencia de un grupo de personas que, envanecidas por el poder
transitorio, han adquirido un comportamiento de círculo de poder ajeno al
compromiso que hicimos con el Perú al jurar como altos dignatarios de
nuestra patria”.
. Confirmando el uso irregular de personal de
Palacio de Gobierno, el 27 de septiembre, el programa “Cuarto poder”, filmó
a seis trabajadores del Área de Servicios Generales de Palacio de Gobierno,
mientras resguardaban el edificio Los Embajadores, en el distrito limeño de
Surco, donde funcionaba la Fundación “Pacha por el Cambio” y la empresa Blue
Bay Investment, vinculadas a la esposa del presidente Toledo, Eliane Karp y
al ex asesor presidencial y ex jefe del CNI, César Almeyda, ahora preso en
un penal de Lima por sus negociados con un militar que se suicidó en el 2003
y que tendría lazos con estructuras delictivas de la década pasada.
. El 7 de octubre, la directora del programa
“Cuarto poder”, Roxana Cueva -quien renunció ese día junto al conductor del
programa y el director de noticias del Canal 4 denunciando presiones de
Palacio de Gobierno- aseveró que el presidente Toledo le dijo a Julio
Aliaga, ex director de noticias, que “sabía perfectamente de las reuniones
casi clandestinas todos los miércoles en la noche”, que ella sostenía con el
congresista Rafael Rey. “No sé cómo él puede tener acceso a esa
información”, sostuvo Cueva y agregó que el mandatario también mencionó a
Aliaga datos sobre reuniones de otros periodistas con sus fuentes.
La indicada periodista recordó además, que la
congresista oficialista, Doris Sánchez, dijo que contaba con fotografías
comprometedoras del parlamentario Rafael Rey e incluso advirtió que ellas
serían publicadas. “Las fotos se entregaron a un diario pro gobiernista y en
ellas aparecíamos el congresista y yo, conversando en un restaurante de
Miraflores. ¿Cómo pudieron tomarnos esas fotos?”, replicó Cueva.
En esa dirección, Roxana Cueva narró que el
entonces jefe del gabinete de asesores del ministerio del Interior, Juan
Sheput, “denunció” que un video presentado en el programa “Cuarto poder”,
fue entregado “el jueves de la semana pasada, por lo que los periodistas
tuvieron tiempo suficiente para buscar la versión del gobierno”. “¿Cómo supo
el señor Sheput el día exacto en que me entregaron el video?. Esa era una
información muy reservada y sólo se podría explicar, si es que los agentes
del gobierno estuvieran realizando un seguimiento y espionaje a los
periodistas”, comentó. Días después de este señalamiento se produjo la
renuncia de Juan Sheput al ministerio del Interior, aduciendo motivos
personales y regresó a su anterior cargo como asesor presidencial en asuntos
políticos, para luego ser nombrado ministro de Trabajo.
. Acto seguido y respecto a las denuncias de
Roxana Cueva, Jaime de Althaus, conductor del programa “La hora N” del Canal
8, escribió en el diario “El Comercio” de Lima el 8 de octubre: “El servicio
de inteligencia -contrariamente a lo que se cree- está activo y se usa
políticamente, para perseguir a los periodistas y preparar dossier sobre
ellos. Algo inaceptable y sólo comparable a lo que ocurría en tiempos de
Montesinos”. Precisó.
. Desnudando una vez más, el proceder
inescrupuloso en las altas esferas del gobierno de Toledo, el 18 de octubre,
el programa La Ventana Indiscreta (LVI), afirmó que Marcelo Allemant
-abogado del presidente Toledo y de su hermana Margarita Toledo, en el caso
de la presunta falsificación de firmas de PP- aparece directamente
involucrado en una coima a un supuesto testigo, Oscar Oliva.
Como consta en una de las cinco grabaciones
registradas por Oliva y que fueron propaladas por LVI, Allemant habría
pagado 1,500 dólares, a esta persona a cambio de que le entregue un cheque
otorgado por una ONG ligada al congresista Rafael Rey, donde figuraría el
pago que el legislador hizo para los estudios de su hijo menor. Es más,
Allemant había asegurado a Oliva, que su esposa Yrma Valverde, sería
repuesta en su trabajo del ministerio del Interior, a cambio de su
colaboración, para lo cual hizo gestiones ante el viceministro del Interior
Richard Díaz. Pese a esta grave denuncia, Allemant continuó desempeñándose
como abogado del jefe del Estado.
. Para poner en perspectiva los hechos
descritos, conviene destacar que el 21 de octubre, se publicó el Informe
Anual, elaborado por Transparencia Internacional, sobre el “Índice de
percepción de la corrupción”, basado en 18 sondeos aplicados por distintas
instituciones en 146 países a empresarios, ejecutivos, académicos y
analistas de riesgo económico y político sobre su visión de la inmoralidad
en la administración pública. Según ese reporte, el Perú se encuentra a sólo
medio punto del nivel considerado de “graves e incontrolables problemas de
corrupción”.
. El 3 de noviembre, el presidente del
directorio del Canal 2 de Lima, Baruch Ivcher, explicó que el gobierno de
Alejandro Toledo ha iniciado una persecución en su contra utilizando a la
Sunat (agencia estatal administradora de tributos), como un “arma política”
que promueve embargos y otras acciones tributarias. Tras reunirse con el
titular del Congreso, Ántero Flores Aráoz, Ivcher dijo que la Sunat presiona
a su empresa televisiva para que cambie la línea editorial.
Canal 2 difunde programas de noticias,
investigación y opinión, como: “La ventana indiscreta”, “Hoy con Hildebrandt”,
“Reporte semanal”, “90 segundos”, entre otros, donde se critica al gobierno
y se descubren actos de corrupción. Según Baruch Ivcher, la Sunat “está
cumpliendo al pie de la letra” las amenazas que lanzó en su contra la esposa
del presidente Toledo, Eliane Karp, durante una ceremonia en la embajada de
Israel, donde le advirtió “que lo destruiría y lo metería preso”.
. La empresa noticiosa Agenciaperu.com de
Lima, reveló el 28 de noviembre, que la vivienda del ex jefe de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, Wilson Benzaquén, fue asaltada por
desconocidos, luego que declarase acusando al viceministro del Interior
Richard Díaz, de haber apoyado y tener vínculos con el cuestionado
empresario Fernando Zevallos, a quien el gobierno de Estados Unidos sindica
como cabecilla del narcotráfico. De todas maneras, el viceministro Díaz
renunció a fines de diciembre 2004, envuelto en serias denuncias de
corrupción efectuadas por la prensa.
Servicios secretos: impunidad y escándalos en
el 2005
. El opositor diario La Razón del 2 de enero
de 2005, consigna la existencia de un “grupo paramilitar” en el interior del
gobierno al que se habría denominado “Comando Cabana” y estaría dirigido en
parte, por el asesor presidencial en temas de seguridad y ex agente del
Mossad israelí, Abraham Dan On e integrado por Fernando Manrique, José
“Pepe” Ballarta, el ex policía Robert Fabián Ñaños, Raúl Delgado Espinoza,
entre otros.
Ampliando una investigación del programa
“Cuarto poder” pero sin presentar pruebas concretas, La Razón, indica que
serían más de 40 sujetos, los que formarían este grupo y que oficialmente
“trabajan” en Palacio de Gobierno, el Pronaa (Programa nacional de
asistencia alimentaria) y otras dependencias estatales donde rotan para no
ser descubiertos, pero que realmente prestarían servicios bajo órdenes del
asesor de Toledo, Abraham Dan On.
. Un veterano activista del partido
gobiernista y ex trabajador de Corpac, William Menacho Flores, reconoció 13
de enero, al programa “La hora N” del Canal 8, que el jefe de Corpac, Freddy
Otárola -personero legal del oficialista Perú Posible- financió la fuga de
la testigo Carmen Burga hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, para lo cual le
ordenó a Menacho que acompañe a Burga y a su familia en ese recorrido.
Burga ha sido reconocida como colaboradora
eficaz por el Poder Judicial, en el caso de la supuesta falsificación masiva
de firmas donde está involucrado el presidente Toledo, su hermana Margarita
y altos miembros del partido gobiernista. Hasta aquí una acotación: será la
justicia quien deberá establecer si hubo o no secuestro contra Burga y su
familia; pero existen múltiples indicios sobre la participación de
funcionarios gubernamentales y allegados al partido oficialista, en el
ocultamiento y luego salida clandestina de esta testigo, para sustraerla de
investigaciones judiciales y congresales.
. De otro lado, quien fuera jefa de
operaciones de la ex Farmacia Deza, Juana Sánchez Elías, declaró el 16 de
enero a un programa televisivo, haber recibido amenazas de agentes del
gobierno, que la obligan a huir del Perú. “Las amenazas de muerte son
constantes y he tenido prueba de ello (uno de sus parientes fue asaltado
misteriosamente con un arma de fuego), esto me empuja a denunciarlo ya que
temo por la vida de mi familia, si voy donde la policía no me van a admitir
la denuncia, ¿ante quién puedo ir?”. Expresó con angustia la testigo.
Por medio del Canal 2 de Lima, Sánchez mostró
facturas originales de consumo en la Farmacia Deza -motivo del acoso en su
contra- firmadas de puño y letra, el 16 de octubre de 1998, por quien fuera
luego mandatario del Perú, Alejandro Toledo. Dichos documentos demostrarían
que en esa fecha, Toledo se encontraba libando licor con tres mujeres en
diversos hoteles de la capital, a pesar de que siempre aseguró que en dicha
ocasión fue secuestrado por los servicios secretos de Fujimori. Es útil
recordar que el examen toxicológico practicado a Toledo aquella noche en la
clínica “San Pablo” de Lima, encontró trazas de cocaína, según el
certificado de laboratorio Nro. 050781, publicado por la revista Caretas el
22 de marzo del 2001.
. El diario Correo, aseguró el 4 de febrero,
que el día anterior, el asesor financiero del ex ministro fujimorista Carlos
Boloña, Diego Fernández Espinoza, interceptó a dos suboficiales de
inteligencia de la Marina que lo seguían sospechosamente. El ejecutivo narró
ante la Policía que luego de salir de su domicilio en Lima, se percató que
un automóvil Toyota de color rojo de placa HQ-1009 lo venía persiguiendo.
Fue entonces que decidió ir tras el vehículo,
donde se encontraban dos sujetos que se refugiaron en el frontis de la
Embajada del Ecuador en Lima. La Policía que resguardaba el recinto
diplomático los intervino y estos se identificaron como los suboficiales de
inteligencia de la Marina, Guillermo David Collantes Huarniz y Darwin
Bohabot Grández, con carnet Nro. 02902382 y 01992351, respectivamente. Al
llegar una Fiscal, se revisó el auto de los marinos y en él se encontró una
filmadora digital Sony, dos walkie-talkies y un teléfono celular Nextel,
usados en el trabajo de espionaje.
. La prensa difundió el 6 de marzo, un correo
electrónico donde se amenazaba de muerte al empresario de televisión Baruch
Ivcher (accionista principal del Canal 2 de Lima) no sólo por criticar al
gobierno de Toledo, sino hasta por tener programas donde se parodia a la
pareja presidencial. “Tus días están contados en el Perú, tú y tu familia
van a sufrir las consecuencias de los actos que están haciendo en tu
canal... esta semana vas a aparecer con un balazo en la cabeza muerto como
un perro...”. Decía parte de la misiva.
En respuesta, Baruch Ivcher hizo pública una
carta el 11 de marzo, donde le comunica al embajador de Estados Unidos en el
Perú y a otros representantes diplomáticos e instituciones internacionales,
que el equipo de investigación del Canal que dirige, ha obtenido
“información fidedigna” de que se estaría tramando en el Perú una conjura
para incriminarlo en el narcotráfico, colocando subrepticiamente alijos de
droga en sus equipajes o en los embalajes que usa su empresa para exportar
productos.
. El 17 de marzo, en la cafetería San
Antonio, de Miraflores, el periodista del diario Perú 21, Pedro Tenorio y el
analista Alberto Adrianzén del diario La República, detectaron que desde el
auto Toyota color gris, de placa AIV 950 (del Ministerio del Interior),
estaban filmando el local donde ellos se encontraban charlando.
. El congresista Edgar Villanueva, presidente
de la comisión encargada de investigar la presunta falsificación masiva de
firmas al interior de las agrupaciones políticas, donde está involucrado el
partido gobiernista y su líder el presidente Toledo; denunció el 28 de
marzo, haber sido amenazado junto a su familia, mediante una carta recibida
en su hogar. Días después, desconocidos introdujeron un paquete con droga
entre los documentos de dicho parlamentario en el interior del Congreso, con
la evidente intención de incriminarlo y desprestigiar su labor.
. Confirmando una predisposición violenta
contra la prensa de investigación, el 14 abril, el periodista César
Hildebrandt Chávez, fue víctima de una brutal golpiza por parte del padre y
hermanos de la teniente de la Policía Lady Bardales Castillo, quien formaba
parte del cuerpo de seguridad de la esposa del presidente Toledo. Los hechos
ocurrieron, cuando Hildebrandt Chávez, visitó el domicilio de los Bardales
en la ciudad de Chiclayo, al norte de Lima; para recoger la versión de los
padres de la teniente, respecto a una serie de evidencias que demostrarían
que su hija y otros familiares, han obtenido beneficios económicos y
profesionales, presumiblemente derivados de un tratamiento privilegiado
desde Palacio de Gobierno.
. Mas tarde, en mayo del 2005, el presidente
del directorio del Canal 2, Baruch Ivcher, alcanzó a la Comisión de Defensa
del Congreso, fotos y documentos que revelarían la existencia de un supuesto
“grupo especial” integrado por policías, cuando espiaban a periodistas y
otros personajes. La denuncia, elaborada por la Unidad de Investigación de
ese Canal, evidencia que este equipo de inteligencia policial habría seguido
a la periodista Cecilia Valenzuela, así como a dos periodistas del diario
“La República” y uno de Radioprogramas del Perú.
El mismo Ivcher y el congresista Luis
Guerrero, así como empleados del Ministerio del Interior habrían sido blanco
del seguimiento de ese equipo. Según la información brindada, los efectivos
involucrados pertenecerían a la Dirección General de Inteligencia del
Ministerio del Interior (Digimin), la Dirección de Inteligencia de la
Policía (Dirin) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Incluso
Ivcher sindicó al general Jorge Cárdenas (jefe de la Digimin) como uno de
los que comandarían estas actividades ilícitas.
En dicho marco, ya se habría identificado a
dos oficiales en actividad, de la División de Contrainteligencia de la
Policía Nacional: el comandante Denis Bustillos Silva, junto a los capitanes
Julio Domingo Vitorino y Rafael Eduardo Domínguez. Como resultado de esta
denuncia, fueron citados al Congreso, el ministro del Interior Félix Murazzo
y el Director de la Policía Marco Miyashiro, sin que pudieran disipar las
suspicacias frente a tales acusaciones, pese a que este último reconoció la
vigilancia en las instalaciones del Canal 2, aduciendo que fue realizada por
orden de su despacho y para “verificar posibles vulnerabilidades”.
. El taxista César Cruzado, que halló un
aparente documento oficial con un dosaje etílico de la teniente de la
Policía Lady Bardales (vinculada con favores del gobierno y que además había
atropellado a una ciudadana), denunció el 13 de junio ante la Defensoría del
Pueblo, la comisaría de Condevilla y el Canal 4 de Lima, haber sido golpeado
por seis policías. Al respecto, el director de la Policía, Marco Miyashiro,
afirmó que el taxista se resistió a una “intervención policial pues su
vehículo coincidía con las señas de un automóvil sospechoso de transportar
armamento”. Pero ante la incredulidad generada por su versión, Miyashiro
prometió investigar el hecho, sin que se conozcan los resultados hasta la
fecha.
. Documentos y un testimonio clave (del ex
secretario y brazo derecho de Murazzo, el mayor de la policía en retiro,
Juan Gavidia, quien ahora radica en EE.UU. con su familia y tramita su asilo
político) presentados por La ventana Indiscreta el 26 de junio, revelarían
que el ministro del Interior Felix Murazzo, reportó informes de inteligencia
a Vladimiro Montesinos mientras se desempeñaba como jefe de la Interpol-Lima
e incluso visitó el SIN y se entrevistó con el ex asesor, para tratar el
caso de persecución política contra Baruch Ivcher.
Pero hay algo más grave todavía, según una
acusación de Gisela Niño Paz, antigua secretaria de Mario Delgado Vásquez
(amigo del ministro Murazzo y ex proveedor del ejército procesado por la
Primera Sala Especial Anticorrupción por el delito de encubrimiento real),
informó que hasta en tres oportunidades ella misma llevó al ministro Murazzo
sobres con dinero -unos 30.000 dólares cada vez- cuando éste dirigía la
Interpol-Lima. Por supuesto, Murazzo negó las acusaciones y amenazó con
querellar judicialmente a los integrantes de LVI; pero reconoció haberse
reunido con Montesinos en el SIN “por órdenes superiores” y haber alternado
con Delgado; también expresó que el Presidente Toledo conocía con
anticipación estas acusaciones en su contra, y no les habría dado crédito.
La estratagema: nombrar a jefes policiales
cuestionados
La vulnerabilidad de un ministro del Interior
como Murazzo por arrastrar acusaciones y antecedentes que lo descalificarían
para el alto puesto que ocupa e incluso dejarían abierta la posibilidad de
un futuro juicio penal en su contra; avala la siguiente hipótesis: el
gobierno de Toledo colocó como jefe del estratégico ministerio del Interior
a un personaje cuestionado, para asegurarse que -a cambio de su permanencia
en el cargo- facilite la ejecución de acciones de amedrentamiento,
encubrimiento y represión contra sectores opositores al gobierno y contra
quienes denuncian actos de corrupción gubernamental.
. Otro hecho afianza la certeza de que mas de
un servicio secreto está realizando espionaje político: el 9 de julio, los
diarios Perú 21 y La República, informaron que Carlos Puente de la Matta,
hijo de la congresista del opositor Partido Aprista Peruano, Judith de la
Matta, sufrió un aparente intento de secuestro en el distrito limeño del
Rímac, por parte de dos miembros de Inteligencia de la Marina. Según la
hermana de la víctima, Judith Puente: “Su negocio ha estado siendo filmado y
vigilado por extraños. Mi hermano, a la hora de irse a su casa, fue seguido
por un auto Volkswagen hasta que solicitó ayuda a la policía y al serenazgo
municipal”.
Los espías trataron de huir y abandonaron su
vehículo color rojo de placa BG-3342 (que sería de un comandante de la
Marina que después llegó a la comisaría del Rímac), al ser intervenidos por
la Policía y el serenazgo, reconocieron pertenecer al servicio de
inteligencia naval, identificándose como los suboficiales de la Marina de
Guerra del Perú, Guillermo Collantes Huarniz y Celio Chapoñán Flores. Los
marinos -a quienes se les incautó una cámara filmadora y otra fotográfica,
junto a dos celulares- luego dijeron que hacían un trabajo de filmación para
una empresa de vigilancia del capitán de fragata Sergio Pérez Ramírez.
En relación a este caso y para tener una idea
más clara de la impunidad con la que se realizan estos presuntos actos de
espionaje político, basta recordar que el 4 de febrero del 2005, el mismo
agente de inteligencia naval, Guillermo David Collantes Huarniz (con carnet
militar Nro. 02902382), fue detenido por personal policial en el distrito
limeño de San Isidro, cuando espiaba a Diego Fernández Espinoza, asesor del
ex ministro fujimorista Carlos Boloña.
. En ese mismo sentido, la empresa noticiosa
Agenciaperu.com, filmó el 4 de julio, el momento en que cuatro agentes de
Inteligencia de la Policía se detuvieron frente a la casa de Gisela Niño
Paz, un día después que esta testigo denunciara al ministro del Interior,
Félix Murazzo, de haber recibido dinero ilegalmente en la década pasada. El
auto que conducían los agentes era un Toyota de placa BGB 660, que cuando se
retiró de la casa, ingresó a un local del Ministerio del Interior ubicado en
la cuadra 3 de la avenida Tomás Marsano, de Lima. Según agenciaperu.com,
este inmueble estaba a cargo del comandante de la policía, Eduardo Pinedo
Góngora, jefe administrativo de inteligencia.
. Prosiguiendo las agresiones sospechosas
contra opositores políticos del gobierno, el 17 de julio, el secretario
general del movimiento “Sí Cumple” (liderado desde Japón por el ex
mandatario Fujimori), Luis Delgado Aparicio, denunció el robo de importante
información de la vivienda de Diego Uceda, subsecretario de dicho partido.
Los asaltantes se llevaron la computadora del dirigente, tres teléfonos
celulares, además del banco de datos y documentos referentes a su
organización política, pero no sustrajeron objetos de mayor valor material
que tenían a la mano. Delgado Aparicio recordó que un suceso similar ocurrió
en el 2003, contra un local de su agrupación en Lince. Hasta la fecha no se
ha capturado a los singulares delincuentes.
. Algo parecido se produjo el 26 de julio,
cuando Joel Gamarra, ayudante del abogado Juan José Quispe que patrocina a
los testigos Juan Gavidia y Gisela Niño, quienes denuncian presuntos
vínculos entre el ministro del Interior Félix Murazzo con estructuras
delictivas de la década pasada, fue víctima de un extraño asalto donde luego
de agredirlo, el supuesto ladrón sólo le robó el sobre con los documentos
que incriminaban a Murazzo, pero no le arrebató su billetera o el teléfono
celular, que también estaban a su alcance. Este hecho ocurrió mientras Joel
Gamarra se dirigía a la Cuarta Fiscalía Anticorrupción de Lima, para
entregar documentación relacionada al caso.
. Por si fuera poco, otros indicios
razonables confirman la tendencia gubernamental de ubicar al mando de la
Policía y sus servicios secretos, a un funcionario con antecedentes
comprometedores, propenso a ser permisivo con actividades de espionaje
político y encubrimiento: el 7 de agosto, Agenciaperu.com de Lima, aseguró
que el Director de la Policía Nacional, general Marco Miyashiro, habría
ayudado en la búsqueda y visionado de videos que comprometían al ex
Presidente Alberto Fujimori con supuestas acciones ilegales en la década
pasada.
Según la denuncia, el 2 de noviembre del año
2000, con la intención de realizar un operativo de búsqueda de tales videos,
Fujimori mandó traer a Miyashiro de La Paz, Bolivia, donde se encontraba
como agregado policial; por considerarlo un oficial de su confianza (amigo
de su hermano Santiago Fujimori desde 1991) y además capaz, por haber
dirigido la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. Para
ello, incluso ordenó que un avión Beechcraft -350 del Ejército, volara hasta
Bolivia en su búsqueda, tal como consta en el “Legajo de Unidades de Vuelo”,
del Ministerio de Defensa del Perú.
Sobre este espinoso tema, el general
Miyashiro reconoció que recibió la misión del ex presidente Fujimori, de
capturar a Montesinos así como sus videos y documentos, con un equipo
especial de inteligencia, que llegó a intervenir la casa de un cuñado de
Montesinos. Sin embargo, negó haberse encargado del visionado ilegal de
dicho material. Pese a esta versión, la Cuarta Fiscalía Anticorrupción de
Lima, decidió abrir una investigación contra Miyashiro.
. En medio de este turbio panorama y con la
designación en agosto de 2005, de Rómulo Pizarro y Marciano Rengifo, en el
estratégico Ministerio del Interior (en lugar de Murazzo) y Ministerio de
Defensa respectivamente, se mantiene latente la posibilidad de que algunos
aparatos de inteligencia sean usados en función de los intereses del
gobierno y del partido oficialista; ya que los nuevos ministros pertenecen
al círculo mas estrecho de poder del Presidente Toledo como militantes de su
agrupación política, de cara a un año electoral donde por primera vez, 160
mil policías y militares podrán ejercer el derecho de sufragio.
Demostrando esa orientación, Agenciaperu.com,
consiguió en agosto 2005, dos documentos de inteligencia policial que
probarían operativos de seguimientos a periodistas, realizados por la
Dirección de Inteligencia del Ministerio de Interior. El primero, titulado:
Nota de Información 3881- 77P8 y con el sello “Reservado”, registra el
espionaje a Juan José Pallé, Gloria Armendáriz y Ruth Avendaño, todos ellos
integrantes de Radio Libertad de Arequipa (segunda ciudad en importancia del
Perú); en dicha nota aparecen las fotos, direcciones, nombres de los padres
y horarios de trabajo de los indicados periodistas radiales, bajo el
encabezado, “Difusión de información contraria al gobierno”.
Los códigos de distribución del segundo
documento, fechado en Lima el 21 de julio 2005, como Nota de Información
3881-77P8, confirmaría la participación de altas autoridades de la Policía
Nacional y el Ministerio del Interior, en este operativo de espionaje
político, atentado contra la libertad de expresión y también amedrentamiento
contra el capitán en actividad de la Policía Nacional Víctor Urday, esposo
de la dueña de la radio espiada, a quien el informe acusa de ser el
verdadero promotor de la emisora. Urday asegura que para obligar a la radio
a cambiar su línea editorial crítica frente al gobierno de Toledo, han
ordenado su traslado de Arequipa a Lima en una fecha inusual, buscando
separarlo de su esposa y familia, para asignarlo al cuidado de las cárceles.
Conclusiones finales
“¿Sed quis custodiet ipsos custodies?”
(¿Quién vigilará a los vigilantes?) Poeta Juvenal (130 d. C.)
. Puestos en perspectiva diversos hechos
delictivos de naturaleza política y paragubernamental ocurridos en el Perú
entre los años 2003 y 2005, se puede vislumbrar un común denominador: la
mayoría de las personas o instituciones afectadas mantenían una actitud de
oposición y crítica aguda contra la administración Toledo o en su defecto,
se habían convertido en fuente de denuncia e investigación, sobre presuntos
actos ilícitos cometidos por importantes funcionarios gubernamentales.
. En lugar de ejecutar una estrategia eficaz
y preventiva para revertir la sistemática convulsión política y social o
para hacer frente al narcotráfico, los rezagos del terrorismo y la extendida
inseguridad ciudadana en el Perú, la gran ineptitud del régimen de Toledo
convirtió al Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) en una estructura
inservible, politizada y contaminada por la corrupción (el CNI padeció 8
jefes en menos de tres años y una fracasada reforma).
. El núcleo duro dirigente del gobierno de
Toledo, ha esgrimido la “teoría del complot”, argumentando que diversas
corrientes hostiles a su gestión (a la que equiparan falazmente con el
sistema democrático), habrían establecido nexos operacionales colaborativos
con grupos vinculados a estructuras delictivas de la década pasada; en
consecuencia, se habría ordenado a ciertas unidades dedicadas a la
investigación y producción de inteligencia operativa, considerar como
“blancos objetivos” a todo elemento u organización que afecte la
“estabilidad del Ejecutivo en general y en particular la de sus principales
elites dirigentes, incluido el Presidente y su entorno”.
. Este razonamiento explicaría las múltiples
y continuas denuncias sobre seguimientos, vigilancias clandestinas,
interceptación de las comunicaciones, amenazas e incluso agresiones físicas
y asaltos de locales y personas, efectuadas por sectores críticos y
opositores a la administración Toledo, muchos de los cuales señalan actos de
corrupción gubernamental, junto a otros, sindicados por tener vínculos con
Montesinos y/o Fujimori.
. Siguiendo esa lógica y dado que las
actividades de represión, espionaje y encubrimiento, requieren una
organización y planificación, personal de confianza, dinero en efectivo,
logística ad hoc (autos, motos, equipos de comunicación e interceptación de
las comunicaciones, inmuebles seguros, alimentación, armas, entre otros),
así como la cobertura de organismos oficiales especializados; lo más
probable -dada la impunidad alcanzada- es que dichas acciones se estén
llevando a cabo con el consentimiento de las más altas esferas del régimen
de Toledo, en función de lo cual se habría designado en agosto 2005, a dos
líderes del partido gobiernista en los ministerios de Defensa e Interior.
. Según las denuncias, certezas, indicios
razonables y hechos conocidos en los últimos años, se puede inferir que una
facción de la Digimin (inteligencia del ministerio del Interior), del
Consejo Nacional de Inteligencia (como ente rector de los servicios
secretos), y un sector de la inteligencia naval vinculado a la dirigencia
del CNI (mayoritariamente de procedencia naval en el régimen de Toledo);
serían los ejecutores de las referidas acciones intrusivas e ilegales, junto
a grupos paragubernamentales dependientes del partido gobiernista y de la
jefatura de seguridad de Palacio de Gobierno. Por otra parte, el
financiamiento provendría de los fondos reservados (para operaciones
secretas) de los servicios de inteligencia mencionados, complementado con
“dinero negro” procedente de actos de corrupción gubernamental.
. De acuerdo a los hechos analizados y
diversas fuentes confiables de la comunidad de inteligencia, tanto el Poder
Judicial como el nuevo Congreso elegido el año 2006, tendrán que determinar
la responsabilidad del general en retiro Daniel Mora Zevallos, como presunto
operador político principal del Presidente Toledo, en las tropelías que
habrían cometido algunos cuerpos de inteligencia y grupos
paragubernamentales en el período 2001-2005.
. Debido a que la nueva “Ley del sistema de
inteligencia nacional” -promulgada por el Congreso en junio del 2005,
proponiendo la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia” en
reemplazo del CNI- dispone un “control judicial de las operaciones
especiales”, para que estas últimas sólo se ejecuten con autorización de dos
Vocales Superiores designados por la Corte Suprema de Justicia; no se
descarta que buscando evadir esta restricción legal, durante el último y más
crítico tramo del gobierno de Toledo, las operaciones de espionaje,
represión y encubrimiento político, se traduzcan en un uso más inescrupuloso
de los aparatos de inteligencia que han estado sirviendo al sector corrupto
del régimen.
. En ese contexto, la desesperación de los
perpetradores -intelectuales y materiales- de estos hechos, por la pronta
finalización del mandato de Toledo que los haría vulnerables ante la
justicia a todos ellos; provocaría la comisión de nuevos errores que pongan
a sus autores al descubierto en forma evidente, pero también pudiera
suscitar algún exceso contra sus ocasionales víctimas, que produzca lesiones
graves y hasta pérdida de vidas.
Consecuentemente, este entramado debe ser
desarticulado lo más pronto posible por ciudadanos, líderes sociales y
políticos honestos, con el respaldo de los medios de comunicación y
autoridades encargadas de aplicar la ley y el orden, de probada rectitud y
firmeza democrática; toda vez que el avance del proceso electoral para
elegir a un nuevo gobierno en el 2006 y otra correlación de fuerzas
políticas en el Parlamento que sancionará dichos actos reprobables, podría
generar una escalada de estos últimos, con el objetivo de apoyar y encubrir
a ciertos líderes gubernamentales que son cómplices por acción u omisión,
así como para neutralizar a la oposición política y a la prensa
independiente.
