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100107 - Lima -
En el
Perú se ha producido un
evidente deterioro en el ámbito de la seguridad interna: en el caso de
la Policía Nacional, en 1985 el Perú tenía unos 120 mil efectivos; 21
años después, afines del 2006, existían más de 27 millones de peruanos
pero sólo se cuenta con unos 92 mil policías. En definitiva, se produjo
una disminución de 23.3% en la cantidad de efectivos policiales,
mientras que la población aumentó en 29%.
Peor todavía, de esos 92 mil, únicamente 15 mil efectivos están
dedicados a la seguridad ciudadana diariamente, dada la actual
distribución de personal confirmada por un ex director de la Policía
Nacional.
Es así como, entre especialistas, enfermeros, músicos,
médicos, secretarios y otros, suman 20 mil efectivos dedicados a
servicios, al tiempo que unos 6 mil salen de vacaciones.
Adicionalmente, 33 mil policías se ausentan
luego de trabajar 24 horas, y la policía
operativa en direcciones especializadas (contraterrorismo, antidrogas,
anticrimen, seguridad del Estado, operaciones especiales y otras) suman:
13 mil; cuadros operativos trabajando en
direcciones administrativas: 3 mil (logística,
personal, recursos humanos, bienestar, entre otros), y en funciones
administrativas de unidades operativas: 2 mil efectivos. Así se llega a
la escasa cifra de 15 mil policías vigilando la seguridad ciudadana.
A propósito, los integrantes de la Policía Nacional
además perciben bajas remuneraciones que afectan sus condiciones de vida y
desempeño laboral, dando lugar a que la mayoría de ellos tenga que
buscar un trabajo particular en sus días de descanso. Otras
cifras preocupantes, considerando el aumento de la delincuencia en el
Perú: frente al estándar internacional de un policía por cada 250
habitantes, el Perú tiene un policía por cada 353 habitantes y siendo el
estándar internacional de 60 policías por comisaría, el Perú sólo tiene
en promedio 20 policías por comisaría.
En esta coyuntura, desde el 2001, los policías que
enfrentan a la extendida delincuencia carecen de un entrenamiento
adecuado para hacer uso de sus armas de fuego, por falta de recursos. Y
respecto a las armas, cerca el 80% del armamento de la Policía Nacional,
tiene más de 30 años de antigüedad y el 20% restante cuenta con 15 años
de uso. En concreto, debería haber más de 30 mil policías resguardando
la integridad de los ciudadanos, por lo tanto, es necesario un rápido y
creativo replanteamiento de la distribución del personal, para
redireccionar unos 10 mil efectivos desde labores administrativas y de
servicios hacia la seguridad ciudadana; en paralelo, se deberá captar
nuevos efectivos mediante las escuelas de formación policial.
Abordando esta problemática, el presidente
de la República, Alan García, confirmó
que durante el 2006 egresaron
4.200 nuevos agentes de las 19 escuelas de la Policía Nacional, quienes
se sumarán para
consolidar las
tareas de seguridad ciudadana y orden público, junto a
otros 1.500 custodios que antes realizaban labores administrativas o de
seguridad en dependencias públicas; mientras que a fines del 2007,
habrán egresado otros 5 mil nuevos agentes, lo que permitirá contar con
10 mil policías adicionales, buscando que en los próximos 5 años se
formen entre 18 y 21 mil policías.
La cruda realidad de las
cifras
El presupuesto solicitado por
el Ministerio del Interior asciende a 4 mil 985 millones de nuevos soles
para el año 2007 (unos 1.587 millones de dólares), y el asignado por el
Ejecutivo fue 3 mil 785 millones de nuevos soles (unos 1.183 millones de
dólares), de los cuales el 92% se utiliza en pagar sueldos y gastos
corrientes básicamente y la diferencia es para el área logística de la
Policía. Frente a esta aguda restricción de fondos, la administración
García, dispuso un crédito suplementario de 67.3 millones de nuevos
soles (unos 21 millones de dólares), para un acto de justicia y
humanidad: pagar deudas pendientes a los policías e indemnizaciones por
muerte o discapacidad en acciones de servicio.
En otro plano, que igualmente afecta la seguridad
ciudadana, el sistema penitenciario se encuentra en una situación
crítica, el Perú tiene una de las mayores sobrepoblaciones carcelarias
en la región junto con Bolivia y Brasil. Según el Instituto Nacional
Penitenciario del Perú (Inpe), hasta setiembre del 2006 habían 35.642
internos en los 84 penales del país, cuando la capacidad de albergue es
sólo de 22.426 internos, produciéndose una sobrepoblación de 13.216
internos.
Este escenario se torna más
caótico ya que
el mal estado
del 90% de la infraestructura penitenciaria y las diversas mafias que
operan impunemente desde las cárceles repercute negativamente en la
seguridad ciudadana, al prevalecer un
elevado porcentaje de
reincidencia y por que anualmente 18 mil internos son excarcelados, sin
que exista una política de reinserción social.
Según cifras de la Policía Nacional, al menos 500 presos
de alta peligrosidad vinculados con secuestros, asaltos y robos
registran más de tres ingresos a centros penitenciarios y planifican
nuevos crímenes desde sus celdas.
En paralelo, de los 84 penales del Perú, 28 continúan aún
bajo el control de la Policía Nacional en lo que se refiere a su
seguridad interna, pero en un plazo de 3 años, se prevé que el Inpe
asuma la dirección, administración y control de la seguridad integral de
dichos penales. Hasta que no se concrete este proceso de transferencia,
será imposible recuperar a 2.800 policías para fortalecer la seguridad
ciudadana.
La corrupción policial
El problema de la corrupción debe ser abordado de manera
integral, aunque, si bien es un fenómeno recurrente en el ámbito
policial, no ha llegado a contaminar a la estructura institucional del
Ministerio del Interior ni de las dependencias de la Policía Nacional;
los mayores casos de corrupción se producen en el rubro de las
adquisiciones, por lo que es necesario una vigilancia más estricta en la
recepción y almacenamiento de los productos comprados, sistemas
electrónicos de adquisiciones, mecanismos de subasta inversa y compras
corporativas; particularmente, respecto a los medicamentos para la
Sanidad Policial y distribución de combustible a las unidades de la
Policía Nacional.
De otro lado, existe gran preocupación por el robo de
municiones y armamento, como el descubierto en setiembre de 2006 por la
propia policía, al capturar una banda integrada por malos policías y
militares que intentaban vender un lote de armas a los terroristas de
las FARC de Colombia, que incluía hasta 5 cohetes aire-tierra. También
diversos policías en actividad o retiro pasan a conformar bandas de
secuestradores, mientras otros corruptos agentes cobran coimas en las
carreteras y puestos de control, para dejar pasar contrabando de
mercaderías y drogas e insumos para la elaboración de narcóticos.
Con los ojos vendados
El balance de la política de seguridad ciudadana durante
el último quinquenio arroja un saldo negativo, no sólo por el hecho de
que hubieron 7 Ministros del Interior durante 4 años y 8 en los cinco
años de gestión gubernamental, mientras crecía la criminalidad; sino por
que tampoco se creó un Sistema Georeferenciado de Información
(“Observatorio del Crimen y la Violencia”), que permita establecer mapas
de actos ilícitos y centralizar información de manera estadística
proveniente de diferentes fuentes (policía, justicia, municipalidades,
centros de salud, bomberos, entre otros) sobre los diversos delitos y
faltas que se cometen a nivel nacional, incluso aquellos que no son
denunciados.
Esta carencia impidió al Ministerio del Interior, así
como a los gobiernos regionales y municipalidades, disponer de un
conocimiento sólido para definir estrategias adecuadas tendientes a
reducir o erradicar la violencia que afecta a la población. En esta
coyuntura, tampoco se ha podido investigar aspectos fundamentales para
comprender los perfiles psico-sociales de los grupos de riesgo a nivel
nacional, los factores que intervienen en la iniciación de las personas
en el delito y los impactos económicos que genera la acción criminal,
entre otros temas. Recién en julio de 2006, al final del régimen de
Toledo, el Ministerio del Interior inició un “proyecto piloto”
en Lima, Cusco y
Trujillo, para implementar un “Observatorio
del Crimen y Violencia en el Perú”, con el apoyo del
BID
y del
Instituto Cisalva, de la Universidad del Valle, Colombia.
Grave crisis por la inseguridad vial
Otros indicadores escalofriantes provienen de la
inseguridad ciudadana por el caótico sistema de transporte vehicular en
Lima y en el interior del Perú, el cual parece haber colapsado: según el
Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, en el Perú mueren
cada año unas 4 mil personas y 38 mil quedan heridas o discapacitadas
por accidentes de tránsito, los cuales han experimentado un aumento del
30% entre el 2005 y el 2006. Asimismo, los daños personales sumados a la
destrucción material por estos hechos, generan pérdidas superiores a los
mil millones de dólares anuales, según cálculos oficiales. Habiéndose
llegado a esta grave situación, debido a la débil fiscalización del
gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades sobre
el transporte vehicular; en un contexto donde no existe un plan nacional
de seguridad vial ni un sistema de información centralizado sobre el
tema. Para enfrentar esta anarquía, la administración García promulgó en
octubre de 2006, una severa legislación e implementó el “Plan Tolerancia
Cero”, que contiene normas y acciones de control, supervisión y
sanciones, tendientes a ordenar el sistema de transporte vehicular y
frenar la incontenible racha de muertes por accidentes de tránsito.
Crece la
sombra del crimen
Según estudios del Banco Mundial, finalizada la etapa
más crítica de la lucha contra el terrorismo en el Perú, el año
2002, la tasa de homicidios fue de 4,25 por cada 100,000 habitantes
y 4,85 para el año 2003; mientras en los años 2004 y 2005 la tasa ha
sufrido un incremento: 5 homicidios por cada 100,000 habitantes;
estas cifras pueden variar sino se actúa preventivamente y no se
incrementa la eficacia operativa de las instituciones responsables
de la seguridad ciudadana.
Frente a este escenario,
mientras en la década pasada había en el Perú unas 1.200 empresas de
seguridad, datos de la Sociedad Nacional de Seguridad, confirman que
ahora existen 350 empresas de seguridad (3 de ellas
transnacionales), de las cuales 200 operan en Lima y 150 en
provincias, agrupando a unos 50 mil vigilantes formales, mientras la
cantidad de vigilantes informales bordea el 50% del total; dichas
empresas facturan unos 375 millones de dólares anuales,
correspondiendo el 30% de ese monto a contratos con el Estado. En
perspectiva, se calcula que en la época más aguda del fenómeno
terrorista, el 6% de los costos de producción de las empresas
peruanas se invertía en la seguridad, hoy esa cifra llegaría sólo al
1,7%.
Percepción de inseguridad e índices de
victimización
La inseguridad ciudadana preocupa cada vez más a los
peruanos. En enero de 2005, 46,1% de la población limeña opinaba que
la delincuencia era el principal problema de la capital, pero según
otro sondeo de la Universidad de Lima, en diciembre de 2006, el
porcentaje de los que creen eso, se incrementó a 66,8%. A su turno,
la empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A. -entre octubre y diciembre
de 2005- efectuó 10.300 encuestas en 37 distritos de Lima
Metropolitana y Callao, junto a ciudades como Arequipa, Cusco,
Iquitos, Trujillo y Huamanga, en el interior del país; como parte de
un “estudio de victimización” encargado por el Ministerio del
Interior.
De acuerdo al sondeo, el
epicentro de la delincuencia y la violencia es la ciudad de Lima que
exhibe los índices de inseguridad más altos del país. En los
sectores más pobres y en los conos el pandillaje es un problema
grave. El sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en
todos los niveles sociales y no es para menos, según el Centro de
Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
(Cedro), existen más de 1.000 puntos de narco-menudeo en Lima
Metropolitana, habiéndose incrementado este delito en un 25% durante
los últimos cuatro años, retroalimentando la violencia.
En el estudio realizado se determina que el 89% de la
población se siente insegura en las calles de Lima, mientras que el
46% tiene la misma sensación estando en sus casas. Cabe precisar,
que la percepción de inseguridad se sustenta en la probabilidad
subjetiva de ser víctima de un hecho delictivo en los próximos 12
meses, estableciéndose que en Lima, el 71% de la población cree que
puede ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses.
Una consecuencia
de la percepción de inseguridad y los índices de victimización, es
el aumento considerable de las armas de fuego: según la Discamec
(entidad que supervisa empresas de seguridad, armas de fuego y
explosivos), entre el 2004 y 2005, la venta de armas cortas se
incrementó en más de 45%, es decir, pasó de 4.250 a 6.180. Entre
tanto, en el Perú existirían unas 150 mil armas de manera ilegal,
multiplicando la violencia e inseguridad ciudadana. A tal punto, que
según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional,
en el 2005 se produjeron 5.570 casos de violencia en los que se
utilizó armas de fuego.
El silencio
de los inocentes
En resumen, el estudio realizado en Lima y 5 ciudades
del interior del Perú sobre los niveles de victimización, ha
permitido conocer que los delitos con mayor prevalencia son el robo de objetos en
vehículos (20%) y la tentativa o el robo en vivienda (14%),
mostrando una orientación levemente creciente respecto a estos
mismos delitos perpetrados en los últimos años.
Por otro lado,
los delitos como el robo con violencia, ofensas sexuales, las
lesiones y el secuestro, registran tasas entre 1% y 9%. Si bien se
trata de cifras inferiores, son agresiones que dejan graves secuelas
entre sus víctimas.
Pero la inquietud se incrementa ante las bajas tasas
de denuncia: sólo un tercio de las víctimas de robo de vivienda lo
denunció y únicamente el 20% de aquellos que sufrieron lesiones. La
cifra negra producto del silencio de las víctimas, se da por el
temor a la venganza de parte del agresor, la inacción de las fuerzas
del orden y operadores de justicia,
mientras que el Serenazgo municipal genera desconfianza en el 66% de
la población al considerarlo incompetente y mal preparado. La falta
de denuncias perturba las magras estadísticas oficiales sobre
seguridad y victimización, además no refleja la incidencia real de
los delitos y tiene una consecuencia nefasta: la impunidad.
La alta sensación de inseguridad ciudadana subsiste
pese a la ejecución en el 2006, del Plan Telaraña, programa de
patrullaje y vigilancia coordinada entre la Policía, Serenazgo y
ciudadanía, que se viene ejecutando en 18
comisarías de Lima, aunque todavía sin datos oficiales sobre los
avances conseguidos; a la par, pese a que el Consejo de Seguridad
Ciudadana, funciona desde el 2003, logrando elaborar un “Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana” y constituyendo 1.800 Comités de
Seguridad Ciudadana distritales; no ha podido alcanzar logros
sustanciales debido a la falta de recursos y la escasa voluntad
política de la mayoría de alcaldías.
Alternativa de seguridad ciudadana: la
policía
comunitaria
El centro de gravedad de una estrategia contra la
delincuencia, debe ser la implementación
de un eficaz sistema de seguridad preventiva donde el
trinomio policía, municipio y la ciudadanía organizada, permita cada
vez con mayor precisión, prever cuándo y dónde actuarán los
criminales, para identificarlos y neutralizarlos. Esta labor
requiere liderazgo político e institucional, establecer prioridades
de seguridad ciudadana, invertir en infraestructura, recursos
humanos especializados en análisis de información e inteligencia;
formulación y ejecución de una correcta estrategia; medios
logísticos, tecnología de punta y una labor organizada.
El Proyecto de Policía
Comunitaria se creó por primera vez en el Perú, en la norteña ciudad
de Trujillo (Región La libertad) y por iniciativa del Coronel de la
Policía,
Enrique Muller Solon, logrando entre octubre de 2003 y
abril de 2005, aplicarlo en 55 Territorios Vecinales de Trujillo,
con un total de 65 Policías Comunitarios. Cabe precisar, que la
Municipalidad de Trujillo no cuenta con servicio de Serenazgo pero
en su circunscripción ya se han conformado unas 600 Juntas
Vecinales, bajo el esquema de la Policía Comunitaria, el cual ha
recibido diversos premios y reconocimientos de la propia
Municipalidad, empresas privadas, organizaciones ciudadanas y
académicas.
Mayormente, los países de
la región poseen sistemas de policía nacional dependientes del
gobierno central, como resultado de ello, las fuerzas del orden no
actúan bajo el control de gobiernos locales o municipales y por lo
tanto, carecen de incentivos para afianzar buenas relaciones con los
residentes. En esencia, la Policía Comunitaria innova el
planeamiento y el funcionamiento de la policía, acercándola
democrática y armoniosamente a la comunidad. En el caso de la ciudad
de Bogotá (Colombia), resulta que en 1995, durante el primer mandato
del alcalde Antanas Mockus (fue reelecto en el 2001), se empezó a
romper muchos esquemas tradicionales y deficientes. Mockus se las
ingenió para integrar a la policía a los servicios municipales de
Bogotá, instalando el eficaz modelo del Policía Comunitario.
Gracias al financiamiento
del BID, por primera vez, el presupuesto municipal de Bogotá,
incluyó una partida para reforzar la logística policial y activar un
proceso donde miles de policías fueron capacitados en las
universidades, en asuntos vitales como: DD.HH., abuso sexual,
resolución de conflictos, psicología de masas, pedagogía y
metodología con adultos, conocimientos técnicos, entre otros. Bajo
la siguiente premisa: lograr que la labor
policial sea más preventiva que reactiva, formando un policía
integral.
Concretamente, la
vigilancia comunitaria se basa en una reconceptualización del
servicio policial hasta llegar a la imagen del “policía amigo”, con
el objetivo de implementar canales de comunicación directos y
permanentes con la población, para conquistar primero su confianza y
a continuación obtener información de primera fuente que sirva para
contrarrestar potenciales actos delictivos y situaciones de riesgo,
o dado el caso, facilitar la captura de forajidos y desarticulación
de grupos delincuenciales.
Perfeccionando el
modelo
La verdad, este modelo ha
sido perfeccionado a través de los años, siguiendo el esquema de la
“Policía de proximidad” que funciona desde 1999 en España, inclinado
hacia el acercamiento e interacción entre la policía y los
ciudadanos, para dar una respuesta personalizada. Igualmente, se ha
tomado como referencia a la experiencia japonesa y su exitoso
programa “Gestión de la delincuencia” que ha permitido a las
prefecturas de Nagasaki, Omura, Isahaya y Yagama, tener los índices
más altos de protección y seguridad, según estadísticas
internacionales. En paralelo, se ha explotado las enseñanzas de la
reforma del sistema policial de Inglaterra en 1999, que incidió en
la prevención y la responsabilidad ciudadana, tanto como en fijar
metas y objetivos precisos.
En el Perú, el primer
objetivo de la Policía Comunitaria son las “cuadras solidarias”
donde se fomentan lazos de ayuda y confianza entre vecinos, evitando
el aislamiento, disminuyendo el temor y recuperando los espacios
públicos urbanos. Son la base para la posterior formación de las
Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana. El objetivo de las “cuadras
solidarias” es disminuir la oportunidad que tiene el delincuente
multiplicando la vigilancia. El sistema se basa en una participación
intensa vecinal, comienza con la organización de una cuadra, donde
los vecinos, intercambiando sus números telefónicos y estrechando
sus contactos aplican un procedimiento de alerta temprana ante la
detección de cualquier anormalidad o actitudes sospechosas.
Un método práctico también
usado por este tipo de organizaciones vecinales, descansa en el
concepto del “árbol telefónico”, para alertar al vecindario sobre
algún hecho anormal, acto delincuencial, una emergencia de salud o
inundación; consiste en la instalación de un panel electrónico de
alarma financiado por el municipio, en la casa de quien lidera el
grupo (encargado de hacer sonar la sirena y llamar a la policía u
otros servicios de emergencia), conectado a la vivienda de los
vecinos, y para minimizar falsas alarmas se fija un sistema
disuasivo de multas.
Las Escuelas de Seguridad
Ciudadana, centros académicos comunitarios de formación de
“Promotores en Seguridad Ciudadana”, se inauguraron en la ciudad de
Trujillo, en junio de 2004, lideradas por la Policía Comunitaria en
alianza estratégica con la Universidad Privada del Norte y algunas
empresas del sector privado, así como del importante apoyo de la
Fundación Hanns Seidel de Alemania. Las personas formadas en las
Escuelas de Seguridad Ciudadana, organizan los voluntariados
denominados Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Desde el 2005,
funciona la Asociación de Promotores egresados de las “Escuelas de
Seguridad Ciudadana”.
Las Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana, organizadas y capacitadas en las Escuelas de
Seguridad Ciudadana, inician sus funciones elaborando el “Plan de
barrio para la prevención del delito”: una estrategia de la Policía
Comunitaria para ser aplicada por las Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana, a fin de identificar conjuntamente con la Policía
Comunitaria y sus autoridades vecinales, los principales problemas
que afectan la seguridad y el desarrollo integral del barrio. Este
plan debe ser cursado al Alcalde en su condición de Presidente del
Comité de Seguridad Ciudadana, al Comisario policial de la
jurisdicción, al representante del Defensor del Pueblo y a la
Fiscalía de Prevención del Delito. Los resultados en Trujillo fueron
muy satisfactorios, motivando el compromiso de las autoridades junto
a la comunidad para solucionar los problemas planteados y la
prevención del delito.
Desde esta perspectiva, la
“Prevención proactiva del delito”, es una de las principales
actividades del Policía Comunitario, por cuanto presta mayor
atención a la potencial víctima, el potencial delincuente y al
entorno en el que se suscitan los hechos delictivos. Teniendo la
convicción que el hecho criminal se produce de acuerdo a lo que se
denomina “La cadena del delito”, es decir, cuando confluyen en el
tiempo y lugar, el potencial delincuente, la víctima u objeto
apropiado y el entorno presenta las mejores condiciones para que se
materialice el hecho, entendiendo que el fenómeno delictivo es
multidimensional y pluriofensivo.
Igualmente, las horas de
servicio del Policía Comunitario, pueden transcurrir recorriendo las
calles en bicicleta o en moto, no a pie, para que se le diferencie
de la policía tradicional; visita a los vecinos, participa en
reuniones, conversa en las esquinas, atiende llamadas que ingresan a
su teléfono celular o a su radio; realiza un análisis de seguridad
preventiva: aprecia el barrio, reconoce factores de riesgo como
viviendas y áreas abandonadas propicias para el narcotráfico o
violaciones, personas de comportamiento sospechoso, obras
peligrosas, lugares sin iluminar, cruces inseguros, cortes de
energía o agua, situaciones insalubres para niños y adultos,
asechanzas contra locales escolares, entre otros.
Claramente, la aplicación
del modelo de Policía Comunitaria dentro y fuera de la región, como
en Sao Paulo y Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colombia) y Villa
Nueva (Guatemala); los Estados Unidos (Nueva York, San Diego,
Orlando, New Yersey y Los Angeles); Londres, Bruselas, Noruega,
Francia, España, Tokio o Kuala Lumpur (Malasia), han logrado reducir
la delincuencia y se ha incrementado la percepción favorable de la
opinión pública sobre el trabajo de la policía, estableciendo
niveles de cooperación e interacción sin precedentes con la
comunidad.
Reflexión final
Como resultado del análisis y evaluación de
experiencias exitosas de seguridad ciudadana aplicadas en diversas
ciudades de América Latina, EE.UU., Europa y Asia; sumado al
conocimiento de modelos de seguridad ciudadana basados en la
tecnología de punta puestos en práctica (aunque de manera parcial)
en distritos peruanos que cuentan con significativos recursos
económicos, como Miraflores y San Isidro (Lima), así como el sistema
de Policía Comunitario en Trujillo (La Libertad); es factible
formular una inédita y viable propuesta de Seguridad Ciudadana
Integral.
Dicho Plan de Seguridad Ciudadana Integral, tendría
como modelo la inversión en infraestructura física, equipamiento
tecnológico, recursos económicos, humanos y logísticos del distrito
limeño de Miraflores; todo lo cual, deberá ser complementado con un
sistema alternativo de seguridad
preventiva e interactiva: el Policía Comunitario, donde ciudadanos y
policías nacionales, bajo el firme liderazgo del Alcalde, trabajen
juntos para anticiparse al crimen y a la violencia, con el objetivo
de lograr que el accionar policial sea más preventivo que
reactivo, formando un policía integral, en un contexto democrático,
solidario, participativo, de cohesión social y estrecha confianza e
interrelación con la ciudadanía.
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