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0706 - Lima -
Debido al proceder inepto, corrupto y politizado de la
administración Toledo respecto a la comunidad de inteligencia, la
seguridad nacional del Perú ha sido colocada en una posición de
vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas, por lo que resulta
indispensable para el nuevo gobierno que asume el poder el 28 de julio
de 2006, ejecutar una estrategia para poner en funcionamiento una
central nacional de inteligencia eficaz, donde se cumpla cabalmente la
ecuación: seguridad con vigencia de derechos civiles y políticos.
«Cuenta
la fábula, que un águila atravesada por una flecha, contempló el dardo
emplumado y dijo: no son otros, sino nuestro propio plumaje el que ahora
nos despedaza». Esquilo, fragmentos.
Iconos de la incompetencia
La
administración Toledo careció de una política coherente para lograr un
funcionamiento adecuado de la comunidad de inteligencia; por el
contrario, en sus cinco años de gestión, tuvo un accionar basado en el
revanchismo y el temor, en un contexto de incompetencia y prejuicios
sobre el tema, mientras facilitó una persistente politización del nuevo
Consejo Nacional de Inteligencia (CNI); donde surgieron casos de
corrupción, complots políticos, espionaje contra la prensa, y llegó a
soportar ¡siete jefes! en menos de tres años y ocho durante todo el
período gubernamental, convirtiendo al CNI en un lastre en lugar de una
institución destinada a robustecer la seguridad nacional.
Por
ejemplo: Como desenlace de su funesta participación en el CNI, el
general en retiro Daniel Mora Zevallos (el sétimo jefe del CNI) fue
obligado a renunciar luego del escándalo estallado, por la precisa y
bien documentada investigación y denuncia del diario Correo de Lima, el
18 de marzo de 2004; donde se mostraba al director de Contrainteligencia
del CNI y hombre de confianza de Mora, coronel en retiro José Valdivia
Rodríguez, como el ejecutor material de un complot para difamar al
ministro del Interior (¡De su propio gobierno!) Fernando Rospigliosi
Capurro.
Más
grave todavía, dejando al descubierto la profunda incompetencia y el
ridículo en el que cayeron muchos jefes del CNI, Valdivia Rodríguez fue
fotografiado, grabado y filmado cuando entregaba documentación y tramaba
acciones para perjudicar al ministro Rospigliosi, desde el céntrico Café
Haití de Miraflores (Lima).
Lo
que pasó luego, revela la torpeza y caos administrativo en el que
puede incurrir un jefe de Estado y su entorno: para reemplazar a
Mora, el Presidente Toledo nombra el 20 de marzo de 2004, a quien
fuera Comandante General de la Marina hasta el 2003, vicealmirante
Ricardo Arbocco, que tampoco había ejercido cargos importantes en
Inteligencia; pero sí tenía un proceso judicial abierto en contra,
por su presunta responsabilidad en la compra sobrevalorada en 1996,
de terrenos de una entidad financiera (Caja de Pensión
Militar-Policial) que maneja fondos de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional.
Enterados de dicho antecedente, la mayoría de la prensa
independiente, analistas y líderes políticos, descalificaron al
nuevo jefe del CNI. Esta vergonzosa circunstancia produjo la
renuncia de Arboccó, y en esa misma fecha (22 de marzo de 2004, es
decir, a los dos días de su nombramiento), el Ejecutivo anunció algo
desconcertante: la «desactivación total del CNI, incluyendo la
clausura de su local»; no obstante, el CNI siguió operando, por que
en su atolondramiento, el gobierno de Toledo no consideró, que para
cerrar el CNI es necesaria una ley del Congreso y no basta con un
decreto gubernamental.
Atrapados por una política errática
Presionado por un marcado escepticismo, el Mandatario Toledo designó
una «Comisión especial de implementación de la reestructuración del
CNI», integrada por un sicoanalista, un politólogo, una diplomática
y el sociólogo Enrique Obando (Director de política y estrategia del
ministerio de Defensa), quien poco tiempo después renunció a su
cargo ministerial, atacando públicamente a su jefe el ministro de
Defensa.
Oportunamente, el Coronel de la Policía Benedicto Jiménez -experto
en antiterrorismo y uno de los artífices de la captura de Abimael
Guzmán, jefe de Sendero Luminoso- había pedido que separen a Obando
del CNI, por los nexos sospechosos que tuvo (incluida una foto para
la posteridad) con Rodolfo Klien Samanez, uno de los más prominentes
cabecillas del movimiento terrorista MRTA, aún prófugo de la
justicia y capaz de reactivar a una parte de dicha organización
criminal.
La
comisión referida tuvo un plazo inicial de 90 días, que fue ampliado
en 60 días más, dirigida por un «Administrador temporal» del CNI, el
contralmirante en retiro Julio Raygada García, quien ya tenía tiempo
trabajando en el CNI: fue coordinador de la comisión de
reestructuración del CNI que instaló el general Mora en setiembre de
2003 y antes estuvo como «asesor de alta dirección», en las dos
jefaturas abortadas de Panizo.
Mientras el CNI se encontraba en «reorganización» y a pesar de sus
ínfimos recursos, los servicios secretos militares y policiales
asumieron las funciones de esta vapuleada entidad, supervisados por
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Situación actual
Aunque la presencia constante de personal con reconocida experiencia
en Inteligencia Naval en la dirección del CNI (ahora DINI), durante
el accidentado funcionamiento de dicha central de inteligencia
nacional en los últimos cinco años, evitó que esa institución
ingresara en un caos total e irreversible que condujera a su
desaparición, debido a las negativas decisiones adoptadas a nivel
político-gubernamental; en definitiva, uno de los más clamorosos
fracasos en el ámbito de la seguridad nacional durante el régimen de
Toledo, ha sido la pretendida
«reforma,
modernización y democratización»
del sistema de inteligencia nacional y en especial, su incapacidad
para conformar una central de inteligencia eficaz.
Peor
aún, varios funcionarios y diferentes jefes de estratégicas áreas de
lo que fue el CNI (ahora Dirección Nacional de Inteligencia-DINI),
vienen siendo investigados por la Contraloría General de la
República y el Poder Judicial, por presuntos manejos ilegales de los
fondos reservados.
En
paralelo, al igual que en las demás instituciones públicas -donde en
total habrían ingresado unos 150 mil empleados nuevos entre el 2001
y el 2006- otro pesado lastre que deja la administración Toledo a su
sucesor, es el excesivo burocratismo en la central de inteligencia
nacional: hasta julio del 2004, 583 personas laboraban en el CNI;
devorando un presupuesto anual de unos 20 millones de dólares.
Resulta que los numerosos jefes que ha tenido este organismo durante
el gobierno toledista -ocho en total- incrementaron su planilla sin
tener en cuenta la relación costo-beneficio de ese proceder nefasto.
Según información confiable, todavía laborarían en el CNI: 22
trabajadores que ingresaron durante la gestión del general Juan
Campos Luque; 31 trabajadores que fueron contratados en la primera
etapa del Almirante Alfonso Panizo, 184 de la administración de Juan
Velit; 42 de Fernando Rospigliosi; 12 de la breve e inmoral
presencia de César Almeyda; 65 de la segunda gestión de Panizo y 113
de la presidencia nefasta de Daniel Mora; pero allí, no acabaron las
contrataciones de
«hombres
y mujeres de Inteligencia»,
el Jefe del CNI y después DINI, Julio Raygada, introdujo a 114
personas más hasta julio del 2005.
Cabe
acotar del mismo modo, que al final del gobierno de Toledo, también
se mantienen trabajando en la actual DINI, unos 10 funcionarios y
empleados que ingresaron al ex SIN antes del régimen de Fujimori y
algunos de ellos que empezaron a laborar durante el período
fujimorista.
Esta
circunstancia no sería tan grave sino fuera por que la mayoría del
personal de la DINI proviene de las diversas camarillas formadas
alrededor de cada jefe que dirigió el CNI y que fueron quedando
rezagadas a través de los continuos cambios, habiéndose dedicado
algunos a filtrar información sensible para horadar la estabilidad
de directivos que no les eran afines, con la intención de asegurar
su permanencia laboral, privilegios mezquinos o en venganza por un
despido.
Sobre el particular, se calcula que con cada defenestración de un
jefe del CNI y el ingreso de su reemplazo, se producía un movimiento
(despido y contratación) superior a las 150 personas, propiciando la
anarquía, la fuga de información y abortando toda posibilidad de
continuidad en el trabajo de inteligencia, situación que se ha
reflejado en la baja calidad de los insumos producidos, impidiendo
una adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel gubernamental.
Por
otro lado, en medio de marchas y contramarchas e indecisiones en el
Ejecutivo, el 4 de enero de 2006, el Congreso de la República aprobó
una nueva Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (Ley Nro. 28.664)
donde entre otros aspectos, se establece que la estructura de la
naciente DINI estará compuesta por tres órganos de línea: Dirección
de Contrainteligencia, Dirección de Informaciones y la Dirección de
Inteligencia Estratégica, encargada de producir análisis de
inteligencia sobre amenazas internas y externas de manera simultánea
(análisis interméstico), pretendiendo dejar de lado así, el esquema
anterior donde se analizaba por separado las amenazas, tanto en el
frente externo como en el frente interno.
Empero han surgido voces discordantes: el Consejo de la Prensa
Peruana (CPP) solicitó observar la Ley que crea el nuevo Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI), alegando que la referida norma contradice la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Nº 27.806) y que en
la práctica representaría un serio retroceso en materia del derecho
ciudadano a este beneficio.
En
realidad, este grupo de presión asume una posición sesgada (con una
perspectiva prejuiciosa a partir de lo ocurrido con los servicios
secretos en la década pasada) y por ello, no acepta las nuevas
categorías y plazos respecto a la información clasificada como
secreta por motivos de seguridad nacional y critica a la ley por
establecer supuestamente unas reglas particulares de clasificación y
desclasificación de información, junto a un régimen discriminatorio
en favor del Sistema de Inteligencia.
En
otro plano, la nueva Ley de inteligencia dispone un inédito control
judicial, donde las operaciones especiales -solicitadas por el jefe
de la DINI- requerirán autorización otorgada por cualquiera de los
dos Vocales Superiores Ad Hoc designados por la Corte Suprema de
Justicia de la República.
Sobre el particular y aunque en caso de «peligro contra la seguridad
nacional y por urgencia de las circunstancias», el jefe de la DINI
puede autorizar directamente una operación especial, con cargo a
formalizar la solicitud ante el Vocal Superior respectivo; no se
descarta que esta nueva modalidad de control afecte la inmediatez,
interoperatividad y el trabajo en compartimentos estancos, que son
indispensables para una ejecución eficaz de operaciones especiales
de inteligencia.
Alternativas de solución
Para
plasmar una propuesta de reforma viable y consistente de la
comunidad de inteligencia, se deben considerar hechos determinantes:
en el actual contexto regional, las hipótesis de conflicto entre
naciones se han reducido gracias a que en la década pasada lograron
solucionarse gran parte de los desacuerdos limítrofes y fronterizos.
Esa
situación se afianzó con el proceso de globalización, expansión de
la democracia y sus valores inherentes, así como el libre mercado.
Sin embargo, esto no ha sido óbice para que resurjan amenazas
internas y externas, que producen etapas frecuentes de
ingobernabilidad, extendida inseguridad en el ámbito interno e
incluso tensiones con algún país limítrofe.
Ante
esa realidad, debido a una percepción distorsionada, ignorancia
sobre la importancia de la seguridad nacional y hasta represalia
política, la administración Toledo disminuyó radicalmente el
presupuesto para la Defensa y forzó un proceso de reestructuración
de las Fuerzas Armadas, y por extensión de la comunidad de
inteligencia nacional. Sin haber realizado antes un Planeamiento
Estratégico para la Defensa ni haber establecido una Política de
Defensa Nacional y fijado su rol de funciones.
La
Proyección Estratégica de una Política de Defensa Nacional del
Estado debe sustentarse en una visión objetiva para la conducción de
las relaciones internacionales, cuyo centro de gravedad sea el
conocimiento de los conceptos de disuasión y equilibrio estratégico,
sin obviar el análisis de la teoría del conflicto, como aspecto
característico de la naturaleza humana.
Por
consiguiente, la Seguridad Nacional y dentro de ella, el importante
rol de la comunidad de inteligencia nacional, debe ser abordada como
parte de un enfoque global del Estado; es decir, con una perspectiva
de largo plazo y enmarcada en una Estrategia Nacional en el campo de
la Seguridad y la Defensa, que refuerce y coadyuve al Desarrollo del
Perú.
Siempre conservando una estrecha ligazón y armonía con la Política
Exterior, la seguridad interna y los otros ámbitos nacionales,
buscando integrar y complementar las capacidades del Poder Nacional
en apoyo sistemático de los Objetivos Nacionales.
Planteamientos para el corto plazo
Por
la complejidad de problemas que afectan a la inteligencia nacional,
es necesario un plan de acción de corto plazo: objetivo, coherente,
sistemático e inteligente y de acuerdo al tiempo, lugar y
circunstancias.
Teniendo como antecedente el innegable fracaso del gobierno de
Toledo, para reestructurar el sistema de inteligencia, junto a los
numerosos errores y arbitrariedades cometidas durante su gestión
contra funcionarios estatales eficientes, honestos y especializados;
por el sólo hecho de haber desempeñado cargos de responsabilidad en
el aparato estatal en la década pasada.
Es
altamente probable que en el proceso fallido por «reconstruir» o «refundar»
el sistema de inteligencia, se haya producido la separación
injustificada de cuadros especializados en inteligencia estratégica
exentos de responsabilidad administrativa, civil o penal. Cuando lo
que se debió hacer, es desarrollar un plan destinado a amalgamar el
trabajo de los cuadros experimentados de inteligencia «limpios», con
los recursos humanos recién ingresados. Dejando de lado prejuicios y
estigmatizaciones dañinas para el sistema.
Por
ejemplo, en Brasil, la central de inteligencia nacional -ABIN-, fue
dirigida por una funcionaria con 25 años de servicio y trabaja aún
con funcionarios que vienen desde el gobierno militar; mientras la
Federación Rusa tiene un Presidente como Vladimir Putin y muchos
altos funcionarios gubernamentales que proceden de la ex KGB.
En
consecuencia, luego de establecer
el
perfil de los funcionarios de la central de inteligencia peruana,
será necesario depurar al personal del CNI/DINI, conservando a los
cuadros más experimentados y equipos multidisciplinarios no ligados
con acciones dolosas y que hayan demostrado profesionalismo así como
eficiencia en el cargo.
Toda
vez que ningún servicio secreto prescinde de esta clase de personal
en forma masiva (como sí lo hizo el régimen de Toledo), sin
menoscabar gravemente su operatividad, por cuanto el proceso de su
formación y capacitación es muy difícil y lento (demora unos siete
años), debido a las características especiales del trabajo de
inteligencia y por que la adaptación del personal nuevo a la
idiosincrasia institucional de los servicios secretos, es
complicada.
Incluso es muy común, una alta tasa de deserción e ineficacia dentro
de los novatos profesionales captados, al no lograr adaptarse al
nuevo y sui generis «ámbito de trabajo en inteligencia», donde se
requiere elevada dosis de sacrificio, patriotismo, anonimato,
conciencia de seguridad y confidencialidad, junto al
profesionalismo, mística y renunciar a la privacidad en aras de la
seguridad.
En
todo caso, los trabajadores excedentes podrán ser reubicados en
otras instituciones estatales de seguridad, para su reclasificación
o cese definitivo respetando sus derechos laborales; evitando que el
personal que haya tenido acceso a información sensible sobre la
seguridad nacional, sea objeto de maltrato, quede resentido,
abandonado e injustamente fuera del sistema de Defensa Nacional,
como ocurrió en la gestión de Toledo.
Para
esa tarea tendiente a reactivar la comunidad de inteligencia lo más
pronto posible, el próximo gobierno podría convocar a un grupo
selecto de expertos civiles, militares y policiales con amplia y
comprobada experiencia directiva en el trabajo de inteligencia
estratégica y operativa
Quienes -conociendo la idiosincrasia y cultura organizacional de la
comunidad de inteligencia- se encargarían de seleccionar y evaluar a
los equipos multidisciplinarios de profesionales y técnicos (civiles
y militares, en actividad o retiro), que posean formación en centros
de estudios especializados de inteligencia estratégica y operativa,
además de experiencia en la producción de inteligencia estratégica y
contrainteligencia, los cuales incluso podrán acelerar la
capacitación y transferir su conocimiento y experiencia al nuevo
personal que ingrese a la central de inteligencia, evitando que se
produzca un «vacío de inteligencia», como también se produjo durante
la administración Toledo.
Simultáneamente, estas acciones correctivas deberán ser supervisadas
por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia,
Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Parlamento y
hasta que se modifiquen las normas de la central de inteligencia y
la Constitución misma sobre el particular; lo más conveniente sería
enviar a esta Comisión, el currículum de la persona que asumirá el
máximo cargo de la central de inteligencia (para su «visto bueno»
político), asegurando así, que sea un experto en el campo de
Inteligencia sustentado en un consenso político adecuado.
Entretanto, a nivel universitario se deberá continuar impulsando el
curso de Defensa Nacional, en cuyo contenido está la Inteligencia
Estratégica, a fin de captar en el mediano plazo nuevos cuadros
civiles. Adicionalmente, será indispensable relanzar una formación
integral en la Escuela Nacional de Inteligencia Estratégica, a cargo
de expertos en Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia.
Por
último, el papel de la prensa independiente, instituciones
democráticas y la ciudadanía vigilante es fundamental, y mientras
estén aseguradas las libertades públicas y el periodismo de
investigación pueda desarrollarse sin ataduras, éstos constituirán
los mejores aliados para un control de la sociedad democrática sobre
los servicios secretos y el consiguiente restablecimiento de la
confianza y credibilidad en el sistema de inteligencia peruano.
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