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221206 - El llamado
"Fallo de Rafaela" que
también fue analizado en un texto llamado
La triste historia de un pobre, un juez y tres
camaristas, fue comentado por todos los medios de prensa nacionales.
Ocurrió que las sentencias, en una causa, de un juez y tres miembros de
la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rafaela, Santa Fe,
Juan Carlos Ramonda,
Lorenzo Macagno, Edgardo Loyola y Camilo Berger,
respectivamente, fueron repudiadas nacionalmente casi por unanimidad.
Hasta aquí nada nuevo. Todos los días y en todas partes, la prensa y
muchos argentinos, expresan sus pareceres con respecto al trabajo de la
justicia y a sus resultados.
Todo en un marco de inveterada y creciente desconfianza en
el Poder Judicial argentino.
Nadie puede discutir que los jueces se pueden equivocar,
tampoco que muchos de ellos han sido y son corruptos. Pero lo que ya ha
quedado instalado en la percepción popular es que el Poder Judicial, en
general, está siniestramente sujeto al poder político (Ejecutivo y
Legislativo) y que a ellos sumisamente se debe. De esta forma, lo que
está puesto seriamente en duda, sobre la siempre informal mesa de debate
nacional, es el funcionamiento del sistema republicano. Todo lo
contrario de lo que enseñamos en las escuelas y vociferamos
públicamente. En lo más vitales aspectos sigue habiendo una Argentina
secreta.
Se habla de escándalo en Rafaela. No hay tal escándalo salvo que los
mismos involucrados lo provoquen.
Algunos legisladores analizan la posibilidad de pedir juicio político
contra los jueces.
Los jueces, hasta donde sabemos, públicamente no han hablado.
El abogado defensor Cristian Dayar hizo conocer su opinión a la prensa
porque, nadie puede negarlo ya, sólo a través de ella muchas veces se
logra justicia o por lo menos se sienta un precedente, por aquello de
que "El que no llora no mama".
La prensa se ocupó del fallo porque las características del caso Luis
Álvarez merecen ser difundidas y porque es un buen negocio mediático.
En fin, cada uno hace lo suyo. Y aquí viene la palabra "etica". Así como
la justicia está en la picota, también la palabra ética está sumamente
devaluada; por una sola razón: todos la usan impunemente dentro de una
complejísima trama de intereses políticos y/o corporativos que los
argentinos -todos- han contribuido a crear y de la cual hoy no saben
como salir; con el riesgo temerario y permanente de la ruptura de la
organización social.
Si hay una palabra que hoy habría que usar son puntilloso esmero, es la
palabra ética, porque en nombre de ella, en nuestro país, se han
cometido y se cometen injusticias, atrocidades y crímenes.
El diario La Opinión de Rafaela publicó el día 21 un
curioso texto, "Sancionarían al abogado que
defendió la causa"
(Ver). En
él se insinúa de todo. El título mismo utiliza el condicional
"sancionarían". Pero en el mismo artículo se menciona al Colegio de
Abogados cuyo "Tribunal de Ética" estaría estudiando "sanciones" contra
el abogado Dayar. Alguien habría dicho que Dayar "violó códigos
internos" de la asociación gremial. ¿Qué "códigos internos"? ¿No suena
horrible? En todo caso ¿Sancionarlo por haber ejercido presión sobre los
jueces? Absurdo, ya todos habían pronunciado su sentencia. ¿Sancionarlo
porque informa a la prensa su disgusto por el fallo? Sería
antidemocrático.
Es imprescindible que el gremio de abogados exprese su parecer ante
tamañas insinuaciones, pero también es deseable que los que hablan en
nombre de todos los abogados de Rafaela, lo hagan públicamente y sin
dejar de mencionar su o sus nombres.
No es deseable que la opinión pública piense, como ya lo piensa de otros
importantes temas que involucran a toda la sociedad de Rafaela (Casos
Mutuales de Ben Hur y Atlético, por ejemplo, que la trama corporativa
entró nuevamente en actividad y comenzó a exudar sus anticuerpos. El
diario La Opinión es elocuente cuando dice, refiriéndose a esa espantosa
frase "códigos internos": "Pero cuando bajo esos códigos se pretende
ocultar una injusticia, la estructura organizativa se convierte en un
sistema represivo que actúa sobre quién pretende actuar de otra manera.
Finalmente, ¿Porqué tanto ruido? ¿Porqué tantas vestiduras rasgadas? Si
los jueces están convencidos de que sus fallos no son deterministas, de
que actuaron "a derecho", de que el defensor Dayar cometió errores
técnicos durante el proceso, de que no violaron derechos humanos, etc,
pues que se defiendan. Que expongan sus pensamientos sin ampararse en la
supuesta confidencialidad de sus reflexiones.
Si les cabe la posibilidad del juicio político, tampoco deben sentirse
molestos. Todos saben muy bien cuáles son las reglas de juego. Todos,
íntimamente, saben cómo y porqué llegaron a jueces, conocieron los
avatares del ejercicio de sus funciones, y saben también, que pueden
dejar de ser jueces. Todas las actividades humanas, en este sentido,
tienen características similares.
El caso Álvarez es ejemplar ya que a partir de él, podemos extraer
muchas enseñanzas acerca de lo que somos y de lo que nos espera como
sociedad. Debe haber un debate sin actores entre bambalinas. La sociedad
necesita ser informada siempre y de la manera más completa posible.
La sociedad debe saber, porque tiene derecho, todo lo que sucedió tras
la muerte accidental de Luis Álvarez. No hacerlo es alimentar las
indeseables entrañas de la Argentina secreta.
211206 -
La Opinión - Ocho mil pesos de
indemnización por la muerte de un joven
Sancionarían
al abogado que defendió la causa
El Tribunal de Etica del Colegio de
Abogados estaría evaluando la posibilidad de apercibir, suspender e
incluso cancelar la matrícula profesional de Cristian Dayar. El
cuerpo profesional habría considerado que el abogado "violó códigos
internos" y que presionó a los jueces a través de la difusión
mediática que provocó.
En toda profesión existen códigos de convivencia que se deben
respetar.
Pero cuando bajo esos códigos se pretende ocultar una injusticia, la
estructura organizativa se convierte en un sistema represivo que
actúa sobre quién pretende actuar de otra manera.
La introducción sirve de marco para describir la situación planteada
luego de que se conociera la sentencia de la Cámara de Apelaciones
de nuestra ciudad, y que determinó una indemnización de 8.000 pesos
a los familiares de un joven de 19 años que murió en un accidente de
tránsito en la localidad de Frontera.
Como ya es de público conocimiento, la exigua cifra fue fundamentada
a través de un cálculo de probabilidades, donde el provenir de una
familia humilde y el haber abondonado los estudios, se transformaron
en motivos suficientes para descartar toda chance de progreso.
El abogado que llevó adelante la causa fue el rafaelino Cristian
Dayar, quién, semanas atrás cuestionó ante la prensa de todo el país
la sentencia del juez Juan Carlos Ramonda y de los miembros de la
Cámara de Apelaciones Lorenzo Macagno, Edgardo Loyola y Camilo
Berger.
Dayar había solicitado la suma de 57.000 pesos de indemnización y
consideró, al igual que una buena parte de la opinión pública, que
se trata de un fallo con rasgos discriminatorios y cargado de un
alarmante determinismo social.
Mientras la causa finalizó la vía ordinaria y se aguarda la
trascendencia que pudiera alcanzar por la vía extraordinaria,
fuentes cercanas a Tribunales confirmaron a LA OPINION lo que desde
hace unos días venía trascendiendo: el Tribunal de Etica está
analizando la posibilidad de sancionar a Dayar.
¿Los motivos? Respaldados por el Estatuto del Colegio, oficialmente
se argumentaría una virtual presión ejercida a los jueces de la
causa, a través de la repercusión mediática que el mismo Dayar
promovió.
Incluso, se sancionaría la difusión pública de los pormenores del
expediente, del cual el abogado carecería de las facultades para
poder hacerlo.
Pero lo que verdaderamente habría molestado al cuerpo de colegiados
rafaelinos fue lo que consideran una "violación de códigos". "Los
abogados nos expresamos con expedientes y sentencias; y si no
estamos de acuerdo con algún fallo, contamos con las vías jurídicas
adecuadas donde poder manifestar nuestra posición", argumentó la
fuente consultada por LA OPINION.
En este sentido, las posibles sanciones que el juicio del Tribunal
de Etica podría llegar a alcanzar, irían desde un apercimiento hasta
la suspensión o cancelación de la matrícula profesional de Dayar.
Si bien no se precisó la gravedad que podría llegar a tener la
sanción del Tribunal, las informaciones recogidas por LA OPINION
señalan un cierto malestar en la comunidad de abogados de la ciudad,
quienes no concuerdan con el accionar asumido por Dayar. Incluso, le
habrían cuestionado al propio abogado la utilización mediática que
hizo del caso.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares de la
democracia. Y más allá de si a Dayar le corresponde una sanción por
su accionar como abogado, jamás podrá ser perseguido por contar su
verdad a la prensa. Sobre todo, por tratarse de un debate que tanto
la sociedad, como el mismo sistema jurídico argentino, merecen tener
desde hace tiempo.
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