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260907 - Lima -
Mientras desde 1982, Bolivia
ha logrado mantener una relativa estabilidad macroeconómica y construir
una volátil institucionalidad democrática, su proyección geopolítica ha
estado sistemáticamente limitada por la incapacidad de sus elites
políticas y económicas para consolidar un desarrollo socio-económico
sostenido que reduzca significativamente la pobreza extrema que afecta a
las mayorías nacionales excluidas.
Esta realidad se ha complicado por que tampoco se ha logrado afianzar la
integridad territorial estatal desactivando fuerzas centrífugas
separatistas, mediante el desarrollo equitativo y la cohesión nacional.
Estas crecientes tendencias autonómicas internas se han gestado en torno
a la pugna entre grupos sociales y políticos organizados en los
departamentos más desarrollados y ricos del oriente boliviano
(agroindustria y reservas gasíferas), y en los departamentos más
deprimidos económicamente, que a su vez aglutinan a la mayoría indígena
en la región altiplánica Occidental.
En este panorama y recogiendo una aspiración de amplios sectores de la
región oriental boliviana, se ha plasmado en agosto del 2007, una
propuesta del Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández:
separar a Bolivia en dos naciones, la “Nación del Oriente”, estaría
compuesta por los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, Chuquisaca,
Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Mientas que la “Nación del Occidente”,
quedaría integrada por los departamentos altiplánicos de La Paz, Oruro y
Potosí. Es decir, el Oriente Camba enfrentado al Occidente Aymará.
Dicha situación, sumada a la conflictividad interna y externa que
afronta el régimen del presidente Evo Morales, como secuela de la
ingobernabilidad agudizada en Bolivia durante el último quinquenio,
donde se sucedieron cuatro jefes de Estado, dos de los cuales fueron
obligados a renunciar (Sánchez de Lozada y Carlos Mesa); mantiene
latente la posibilidad del desencadenamiento de una grave crisis
política y social que arrastre a Bolivia hacia una condición de
inviabilidad como Estado-Nación unitario.
Con ese telón de fondo, la participación del gobierno boliviano en un
eje confrontado abiertamente con la potencia hegemónica mundial, junto a
Cuba, Venezuela, Nicaragüa
y posiblemente Ecuador,
sólo incrementará la presión externa sobre Bolivia, sin que se avizore
algún país o grupo de ellos en el ámbito Occidental, dispuesto a
respaldar el esquema estatista, antisistema, contrario al libre mercado
y antiglobalización, asumido por el régimen boliviano dentro del eje
mencionado. En consecuencia, la capacidad de respuesta y para captar
apoyo externo de Bolivia, se presenta cada vez más precaria, frente a
una posible escalada de conflictos internos que coloquen en una
situación crítica al gobierno de Evo Morales.
El trasfondo de las negociaciones boliviano-chilenas
En simultáneo y aunque parezca no corresponder a la realidad política
boliviana, con una visión pragmática y realista respecto a su
enclaustramiento marítimo, el Estado boliviano ha venido articulando
durante la última década, una dinámica estrategia para conseguir que sus
abundantes recursos gasíferos y su ubicación geoestratégica en
Sudamérica, constituyan factores decisivos para que Chile le proporcione
las máximas libertades jurídicas posibles y la infraestructura apropiada
en un enclave para Bolivia en territorio chileno, con acceso directo al
Océano Pacífico.
Durante el año 2005 y en sus encuentros con el saliente presidente
Ricardo Lagos,
Evo Morales
relanzó la política de “confianza mutua y
diálogo pragmático sin exclusiones con
Chile”; luego en el 2006,
mediante conversaciones informales lideradas por el Cónsul boliviano en
Chile y hombre de confianza de Evo Morales, José Enrique Pinelo, Bolivia
habría propuesto que una empresa filial de la estatal boliviana YPFB, se
asocie con alguna de las operadoras eléctricas de Chile, “Gas Atacama”
(de propiedad de Endesa y CMS Energy) o con el “Grupo Suez Energy”,
socio junto a la Corporación Nacional del Cobre de
Chile-Codelco, de las
operadoras eléctricas Edelnor y Electroandina en el país sureño.
El plan boliviano habría consistido en adquirir las acciones de Codelco
por US$ 800 millones, pagándolas con producción de gas natural de
Tarija-Bolivia, para el “Sistema Interconectado del Norte Grande”
chileno. Esta alternativa boliviana no fue apoyada por el gobierno de
Michelle Bachelet, pero en un giro inesperado, propició que Bolivia ya
no mantuviera su tesis excluyente de “gas por mar”. Más bien, comenzaron
a tomar forma otras perspectivas de solución integral, como el uso de
las aguas del Lago Poopó de Bolivia en beneficio del Norte chileno. Sin
dejar de lado, la reformulación del proyecto para proveer gas de Bolivia
al “Sistema Interconectado del Norte Grande” chileno.
Igualmente, se prevé la pronta conclusión del corredor bioceánico que
uniría a lo largo de 4.000 Km. el Puerto de Santos en Brasil con
territorio boliviano y de allí, con los puertos de Arica e Iquique;
proyecto confirmado como prioritario por los cancilleres de Chile y
Brasil en una reunión en Brasilia durante agosto del 2007, luego que el
gobierno boliviano anunciara que este primer corredor estará terminado
con una inversión de 355 millones de dólares en diciembre del 2008, en
lo correspondiente a la parte boliviana, conocida como “Corredor
Este-Oeste”: Puerto Suárez- San José de Chiquitos- Santa Cruz- Chimoré
-Villa Tunari- Cochabamba-Oruro con ruta a Huachacalla - Pisiga y hacia
el puerto de Iquique, y otra ruta de Oruro hacia Patacamaya-Tambo
Quemado con dirección hacia Arica. Uniendo de este modo, los mercados
del Atlántico con el Pacífico por los puertos de Chile y no por Matarani
e Ilo en el Perú.
El tablero de ajedrez geopolítico
Una circunstancia que merece recordar: accediendo a un pedido boliviano,
el
Perú
formuló en el 2002 un planteamiento integral para el proyecto de
desarrollo de su riqueza gasífera a través de territorio y puerto
peruanos; sin embargo, antes de las nacionalizaciones de Evo Morales, el
1 de mayo de 2006, ya existía un compromiso firmado por el Estado
boliviano para la venta de gas, construyendo un gasoducto desde los
campos gasíferos de Tarija en Bolivia, hasta el puerto chileno de
Patillos, donde se instalaría una planta de licuefacción de gas.
El gas procesado, sería transportado después en barcos metaneros hasta
un puerto de Estados Unidos, donde se re-gasificaría para luego ser
trasladado por la distribuidora norteamericana “Sempra” a través de
ductos hasta el Estado de California. Este proyecto -cancelado por Evo
Morales- de unos US$ 6 mil millones, del consorcio Pacific ING,
conformado por British Gas, British Petroleum y Repsol YPF, preveía la
exportación de 36 millones de pies cúbicos de gas diarios hasta el
mercado estadounidense, durante 20 años. Y es altamente probable, que
incluyera una futura provisión de gas al necesitado Norte chileno, en el
marco de una solución para la mediterraneidad boliviana, bajo la tesis
chilena del “Cordón Energético Vital”.
Dicho proyecto habría colisionado con los intereses nacionales del Perú,
al representar una competencia para el gas peruano en mercados del
continente norteamericano, mientras potenciaría el sector productivo del
Norte chileno y crearía una fuerte interrelación energética
chileno-boliviana-estadounidense, al margen del Perú. No obstante, en
septiembre del 2007 surgió una nueva realidad: la propuesta de la hispano
argentina Repsol-YPF fue aceptada por la Comisión Federal de
Electricidad de México, para abastecer con gas de los campos de Camisea
en Perú, a la terminal de gas natural del puerto de Manzanillo en
México, ubicado en la costa del Pacífico, alcanzando hasta unos 80
millones de pies cúbicos/diarios a partir del año 2010 y por una
duración de 15 años, estando valorizado el megaproyecto, en unos US$ 15
mil millones.
El abastecimiento se realizará con el gas procedente de la planta de
licuefacción que construye actualmente Perú LNG en Pampa Melchorita, en
el límite de los departamentos de Lima e Ica, del que Repsol-YPF es
comercializador en exclusiva. Además de México, se prevé suministrar gas
a mercados de la costa americana del Pacífico y a países asiáticos, pero
no a Chile, por cuanto, la actual controversia marítima pendiente de
solución entre dicho país y el Perú, haría que esa posibilidad fuera
política y socialmente inviable, entre los peruanos.
Chile: diversificar la matriz energética o morir
En este tablero de ajedrez geopolítico y geoeconómico, Chile también ha
movido sus fichas: anunció un plan para diversificar su matriz
energética, ante el recorte del gas argentino y la imposibilidad de
acceder al gas boliviano; consiguiendo gas de otros mercados
extra-continentales y construyendo en el futuro una planta de energía
nuclear. Sin duda, la diversificación de energía es una discusión de
seguridad nacional, fundamental para el desarrollo y crecimiento de
Chile y se inscribe dentro de su Objetivo Nacional de lograr la
autosuficiencia energética.
Esas alternativas no han sido una idea exclusiva del gobierno de
Bachelet
o de los anteriores gobiernos de la Concertación, sino que se remonta a
principios de los años ´70, cuando Endesa contrató a la empresa NUS CORP
de los Estados Unidos, para
hacer un estudio de factibilidad de instalar una planta nuclear de 75 MW
en Antofagasta, con resultados negativos por razones de costo, pero la
Comisión Chilena de Energía Nuclear y Endesa continuaron con dicha idea
y se plantearon nuevos estudios los años 1974, 1979, 1980 y 1989 donde
se recomendó la instalación de cuatro plantas de energía nuclear de
400MW cada una.
El proyecto no se llevó a la práctica, principalmente por el bajo precio
que en esos años tenía el carbón, el gas y el petróleo; más tarde, en el
año 1998 se realizó el último estudio de factibilidad, que tampoco se
concretó. Según estimados recientes, Chile en el año 2020 necesitará una
central nuclear, por las siguientes razones: la demanda, siempre en
aumento, requerirá colocar en su sistema interconectado una central
nuclear que aporte 600 MW. El recurso hidroeléctrico ya estará copado,
por lo que será necesaria la incorporación de nuevas centrales térmicas,
dentro de las cuales la opción núcleo-eléctrica es competitiva ante un
escenario de carencia y precios altos del gas natural.
Aunque el tema nuclear ha sido instalado en Chile, es claro que no se
tomará una decisión bajo la Administración
Bachelet,
por que la Mandataria chilena, cuando era candidata, a través de la ONG
“Chile Sustentable” suscribió un acuerdo de 10 compromisos de
“sustentabilidad ambiental”. Y el quinto acuerdo dice textualmente: “No
incluir la opción nuclear en la política energética nacional”. Pero los
altos precios del petróleo, el aumento progresivo de la demanda de
energía eléctrica, las restricciones que ha tenido la importación de gas
argentino, la incertidumbre de contar con hidrocarburos bolivianos, son
razones demasiado contundentes, para que Chile no piense en desarrollar
la alternativa nuclear en un futuro cercano.
Lo cierto, es que Chile duplica su demanda cada 12 años al ritmo actual,
lo que se traduce en requerimientos de inversión de 500 MW al año. En
una década más, cada año deberá agregar alrededor de 1GW, a pesar de las
medidas de ahorro y de eficiencia energética que se implementen. El
creciente consumo de energía, con pocos recursos convencionales
disponibles, hace que su dependencia energética venga creciendo y se
acerque al 75%, llegando a constituir una clara vulnerabilidad
geopolítica.
Si Chile decidiera ahora la puesta en funcionamiento de una planta de
energía nuclear, se tardaría al menos 10 años en concretarla. Este
período incluye el establecimiento de normas, la creación de
instituciones, la formación de técnicos y profesionales del más alto
nivel y la construcción de la planta. La resolución del gobierno de
Bachelet de constituir una comisión que analice el tema, con un plazo
hasta noviembre del 2007, para definir los estudios en profundidad y
ordenar su ejecución antes del 2009, sugiere que Chile recién estaría en
condiciones de tomar una decisión bien fundada durante el próximo
gobierno.
Entre tanto, el actual gobierno chileno ya decidió fortalecer con
recursos y personal a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y
potenciar al Centro de Estudios Nucleares La Reina, ubicado en la Comuna
de Las Condes (Sector Oriente de Santiago), donde desde 1974, opera el
reactor nuclear de investigación RECH-1 destinado a apoyar actividades
de desarrollo científico tecnológico, así como al Centro de Estudios
Nucleares Lo Aguirre, situado en el km. 28 de la ruta 68, camino a
Valparaíso (en dirección a la costa central de Chile), donde opera el
reactor nuclear experimental RECH-2, en el marco de un acuerdo bilateral
de cooperación técnica chileno-español; todo ello, orientado a disponer
de núcleo-electricidad después del 2020, cuando el país necesitaría más
del doble de la capacidad actual de generación.
Paralelamente, ya se iniciaron los trabajos de construcción del terminal
marítimo de Gas Natural Licuado en la comuna de Quintero situada en la V
Región de Valparaíso. En una primera etapa, la planta sólo entrará en
funciones durante el primer trimestre del 2009. El proyecto, con una
inversión de unos US$ 400 millones, contempla un proceso de
re-gasificación para luego transportar el producto por gasoductos a los
puntos de distribución. A plena capacidad, la planta entregará 18
millones de metros cúbicos diarios de gas natural, cubriendo 40% de la
demanda nacional y el total de la zona central de Chile, aunque el costo
para la economía chilena será más alto, en comparación con una provisión
del mercado de gas boliviano o peruano.
También, Codelco presentó el estudio de impacto ambiental (EIA) para la
construcción de la primera etapa (fast- track) del terminal de
regasificación de gas natural licuado (GNL) en la zona de Mejillones, a
un costo de US$ 190 millones, aunque esto no implica decisión de
inversión de parte de las empresas mineras involucradas. El objetivo es
contar con un suministro seguro de gas natural para el Norte chileno,
alternativo al gas natural argentino. En esa misma línea, las empresas
BG, ENAP, Endesa Chile y Metrogas firmaron contratos para el Proyecto de
GNL en Quintero y de esta forma, a través de sus consorcios Sociedad GNL
Quintero S.A. y GNL Chile S.A., pretenden asegurar el suministro de gas
por 21 años a la zona central de Chile, a partir del segundo trimestre
del 2009.
Posibles escenarios en las negociaciones
Con este marco, los gobiernos de Bolivia y Chile llevan a cabo
negociaciones oficiales pero reservadas con una agenda de 13 puntos, que
incluyen temas como la integración energética, vial, fronteriza, social,
cultural y comercial, así como el caso del Río Silala, y asuntos de
Seguridad y Defensa, entre otros. Todo ello con una meta concreta:
desarrollando la tesis chilena del “Cordón Energético Vital”, buscar una
solución a la mediterraneidad boliviana y a la angustiante falta de
energía y agua del Norte chileno, teniendo como base un espacio de
integración geo-económica regional. Por lo pronto, todo indica que
Bolivia avanza en sus tratos con Chile, cambiando su controversial
aspiración de: “Acceso soberano al Océano Pacífico, por: “Acceso al
Océano Pacífico con máxima libertad”.
Una de las propuestas de la Administración
Bachelet consistiría en
habilitar para Bolivia, el puerto de Iquique sin soberanía, pero con
facilidades aduaneras y jurídicas junto a almacenes en la zona de Alto
Hospicio-Iquique; además, potenciarían el uso del ferrocarril Arica-La
Paz, el cual sería complementado incluso con facilidades para Bolivia en
los puertos chilenos de Antofagasta y de Arica. Empero, ambos países aún
no descartan el escenario trilateral, consultando al Perú; por lo que el
acceso marítimo, mediante un corredor de 10 km. de ancho y 160 km. de
largo desde Bolivia hasta el Norte de Arica, aunque poco probable sigue
vigente, enfrentando un gran obstáculo: la controversia marítima entre
el Perú y Chile.
Eso explica, el disgusto manifestado por el canciller chileno Alejandro
Foxley, cuando el gobierno peruano formalizó la “Carta del Límite
Exterior -Sector Sur- del dominio marítimo del Perú”, que reconoce un
“área de controversia”, en la frontera marítima peruano-chilena, frente
las costas de Tacna y Arica. Sobre el particular, cabe señalar que en
sus negociaciones, bolivianos y chilenos estarían tomando como referente
histórico y diplomático, entre otros elementos de juicio, la solución en
los Balcanes-Europa, donde Croacia cedió en el 2003 a las mediterráneas
Bosnia y Herzegovina, un corredor territorial permitiéndoles el acceso
directo hacia el Mar Adriático.
Por lo demás, un indicativo del avance en estos tratos bilaterales, está
dado por el anuncio optimista que hicieran autoridades bolivianas en el
sentido de que un eventual acuerdo requerirá la ratificación mediante
una consulta popular, tanto en Bolivia como en Chile.
Estas tratativas bolivianas con Chile se ven favorecidas debido a la
urgente necesidad del Norte chileno por contar con fuentes de energía y
agua, a fin de sostener su próspero ritmo productivo; pero además,
encuentra una coyuntura ventajosa por la tendencia integracionista
energética y vial prevaleciente entre los países sudamericanos que
poseen costas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, aunada a
la gran expectativa generada por los proyectos IIRSA I e IIRSA II:
orientados a la integración de la infraestructura regional de
Sudamérica.
El desenlace más probable
Desde esa perspectiva, lo más probable es que el enclave que brinde
Chile a Bolivia con acceso al Océano Pacífico, no se concrete por Arica
sino por el Puerto de Iquique sin soberanía, aunque con facilidades
aduaneras y jurídicas, almacenes en la zona de Alto Hospicio, poniendo
plenamente operativo el ferrocarril Arica-La Paz e incluso con
concesiones portuarias para Bolivia en Antofagasta y el puerto de Arica;
toda vez que, formalizada la controversia marítima entre el Perú y
Chile, cualquier fórmula de solución por Arica, se entramparía por
varios años hasta que el Perú
y Chile arriben a un acuerdo satisfactorio en la
Corte internacional de la Haya.
Este análisis prospectivo se ve reforzado, al considerar que las agudas
tensiones políticas y sociales internas que padece el gobierno de
Evo Morales
no le permitirían soportar una nueva frustración o postergación
indefinida, de las expectativas generadas en torno a la aspiración
marítima boliviana y lo envolverían en una crisis similar a la que
derrumbó a sus antecesores; por consiguiente, es altamente probable que
el mandatario Evo Morales continúe impulsando el esquema más inmediato y
viable de solución por Iquique, lo que simultáneamente le permitiría
levantar una bandera nacionalista que le facilite su reelección
inmediata ya prevista dentro de las modificaciones promovidas por su
régimen a la Constitución boliviana actual; debiendo superar eso sí, la
potencial emergencia de corrientes ultra-nacionalistas que se aferren a
la reivindicación marítima boliviana con soberanía, frente a la
propuesta de un enclave sin soberanía puesta sobre la mesa de
negociaciones por Chile.
Finalmente, se aprecia que el Perú entiende que una solución a la
mediterraneidad boliviana, por su naturaleza y su origen, es un asunto
bilateral entre Bolivia y Chile, que pasa por un acuerdo entre ambos
países, con arreglo al Derecho Internacional y a los tratados vigentes.
Sólo en caso que una eventual fórmula de solución involucre una cesión,
de la totalidad o parte de los territorios que fueran peruanos en Arica,
deberá existir un acuerdo previo entre el Perú y Chile, previsto en el
Artículo Primero del Protocolo Complementario del Tratado de Lima
suscrito por el Perú y Chile en 1929. Frente a esa situación, es
previsible que el Perú evalúe dicha alternativa con una actitud
constructiva y positiva.
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