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Argentina y los indultos a los militares
Roberto Bardini
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260407 - Bambú Press - Plazos que se cumplen, deudas que se pagan

El escritor español Antonio de Zamora (1664-1728) publicó su versión de Don Juan Tenorio en 1714 con el título de No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, que con el correr de los años se transformó en un refrán popular del que pocos atinan a reconocer su origen. El dicho recuperó actualidad el miércoles 25 de abril: la Justicia argentina declaró inconstitucionales los indultos al ex general Jorge Videla y al ex almirante Emilio Massera, dos integrantes del triunvirato militar que en marzo de 1976 asumió el poder tras uno de los más sangrientos golpes de estado en la historia de América Latina.

 

El tercer integrante de la dictadura, brigadier general de aeronáutica Héctor Agosti, falleció de cáncer en 1997.

 

El fallo de la Cámara Federal obliga a los octogenarios Videla y Massera a cumplir las penas de reclusión perpetua por crímenes contra la humanidad –que son imprescriptibles, como el robo de bebés a los detenidos ilegalmente– que ambos habían recibido en los juicios de 1985, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, antes de obtener el indulto presidencial del indescriptible Carlos Menem en 1990.

 

Durante siete tenebrosos años (1976-1983) el régimen militar “aterró, encerró, desterró y enterró” a miles de personas. El periodista y escritor Rodolfo Walsh, muerto a tiros en marzo de 1977, describió los primeros 365 días de dictadura en su célebre Carta Abierta a la Junta Militar Argentina: censura de prensa, persecución a intelectuales, allanamientos, asesinatos, cuatro mil muertos, diez mil presos, decenas de miles de desterrados y 15 mil desaparecidos, cifra que posteriormente se elevó a 30 mil.

 

La dictadura también exhibió un lúgubre rostro económico y social. Con su característica precisión en cortas ráfagas, Walsh indica que en ese primer año un año el salario real de los trabajadores se redujo al 40 por ciento. El consumo de alimentos disminuyó 40 por ciento y el de ropa más del 50 por ciento, mientras que el de medicinas prácticamente desapareció en las capas populares.

 

En las zonas periféricas de Buenos Aires la mortalidad infantil superó el 30 por ciento, cifra que igualaba al país del trigo y de las vacas con Rodesia, Dahomey o las Guayanas. El presupuesto de salud pública cayó a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se sumaban al éxodo.

 

Aquella etapa que Walsh definió como “terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte”, recibió su inapelable contrapartida.

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