,
Colombia contaría con 144 mil y en
Bolivia habrían 26.500
hectáreas; por el contrario, para la Oficina de las Naciones Unidas para
las Drogas y el Delito (Onudd), Colombia tendría 78 mil hectáreas, Perú
51.400 y Bolivia 27.700.
Un dato importante: para el gobierno
peruano existen dos fuentes primordiales de información sobre el cultivo
de hoja de coca: el Crime and Narcotics Center, del Departamento de
Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU. A
pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas confirman una
tendencia incremental de los cultivos de coca en el Perú, entre el año
2001 y el 2006; siendo el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Río
Apurímac y Ene, las regiones con mayor cantidad de coca sembrada.
Al respecto y en función de los datos de
la “Encuesta nacional de hogares sobre consumo tradicional de hoja de
coca” (Inei-Devida, 2003), se puede inferir que para el 2006, el 8%
(8.800 toneladas) de la producción de hoja de coca estaba destinada al
uso tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la
producción de bolsitas filtrantes (mate de coca), elaboración de
saborizantes y bebidas gaseosas, además de la industria médica y
químico-farmacéutica. Por lo que se estaría destinando un 9% de la
producción total de hoja de coca a usos legales y el 91% de la
producción restante serviría como insumo para las mafias del
narcotráfico.
Esto ocurre cuando en el Perú no existe
un actualizado y confiable catastro rural que determine la cantidad de
los cultivos de hoja de coca legales e ilegales; peor todavía, tampoco
se ha realizado un empadronamiento reciente, sistemático y veraz que
identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto de
focalizar más eficazmente nuevos programas de cultivos alternativos. En
esa misma línea, se debe remarcar que el crecimiento del narcotráfico en
el Perú durante el 2006, se produjo pese a que la erradicación de
cultivos de almácigos aumentó en 4% (12.688 hectáreas), en relación al
2005.
Habiéndose establecido la
actual distribución de los cultivos de hoja de coca, de la siguiente
manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) y Valle del Monzón
(Región San Martín): 17.165 hectáreas; Valle de los ríos Apurímac y Ene
(Región Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La Convención -Lares
(Región Cusco): 12.747; Valle de San Gabán (Región Puno): 446; Valle de
Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle de Aguaytía (Región
Ucayali): 1.570; Valle del Marañón (Región Amazonas): 443; zona del
Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballococha (Región Loreto): 375;
Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región Pasco): 426 hectáreas de
hoja de coca.
En relación a estas cifras se
debe resaltar un suceso perturbador: en los últimos ocho años, las
hectáreas de coca en el Valle del Río Apurímac y Ene, han sido
duplicadas y en dicha región ya no sólo se procesa pasta básica de
cocaína sino también clorhidrato de cocaína.
Al mismo tiempo, una
evaluación de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), admitió que la incautación de cocaína por parte de las
fuerzas del orden y unidades antinarcóticos, cayó 17% en el 2006: es
decir, 14.749 kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una
visión más optimista, el Ministro del Interior del Perú, Luis Alva
Castro, expresó en junio del 2007, que la “Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas 2007-2011”, puede exhibir un primer avance: haber
elevado a casi el doble el decomiso de insumos químicos dirigidos a la
elaboración de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas,
hasta el primer semestre del 2007.
También el Ministro del
Interior destacó algo muy cierto: por primera vez se reúnen en una misma
mesa de trabajo, las entidades estatales responsables de combatir el
lavado de activos en el Perú: Superintendencia de Banca y Seguros,
Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del Interior, Ministerio
Público y Devida.
Un frente externo complejo
Todo ello, en un panorama
internacional que se continúa eclipsando, debido a la creciente
incorporación de China en el mercado mundial de la cocaína y la heroína,
como una secuela perniciosa de su sostenida prosperidad económica; lo
que podría incentivar la producción de drogas en el Perú, aún más, toda
vez que el mercado asiático es uno de los que más pagan por el kilo de
cocaína: la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, sostiene
que el precio de venta de esta droga en Asia y Oceanía puede llegar
hasta los 150 mil dólares, mientras que en E.U., se paga unos 30 mil y
en Europa unos 50 mil dólares. Empero, E.U. sigue como el mayor
demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16
millones de personas), consume diversas drogas ilícitas.
Es oportuno referir, que de acuerdo a
fuentes confiables del gobierno peruano, desde hace dos años el
conjunto de países de la Unión Europea (UE), se convirtió en el
principal destino para el 60% de la cocaína elaborada en el Perú,
teniendo a Madrid-España y Ámsterdam o Rótterdam-Holanda, como
“puertas de entrada”, y como rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y
Buenos Aires-Argentina; al tiempo que E.U. pasó al segundo lugar de
estas exportaciones ilícitas. Entre otros motivos, por que los
precios de la cocaína son más altos en la UE que en E.U., país que
tiene como principal abastecedor de esta sustancia a Colombia y como
máximos comercializadores de drogas a los cárteles mexicanos.
En tal sentido, durante
abril del 2006, la Administración de Drogas y Narcóticos
estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), detalló los
resultados de un estudio de más de mil diferentes muestras de
cocaína incautada en los E.U., concluyendo que el 88% de las
muestras provenían de la coca cultivada en el Putumayo-Caquetá y
Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de los valles del Alto Huallaga, el
Valle del río Apurímac-Ene y la Convención en el Perú; el 1% del
Chapare-Cochabamba en Bolivia; y, el 2% fueron de origen no
determinado.
Perú: en las ligas mayores del
narcotráfico mundial
Junto a esta demanda
sostenida de cocaína en el ámbito internacional, existen otros
hechos que generan mayor inquietud sobre el narcotráfico en el Perú:
aunque según la Dirección Antidrogas del Perú, ahora los cárteles
mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo, son los
responsables del mayor tráfico de cocaína por los puertos peruanos
hacia Centroamérica, E.U, Europa, Asia y África; una investigación
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica
del Perú en mayo del 2007, concluye que desde el 2006, las mafias
del narcotráfico en el Perú están en capacidad de “exportar” la
cifra récord de 289 toneladas de cocaína hacia Europa, Asia, E.U. y
otros destinos.
Para ello, emplean 100.936
toneladas de hoja de coca, que transformadas en cocaína, están
valorizadas en unos 18.200 millones de dólares, de los cuales, se
estima que 1.053 millones quedan en el circuito económico nacional,
mediante un persistente lavado de activos. También, se establece que
anualmente se mueven unas 32 mil 174 toneladas de insumos químicos
para producir drogas, lográndose incautar en el año 2006, sólo 0.63
%.
Mientras tanto y como se
temía, ya operan capos de la droga peruanos que manejan más de cien
millones de dólares sin depender de los cárteles mexicanos o
colombianos, obteniendo mayores ganancias ante la ausencia de
intermediarios. Es el caso del peruano de origen holandés, Ment
Dijkhuizen Cáceres, un destacado exportador de espárragos,
alcachofas y páprika, capturado por la policía antinarcóticos de
Holanda en noviembre del 2005, al descubrirle en el puerto de
Rótterdam, 1,6 toneladas de cocaína de alta pureza oculta en un
cargamento de espárragos enlatados enviados desde el Perú, por su
empresa Corporación La Casita, de Trujillo, una de las más prósperas
en el emergente negocio agro-exportador.
A propósito, el Servicio
Nacional de Investigación Criminal de Holanda y la Dirección
Antidrogas del Perú, estiman que la organización de Dijkhuizen
-desmantelada luego de pasar desapercibida por casi dos décadas-, al
menos consiguió efectuar cinco envíos de cocaína a Europa, de unas
3.6 toneladas valorizadas en 99.4 millones de dólares, y habría
lavado activos por unos 150 millones de dólares en el Perú,
E.U.,
China,
España, Holanda,
Francia,
Inglaterra, Aruba, entre otros
países.
Por supuesto, siempre hay
profesionales inescrupulosos -banqueros, abogados y contadores- que
lavan estas fortunas del narcotráfico y reciben su tajada del dinero
mal habido, junto a ellos, existen malos funcionarios del Estado que
en el momento preciso voltean la mirada y reciben también su parte a
cambio de facilitar el negocio de las mafias; y pese a que el lavado
de activos no representa aún el 1% del Producto Bruto Interno (PBI)
del Perú, repercute fuertemente en las economías regionales, como
Huánuco, Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo María y la provincia de
Huanta, donde sus poblaciones, al igual que en las grandes capitales
de la costa peruana, están viviendo -en el marco de una bonanza
económica nacional legal- a su vez, una prosperidad económica
artificial derivada del narcotráfico y los delitos conexos.
Lo que se refleja en una
proliferación misteriosa de empresas-fachada: cadenas de farmacias,
centros de fabricación de baterías, comercios de abarrotes, casas de
empeño y de cambio de moneda, tiendas de electrodomésticos,
joyerías, discotecas, hoteles, casinos, edificios de departamentos,
tiendas de compra y venta de autos, junto a viviendas y autos
lujosos, entre otros modus operandi, como adquirir empresas en
quiebra para luego de unos meses de lavar dinero proceder a
liquidarlas.
Y también realizan
operaciones bancarias por debajo del monto considerado transacción
sospechosa: menos de 10 mil dólares. Igualmente, usan compañías que
fabrican, importan y/o comercializan insumos químicos para proveerse
de estos productos; junto a empresas de transporte de pasajeros, de
carga y de combustibles (ómnibus, camiones y cisternas), a fin de
trasladar en forma oculta, droga e insumos químicos para fabricarla.
Sobre este asunto, no olvidemos que
la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, por primera vez, ha
determinado un movimiento turbio de 500 millones de dólares entre el
2003 y 2007, y aunque a los involucrados ya se les inició procesos
judiciales, ello no puede ocultar la impunidad con la que actúan los
barones de la droga en territorio peruano, para lavar activos
valiéndose de una red de testaferros y por medio de empresas,
comercios, bancos y en general en todo el circuito económico
nacional.
Como se ha constatado a
través de recientes grandes capturas, los narcotraficantes se valen
de empresas formales no sólo para lavar dinero, de igual forma las
emplean para “exportar” directamente la cocaína oculta,
fundamentalmente en productos hidrobiológicos o agrícolas
procesados, aprovechando perversamente el gran dinamismo por el que
atraviesan los sectores exportadores y el deficiente control en los
puertos del Perú. Tan es así, que Jorge Valencia, Director de
Control de Oferta de Devida, reconoció al diario El Comercio en
junio del 2007, que en el Perú el lavado de activos vinculado al
tráfico ilícito de drogas, oscila entre 1.500 y 2.000 millones de
dólares anuales.
La droga envenena a todos los
estratos sociales
Concurrentemente, el
sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en todos los
estratos sociales y realmente existe motivo para ello, ya que según
Devida, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad
Católica y organismos antinarcóticos extranjeros, en el Perú quedan
unas 16 toneladas del total de la droga que se produce cada año.
Sobre ese tema, el prestigioso Centro de información y educación
para la prevención del abuso de drogas (Cedro), indicó en julio del
2007, que sólo en Lima Metropolitana, hay unos 1.035 puntos de
micro-comercialización de drogas, habiéndose duplicado estos antros
en los últimos tres años. Manifestándose así, un cuadro dramático
donde el Perú no sólo ha venido produciendo más droga, sino que
además, padece un aumento sustancial en el consumo interno.
Dando más luces sobre esta
problemática, el Director Ejecutivo de Cedro, Alejandro Vassilaqui,
asegura que un 60% de los delitos que se perpetran en el Perú, se
realizan bajo los efectos del alcohol o alguna droga, esencialmente
marihuana, pasta básica de cocaína o cocaína. En un marco donde el
consumo de drogas en general, se ha expandido constantemente, hasta
existir 200.000 usuarios a nivel nacional, entre ellos, unos 7.000
escolares, donde la edad de inicio para el consumo se ha reducido a
los trece años.
El alto índice del consumo de drogas
ilícitas en la población peruana, está asociado a la impune
comercialización y redes de corrupción que socavan aún más la
seguridad ciudadana al comprender no sólo a Lima, sino también a
ciudades cercanas a las zonas de cultivo ilegal de hoja coca y a las
más importantes ciudades del país, como Chiclayo, Piura, Trujillo,
Ica, Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Tacna, y recientemente, con mayor
incidencia en Cusco, donde el boom del turismo ha venido de la mano
con el aumento del tráfico y consumo de drogas.
Paralelamente, aunque es
muy conocido el impacto negativo del narcotráfico en la juventud, es
poco difundido el daño que ocasiona esta lacra en el medio ambiente:
el gerente de Conservación del Medio Ambiente de Devida, Lucio
Batallanos, señaló en junio del 2007, que de los siete millones de
hectáreas de bosques amazónicos deforestados, 2.5 millones son
atribuibles al cultivo ilegal de la hoja de coca y al uso
indiscriminado de precursores químicos para producir droga,
generando pérdidas de 4 mil 500 millones de dólares por destrucción
de madera, leña, carne de monte, emisión de oxígeno y captura de
carbono; a la par, el sembrío indiscriminado de la hoja de coca
extrae aceleradamente los principales nutrientes del suelo, causando
en el mediano y largo plazo, la pérdida de la capacidad productiva
hasta convertirlo en desierto tropical.
Frente a esta coyuntura
compleja, el gobierno de Alan García en funciones desde julio del
2006, dispuso que un contingente de 2.000 efectivos y 19 bases
antiterroristas y antinarcóticos, policiales y militares, sean
potenciadas y pasen a operar bajo una jefatura central, y como parte
del plan de desarrollo socio-económico presentado por el Ejecutivo
para el Valle del Río Apurímac y Ene, se tiene previsto ejecutar el
2007, programas de desarrollo social, por S/.45 millones de nuevos
soles (unos 14 millones 285 mil dólares).
En infraestructura básica
por S/.95 millones (unos 30 millones 158 mil dólares), y de
desarrollo productivo por S/.8 millones (unos 2 millones 539 mil
dólares). Ciertamente, junto con la electrificación, saneamiento,
educación y salud, en esta región urge consolidar ejes viales: por
ejemplo, el eje Cusco-Quillabamba-San Francisco-Ayacucho, donde hay
320 kilómetros sin asfaltar.
Monstruo de dos cabezas:
narcotráfico y terrorismo
Luego de la derrota
militar así como la captura de los principales cabecillas y cuadros
del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), sus remanentes se
sostienen mediante facciones que comparten la herencia de violencia
dejada por su encarcelado jefe Abimael Guzmán. Desde el Valle del
Alto Huallaga, el “Camarada Artemio” (José Flores León, Gabriel
Macario o Alberto Cerrón Cardoso), tiene 25 años conduciendo el
“Comité Regional del Huallaga” y ahora en confabulación con otro
mando: “Camarada JL” (José Ramírez Alania), defiende un mal llamado
“Acuerdo de paz”, que pretende una impracticable solución política:
la amnistía y liberación de los terroristas presos.
“Artemio” disfraza a sus
secuaces armados con uniformes militares y hace unos meses se
atrevió a difundir un ultimátum al gobierno de Alan García, a fin de
que acepte sus demandas, el cual cambió por una tregua, para
finalmente internarse en zonas inaccesibles de la selva ante el
rechazo de sus exigencias. Por lo pronto, el “Camarada Artemio” ha
mutado de las tesis marxistas-leninistas-maoístas y los métodos
genocidas de Pol Pot, a un fuerte involucramiento con las mafias del
narcotráfico, hecho que sólo le está dejando la posibilidad de
replicar el accionar delincuencial y terrorista de las FARC de
Colombia.
La otra facción senderista
autodenominada: “Comité Regional Centro Principal”, está liderada
por el “Camarada Alipio” (Ronaldo Huamán Zúñiga) y por el “Camarada
Raúl”. Desde el Valle de los ríos Apurímac y Ene, “Alipio” tiene
base en la montaña ayacuchana de Vizcatán, a cargo de un movimiento
conocido como “Línea proseguir”, que proclama la lucha armada y no
obstante calificar de traidores a los “acuerdistas” del “Camarada
Artemio” y aparentar una rivalidad con ellos, en la práctica, ambos
operan como aliados estratégicos en zonas de influencia
predeterminadas.
En definitiva, los grupos
narcoterroristas, el del “Camarada Artemio” y el del “Camarada
Alipio”, han forjado nexos de complicidad con las mafias o “firmas”
del narcotráfico peruanas y buscan cada vez más, entrelazarse con
traficantes de drogas mexicanos y colombianos, quienes se movilizan
exactamente en los mismos reductos de las dos facciones senderistas,
las cuales a cambio de dinero y armas de los narcotraficantes,
proporcionan seguridad para los cultivadores ilegales de hoja de
coca y protección para los embarques o traslados de drogas e insumos
químicos.
Por lo demás, actúan como
sicarios de los narcotraficantes para hostigar y atacar a las
fuerzas antinarcóticos y fuerzas armadas, generando zonas sin ley;
donde los senderistas ya no doblegan a la población rural mediante
el terror y la violencia como en la década del ochenta y principios
del noventa, sino a través del adoctrinamiento ideológico y la
corrupción con los dólares del narcotráfico, aprovechando la
situación de pobreza y abandono del Estado que prevalece en esas
regiones del Perú.
En ese panorama, diversos
investigadores peruanos concuerdan que actualmente los
narcoterroristas de Sendero Luminoso (SL) se encuentran en una fase
de “reconstitución política”, aunque sin posibilidad de
desestabilizar al Estado peruano o tomar el poder por medio de la
violencia, sí buscan ganar espacios en diversas regiones del
interior del país, así como en Lima Metropolitana, por medio de
organizaciones sociales populares, grupos sindicales urbanos,
universidades y hasta frentes de defensa regionales y gremios
cocaleros radicales.
A su turno, el
Departamento de Estado de E.U. en su informe: “Patrones del
terrorismo global 2006”, indica que SL tiene ahora cada vez más
vínculos con el narcotráfico, se ha fortalecido, vuelve a ser una
amenaza y trabaja por recuperar el apoyo del sistema universitario,
con el que contaba en la década de 1980. De la misma forma, sostiene
que el narcotráfico le supone una importante fuente de financiación
a SL para llevar a cabo sus operaciones y mejorar sus relaciones con
las comunidades locales de áreas remotas del Perú, donde aprovechan
para reclutar adeptos. Alertando que la falta de presencia estatal
en estas áreas rurales y el deterioro de las capacidades de las
fuerzas de seguridad peruanas, dificultan los esfuerzos para acabar
con los rezagos de esa organización subversiva.
SL y narcotraficantes: reptando en
un mismo pozo
Sin duda, la evidencia más concreta
-aunque no la única- de los vínculos de complicidad entre los grupos
terroristas peruanos y los narcotraficantes, es el hecho de que
ambos se desenvuelven en las mismas zonas de influencia: por
ejemplo, las huestes del “Camarada
Artemio” se movilizan por la zona comprendida entre los caseríos de
Primavera, Bijao, Azul Magdalena y Magdalena sobre la margen derecha
del río Huallaga al norte de Aucayacu, a decenas de kilómetros del
agreste Valle del Yanajanca (Provincia de Marañón-Región Huánuco) y
a menor distancia de los límites con la Región San Martín.
Otras áreas de alta
incidencia de narcotráfico frecuentadas por los grupos
narcoterroristas -que en conjunto llegarían a unos 500 efectivos a
nivel nacional-, son las carreteras Fernando Belaúnde Terry y
Federico Basadre, además, las localidades de Tocache, Uchiza, Puerto
Santa Lucía, Nuevo Progreso, Puerto Huite y Ramal de Cachiyacu en la
Región San Martín, junto a Alto Porongo y Alto Huaynate. Del mismo
modo, se desplazan, por medio de otras zonas de sembríos de coca
ilegal, producción de cocaína y traslado de droga: el caserío de
Huiracocha cerca de la ciudad de Aucayacu, en el distrito José
Crespo y Castillo, situado hacia la margen izquierda del río
Huallaga.
Aunque con menor
asiduidad, también se cobijan en el inaccesible Valle del Yanajanca,
que se eleva hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, envuelto
en una espesa y fría nubosidad que impide operaciones
helitransportadas y la visibilidad aérea de las fuerzas del orden.
Sin dejar de apuntar a los caseríos de Santa Cruz, San Cristóbal,
Cashapampa, Cachicoto y Palo de Acero, entre la zona del Valle del
Monzón y Tingo María.
Junto a los distritos de
Sivia y Llochegua en Huanta, otra provincia donde incursionan las
hordas del “Camarada Alipio” es La Mar, en la Región Ayacucho, donde
uno de sus secuaces el “Camarada Martín”, al mando de la “Compañía
Sur del Comité Regional Centro”, irrumpe en los distritos de Ayna,
Santa Rosa, Tambo, San Miguel y Anco, al igual que en las
comunidades de Huiscas, Usmay y Chacco Pamparaccay, por donde las
columnas narcoterroristas necesitan desplazarse para dirigirse desde
su centro de operaciones en Vizcatán hasta la carretera San
Francisco-Huamanga.
Esta región, es un
territorio mayormente poblado por campesinos migrantes en condición
de pobreza, que constituyen una población considerablemente
vulnerable al proselitismo senderista y donde el cultivo de la hoja
de coca es la actividad más recurrente, y no obstante, que se
encuentra en el límite de la ilegalidad claramente asociada al
narcotráfico, la defensa de los cultivos de la hoja de coca se ha
constituido en la principal plataforma política para algunos
alcaldes y presidentes regionales, así como un referente de
movilización social; lo que es aprovechado por los remanentes
narcoterroristas presentándose como defensores armados de dichos
sembríos.
Un análisis más detenido,
sugiere que desde esta convulsionada región los senderistas intentan
establecer un “corredor territorial”, que les permita tener acceso,
por el suroriente, a los valles cocaleros del Cusco (La Convención,
Yanatile, entre otros); y por el noroccidente, a través de Satipo, a
las cuencas cocaleras adyacentes al río Huallaga (Monzón, Tingo
María, Tocache, Nuevo Progreso, entre otros); pudiendo además,
proyectar su accionar hacia zonas más remotas como Vizcatán, por el
oriente; y hacia áreas de articulación de los circuitos regionales
comerciales, como Huanta en Ayacucho.
SL: el brazo armado del
Bajo ese esquema, los senderistas se
han dedicado a hostilizar y asesinar mediante emboscadas y
francotiradores, a las fuerzas policiales y militares, que patrullan
y brindan seguridad a las tareas de erradicación de cultivos
ilícitos de hoja de coca y a los operativos de interdicción
antidrogas; otras de sus víctimas, son los fiscales que supervisan
los operativos antinarcóticos, los obreros dedicados a la
erradicación de sembríos ilegales y los pobladores que informan a
las fuerzas del orden.
Constituyéndose
de este modo SL, en un brazo armado del narcotráfico dedicado a
obstaculizar la lucha antinarcóticos en las principales zonas de
cultivos de coca ilegal y producción de cocaína: el Valle del Alto
Huallaga y el Valle del Monzón, en las Regiones de Huánuco y San
Martín, además del Valle del río Apurímac y Ene, en las regiones de
Junín y Ayacucho.
Incluso, existen nuevas
evidencias que los remanentes senderistas han pasado a tener
sus propios cultivos de coca, con pozas de maceración de pasta
básica de cocaína, y juegan un doble rol, transportando su
producción de cocaína y la de otros acopiadores. Entonces, SL ya no
lucha por el poder, solamente utiliza la franquicia del Partido
Comunista Peruano, pero en realidad forma parte del fenómeno
narcoterrorista, en un entorno que le proporciona mejor armamento,
recursos económicos para sus desplazamientos, alimentos o medicinas,
y dinero para ofrecer a los jóvenes desposeídos por incorporarse a
sus filas.
Los rastros de sangre y
muerte
En esa línea de violencia,
los grupos terroristas aliados con el narcotráfico, perpetraron 84
atentados contra personal del Proyecto Especial de Control y
Reducción de los Cultivos en el Alto Huallaga (Corah), a través de
ataques armados y la colocación de minas “cazabobos” entre esos
cultivos, según estadísticas de Devida que se registran desde el
2004 hasta el primer semestre del 2007.
Cabe recordar, que entre
los atentados más graves de SL en los últimos años, está la
detonación de un coche-bomba con el saldo de diez muertos, 30
heridos y cuantiosos daños materiales, contra el centro comercial El
Polo, en Lima, frente a la sede de la Embajada de E.U., el 20 de
marzo del 2002, horas antes del arribo del presidente George Bush,
en vista oficial al Perú. En junio del 2003, SL secuestró a 71
trabajadores de la empresa argentina Techint, constructora del
gasoducto de Camisea, en Toccate, provincia La Mar (Ayacucho), por
quienes exigieron sin éxito, un millón de dólares y luego tuvieron
que liberar tras sufrir una persecución militar; después, SL cometió
dos emboscadas en diciembre del 2005, en Palmapampa (Ayacucho) y en
Aucayacu (Huánuco), asesinando en total a 13 policías.
Y en julio del 2006, dos
trabajadores erradicadores de cultivos ilícitos de coca en el Alto
Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra emboscada
perpetrada por este grupo en diciembre 2006, costó la vida de ocho
personas, entre ellos, cinco policías en Huancavelica. A
continuación, en enero del 2007, los sediciosos mataron a un policía
en la sede policial de Churcampa también en Huancavelica.
Sin embargo, allí no acaba
el accionar homicida de SL: en abril del 2007, atacó a una patrulla
policial en la zona de Madre Mía, en San Martín, causando la muerte
de un civil que permanecía varado por el bloqueo de carreteras, y en
junio del 2007, una nueva embestida de SL, acabó con la vida de un
fiscal y tres policías en medio de una operación antinarcóticos, en
el caserío de Shapaja, provincia de Tocache, en San Martín.
Como si esto no fuera
suficiente, en agosto del 2007, una patrulla policial antinarcóticos
de unos 18 efectivos que se disponía a intervenir un laboratorio y
cargamento de cocaína, en el poblado de Yanchalá provincia de
Ayabaca, Región Piura, cerca de la frontera con Ecuador; fue atacada
por sicarios del narcotráfico fuertemente armados, que no sólo
impidieron el operativo antinarcóticos, sino que
igualmente, hirieron a dos policías y provocaron el repliegue de la
patrulla policial.
Este incidente constituye
un precedente inédito, que demuestra la gran fuerza letal y
operativa alcanzada por los grupos armados vinculados al
narcotráfico y su nueva disposición para oponerse frontalmente a las
fuerzas del orden. En el caso particular de las regiones Piura y
Cajamarca, donde prolifera el tráfico de drogas, insumos químicos y
armas, junto al sembrío de amapola y marihuana; incluso las mafias
del narcotráfico podrían fomentar un accionar violento de los
movimientos antimineros, para crear zonas sin control que faciliten
su accionar.
“Garganta profunda”
confirma nexos con la droga
En junio del 2007, el
diario Perú 21 de Lima, confirmó que la Policía Nacional capturó en
mayo del 2006, a integrantes del “Comité Regional del Huallaga” de
SL, cuyo cabecilla es “Artemio” y el segundo al mando “Camarada Lee”
o “Piero”. Desde entonces y acogido a la colaboración eficaz con la
justicia, bajo la clave 1MMC0009, uno de los apresados admitió su
filiación subversiva y empezó a confesar las tropelías de SL con
organizaciones de narcotraficantes del Monzón y del Huallaga.
Los testimonios resultaron
un tesoro para la policía antiterrorista: dan a conocer los negocios
entre “Artemio” y los principales narcotraficantes de la región, las
ejecuciones ordenadas por él, la protección a los cargamentos de
cocaína, la ubicación de las empresas en Tingo María que pagan cupos
a SL, y la identidad de los narcoterroristas encargados de canalizar
el dinero para la supervivencia de la facción senderista que
encabeza “Artemio”.
En una parte de su
manifestación, el informante de la justicia señala que “Artemio” se
sirve de la “Camarada Yudi” (Mónica Elisa Culantres Córdova), como
enlace entre él y las organizaciones del tráfico de drogas, en
especial para enviar y recibir mensajes, cobrar el dinero que le
pagan por proteger los cargamentos ilegales y por matar a
narcotraficantes rivales o también a policías. Otro enlace
denunciado, es “Camarada Shego” o “Julio” (Segundo Saavedra
Amasifuen) y como “contacto prioritario y encargado de cobrar
cupos”, sindicó a “Camarada Gato de Cashapampa” (John Simón
Cárdenas), quien ya fue capturado en Lima, a fines de mayo del 2007.
Finalmente, el colaborador
eficaz asegura que el pago recibido por el prófugo cabecilla
“Artemio”, es de unos 10 mil dólares por cada trabajo de protección
de los “mochileros” que transportan la droga entre un sector y otro
del Monzón o del Huallaga; mientras, una cantidad similar cobraría
por ordenar a sus huestes recuperar droga, que a veces es robada y
por actuar como sicarios de los narcotraficantes. No obstante, los
nexos de SL y el tráfico de droga no acaban allí: un subversivo
nombrado por “Artemio” para ser el mando político en Tingo María:
“Camarada Lucho” (Walter Rufino), fue detenido el 2006 en Argentina,
transportando cocaína.
Precisamente, la valiosa
información proporcionada por el ex-lugarteniente de “Artemio”, ha
permitido que la Policía Nacional golpee a SL en los últimos meses,
mediante operaciones que concluyeron con la captura de casi todos
sus mandos políticos y militares en el valle del Monzón y la
desarticulación de la llamada “Red Urbana del Comité Regional del
Huallaga” que la organización narcoterrorista montó en la ciudad de
Tingo María; a la par, unidades antiterroristas de elite, siguen de
cerca los pasos de los otros cómplices senderistas hasta dar con sus
escondites.
Reflexión final
Tras la conmoción que
produjo el más intenso y cruento accionar de SL en el Perú, entre
los años 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratégica
propinada a esta organización criminal a fines de los noventa por el
Estado peruano, socavando toda posibilidad de que SL acceda al poder
por la vía violenta o genere amplias regiones sin ley en el país, la
amenaza subversiva no se extinguió: más bien, se concentró en los
territorios de mayor incidencia de cultivos ilegales de coca y
producción de cocaína; metamorfoseándose hasta convertirse en un
movimiento narcoterrorista, entrelazado principalmente con mafias
del narcotráfico peruanas y con una fuerte disposición para
estrechar nexos con los cárteles mexicanos y colombianos.
Por lo tanto, de persistir
esta tendencia en los próximos años, sin que el Estado peruano logre
articular una estrategia eficaz para frenar la expansión del
narcotráfico en el último quinquenio y su simbiosis con los
remanentes terroristas, es altamente probable que SL logre
fortalecerse lo suficiente para constituirse nuevamente en una
organización capaz de amenazar la estabilidad del Estado peruano,
esta vez, mediante la barbarie narcoterrorista y hasta en alianza
con organizaciones criminales internacionales que acechan la región.
