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Lecciones de una apropiada reestructuración de la central de inteligencia de Colombia
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051209 - Lima - El ave Fénix se consumía por acción del fuego, y una nueva y más poderosa ave surgía de sus cenizas - Mitología griega y egipcia.

En contraste a lo sucedido en su oportunidad con los recursos humanos de inteligencia en Brasil, Perú y México, por ejemplo; en Colombia el gobierno de Álvaro Uribe ha sabido mantener y fortalecer su personal de inteligencia a pesar de algunas tormentas enfrentadas durante su gestión. Así, cuando en octubre del 2005, mayo del 2007 y enero del 2009 se presentaron graves denuncias contra la central de inteligencia de Colombia –el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)- por presunta infiltración paramilitar, corrupción, interceptación ilegal de las comunicaciones y hasta complot político; el gobierno de Uribe no desarticuló de manera precipitada ni afectó la operatividad del DAS mediante la expulsión masiva e indiscriminada de personal; más bien, el desenlace fue el encarcelamiento del jefe y la destitución del subjefe del DAS, así como el procesamiento judicial de un asesor presidencial, iniciando en forma paralela, una drástica reorganización de la entidad.

Esfuerzos para un control de daños apropiado

Es decir, en el marco de un “control de daños” más racional, se optó por reenfocar la misión del DAS orientándolo hacia la “eficacia y transparencia”, mediante la instalación de una Comisión gubernamental integrada por expertos en seguridad, inteligencia y justicia, que se dedicó a realizar profundas pero expeditivas investigaciones internas que incluyeron el uso del polígrafo en 1.646 funcionarios, de los cuales 273 no superaron la prueba, siendo despedidos sólo 106 de ellos y aceptando la renuncia de algunos jefes de área.

Todo ello se efectuó mediante trabajos de contrainteligencia y auditoria, bajo el lema: “tolerancia cero con la corrupción”, teniendo como objetivo el separar a quienes estuvieron comprometidos con paramilitares y narcotraficantes o demostraron negligencia e ineficiencia para controlar al personal, las operaciones y/o la documentación a su cargo; pero sin generar una fractura y zozobra institucional en la central de inteligencia en su conjunto. En esa ruta, para febrero del 2009, el presidente Uribe ya había prohibido que el DAS intercepte comunicaciones, incluso con orden judicial, desde entonces esa tarea es efectuada por la Policía Nacional de Colombia. Al tiempo que se tenía como norte las líneas matrices del “Plan Estratégico del Nuevo DAS: 2006-2010” diseñado por el gobierno colombiano.

¿Ruta de navegación para otros servicios secretos en crisis?

La última fase de la reestructuración paulatina e integral del DAS –el cual llegó a tener una plantilla de 6.500 funcionarios y agentes-, respondió a la continuidad de denuncias en su contra por presuntas interceptaciones de teléfonos a políticos y magistrados o seguimientos ilegales a miembros de la oposición, ONG y otras personalidades; contexto en el cual, el mandatario Álvaro Uribe y el director del DAS anunciaron en septiembre del 2009, que dicho organismo sería desmontado para dar paso al funcionamiento de una nueva “Agencia Central de Inteligencia” concentrada en labores de inteligencia estratégica y contrainteligencia, así como prospectiva, y funciones de autoridad migratoria como primera línea de defensa del territorio colombiano; y en desarrollo de la “Ley de Inteligencia y Contrainteligencia” expedida por el Congreso y sancionada por el presidente Uribe el 6 de marzo del 2009.

A diferencia del proceder traumático que vulneró la seguridad nacional en otros países de América Latina, la transición en el DAS será distinta: sin causar un vacío de inteligencia nacional en Colombia y como parte de una nueva ley de inteligencia, las funciones policiales que tenía el DAS serán asumidas por la Policía Nacional, mientras que los servicios de protección de dignatarios serán concertados con los diferentes sectores afines para que sean responsabilidad de otros organismos.
Y buscando atenuar al máximo el impacto social y laboral de esta medida, tanto como una potencial fuga de información sensible para la seguridad nacional y la desmoralización del resto de integrantes de la comunidad de inteligencia nacional, el gobierno colombiano ha garantizado que la mayoría de los funcionarios del DAS serán reubicados en el Ministerio del Interior y Justicia; así como en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, respetando los derechos laborales y dignidad de todos los componentes del DAS, “de acuerdo a lo establecido por la Constitución y la Ley”.

El respeto por los recursos humanos de inteligencia


Más aún, estableciendo un claro derrotero a seguir con los recursos humanos de otros organismos de inteligencia nacional latinoamericanos que afronten una drástica reestructuración, el director del DAS explicó que con la finalidad de abrir posibilidades de oferta laboral para los funcionarios del DAS, con anterioridad se estuvo consolidando alianzas estratégicas entre el gobierno colombiano y otras entidades o sectores de la economía nacional. Tal es el caso de la “Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, con la que se firmó un decreto de “homologación de requisitos” para reconocer la formación, capacitación y experiencia de los detectives, guardianes y agentes escoltas del DAS, facilitando su acceso al ámbito de la seguridad privada. Adicionalmente, el decreto permite a otros funcionarios del DAS, según su experiencia y capacitación, la creación de empresas para prestar servicios de consultoría, asesoría o investigación en el campo de la seguridad privada.

En definitiva, luego del diagnóstico fruto de un sistemático estudio iniciado el 2005, se determinó que por la multiplicidad de funciones asignadas al DAS durante 56 años de operación, se había convertido en un organismo pluri-funcional y vulnerable a la desnaturalización de su misión original, con problemas estructurales que exigían un cambio definitivo, pues a la par que el control del personal se hacía muy complicado, subsistía una perjudicial duplicidad de tareas, además de persistentes fricciones con otras entidades de seguridad estatal. Con todos esos antecedentes, según los planes de la administración Uribe, a principios del 2010 deberá estar funcionando una nueva agencia de inteligencia civil que se encargará exclusivamente de asuntos de seguridad estratégica, que requiere el país para garantizar la seguridad nacional y brindar la absoluta transparencia y confianza a nivel nacional e internacional.
A propósito de este caso, el Ministro de Defensa colombiano afirmó: “No se está reestructurando al DAS para castigar o para tomar una decisión en un punto en particular. Se llegó a la conclusión que institucionalmente esa reestructuración era necesaria”. Como muestra de esto último, el gobierno aprobó durante setiembre del 2009, el decreto 3.600 -con el que se reglamentó la ley 1.288 del 2009 o “Ley de inteligencia y contrainteligencia”-, donde se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, estableciendo los límites y fines de sus actividades, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de sus bases de datos, la protección de sus miembros, la coordinación y cooperación entre sus organismos y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas entre otras disposiciones.

Entre las medidas más importantes para lograr que durante la etapa de reestructuración del DAS no se afecte a la comunidad de inteligencia nacional ni a las decisiones que toman sus usuarios finales, destaca la creación del “Centro de Fusión y Análisis Interagencial de la Información”, que tendrá como misión coordinar y apoyar las actividades de la Junta de Inteligencia Conjunta. Este Centro estará compuesto por analistas de cada uno de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, designados por el Ministro de Defensa, para el caso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y el Director del DAS.

Importancia de la interoperabilidad en la inteligencia nacional

Bajo este nuevo escenario, es útil rememorar que en un plano también vinculado al DAS, y al declarar en enero del 2009, sobre la muerte o abatimiento de tres cabecillas de las FARC: Pedro Antonio Marín alias “Tiro Fijo”; Luis Devia Silva alias “Raúl Reyes” y Manuel Muñoz Ortiz alias “Iván Ríos” -todos durante marzo del 2008-, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó que estos logros se consiguieron afianzando la cooperación y el trabajo articulado (“interoperabilidad”) entre los servicios de inteligencia militares, policiales y el DAS, mediante la “Jefatura de Operaciones Especiales Conjunta - JOEC”; entidad que viene permitiendo que el tiempo entre la labor de inteligencia y el momento de la operación se haya reducido entre 12 a 24 horas, mientras que anteriormente tardaba de cinco a siete días. Hecho que del mismo modo, coadyuvó al abatimiento por parte de las fuerzas del orden colombianas, de otros cabecillas de las FARC: alias “Negro Acacio”, alias “Martín Caballero” y alias “JJ”, junto a decenas de mandos medios. Como una prueba sólida de la exitosa “Política de consolidación de la seguridad democrática” gubernamental.

Este curso de acción en pro de la interoperabilidad entre los integrantes de la comunidad de inteligencia nacional, proyectado a nivel estratégico, tiene por finalidad que el presidente de la República y el ministro de Defensa puedan acceder a análisis consolidados eficaces para la toma de decisiones; armonizando la distribución de tareas, promoviendo la especialización y el intercambio horizontal de información, donde las diversas agencias de seguridad e inteligencia implicadas asumen en forma conjunta tanto los éxitos como los fracasos operativos, acabando o minimizando las pugnas y desconfianzas inter-institucionales anteriores.
Esta afirmación se comprueba en la ejecución de la “Operación Elipse”, llevada a cabo en febrero del 2008, que permitió observar desde una vista aérea subrepticia a los contratistas estadounidenses en poder de las FARC cuando se bañaban en el río Apaporis (suroriente colombiano), como un paso previo a la “Operación Jaque” realizada en julio del 2008 bajo el comando de la JOEC, que logró liberar de manera incruenta a quince secuestrados de las FARC, muchos de los que eran considerados las “joyas de la corona”: la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once militares colombianos, consiguiéndose además la captura de los subversivos que los mantenían cautivos.

También duros golpes al narcotráfico


En materia de narcotráfico, la “Política de consolidación de la seguridad democrática” de la administración Uribe ha evidenciado también una efectividad creciente, como lo demuestra la captura de Diego León Montoya alias “Don Diego”, que era el más grande capo de la droga en Colombia junto con Eugenio Montoya alias “Don Hugo”, su hermano. Del mismo modo la detención de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”; de Éver Veloza, alias “H.H.”; y como si fuera poco, mientras en Brasil se apresó a Juan Ramírez Abadía, alias “Chupeta”; a ellos se sumó la extradición a EE.UU. de Luis Hernando Gómez, alias “Rasguño”, y la muerte en Venezuela de Wílber Valera, alias “Jabón”; todos ellos cabecillas de primer nivel de los cárteles colombianos.
Con estos auspiciosos precedentes, aporta lúcidamente para comprender la productividad de la inteligencia colombiana, una acotación del profesor colombiano Vicente Torrijos R., especialista en la temática de seguridad e inteligencia, quien parafraseando al premier francés Georges Clemenceau, señala que la inteligencia es un asunto demasiado complejo para reducirla sólo a sus dimensiones militares, pues las actividades de inteligencia responden a un esquema esencialmente político y no puramente militar; siendo la política, finalmente, la que determina los fines y proporciona los parámetros en base a los cuales el operador de inteligencia selecciona su materia prima, la transforma y la disemina. Lo que no implica -bajo ningún concepto- la exclusión a priori de estrategas civiles apolíticos, ni militares o policías que demuestren su capacidad para liderar reformas vitales en la inteligencia nacional; esto es, de gestión, operativas y estructurales de mediano y largo plazo.

A esta altura, no se puede ignorar un hecho relativo al DAS, que confirma una inquietante escalada de tensiones entre Venezuela y Colombia: en octubre del 2009, se produjo el macabro hallazgo de 11 cuerpos, nueve de ellos de colombianos, un peruano y un venezolano, muertos a tiros por desconocidos en una zona del estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia. Y según informaron autoridades venezolanas, las víctimas serían paramilitares infiltrados desde Colombia.

Días después el horizonte se nubló aún más cuando el “Ministro de Interior y Justicia venezolano, Tarek El Aissami” anunció la captura de dos presuntos integrantes del DAS, acusándolos de integrar una vasta operación de espionaje en Venezuela; denuncia que el director del DAS se apresuró a negar enfáticamente asegurando que dichas personas “no han sido, ni son integrantes del DAS”, aunque reconoció que en el pasado fueron informantes eventuales. Lo cierto es que en los últimos años resulta habitual el mutuo espionaje en zonas de la frontera colombo-venezolana, y también se da el caso de “persecuciones en caliente” por parte de agentes colombianos contra integrantes de las FARC o el ELN que suelen refugiarse en territorio de Venezuela

Reflexión final

A través del conocimiento obtenido con un estudio sistemático de la evolución o involución y la situación actual, de los servicios de inteligencia de Colombia, pero igualmente de Perú, México, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Uruguay, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, España, Rusia, Israel y China, entre otros; se puede concluir entonces que, en situaciones de crisis institucional, ningún país puede desarticular por completo su central de inteligencia sin colocar a su frente interno y frente externo en un estado de grave vulnerabilidad.
Más aún, los antecedentes evaluados permiten incluso inferir que durante un proceso de “reestructuración”, “reingeniería”, “refundación”, “modernización” (o como se le denomine), de una central de inteligencia en estado crítico, lo más recomendable es ejecutar una limpieza de “alta cirugía” y expeditiva mediante trabajos de contrainteligencia y evaluaciones a cargo de especialistas en inteligencia y contrainteligencia, que sirvan para extirpar definitivamente sólo a los cuadros comprobadamente nocivos e inservibles para el sistema o que hayan delinquido, sin buscar replicar el nefasto intento de regresar al “Año Cero” (macabro método perpetrado por los jemeres rojos de Camboya en los años ´70), con la intención de reconstruir un sistema nacional de inteligencia desde la nada.
Ello por una razón vital: cuesta mucho dinero, tiempo, esfuerzo y recursos, conseguir y capacitar personal que logre adaptarse a la cultura organizacional e idiosincrasia institucional, tanto como al trabajo sui generis de los servicios de inteligencia y seguridad. Esto se recrudece más, en un país donde la cultura de seguridad e inteligencia nacional no se ha consolidado todavía o ha involucionado. Esta opción resulta aplicable aún ante un cambio abrupto de gobierno o una aguda crisis institucional donde sectores de la central de inteligencia hayan estado comprometidos con los gobernantes defenestrados o involucrados en violación de derechos humanos, espionaje político y corrupción.

En dicho panorama, lo más práctico -a la luz de la experiencia comparada- sería remover sólo al escalón más alto de la central de inteligencia implicada y conservar (o en todo caso, reubicar en otras instituciones del SINA), a la segunda línea del personal de inteligencia, el más capacitado, experimentado y eficiente no manchado con actividades ilegales ni crímenes; optando por el pragmatismo institucionalista y patriótico, pero a la vez respetando la dignidad y los derechos laborales del personal de inteligencia dentro del marco constitucional y legal.
En conclusión, se deben redoblar los esfuerzos desde el Estado para reivindicar al tipo de mando medio serio, capacitado y eficiente que hace que una organización funcione bien, el equivalente del distribuidor de encendido de un auto: “vital, pero casi imperceptible, hasta que deja de funcionar”. Más aún, cuando la tendencia internacional luego del 11/S es potenciar y revalorar a los recursos humanos de inteligencia, lo cual a priori no pone en riesgo el respeto a los derechos civiles y políticos de un país, como sostienen sectores antimilitaristas y opuestos al fortalecimiento de un Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) aduciendo que existe una incompatibilidad en lograr una solvencia analítica y operativa del SINA con personal experimentado, y el respeto al Estado de derecho y las libertades ciudadanas.

Por último, con una visión estratégica, siempre se debe considerar que la Seguridad Nacional, y dentro de ella, el importante rol del Sistema de Inteligencia Nacional, deben ser abordados como parte de un enfoque global del Estado; es decir, con una perspectiva de largo plazo y enmarcada en una estrategia nacional en el campo de la Seguridad y la Defensa, que refuerce y coadyuve al Desarrollo Nacional, conservando una estrecha ligazón y armonía con la Política Exterior, la Seguridad Interna y los otros ámbitos nacionales afines, buscando integrar y complementar las capacidades del Poder Nacional en apoyo sistemático de los Objetivos Nacionales.

Nota de Atajo
 

DAS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD


"Lealtad, valor y honradez"

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es el principal servicio de inteligencia en Colombia, con un presupuesto de mas de 100 millones de dólares, y mas de 5000 efectivos, extiende su actividad mas allá de las fronteras del país, y dentro de el a través de 32 secciones en los distintos departamentos colombianos.

 

Historia: Octubre de 1953, el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, funda el «Departamento administrativo del servicio de inteligencia colombiano», como ente especializado para «los asuntos de seguridad interior y exterior de la Nación». A partir de 1960, durante la gestión de Alberto LLeras Camargo y con asesoramiento de la CIA de EE.UU., nace el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 1989 se crea la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública de Aquimindia, y en 1991 se produce uan importante reforma del DAS - Intelpage

 


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