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La sombra del narcoterrorismo amenaza al Perú
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150807 - Lima - Corriendo el velo de la retórica oficial internacional, una documentada y rigurosa investigación nos muestra la preocupante evolución experimentada por el narcotráfico en el Perú, precisando su actual capacidad para amenazar la seguridad nacional y gobernabilidad del país, además de contaminar el tejido socio-económico y el medio ambiente; igualmente, se podrá conocer la situación real del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), revelando sus nuevos cabecillas, modus operandi y áreas de influencia, junto a las alianzas estratégicas que ha establecido con las mafias del narcotráfico peruano, construyendo así, un escenario propicio para fortalecer su letal capacidad operativa y volver a desestabilizar al Estado peruano en el contexto de un siniestro fenómeno: el narcoterrorismo.  

“La habilidad para obtener la victoria, cambiando y adaptándose de acuerdo a nuestro oponente, se llama genio”:
Liu Ji, Lecciones de la Guerra, 1310-1375.

 

El narcotráfico en el Perú se expandió en el año 2006 tras un crecimiento de 7% en los cultivos de hoja de coca y de 8% en la producción de droga respecto al año 2005, alcanzando unas 280 toneladas de cocaina, Según el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU, el incremento de los cultivos a 51.400 hectáreas de hojas de coca -la más alta cantidad desde 1998- y de la producción a 114.100 toneladas de hoja de coca, volvieron a ubicar al Perú como el segundo abastecedor mundial de cocaína detrás de Colombia.

 

En paralelo, la producción peruana durante el 2006 representó el 28% de la oferta mundial de cocaína, un punto porcentual más que el resultado del año anterior, como se desprende de los estimados hechos por el reporte “Monitoreo de cultivos de coca en el Perú” de la ONU, en el 2006. Situando en una perspectiva apropiada estos hechos, es necesario conocer que las cifras varían respecto a los cultivos de hoja de coca: para el Departamento de Estado de Estados Unidos (E.U.), el Perú tiene 38 mil hectáreas de hoja de coca, Colombia contaría con 144 mil y en Bolivia habrían 26.500 hectáreas; por el contrario, para la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Onudd), Colombia tendría 78 mil hectáreas, Perú 51.400 y Bolivia 27.700.

 

Un dato importante: para el gobierno peruano existen dos fuentes primordiales de información sobre el cultivo de hoja de coca: el Crime and Narcotics Center, del Departamento de Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU. A pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas confirman una tendencia incremental de los cultivos de coca en el Perú, entre el año 2001 y el 2006; siendo el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac y Ene, las regiones con mayor cantidad de coca sembrada.

 

Al respecto y en función de los datos de la “Encuesta nacional de hogares sobre consumo tradicional de hoja de coca” (Inei-Devida, 2003), se puede inferir que para el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la producción de hoja de coca estaba destinada al uso tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la producción de bolsitas filtrantes (mate de coca), elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas, además de la industria médica y químico-farmacéutica. Por lo que se estaría destinando un 9% de la producción total de hoja de coca a usos legales y el 91% de la producción restante serviría como insumo para las mafias del narcotráfico.

 

Esto ocurre cuando en el Perú no existe un actualizado y confiable catastro rural que determine la cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales; peor todavía, tampoco se ha realizado un empadronamiento reciente, sistemático y veraz que identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto de focalizar más eficazmente nuevos programas de cultivos alternativos. En esa misma línea, se debe remarcar que el crecimiento del narcotráfico en el Perú durante el 2006, se produjo pese a que la erradicación de cultivos de almácigos aumentó en 4% (12.688 hectáreas), en relación al 2005.

 

Habiéndose establecido la actual distribución de los cultivos de hoja de coca, de la siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) y Valle del Monzón (Región San Martín): 17.165 hectáreas; Valle de los ríos Apurímac y Ene (Región Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La Convención -Lares (Región Cusco): 12.747; Valle de San Gabán (Región Puno): 446; Valle de Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle de Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del Marañón (Región Amazonas): 443; zona del Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballococha (Región Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región Pasco): 426 hectáreas de hoja de coca.

 

En relación a estas cifras se debe resaltar un suceso perturbador: en los últimos ocho años, las hectáreas de coca en el Valle del Río Apurímac y Ene, han sido duplicadas y en dicha región ya no sólo se procesa pasta básica de cocaína sino también clorhidrato de cocaína.    

 

Al mismo tiempo, una evaluación de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), admitió que la incautación de cocaína por parte de las fuerzas del orden y unidades antinarcóticos, cayó 17% en el 2006: es decir, 14.749 kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una visión más optimista, el Ministro del Interior del Perú, Luis Alva Castro, expresó en junio del 2007, que la “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011”, puede exhibir un primer avance: haber elevado a casi el doble el decomiso de insumos químicos dirigidos a la elaboración de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas, hasta el primer semestre del 2007.

 

También el Ministro del Interior destacó algo muy cierto: por primera vez se reúnen en una misma mesa de trabajo, las entidades estatales responsables de combatir el lavado de activos en el Perú: Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Devida.

 

Un frente externo complejo

 

Todo ello, en un panorama internacional que se continúa eclipsando, debido a la creciente incorporación de China en el mercado mundial de la cocaína y la heroína, como una secuela perniciosa de su sostenida prosperidad económica; lo que podría incentivar la producción de drogas en el Perú, aún más, toda vez que el mercado asiático es uno de los que más pagan por el kilo de cocaína: la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, sostiene que el precio de venta de esta droga en Asia y Oceanía puede llegar hasta los 150 mil dólares, mientras que en E.U., se paga unos 30 mil y en Europa unos 50 mil dólares. Empero, E.U. sigue como el mayor demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16 millones de personas), consume diversas drogas ilícitas.

Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes confiables del gobierno peruano, desde hace dos años el conjunto de países de la Unión Europea (UE), se convirtió en el principal destino para el 60% de la cocaína elaborada en el Perú, teniendo a Madrid-España y Ámsterdam o Rótterdam-Holanda, como “puertas de entrada”, y como rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y Buenos Aires-Argentina; al tiempo que E.U. pasó al segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros motivos, por que los precios de la cocaína son más altos en la UE que en E.U., país que tiene como principal abastecedor de esta sustancia a Colombia y como máximos comercializadores de drogas a los cárteles mexicanos.

 

En tal sentido, durante abril del 2006, la Administración de Drogas y Narcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), detalló los resultados de un estudio de más de mil diferentes muestras de cocaína incautada en los E.U., concluyendo que el 88% de las muestras provenían de la coca cultivada en el Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de los valles del Alto Huallaga, el Valle del río Apurímac-Ene y la Convención en el Perú; el 1% del Chapare-Cochabamba en Bolivia; y, el 2% fueron de origen no determinado.

 

Perú: en las ligas mayores del narcotráfico mundial

 

Junto a esta demanda sostenida de cocaína en el ámbito internacional, existen otros hechos que generan mayor inquietud sobre el narcotráfico en el Perú: aunque según la Dirección Antidrogas del Perú, ahora los cárteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo, son los responsables del mayor tráfico de cocaína por los puertos peruanos hacia Centroamérica, E.U, Europa, Asia y África; una investigación del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú en mayo del 2007, concluye que desde el 2006, las mafias del narcotráfico en el Perú están en capacidad de “exportar” la cifra récord de 289 toneladas de cocaína hacia Europa, Asia, E.U. y otros destinos.

 

Para ello, emplean 100.936 toneladas de hoja de coca, que transformadas en cocaína, están valorizadas en unos 18.200 millones de dólares, de los cuales, se estima que 1.053 millones quedan en el circuito económico nacional, mediante un persistente lavado de activos. También, se establece que anualmente se mueven unas 32 mil 174 toneladas de insumos químicos para producir drogas, lográndose incautar en el año 2006, sólo 0.63 %.

 

Mientras tanto y como se temía, ya operan capos de la droga peruanos que manejan más de cien millones de dólares sin depender de los cárteles mexicanos o colombianos, obteniendo mayores ganancias ante la ausencia de intermediarios. Es el caso del peruano de origen holandés, Ment Dijkhuizen Cáceres, un destacado exportador de espárragos, alcachofas y páprika, capturado por la policía antinarcóticos de Holanda en noviembre del 2005, al descubrirle en el puerto de Rótterdam, 1,6 toneladas de cocaína de alta pureza oculta en un cargamento de espárragos enlatados enviados desde el Perú, por su empresa Corporación La Casita, de Trujillo, una de las más prósperas en el emergente negocio agro-exportador.

 

A propósito, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Holanda y la Dirección Antidrogas del Perú, estiman que la organización de Dijkhuizen -desmantelada luego de pasar desapercibida por casi dos décadas-, al menos consiguió efectuar cinco envíos de cocaína a Europa, de unas 3.6 toneladas valorizadas en 99.4 millones de dólares, y habría lavado activos por unos 150 millones de dólares en el Perú, E.U., China, España, Holanda, Francia, Inglaterra, Aruba, entre otros países.

 

Por supuesto, siempre hay profesionales inescrupulosos -banqueros, abogados y contadores- que lavan estas fortunas del narcotráfico y reciben su tajada del dinero mal habido, junto a ellos, existen malos funcionarios del Estado que en el momento preciso voltean la mirada y reciben también su parte a cambio de facilitar el negocio de las mafias; y pese a que el lavado de activos no representa aún el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, repercute fuertemente en las economías regionales, como Huánuco, Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo María y la provincia de Huanta, donde sus poblaciones, al igual que en las grandes capitales de la costa peruana, están viviendo -en el marco de una bonanza económica nacional legal- a su vez, una prosperidad económica artificial derivada del narcotráfico y los delitos conexos.

 

Lo que se refleja en una proliferación misteriosa de empresas-fachada: cadenas de farmacias, centros de fabricación de baterías, comercios de abarrotes, casas de empeño y de cambio de moneda, tiendas de electrodomésticos, joyerías, discotecas, hoteles, casinos, edificios de departamentos, tiendas de compra y venta de autos, junto a viviendas y autos lujosos, entre otros modus operandi, como adquirir empresas en quiebra para luego de unos meses de lavar dinero proceder a liquidarlas.

 

Y también realizan operaciones bancarias por debajo del monto considerado transacción sospechosa: menos de 10 mil dólares. Igualmente, usan compañías que fabrican, importan y/o comercializan insumos químicos para proveerse de estos productos; junto a empresas de transporte de pasajeros, de carga y de combustibles (ómnibus, camiones y cisternas), a fin de trasladar en forma oculta, droga e insumos químicos para fabricarla.

 

Sobre este asunto, no olvidemos que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, por primera vez, ha determinado un movimiento turbio de 500 millones de dólares entre el 2003 y 2007, y aunque a los involucrados ya se les inició procesos judiciales, ello no puede ocultar la impunidad con la que actúan los barones de la droga en territorio peruano, para lavar activos valiéndose de una red de testaferros y por medio de empresas, comercios, bancos y en general en todo el circuito económico nacional.

 

Como se ha constatado a través de recientes grandes capturas, los narcotraficantes se valen de empresas formales no sólo para lavar dinero, de igual forma las emplean para “exportar” directamente la cocaína oculta, fundamentalmente en productos hidrobiológicos o agrícolas procesados, aprovechando perversamente el gran dinamismo por el que atraviesan los sectores exportadores y el deficiente control en los puertos del Perú. Tan es así, que Jorge Valencia, Director de Control de Oferta de Devida, reconoció al diario El Comercio en junio del 2007, que en el Perú el lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas, oscila entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales.

 

La droga envenena a todos los estratos sociales

 

Concurrentemente, el sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en todos los estratos sociales y realmente existe motivo para ello, ya que según Devida, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y organismos antinarcóticos extranjeros, en el Perú quedan unas 16 toneladas del total de la droga que se produce cada año. Sobre ese tema, el prestigioso Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas (Cedro), indicó en julio del 2007, que sólo en Lima Metropolitana, hay unos 1.035 puntos de micro-comercialización de drogas, habiéndose duplicado estos antros en los últimos tres años. Manifestándose así, un cuadro dramático donde el Perú no sólo ha venido produciendo más droga, sino que además, padece un aumento sustancial en el consumo interno.

 

Dando más luces sobre esta problemática, el Director Ejecutivo de Cedro, Alejandro Vassilaqui, asegura que un 60% de los delitos que se perpetran en el Perú, se realizan bajo los efectos del alcohol o alguna droga, esencialmente marihuana, pasta básica de cocaína o cocaína. En un marco donde el consumo de drogas en general, se ha expandido constantemente, hasta existir 200.000 usuarios a nivel nacional, entre ellos, unos 7.000 escolares, donde la edad de inicio para el consumo se ha reducido a los trece años.    

 

El alto índice del consumo de drogas ilícitas en la población peruana, está asociado a la impune comercialización y redes de corrupción que socavan aún más la seguridad ciudadana al comprender no sólo a Lima, sino también a ciudades cercanas a las zonas de cultivo ilegal de hoja coca y a las más importantes ciudades del país, como Chiclayo, Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Tacna, y recientemente, con mayor incidencia en Cusco, donde el boom del turismo ha venido de la mano con el aumento del tráfico y consumo de drogas.

 

Paralelamente, aunque es muy conocido el impacto negativo del narcotráfico en la juventud, es poco difundido el daño que ocasiona esta lacra en el medio ambiente: el gerente de Conservación del Medio Ambiente de Devida, Lucio Batallanos, señaló en junio del 2007, que de los siete millones de hectáreas de bosques amazónicos deforestados, 2.5 millones son atribuibles al cultivo ilegal de la hoja de coca y al uso indiscriminado de precursores químicos para producir droga, generando pérdidas de 4 mil 500 millones de dólares por destrucción de madera, leña, carne de monte, emisión de oxígeno y captura de carbono; a la par, el sembrío indiscriminado de la hoja de coca extrae aceleradamente los principales nutrientes del suelo, causando en el mediano y largo plazo, la pérdida de la capacidad productiva hasta convertirlo en desierto tropical.

 

Frente a esta coyuntura compleja, el gobierno de Alan García en funciones desde julio del 2006, dispuso que un contingente de 2.000 efectivos y 19 bases antiterroristas y antinarcóticos, policiales y militares, sean potenciadas y pasen a operar bajo una jefatura central, y como parte del plan de desarrollo socio-económico presentado por el Ejecutivo para el Valle del Río Apurímac y Ene, se tiene previsto ejecutar el 2007, programas de desarrollo social, por S/.45 millones de nuevos soles (unos 14 millones 285 mil dólares).

 

En infraestructura básica por S/.95 millones (unos 30 millones 158 mil dólares), y de desarrollo productivo por S/.8 millones (unos 2 millones 539 mil dólares). Ciertamente, junto con la electrificación, saneamiento, educación y salud, en esta región urge consolidar ejes viales: por ejemplo, el eje Cusco-Quillabamba-San Francisco-Ayacucho, donde hay 320 kilómetros sin asfaltar.

 

Monstruo de dos cabezas: narcotráfico y terrorismo

 

Luego de la derrota militar así como la captura de los principales cabecillas y cuadros del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), sus remanentes se sostienen mediante facciones que comparten la herencia de violencia dejada por su encarcelado jefe Abimael Guzmán. Desde el Valle del Alto Huallaga, el “Camarada Artemio” (José Flores León, Gabriel Macario o Alberto Cerrón Cardoso), tiene 25 años conduciendo el “Comité Regional del Huallaga” y ahora en confabulación con otro mando: “Camarada JL” (José Ramírez Alania), defiende un mal llamado “Acuerdo de paz”, que pretende una impracticable solución política: la amnistía y liberación de los terroristas presos.

 

“Artemio” disfraza a sus secuaces armados con uniformes militares y hace unos meses se atrevió a difundir un ultimátum al gobierno de Alan García, a fin de que acepte sus demandas, el cual cambió por una tregua, para finalmente internarse en zonas inaccesibles de la selva ante el rechazo de sus exigencias. Por lo pronto, el “Camarada Artemio” ha mutado de las tesis marxistas-leninistas-maoístas y los métodos genocidas de Pol Pot, a un fuerte involucramiento con las mafias del narcotráfico, hecho que sólo le está dejando la posibilidad de replicar el accionar delincuencial y terrorista de las FARC de Colombia.

 

La otra facción senderista autodenominada: “Comité Regional Centro Principal”, está liderada por el “Camarada Alipio” (Ronaldo Huamán Zúñiga) y por el “Camarada Raúl”. Desde el Valle de los ríos Apurímac y Ene, “Alipio” tiene base en la montaña ayacuchana de Vizcatán, a cargo de un movimiento conocido como “Línea proseguir”, que proclama la lucha armada y no obstante calificar de traidores a  los “acuerdistas” del “Camarada Artemio” y aparentar una rivalidad con ellos, en la práctica, ambos operan como aliados estratégicos en zonas de influencia predeterminadas.

 

En definitiva, los grupos narcoterroristas, el del “Camarada Artemio” y el del “Camarada Alipio”, han forjado nexos de complicidad con las mafias o “firmas” del narcotráfico peruanas y buscan cada vez más, entrelazarse con traficantes de drogas mexicanos y colombianos, quienes se movilizan exactamente en los mismos reductos de las dos facciones senderistas, las cuales a cambio de dinero y armas de los narcotraficantes, proporcionan seguridad para los cultivadores ilegales de hoja de coca y protección para los embarques o traslados de drogas e insumos químicos.

 

Por lo demás, actúan como sicarios de los narcotraficantes para hostigar y atacar a las fuerzas antinarcóticos y fuerzas armadas, generando zonas sin ley; donde los senderistas ya no doblegan a la población rural mediante el terror y la violencia como en la década del ochenta y principios del noventa, sino a través del adoctrinamiento ideológico y la corrupción con los dólares del narcotráfico, aprovechando la situación de pobreza y abandono del Estado que prevalece en esas regiones del Perú.

 

En ese panorama, diversos investigadores peruanos concuerdan que actualmente los narcoterroristas de Sendero Luminoso (SL) se encuentran en una fase de “reconstitución política”, aunque sin posibilidad de desestabilizar al Estado peruano o tomar el poder por medio de la violencia, sí buscan ganar espacios en diversas regiones del interior del país, así como en Lima Metropolitana, por medio de organizaciones sociales populares, grupos sindicales urbanos, universidades y hasta frentes de defensa regionales y gremios cocaleros radicales.

 

A su turno, el Departamento de Estado de E.U. en su informe: “Patrones del terrorismo global 2006”, indica que SL tiene ahora cada vez más vínculos con el narcotráfico, se ha fortalecido, vuelve a ser una amenaza y trabaja por recuperar el apoyo del sistema universitario, con el que contaba en la década de 1980. De la misma forma, sostiene que el narcotráfico le supone una importante fuente de financiación a SL para llevar a cabo sus operaciones y mejorar sus relaciones con las comunidades locales de áreas remotas del Perú, donde aprovechan para reclutar adeptos. Alertando que la falta de presencia estatal en estas áreas rurales y el deterioro de las capacidades de las fuerzas de seguridad peruanas, dificultan los esfuerzos para acabar con los rezagos de esa organización subversiva.

 

SL y narcotraficantes: reptando en un mismo pozo

 

Sin duda, la evidencia más concreta -aunque no la única- de los vínculos de complicidad entre los grupos terroristas peruanos y los narcotraficantes, es el hecho de que ambos se desenvuelven en las mismas zonas de influencia: por ejemplo, las huestes del “Camarada Artemio” se movilizan por la zona comprendida entre los caseríos de Primavera, Bijao, Azul Magdalena y Magdalena sobre la margen derecha del río Huallaga al norte de Aucayacu, a decenas de kilómetros del agreste Valle del Yanajanca (Provincia de Marañón-Región Huánuco) y a menor distancia de los límites con la Región San Martín.

 

Otras áreas de alta incidencia de narcotráfico frecuentadas por los grupos narcoterroristas -que en conjunto llegarían a unos 500 efectivos a nivel nacional-, son las carreteras Fernando Belaúnde Terry y Federico Basadre, además, las localidades de Tocache, Uchiza, Puerto Santa Lucía, Nuevo Progreso, Puerto Huite y Ramal de Cachiyacu en la Región San Martín, junto a Alto Porongo y Alto Huaynate. Del mismo modo, se desplazan, por medio de otras zonas de sembríos de coca ilegal, producción de cocaína y traslado de droga: el caserío de Huiracocha cerca de la ciudad de Aucayacu, en el distrito José Crespo y Castillo, situado hacia la margen izquierda del río Huallaga.

 

Aunque con menor asiduidad, también se cobijan en el inaccesible Valle del Yanajanca, que se eleva hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, envuelto en una espesa y fría nubosidad que impide operaciones helitransportadas y la visibilidad aérea de las fuerzas del orden. Sin dejar de apuntar a los caseríos de Santa Cruz, San Cristóbal, Cashapampa, Cachicoto y Palo de Acero, entre la zona del Valle del Monzón y Tingo María.

 

Junto a los distritos de Sivia y Llochegua en Huanta, otra provincia donde incursionan las hordas del “Camarada Alipio” es La Mar, en la Región Ayacucho, donde uno de sus secuaces el “Camarada Martín”, al mando de la “Compañía Sur del Comité Regional Centro”, irrumpe en los distritos de Ayna, Santa Rosa, Tambo, San Miguel y Anco, al igual que en las comunidades de Huiscas, Usmay y Chacco Pamparaccay, por donde las columnas narcoterroristas necesitan desplazarse para dirigirse desde su centro de operaciones en Vizcatán hasta la carretera San Francisco-Huamanga.

 

Esta región, es un territorio mayormente poblado por campesinos migrantes en condición de pobreza, que constituyen una población considerablemente vulnerable al proselitismo senderista y donde el cultivo de la hoja de coca es la actividad más recurrente, y no obstante, que se encuentra en el límite de la ilegalidad claramente asociada al narcotráfico, la defensa de los cultivos de la hoja de coca se ha constituido en la principal plataforma política para algunos alcaldes y presidentes regionales, así como un referente de movilización social; lo que es aprovechado por los remanentes narcoterroristas presentándose como defensores armados de dichos sembríos.

 

Un análisis más detenido, sugiere que desde esta convulsionada región los senderistas intentan establecer un “corredor territorial”, que les permita tener acceso, por el suroriente, a los valles cocaleros del Cusco (La Convención, Yanatile, entre otros); y por el noroccidente, a través de Satipo, a las cuencas cocaleras adyacentes al río Huallaga (Monzón, Tingo María, Tocache, Nuevo Progreso, entre otros); pudiendo además, proyectar su accionar hacia zonas más remotas como Vizcatán, por el oriente; y hacia áreas de articulación de los circuitos regionales comerciales, como Huanta en Ayacucho.

 

SL: el brazo armado del Narcotráfico

 

Bajo ese esquema, los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar mediante emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares, que patrullan y brindan seguridad a las tareas de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca y a los operativos de interdicción antidrogas; otras de sus víctimas, son los fiscales que supervisan los operativos antinarcóticos, los obreros dedicados a la erradicación de sembríos ilegales y los pobladores que informan a las fuerzas del orden.

 

Constituyéndose de este modo SL, en un brazo armado del narcotráfico dedicado a obstaculizar la lucha antinarcóticos en las principales zonas de cultivos de coca ilegal y producción de cocaína: el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Monzón, en las Regiones de Huánuco y San Martín, además del Valle del río Apurímac y Ene, en las regiones de Junín y Ayacucho.

 

Incluso, existen nuevas evidencias que los remanentes senderistas han pasado a tener sus propios cultivos de coca, con pozas de maceración de pasta básica de cocaína, y juegan un doble rol, transportando su producción de cocaína y la de otros acopiadores. Entonces, SL ya no lucha por el poder, solamente utiliza la franquicia del Partido Comunista Peruano, pero en realidad forma parte del fenómeno narcoterrorista, en un entorno que le proporciona mejor armamento, recursos económicos para sus desplazamientos, alimentos o medicinas, y dinero para ofrecer a los jóvenes desposeídos por incorporarse a sus filas.

 

Los rastros de sangre y muerte

  

En esa línea de violencia, los grupos terroristas aliados con el narcotráfico, perpetraron 84 atentados contra personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos en el Alto Huallaga (Corah), a través de ataques armados y la colocación de minas “cazabobos” entre esos cultivos, según estadísticas de Devida que se registran desde el 2004 hasta el primer semestre del 2007.

 

Cabe recordar, que entre los atentados más graves de SL en los últimos años, está la detonación de un coche-bomba con el saldo de diez muertos, 30 heridos y cuantiosos daños materiales, contra el centro comercial El Polo, en Lima, frente a la sede de la Embajada de E.U., el 20 de marzo del 2002, horas antes del arribo del presidente George Bush, en vista oficial al Perú. En junio del 2003, SL secuestró a 71 trabajadores de la empresa argentina Techint, constructora del gasoducto de Camisea, en Toccate, provincia La Mar (Ayacucho), por quienes exigieron sin éxito, un millón de dólares y luego tuvieron que liberar tras sufrir una persecución militar; después, SL cometió dos emboscadas en diciembre del 2005, en Palmapampa (Ayacucho) y en Aucayacu (Huánuco), asesinando en total a 13 policías.

 

Y en julio del 2006, dos trabajadores erradicadores de cultivos ilícitos de coca en el Alto Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra emboscada perpetrada por este grupo en diciembre 2006, costó la vida de ocho personas, entre ellos, cinco policías en Huancavelica. A continuación, en enero del 2007, los sediciosos mataron a un policía en la sede policial de Churcampa también en Huancavelica.

 

Sin embargo, allí no acaba el accionar homicida de SL: en abril del 2007, atacó a una patrulla policial en la zona de Madre Mía, en San Martín, causando la muerte de un civil que permanecía varado por el bloqueo de carreteras, y en junio del 2007, una nueva embestida de SL, acabó con la vida de un fiscal y tres policías en medio de una operación antinarcóticos, en el caserío de Shapaja, provincia de Tocache, en San Martín.

 

Como si esto no fuera suficiente, en agosto del 2007, una patrulla policial antinarcóticos de unos 18 efectivos que se disponía a intervenir un laboratorio y cargamento de cocaína, en el poblado de Yanchalá provincia de Ayabaca, Región Piura, cerca de la frontera con Ecuador; fue atacada por sicarios del narcotráfico fuertemente armados, que no sólo impidieron el operativo  antinarcóticos, sino que igualmente, hirieron a dos policías y provocaron el repliegue de la patrulla policial.

 

Este incidente constituye un precedente inédito, que demuestra la gran fuerza letal y operativa alcanzada por los grupos armados vinculados al narcotráfico y su nueva disposición para oponerse frontalmente a las fuerzas del orden. En el caso particular de las regiones Piura y Cajamarca, donde prolifera el tráfico de drogas, insumos químicos y armas, junto al sembrío de amapola y marihuana; incluso las mafias del narcotráfico podrían fomentar un accionar violento de los movimientos antimineros, para crear zonas sin control que faciliten su accionar.

 

“Garganta profunda” confirma nexos con la droga

 

En junio del 2007, el diario Perú 21 de Lima, confirmó que la Policía Nacional capturó en mayo del 2006, a integrantes del “Comité Regional del Huallaga” de SL, cuyo cabecilla es “Artemio” y el segundo al mando “Camarada Lee” o “Piero”. Desde entonces y acogido a la colaboración eficaz con la justicia, bajo la clave 1MMC0009, uno de los apresados admitió su filiación subversiva y empezó a confesar las tropelías de SL con organizaciones de narcotraficantes del Monzón y del Huallaga.

 

Los testimonios resultaron un tesoro para la policía antiterrorista: dan a conocer los negocios entre “Artemio” y los principales narcotraficantes de la región, las ejecuciones ordenadas por él, la protección a los cargamentos de cocaína, la ubicación de las empresas en Tingo María que pagan cupos a SL, y la identidad de los narcoterroristas encargados de canalizar el dinero para la supervivencia de la facción senderista que encabeza “Artemio”.

 

En una parte de su manifestación, el informante de la justicia señala que “Artemio” se sirve de la “Camarada Yudi” (Mónica Elisa Culantres Córdova), como enlace entre él y las organizaciones del tráfico de drogas, en especial para enviar y recibir mensajes, cobrar el dinero que le pagan por proteger los cargamentos ilegales y por matar a narcotraficantes rivales o también a policías. Otro enlace denunciado, es “Camarada Shego” o “Julio” (Segundo Saavedra Amasifuen) y como “contacto prioritario y encargado de cobrar cupos”, sindicó a “Camarada Gato de Cashapampa” (John Simón Cárdenas), quien ya fue capturado en Lima, a fines de mayo del 2007.

 

Finalmente, el colaborador eficaz asegura que el pago recibido por el prófugo cabecilla “Artemio”, es de unos 10 mil dólares por cada trabajo de protección de los “mochileros” que transportan la droga entre un sector y otro del Monzón o del Huallaga; mientras, una cantidad similar cobraría por ordenar a sus huestes recuperar droga, que a veces es robada y por actuar como sicarios de los narcotraficantes. No obstante, los nexos de SL y el tráfico de droga no acaban allí: un subversivo nombrado por “Artemio” para ser el mando político en Tingo María: “Camarada Lucho” (Walter Rufino), fue detenido el 2006 en Argentina, transportando cocaína.

 

Precisamente, la valiosa información proporcionada por el ex-lugarteniente de “Artemio”, ha permitido que la Policía Nacional golpee a SL en los últimos meses, mediante operaciones que concluyeron con la captura de casi todos sus mandos políticos y militares en el valle del Monzón y la desarticulación de la llamada “Red Urbana del Comité Regional del Huallaga” que la organización narcoterrorista montó en la ciudad de Tingo María; a la par, unidades antiterroristas de elite, siguen de cerca los pasos de los otros cómplices senderistas hasta dar con sus escondites.

 

Reflexión final

 

Tras la conmoción que produjo el más intenso y cruento accionar de SL en el Perú, entre los años 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratégica propinada a esta organización criminal a fines de los noventa por el Estado peruano, socavando toda posibilidad de que SL acceda al poder por la vía violenta o genere amplias regiones sin ley en el país, la amenaza subversiva no se extinguió: más bien, se concentró en los territorios de mayor incidencia de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína; metamorfoseándose hasta convertirse en un movimiento narcoterrorista, entrelazado principalmente con mafias del narcotráfico peruanas y con una fuerte disposición para estrechar nexos con los cárteles mexicanos y colombianos.

 

Por lo tanto, de persistir esta tendencia en los próximos años, sin que el Estado peruano logre articular una estrategia eficaz para frenar la expansión del narcotráfico en el último quinquenio y su simbiosis con los remanentes terroristas, es altamente probable que SL logre fortalecerse lo suficiente para constituirse nuevamente en una organización capaz de amenazar la estabilidad del Estado peruano, esta vez, mediante la barbarie narcoterrorista y hasta en alianza con organizaciones criminales internacionales que acechan la región.
 


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