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1006 - Lima
- Mientras el Poder Judicial peruano atraviesa por una grave
crisis y anuncia una nueva reorganización tras descubrirse un caso de
corrupción cometido por un Vocal Supremo Provisional que terminó en la
cárcel, es necesario conocer las redes de influencia y a sus operadores
que acaparan una ingente cooperación internacional destinada al
fortalecimiento de la vapuleada justicia peruana. Entonces, saldrá a la
luz un entramado de ONGs neomarxistas o de “izquierda caviar”, que
buscan hacer prevalecer su sesgada visión ideológica en áreas tan
sensibles como la administración de justicia, derechos humanos, defensa
nacional y seguridad ciudadana.
Los orígenes y mutaciones
Para comprender los hechos del presente hay que adentrarse en la
historia que nos ayudará a desentrañar el accionar de un sector
izquierdista metamorfoseado en las instituciones democráticas de la
actualidad, con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos en función
de su orientación ideológica y política, que incluye la desarticulación
de organismos claves para la estabilidad y gobernabilidad del Perú.
Una comunidad ideológica neomarxista fue acogida por el gobierno de
transición de Valentín Paniagua en el 2001, tras la caída de la
administración Fujimori. Este grupo se caracteriza por haber militado en
tres agrupaciones de extrema izquierda en los años sesenta y setenta:
Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista Revolucionario (PCR)
y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A ellos se han sumado
algunos ex dirigentes del Partido Comunista pro moscovita.
La mayoría de estos personajes se identifican por que en sus años de
formación universitaria fueron fervorosos propulsores de la lucha armada
para destruir el orden establecido, incluso los tres primeros grupos (VR,
PCR y MIR), abrazaron públicamente el maoísmo clásico de la República
Popular China, durante los años de la cruenta revolución cultural de
Mao Tse Tung.
Por consiguiente, han sido enemigos de la democracia representativa, a
la que tildaban de “democracia formal” y radicales antagonistas de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a las que denostaban como
“guardianes reaccionarios del orden establecido” y mera “prolongación
represiva de los intereses del imperialismo estadounidense y de sus
amaestradas burguesías criollas”.
Aquella Vanguardia Revolucionaria (VR), tuvo como primer secretario
general a Ricardo Napurí y los demás líderes fundadores fueron Ricardo
Letts Colmenares, César Benavides, Edmundo Murrugarra Florián y Jorge
Villarán.
Una de las iniciales tareas de su proyecto fue captar a estudiantes de
la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Mayor de San Marcos,
la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria de La
Molina principalmente, usando en muchos casos como cantera de
reclutamiento a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), un
movimiento universitario católico fundado en 1941, afiliado al
Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC), ambos
reconocidos por la Santa Sede, pero que en aquellos tiempos era
aprovechado como centro de congregación de algunos que se consideraban
futuros “brazos intelectuales de la revolución”.
En ese contexto serían ganados Javier Diez Canseco, Oscar Dancourt
Masías, Agustín Haya de la Torre, Eduardo Figari, Juan Sánchez Barba,
Víctor Torres, Alfredo Stecher, Alberto Gonzáles, Sinesio López y Julio
César Mezzich, quien años más tarde se integraría a las huestes
terroristas de Sendero Luminoso, a la cabeza de la facción Vanguardia
Revolucionaria - Político Militar (VR- PM).
Gran parte de ellos apoyaron las guerrillas iniciadas durante 1965 en el
Perú, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). VR respaldó a los sediciosos y tuvo
contacto con los dirigentes del MIR y del ELN. A tal punto llegaron sus
lazos con la subversión marxista guevarista, que uno de los dirigentes
de VR fue invitado por Luis de la Puente Uceda a “conferenciar” sobre la
lucha armada a la base guerrillera de Mesa Pelada (Cusco).
Las esquirlas de los grupos marxistas
Para tener una idea más clara sobre las coordenadas ideológicas y la
estratagema violentista de estos grupos, basta recordar que ante el
fracaso del proceso subversivo del MIR, VR sentenció lo siguiente: “Las
guerrillas del MIR parecen no haber explotado correctamente el
instrumento fundamental con el cual deben enfrentarse a las Fuerzas
Armadas del poder burgués: el arma subjetiva, desmoralizarlos,
cansarlos, no presentar frente, darles tiempo para que se corroan,
ganarles la moral, descomponerlos internamente, esperar a que se pudran
desde adentro”.
Antes de continuar, una referencia importante: años más tarde, cuando
estos grupos marxistas ya habían mutado, el periodista peruano
Herbert Mujica Rojas, los calificó con acierto, aunque
solitariamente al principio, como “izquierda caviar” en el Perú,
recordando la expresión formulada por el periodista francés Daniel
Benoits, respecto al sinuoso proceder de la clase política izquierdista
en Francia, hace unos 20 años.
Siguiendo el relato, de VR-PM se desprendió el Partido Comunista
Revolucionario (PCR), liderado por Manuel Dammert Ego-Aguirre. A fines
de los años setenta, en VR (y por extensión el PCR y el MIR) se fijan
como objetivo “ante la crisis política de situación pre-insurreccional”,
formar varios frentes que los diferencien de Sendero Luminoso y
posteriormente del MRTA que empezarían a comienzos de la década de los
ochenta su accionar terrorista. El frente de la lucha legal, electoral,
parlamentaria, municipal y en los medios de comunicación; el frente de
la lucha de las masas populares organizadas y el frente de la lucha
armada.
En los años setenta además, VR se integra al frente Unidad Democrática
Popular (UDP) y publica el semanario Amauta, codirigido por Oscar
Dancourt y Fernando Rospigliosi; después ante la inviabilidad de la
lucha armada de SL, participan en las elecciones de la Asamblea
Constituyente que redactará la Carta Magna de 1979, aunque VR luego la
negó. Mientras, otros buscaron reciclarse en el régimen democrático,
como el PCR de Manuel Dammert y la vertiente del MIR, base de
operaciones de los futuros componentes de la denominada Comisión de la
Verdad y Reconciliación: Carlos Tapia y Javier Ciurlizza, y del ex
ministro de Justicia del Gobierno de transición de Paniagua, Diego
García-Sayán.
La danza con lobos
En 1986, las páginas de la revista “Cambio”, vocero del grupo terrorista
MRTA, acoge la siguiente propuesta de Francisco Soberón a favor de un
diálogo con los senderistas: “Hay violencia por parte de Sendero, pero
se deben buscar los canales necesarios de diálogo para que haya la paz
con justicia social que todos deseamos”.
Se trata del mismo Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)
y que antes fuera miembro del comité central de Vanguardia
Revolucionaria (VR), así como agitador de movimientos campesinos en la
época de la reforma agraria del gobierno militar izquierdista del
general Juan Velasco Alvarado en los años setenta, ubicándosele luego en
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el gobierno
de
Belaunde. En realidad, desde 1983 el sociólogo Francisco Soberón
empezó a trabajar con Aprodeh, junto a un equipo de su misma tendencia
ideológica marxista, compuesto por Martha Giraldo, Fernando Rospigliosi
(a quien conocía desde la universidad), Manuel Piqueras y Liliana
Panizo.
A tal punto llega la confianza y empatía entre ellos, que incluso
durante el gobierno de Toledo en el 2001, la Revista Ideele de la ONG
Instituto de Defensa Legal (IDL) se preguntaba: ¿Pero por qué si está
Diego García Sayán de ministro de Relaciones Exteriores y Fernando
Rospigliosi en el Ministerio del Interior, deben haber organismos de
derechos humanos?
Pero la mutación no se detuvo: en la temática de los derechos humanos
del mismo modo aterrizaron otros neomarxistas como Sofía Macher (llegó a
ser Directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y su
esposo Hans Landolt Pardo, ex integrante del Partido Comunista
Revolucionario y actual conductor de un programa de entrevistas y
reportajes en Televisión por Cable, financiado por la ONG IDL, donde él
mismo es director.
Recapitulemos: a inicios de los ochenta, los camaradas de Vanguardia
Revolucionaria (VR), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ya no veían a Sendero
Luminoso (SL) como el aliado del “campo popular”, sino que empezaban a
tomar distancia, sobre todo cuando en la década crítica de los ochenta y
principios de los noventa el violento accionar terrorista mediante
coches-bomba, asesinatos selectivos de militares y civiles, destrucción
de infraestructura y apagones, alcanzaron a varios dirigentes de la
izquierda.
Pese a que muchos tomaron distancia de la crueldad criminal de SL
dirigido por Abimael Guzmán, no lo enfrentaron como era debido y
tuvieron un discurso ambiguo respecto al fenómeno terrorista,
posiblemente debido a que les provocaba sentimientos encontrados, ya que
SL, en parte llevaba a la práctica lo que ex camaradas como Diego
García-Sayán y Carlos Tapia (ambos del MIR) o Ronald Gamarra, entre
otros, habrían proclamado en los claustros universitarios y las
movilizaciones callejeras.
ONGs: Caballo de Troya en el Poder Judicial
Mas bien estos dirigentes y militantes de izquierda afianzaron su
visión y actitud negativa respecto a las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, luego de haber sido cómodos y vacilantes
espectadores de la batalla que se dio en el terreno de las armas
entre el Estado peruano y las hordas senderistas.
Este es el momento del recodo y viraje estratégico. En efecto, un
grupo se introducirá en el tema de los derechos humanos, con la
misión de enfrentar a las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario de
conflicto (el terreno legal), para lo cual controlarán la Defensoría
del Pueblo, en especial durante la precaria (no fue ratificado por
el Congreso, ni renunció), pero extensa etapa de Walter Albán,
también de procedencia marxista.
Completando la tenaza, operadores políticos vinculados a la ahora,
izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían actuando desde
ONGs dedicadas a la promoción de los derechos humanos, asumieron
posiciones de poder en el Gobierno de Transición 2000-2001 y
paralelamente, lograron copar la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR).
A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se allanó al
mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar
nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes terroristas
previamente sentenciados y ya en prisión, al tiempo que
representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones (que
luego fueron conocidas por la opinión pública) con la cúpula de
Sendero Luminoso encarcelada en el penal de la Base Naval del Callao
(Lima), concertando facilidades para materializar el nuevo escenario
judicial.
Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria del
presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el manejo del
Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán (Noviembre 2000-julio
2001), el cual después extendió su poder al llegar a ser Ministro de
Relaciones Exteriores en el régimen de Toledo (Julio 2001-julio
2002) con el secreto pero decisivo apoyo de Eliane Karp de Toledo y
el contexto generado para sostener la feroz persecución política y
la justicia jacobina contra los adversarios del toledismo, militares
y policías que combatieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes
del gobierno de
Fujimori, tanto culpables como inocentes.
Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó sólidos
nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica,
facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los
numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a
pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los
derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o “sus agentes”
en las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque se debe reconocer que
varios casos llevados ante esa instancia supranacional eran
verdaderos abusos contra ciudadanos peruanos.
Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia
peruana, Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil
dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que
denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército,
no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a
nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en
representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el
caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual
luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando
Olivera.
A continuación, como era de esperarse, una vez alejado de sus
funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado Juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009,
sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de
Juristas (CAJ).
En este panorama, los neomarxistas de la izquierda caviar no dejaron
de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), de donde
procede Ronald Gamarra; la misma Comisión Andina de Juristas, de
García-Sayán (MIR) y Enrique Bernales Ballesteros (ex Partido
Socialista Revolucionario). Luego aparecerá, para completar el
círculo, una extensión del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un
tercer grupo se situará en el tema de la descentralización, a la
cabeza de Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y
Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de Vivienda y
Construcción en el gobierno de Toledo).
Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los temas de la
seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser nombrados para
dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de
Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando Rospigliosi, Carlos
Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza, como jefe del INPE, entre
otros). Pero varias de sus ONGs fueron muy “pragmáticas”. Por
ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán,
trabajó con el gobierno de
Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la
reforma de la administración de justicia y la Academia de la
Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.
A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia Viva, ha sido un
funcionario en el PNUD y laboró en el llamado proceso de
Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y
1999. Pero tras el derrumbe del régimen de Fujimori y la
instauración del gobierno de transición visualizó junto a sus pares,
un nuevo campo de acción: el control del Ministerio de Justicia y
del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de
fiscales y jueces, aunado al copamiento de la millonaria cooperación
internacional.
¿Tontos útiles o cómplices?
Como se mencionó, el entramado judicial dominado por estas redes de
neomarxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo con el liderazgo
de Diego García-Sayán, quien al asumir el cargo de Ministro de
Justicia en noviembre del 2000, firma dos resoluciones con carácter
de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El
Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para
liberar a dos terroristas de la cárcel.
Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas
sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para
beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8
resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas
sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10
normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir,
en 15 días Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por
terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de
“humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización
carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas
sentenciados.
Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos tres años del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Peru 21 en
octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas
1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder
Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA,
al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación
por exceso de carcelería.
Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas de
terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es decir, que sus
procesos continúan en la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que
preside el vocal superior Pablo Talavera, quien ha sido denunciado
por una fiscal y el procurador para casos de terrorismo Guillermo
Cabala, de ser muy “condescendiente” con los acusados.
¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza,
por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el
gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de
inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba
totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y
recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y
policial.
Según inteligencia policial, una parte significativa, si no
mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus
convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al
momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se
infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha
organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar
las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.
Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán
mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados
por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su
socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald
Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en
asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras
como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el
16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de
Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de
terrorismo.
Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la
filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo
tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se
escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval con los
cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de
agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma
composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael
Guzmán exigía que lo trataran como “preso político”.
Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV,
para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante
el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE,
a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien
ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE entre
marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica
del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.
Otro integrante del aparato neomarxista caviar en el sector
justicia, ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación
Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario
ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de
Penas. En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en
la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra,
cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la
Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de “Pueblo en
Marcha” (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular
de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal
del MRTA.
Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de
Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías
acusados de presuntas violaciones de derechos humanos. A la luz de
estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos
complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado
del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban
sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas
político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente
procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a
investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y
a sus familiares.
Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrupción, Toledo y
sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio
Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario
(PCR).
Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público,
donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez
Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San
Marcos. En el Poder Judicial el máximo exponente de la red
neomarxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio
entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno &
Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el
teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en
materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la
fecha.
Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del
entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder
del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San
Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de
“complicidad en peculado” que habría servido para encarcelar a
corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda
caviar.
Claramente, esta red neomarxista promovió el talionaje político y
judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no
retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a
los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el
plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más;
panorama que configura una violación sistemática del debido proceso
en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de
corrupción o violación de los derechos humanos, que fueron juzgados
durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo.
El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y
ejecutores en la Judicatura. Para algunos podría estar en la segunda
categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y
Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral
de la Administración de Justicia” (Ceriajus), donde la izquierda
caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como “representante
de la sociedad civil” a David Lobatón Palacios, activo operador de
Instituto de Defensa Legal (IDL).
En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían
beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción
mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa
Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas,
Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura
Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros.
En el área administrativa, durante el período en que fuera
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado,
estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa
Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR).
Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una
entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo
abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido
absuelto por la Corte Suprema.
Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue
procuradora pública en asuntos judiciales y de terrorismo del
Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por
la Justicia.
Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido
como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora
de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del
Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la
Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el
equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera
encabezada por Monseñor Miguel Irízar, durante el Gobierno de
Paniagua en el 2001. Como si fuera poco, en agosto de 2006, el
Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Igualmente, en setiembre de 2006, surge otra muestra del poder de
los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs,
nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de
este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en
educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio
de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros
carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego
García-Sayán.
El consorcio Justicia Viva
Por su condición de institución operativa del engranaje construido
por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario conocer a
la entidad “Justicia Viva” (JV): es un proyecto autodenominado “de
participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial”, a
cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL),
la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú junto a la Asociación de Jueces por la
Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó.
Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso
convocado por la USAID estadounidense y su “Oficina de Iniciativas
Democráticas”, mediante el cual JV recibe apoyo económico y
académico durante tres años.
Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio
JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a
los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del
IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia
Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David
Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias;
Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald
Gamarra Herrera.
Antimilitarismo y direccionalidad ideológica
Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes
políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus
trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las
Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan
a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y
culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles
con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una
influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos
económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de
televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima
y provincias, así como en revistas y boletines.
Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la
institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se
basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a
partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos
que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente
a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular
a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo
el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la
lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA.
Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores
de JV encontramos textos como: “30 razones por la
inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la
justicia militar”, de David Lovatón Palacios; “¿Hasta cuándo la
curiosa justicia militar?” de Ronald Gamarra Herrera; “El ministerio
de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR”, por Antonio
Salazar García; “La judicialización de crímenes contra los derechos
humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL” y “El desafío
de la justicia militar”, entre otros.
En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío,
a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de
julio del 2006, se expresa lo siguiente: “En resumen: hasta ahora no
hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a
las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más
de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia
precario, en crisis permanente y sin reforma”.
A continuación añade “¿Y cómo interpretar el nombramiento de una
magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si
bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más
reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el
cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer
lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento
y marea la reforma del sistema de Justicia”.
En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del
Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA y olvidando que
este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos
Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) declararon,
según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: “Que se investigue
de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo
que fueron ejecutados en tres penales en 1986”.
Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL
solicitaron a la justicia que “determine las responsabilidades
políticas y penales de los responsables de las ejecuciones
realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan
García”; puntualizando: “Aún quedan cuentas por rendir con el
pasado”, en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales
peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.
Finalmente, el Director General de Justicia Viva, Ernesto de la
Jara, declaró a Notimex, que se puede “comprender” que el actual
gobierno de Alan García Pérez carezca de interés por la
investigación judicial de los crímenes ocurridos durante su primera
administración y expresó que, en aras de la democracia y la
transparencia, es “conveniente” que se abran las indagaciones “para
que el pueblo pueda conocer la verdad sobre los crímenes de lesa
humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados en
profundidad”.
En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial,
uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz,
presentó en septiembre de 2006, una “queja de derecho” contra el
último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que
éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a
miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los
presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.
Acaparando la cooperación internacional
Sobre la cooperación internacional que financia a las redes
neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el
diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional,
(APCI), sólo en el año 2004, tres ONG neomarxistas recibieron de la
cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en
el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585
dólares para realizar su plan de “Consolidación de la Transición
Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú”, este dinero
también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la
Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de
financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID,
Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea.
La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669
dólares para realizar su “Plan Trienal 2004-2006”, ubicado en la
temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de
financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The
Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National
Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento
y la Fundación Ford, entre otras.
A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el
2004 para su “Proyecto Aprodeh 2004”, un total de 465,099 dólares
para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con
la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Comitee for Famine
Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa
ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros.
Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco
Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y
2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones
de dólares, significando estos montos entre el 20 y 30 por ciento
del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente
a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros
independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de
Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho
período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de
dólares.
A propósito, hasta ahora ninguna investigación seria e independiente
ha determinado que las ONGs mencionadas hayan hecho mal uso de los
fondos recibidos.
En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de
las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio
Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad,
como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en
el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al
igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los
neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta
tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia
Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.
Las conexiones con Argentina y Chile
Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen
relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el
Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ);
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal
de Acción Social (CEAS).
Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y
argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba
centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte
con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y
con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que
estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la
Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de
ésta en sus respectivos países.
Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades
de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como
son las de seguridad ciudadana y administración de justicia,
vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el
Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base
de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el
segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas,
formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en
Materia de Justicia (Red OSC).
Sin embargo, en materia judicial, el IDL no ha seguido la línea de
participar de manera muy activa con organizaciones del Cono Sur,
manteniendo con muchas de ellas un contacto algo alejado, como
ocurre con su misma participación en la Red OSC donde se limita a
enviar representantes a sus reuniones.
Sus intereses parecen estar puestos más bien en la región andina,
donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia
Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y
Venezuela (Consorcio Justicia) para fortalecer su posición en el
tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea.
En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos
institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur,
especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la
Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de
expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de
derechos humanos.
La CAJ integra además la Red OSC del Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA) creado en 1999, bajo el auspicio de la
Organización de Estados Americanos, habiendo mostrado en ella un
mayor activismo pero sin comprometerse con uno de los objetivos de
este espacio, como era la formación de una red local.
Al igual que CEAS, uno de los problemas principales de la CAJ, ha
sido el mantener un equipo consolidado de expertos al interior de la
institución, siendo una de sus últimas pérdidas la de Martín Castro,
actualmente consultor de Iris Center. Últimamente, se abocó a la
ejecución de un proyecto sobre vigilancia social de la justicia, el
que finalmente no ha tenido mayor impacto mediático ni
institucional.
Con relación a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ésta no
ha sido hasta el momento una actora fuerte en materia de reforma
judicial, ni parece ser su interés serlo en el mediano plazo.
Empero, su Grupo de Trabajo Jurídico ha servido de espacio para el
debate de las limitaciones del sistema anticorrupción y las
propuestas sobre la reforma procesal penal, lo que ha permitido
articular algunas líneas de opinión comunes al respecto.
Asimismo, en los últimos meses ha impulsado, junto al “Instituto de
democracia y derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (IDEH-PUCP), la creación y establecimiento de juzgados
especializados en derechos humanos, como parte de las iniciativas
recogidas en el Informe Final de la CVR.
Por su parte la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) integra
la red de instituciones “hermanas” del INECIP (Argentina) desde hace
tiempo atrás, cuando Raquel Irigoyen dirigía el Área Jurídica de
aquella, aunque las relaciones entre ambas se han mantenido más por
tradición institucional.
La última experiencia conjunta llevada a cabo por ambas fue la
formulación del proyecto “Huanchaco”, mediante el cual se esperaba
convocar a la sociedad civil en el diseño de un código procesal
penal de corte democrático, alternativo al que se venía preparando
en el Ministerio de Justicia bajo la dirección del Vocal César San
Martín.
Esta iniciativa no prosperó, impidiendo que el INECIP asumiera un
papel protagónico en la actual reforma procesal. CEAS también logró
estrechar lazos con CEJA, siendo la más activa de las instituciones
peruanas en la Red OSC y encabezando el diagnóstico del sistema
procesal penal auspiciado por esta institución, pero la salida de la
última de sus consultoras ha llevado a que esta relación se
suspenda.
A su turno, CEJA tuvo acercamientos iniciales con el juez Pablo
Talavera a inicios del diseño de la reforma procesal penal, el cual
decidió alejarse por no estar de acuerdo con el enfoque que se le
estaba dando a la misma. Empero, no puede dejar de notarse la
influencia indirecta de ambas instituciones, toda vez que el modelo
final de la reforma procesal peruana parece ser una mixtura entre el
modelo chileno y el argentino.
Tal vez la única experiencia de relación sostenida entre entidades
argentinas, chilenas y peruanas sea, hasta el momento, la que existe
entre las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, la Universidad Diego Portales y la Universidad de
Palermo, que participan en un proyecto regional de Clínicas de
Acciones de Interés Público financiado por la Fundación Ford, y que
responde seguramente a su carácter netamente académico antes que de
política judicial.
Denuncian a JV y a IDL
“La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría
desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático”, afirmó
el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM),
general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es
lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y
el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia
de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos,
sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que
se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender.
Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene
más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición
del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de
Justicia Viva, David Lobatón Palacios, y la demanda de
inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el
ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En
consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de
dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la
institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.
En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Walter Vásquez Vejarano, denunció en septiembre de 2006, que el
consorcio “Justicia Viva” tiene la intención de manejar el Poder
Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la
conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs
similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el
voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema
(planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de
promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los
candidatos que quisieran poner en la administración de justicia.
Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que
“Justicia Viva” se encarga de capacitar a los magistrados sin la
autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo
que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la
justicia peruana.
Luego, el representante del Consejo Ejecutivo (CE) del Poder
Judicial, Antonio Pajares Paredes, ha iniciado una investigación
para ver cómo ha sido el grado de participación de las ONGs que han
estado vinculadas con la administración de justicia y ratificó que
el CE tiene la obligación de tamizar las materias que se van a
dictar mediante cursos ofrecidos por ONGs, los cuales deberán estar
relacionados con el quehacer jurisdiccional y se descartará aquellos
que no tengan nada que ver con él.
En relación a este hecho, se sabe que en anteriores “cursos de
capacitación” a los que hizo referencia el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para
que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y
para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia
en los procesos anticorrupción.
En esa misma línea de cuestionamiento y señalamiento contra ONGs y
organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV
Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad
Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de
Ministros, Jorge Del Castillo Gálvez, denunció que “sectores de
izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de
aquella”.
El Primer Ministro Jorge Del Castillo Gálvez, está convencido que
“muchos grupos de izquierda fueron complacientes con Sendero
Luminoso hasta que empezaron a atacarlos a ellos, pero mientras
tanto los sentían como sus primos hermanos, por lo que no hicieron
un deslinde claro con sus acciones violentistas”.
A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de
Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el
artículo: “El Reposo del Guerrero”, con ocasión del fallecimiento
del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras
cosas expresa lo siguiente:
“Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no
vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la
ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de
Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo,
jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y
contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de
dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una
implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y
personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos
de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos
casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de
transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos
ya olvidado”.
Definen política de gobierno
Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas
del Perú en septiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez
anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y
policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por
la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra
el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los
ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de “no dejar
abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae
siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la
patria contra el terrorismo”, enfatizó el mandatario.
Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares
enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este
anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que
las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la
Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la
lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.
Prosigue injerencia de las ONGs
Reafirmando la intromisión y manipulación de las ONGs de izquierda
en el PJ, los vocales de la Corte Suprema de Justicia han recibido
cartas donde el Director General de Justicia Viva, Ernesto de la
Jara, les solicita su Hoja de Vida o Curriculum Vitae, datos sobre
su trayectoria en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, copia de
tres sentencias en cuya elaboración hayan participado, plan de
trabajo que seguiría si resulta elegido en diciembre 2006, como
Presidente de la Corte Suprema.
A la luz de este último hecho, no hay duda que IDL-Justicia Viva,
pretenden -bajo la bandera muy loable de la transparencia-
desconocer que de acuerdo a ley el único organismo facultado para
evaluar y calificar a los vocales del Poder Judicial es el Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), por lo que estas ONGs estarían
arrogándose y usurpando funciones de ese organismo, en una
impertinente intromisión. No obstante, la información sobre la
trayectoria de los vocales supremos ha sido proporcionada para su
difusión en Internet e incluso ya aparece en el portal de Justicia
Viva.
Pero al abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y
Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzáles Posada
(APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio.
“Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse
en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores
y menos en la Corte Suprema”, recordó.
Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del
APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente
de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen
mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus
sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de
estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación
internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.
A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas
esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda
caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de
los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en
torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes
están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, “como la
ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de
la Corte Suprema”.
Reflexión final
Independientemente de las percepciones que generen los diversos
pareceres sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas
o de la izquierda caviar en el Poder Judicial, lo cierto es que nada
en el rol de los agentes de la cooperación internacional incluye
fortalecer a ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus
puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles
como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa
nacional y la seguridad ciudadana.
Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos
internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que
alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia
mutante que busca enquistarse en el Poder Judicial peruano y seguir
entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas
armadas y policiales.
Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la
cooperación internacional se pluralice y descentralice frente al
tema judicial, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e
institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes
neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades
de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en
beneficio de los sectores más desposeídos de la población.
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