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Desinformación sobre la deuda externa ilegítima
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091007 - Río Negro On Line - En la Argentina, las acciones que facilitaron la trampa y lo indebido -en materia de endeudamiento externo ilegítimo- se ocultaron fundamentalmente en una bien instrumentada invisibilidad mediática, una manipulación en el uso del lenguaje cotidiano sobre el tema, en una desinformación estructural y una campaña que relativizó el valor de las instituciones democráticas republicanas.

En ello, para armar un buen aparato de adormecimiento de los mecanismos de defensa que evitaran la mentira que presupone el ardid para la defraudación, determinados grupos económicos-financieros tuvieron en claro que era imprescindible hacerse dueños o manejar y condicionar a medios de difusión. De esa manera potenciar el discurso único, en especial en el tema del endeudamiento externo argentino.

Eso explica cómo, luego de 23 años de democracia, aún no se ha derogado la ley 22.285, dictada por el proceso militar, que regula la radiodifusión con una lógica autoritaria, discriminadora y centralista.

También, en el manejo mediático sobre el tema de la deuda externa argentina, se llevó a cabo un trabajo sutil sobre la conciencia social, al punto tal que hasta las palabras que referían al tema de la deuda externa se presentan edulcoradas y con un bien trabajado sentido semántico, para desactivar las defensas. Se enseñó que hay que 'honrar la deuda externa' y pagar los 'servicios' de la misma. Por lo que se inducía a un respeto reverencial a algo, que se 'honraba', respecto de lo cual no cabe discutir su legitimidad. Además, dichos conceptos se han potenciado, toda vez que se presenta a las cuotas de la deuda que se deben abonar como un 'servicio' y no como una pesada carga que se debe adecuar en verdad y justicia.

Asimismo, se enseñó que el país se volvía riesgoso si no cumplía, sin condicionamientos, lo que se le exigía que se abonara. Hubo momentos en que se nos degradó como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima dependía del índice llamado 'riesgo país', que brindaban diariamente los medios de difusión. Era un fantasma que las personas sólo podían temer, aunque no se les permitía saber las razones en virtud de las cuales los que nos endeudaron nos responsabilizaban y pretendían que nos volviéramos 'creíbles' ante el mundo sólo pagando, sin discutir lo que se nos decía que debíamos. Se transmitía la sensación que para reingresar a la civilización no correspondía preguntar. Como una dádiva, los acreedores, exclusivamente, nos autorizaban a pedir un refinanciamiento, sin cuestionar la legitimidad de las acreencias, ni importar si ello llevaba a graves violaciones de derechos humanos que afectan la dignidad de nuestro pueblo.

Por su parte, la información, que es central para el análisis del tema, se ha retaceado en aspectos esenciales. Comunicadores de larga trayectoria, ni los gobiernos de turno, no explicaron ni explican con claridad las condiciones y objetivos que motivaron contraer la deuda, ya que en muchos casos, como bien refiere Miguel A. Espeche Gil, fue contraída con fraude y falsedad instrumental de los contratos. A su vez, no se ha transparentado el destino dado a los créditos recibidos, ni las razones, injustificables, por las que se convalidó el aumento unilateral de los intereses, con lógica usuraria (por ejemplo, en 1980, en pocos meses, los acreedores elevaron, por su sola decisión, el interés de la deuda del 6% anual, a más del 20% por año). Tampoco se informa, adecuadamente, el monto de lo pagado en honorarios y comisiones por las renegociaciones de la deuda; los motivos por los que se aceptó la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y se permitió capitalizar intereses y tantas otras dudas.

Asimismo, el problema de la deuda externa no está planteado, seriamente, en la agenda de la discusión política. Al punto tal, que hoy, la gran mayoría de la población considera que la deuda externa está paga, luego de que en diciembre del 2005 se canceló lo que se debía al Fondo Monetario Internacional, sin discusión pública, anticipadamente, sin quitas, ni beneficio alguno.

Lo cierto es que de acuerdo con la información que rescata Héctor L. Giuliano, del Ministerio de Economía de la Nación, 'al 31 de diciembre del 2006, la Argentina tiene una deuda pública expresada en dólares de 163.000 millones de dólares y nos vencen por capital, aproximadamente, unos 15.000 millones de dólares por año. La cifra para este año en curso es de 17.500 millones de dólares. Y al país se le cobra cada año, por intereses de la deuda, sumas que van entre 8.000 a 8.500 millones de dólares'. Baste pensar que dicha deuda de intereses multiplicada por el precio del dólar equivale a una suma, aproximada, de 74 millones de pesos diarios. O sea, se paga por intereses de la deuda externa más de 3 millones de pesos por hora. Estas cifras, cuya legitimidad no se ha discutido como se debe, significan una pesada carga cotidiana, de la que no se habla, pero que nos afecta grave e injustamente a todos, en especial a los más vulnerables.

A su vez, a los delitos que implicaban responsabilidad penal de los manejos financieros indebidos se hicieron desaparecer de la conciencia colectiva como algo criminoso. Así el delito de 'usura' desarrolló una verdadera tolerancia social y el Fondo Monetario Internacional condicionó cualquier acuerdo con la Argentina, luego de la crisis del 2001, a la derogación de la ley 20.840 de Subversión Económica. La que se derogó por la ley 25.602, del 2002, sin mayor oposición. De esa manera se consagró la impunidad de financistas y banqueros procesados o condenados en causas penales por graves desfalcos económicos que generaron quebrantos y vaciamientos de instituciones bancarias o financieras y ayudaron a acrecentar la deuda externa ficticia.

La desinformación y falta de educación y coherencia cívica de nuestra población han permitido, además, que se degrade la calidad institucional del país. Sin conciencia social clara de lo que se debe exigir y un juicio crítico no desarrollado permitieron graves alteraciones de la democracia representativa, republicana y federal. Así, se consintió y consiente, inconstitucionalmente, que el Poder Legislativo Nacional resigne en el Poder Ejecutivo y en funcionarios de rangos inferiores, entre otras facultades, la de 'arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación' (inc. 7 del art. 75 de la Const. Nac.).

Lo referido no es un repaso exhaustivo de todo lo que fue contribuyendo a tapar la problemática de la deuda externa odiosa, pero ayuda a que se vea parte del mecanismo por el cual se la ha sacado de la agenda de discusión social.

Es urgente abocarnos al problema y hacer los cambios necesarios para lograr informar y formar sobre el tema y generar la actitud que ayude a encarar los caminos jurídicos adecuados. Se debe evitar que, nuevamente, se termine pagando lo ilegítimo, de espalda a la sociedad, a costa de los más débiles y con impunidad de los responsables.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés Miembro de FOPEA y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC).

 


 

 

 

 

 

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