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El fallo de Rafaela: Mucho ruido y pocas nueces
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221206 - El llamado "Fallo de Rafaela" que también fue analizado en un texto llamado La triste historia de un pobre, un juez y tres camaristas, fue comentado por todos los medios de prensa nacionales.
Ocurrió que las sentencias, en una causa, de un juez y tres miembros de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Juan Carlos Ramonda,
Lorenzo Macagno, Edgardo Loyola y Camilo Berger, respectivamente, fueron repudiadas nacionalmente casi por unanimidad.

Hasta aquí nada nuevo. Todos los días y en todas partes, la prensa y muchos argentinos, expresan sus pareceres con respecto al trabajo de la justicia y a sus resultados.

Todo en un marco de inveterada y creciente desconfianza en el Poder Judicial argentino.

Nadie puede discutir que los jueces se pueden equivocar, tampoco que muchos de ellos han sido y son corruptos. Pero lo que ya ha quedado instalado en la percepción popular es que el Poder Judicial, en general, está siniestramente sujeto al poder político (Ejecutivo y Legislativo) y que a ellos sumisamente se debe. De esta forma, lo que está puesto seriamente en duda, sobre la siempre informal mesa de debate nacional, es el funcionamiento del sistema republicano. Todo lo contrario de lo que enseñamos en las escuelas y vociferamos públicamente. En lo más vitales aspectos sigue habiendo una Argentina secreta.

Se habla de escándalo en Rafaela. No hay tal escándalo salvo que los mismos involucrados lo provoquen.
Algunos legisladores analizan la posibilidad de pedir juicio político contra los jueces.
Los jueces, hasta donde sabemos, públicamente no han hablado.
El abogado defensor Cristian Dayar hizo conocer su opinión a la prensa porque, nadie puede negarlo ya, sólo a través de ella muchas veces se logra justicia o por lo menos se sienta un precedente, por aquello de que "El que no llora no mama".
La prensa se ocupó del fallo porque las características del caso Luis Álvarez merecen ser difundidas y porque es un buen negocio mediático.


En fin, cada uno hace lo suyo. Y aquí viene la palabra "etica". Así como la justicia está en la picota, también la palabra ética está sumamente devaluada; por una sola razón: todos la usan impunemente dentro de una complejísima trama de intereses políticos y/o corporativos que los argentinos -todos- han contribuido a crear y de la cual hoy no saben como salir; con el riesgo temerario y permanente de la ruptura de la organización social.


Si hay una palabra que hoy habría que usar son puntilloso esmero, es la palabra ética, porque en nombre de ella, en nuestro país, se han cometido y se cometen injusticias, atrocidades y crímenes.

 

El diario La Opinión de Rafaela publicó el día 21 un curioso texto, "Sancionarían al abogado que defendió la causa" (Ver). En él se insinúa de todo. El título mismo utiliza el condicional "sancionarían". Pero en el mismo artículo se menciona al Colegio de Abogados cuyo "Tribunal de Ética" estaría estudiando "sanciones" contra el abogado Dayar. Alguien habría dicho que Dayar "violó códigos internos" de la asociación gremial. ¿Qué "códigos internos"? ¿No suena horrible? En todo caso ¿Sancionarlo por haber ejercido presión sobre los jueces? Absurdo, ya todos habían pronunciado su sentencia. ¿Sancionarlo porque informa a la prensa su disgusto por el fallo? Sería antidemocrático.
Es imprescindible que el gremio de abogados exprese su parecer ante tamañas insinuaciones, pero también es deseable que los que hablan en nombre de todos los abogados de Rafaela, lo hagan públicamente y sin dejar de mencionar su o sus nombres.

No es deseable que la opinión pública piense, como ya lo piensa de otros importantes temas que involucran a toda la sociedad de Rafaela (Casos Mutuales de Ben Hur y Atlético, por ejemplo, que la trama corporativa entró nuevamente en actividad y comenzó a exudar sus anticuerpos. El diario La Opinión es elocuente cuando dice, refiriéndose a esa espantosa frase "códigos internos": "Pero cuando bajo esos códigos se pretende ocultar una injusticia, la estructura organizativa se convierte en un sistema represivo que actúa sobre quién pretende actuar de otra manera.

Finalmente, ¿Porqué tanto ruido? ¿Porqué tantas vestiduras rasgadas? Si los jueces están convencidos de que sus fallos no son deterministas, de que actuaron "a derecho", de que el defensor Dayar cometió errores técnicos durante el proceso, de que no violaron derechos humanos, etc, pues que se defiendan. Que expongan sus pensamientos sin ampararse en la supuesta confidencialidad de sus reflexiones.
Si les cabe la posibilidad del juicio político, tampoco deben sentirse molestos. Todos saben muy bien cuáles son las reglas de juego. Todos, íntimamente, saben cómo y porqué llegaron a jueces, conocieron los avatares del ejercicio de sus funciones, y saben también, que pueden dejar de ser jueces. Todas las actividades humanas, en este sentido, tienen características similares.

El caso Álvarez es ejemplar ya que a  partir de él, podemos extraer muchas enseñanzas acerca de lo que somos y de lo que nos espera como sociedad. Debe haber un debate sin actores entre bambalinas. La sociedad necesita ser informada siempre y de la manera más completa posible.

La sociedad debe saber, porque tiene derecho, todo lo que sucedió tras la muerte accidental de Luis Álvarez. No hacerlo es alimentar las indeseables entrañas de la Argentina secreta.

211206 - La Opinión - Ocho mil pesos de indemnización por la muerte de un joven

Sancionarían al abogado que defendió la causa

El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados estaría evaluando la posibilidad de apercibir, suspender e incluso cancelar la matrícula profesional de Cristian Dayar. El cuerpo profesional habría considerado que el abogado "violó códigos internos" y que presionó a los jueces a través de la difusión mediática que provocó.

En toda profesión existen códigos de convivencia que se deben respetar.
Pero cuando bajo esos códigos se pretende ocultar una injusticia, la estructura organizativa se convierte en un sistema represivo que actúa sobre quién pretende actuar de otra manera.
La introducción sirve de marco para describir la situación planteada luego de que se conociera la sentencia de la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, y que determinó una indemnización de 8.000 pesos a los familiares de un joven de 19 años que murió en un accidente de tránsito en la localidad de Frontera.
Como ya es de público conocimiento, la exigua cifra fue fundamentada a través de un cálculo de probabilidades, donde el provenir de una familia humilde y el haber abondonado los estudios, se transformaron en motivos suficientes para descartar toda chance de progreso.
El abogado que llevó adelante la causa fue el rafaelino Cristian Dayar, quién, semanas atrás cuestionó ante la prensa de todo el país la sentencia del juez Juan Carlos Ramonda y de los miembros de la Cámara de Apelaciones Lorenzo Macagno, Edgardo Loyola y Camilo Berger.
Dayar había solicitado la suma de 57.000 pesos de indemnización y consideró, al igual que una buena parte de la opinión pública, que se trata de un fallo con rasgos discriminatorios y cargado de un alarmante determinismo social.
Mientras la causa finalizó la vía ordinaria y se aguarda la trascendencia que pudiera alcanzar por la vía extraordinaria, fuentes cercanas a Tribunales confirmaron a LA OPINION lo que desde hace unos días venía trascendiendo: el Tribunal de Etica está analizando la posibilidad de sancionar a Dayar.
¿Los motivos? Respaldados por el Estatuto del Colegio, oficialmente se argumentaría una virtual presión ejercida a los jueces de la causa, a través de la repercusión mediática que el mismo Dayar promovió.
Incluso, se sancionaría la difusión pública de los pormenores del expediente, del cual el abogado carecería de las facultades para poder hacerlo.
Pero lo que verdaderamente habría molestado al cuerpo de colegiados rafaelinos fue lo que consideran una "violación de códigos". "Los abogados nos expresamos con expedientes y sentencias; y si no estamos de acuerdo con algún fallo, contamos con las vías jurídicas adecuadas donde poder manifestar nuestra posición", argumentó la fuente consultada por LA OPINION.
En este sentido, las posibles sanciones que el juicio del Tribunal de Etica podría llegar a alcanzar, irían desde un apercimiento hasta la suspensión o cancelación de la matrícula profesional de Dayar.
Si bien no se precisó la gravedad que podría llegar a tener la sanción del Tribunal, las informaciones recogidas por LA OPINION señalan un cierto malestar en la comunidad de abogados de la ciudad, quienes no concuerdan con el accionar asumido por Dayar. Incluso, le habrían cuestionado al propio abogado la utilización mediática que hizo del caso.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares de la democracia. Y más allá de si a Dayar le corresponde una sanción por su accionar como abogado, jamás podrá ser perseguido por contar su verdad a la prensa. Sobre todo, por tratarse de un debate que tanto la sociedad, como el mismo sistema jurídico argentino, merecen tener desde hace tiempo.


 

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