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El FMI no está antes que los derechos humanos
Rolando E Gialdino
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Otros Textos del autor - Derechos Humanos De Joaquín V. González a Carlos Menem - Negocio del hambre en Argentina - Volteretas de la deuda argentina De albricias y estafas recurrentes
Los tratados de derechos humanos —en particular los de derechos económicos, sociales y culturales— establecen para los Estados que, como el nuestro, los han ratificado, la obligación de garantizar la satisfacción de niveles esenciales de todos los derechos para sus habitantes.

Sin embargo, en nuestro país, la capacidad para dar debida respuesta a esa obligación se encuentra gravemente limitada por los requerimientos que entrañan los compromisos asumidos ante los organismos financieros multilaterales, en especial, el Fondo Monetario Internacional.

Pero el debate que promueve esta tensión suele ser encarado exclusivamente desde la perspectiva económica o política, con olvido de los importantes aportes que el Derecho puede ofrecer y que, esencialmente, provienen nada menos que del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Es preciso recordar que a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, los mayores tratados de derechos humanos, tanto universales como regionales, tienen jerarquía constitucional.

Ellos no sólo reconocieron un abanico de derechos para toda persona —que amplió el ya previsto en nuestra Constitución— sino que, a la par, impusieron diversas obligaciones a los Estados y erigieron órganos internacionales con competencia para controlar su cumplimiento.

Luego, la inobservancia de tales compromisos importa para la Argentina una violación del tratado, de lo que resulta un acto ilícito de cara a todo individuo sometido a su jurisdicción que sufra agravio en sus derechos de jerarquía constitucional: a la vida, al trabajo, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la salud, a la educación, a un ni vel de vida adecuado, a salarios equitativos, a la seguridad personal... Y también de cara a la comunidad internacional.

Más aún: el Comité que vigila internacionalmente el cumplimiento, por parte de los Estados, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que resulta su intérprete más autorizado en el plano mundial, ha insistido en que las mencionadas obligaciones esenciales "son inderogables" y no se extinguen en situaciones de conflicto o emergencia. "Un Estado Parte —tiene dicho— no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas".

Ello explica que el Comité, al examinar el informe argentino, en 1994 y 1999, haya expresado sin rebozos que, no obstante las dificultades económicas, la ejecución de los programas de ajuste estructural ha "menoscabado" diversos derechos humanos de la población, especialmente, de los grupos desfavorecidos, así como que las normas que permiten reducir o no pagar las jubilaciones invocando dichas dificultades violan el Pacto y deben ser derogadas, para garantizar el "pago completo" de aquéllas.

Y en esa misma dirección, resulta más que conmovedora la conclusión del Comité de los Derechos del Niño sobre nuestro país, expresada en 2002: "De diez muertes de lactantes, seis podrían evitarse con medidas de bajo costo".

Ocurre que, al contrario de lo que suele predicarse con lamentable frecuencia, es "en épocas de crisis cuando deben protegerse más los derechos y cuando el Pacto adquiere verdadero significado", tal como lo señaló a la representación argentina uno de los miembros del Comité.

Por otro lado, el FMI, al igual que cualquier órgano de la ONU u otro sujeto de derecho internacional, está sometido a la Carta de aquélla, a los tratados internacionales y, muy particularmente, a los fines previstos en su propio Convenio Constitutivo: facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio mundial, contribuyendo así a alcanzar y mantener "altos niveles de ocupación y de ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica".

Nadie podría sostener, al menos seriamente, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos alumbra desde 1948, no pesa sobre el FMI, cuando reconoce el derecho de toda persona "a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

Se advierte, entonces, que la Argentina se encuentra obligada por el derecho constitucional e internacional, a oponerse a toda pretensión del FMI que, directa o indirectamente, la conduzca a quebrantar sus obligaciones en materia de derechos humanos.

A la vez, no podrá negarse que el FMI está obligado por el derecho internacional, a clausurar toda pretensión que lleve a un Estado a violar sus obligaciones en dicha materia, siendo quizás el principal aludido por el Comité cuando afirma que los "actores no estatales" que estén en condiciones de prestar asistencia y cooperación internacionales habrán de "permitir" a los países en desarrollo "cumplir" sus obligaciones básicas, entre otras.

En consecuencia, si de la legalidad se trata, la tensión entre derechos humanos y deuda externa no es cuestión sólo del que recibe, tampoco sólo del que da, sino un problema de ambos, y aun de la comunidad internacional.

Pero que, según lo manda el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sólo puede resolverse en favor de las personas de carne, hueso y alma y, de manera preferencial, de aquellas que tienen hambre y sed de justicia, tan apremiantes como ominosas.

Así lo resolvió repetidas veces la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: "El ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores (...) no puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de crecimiento y reformas económicas adoptadas a causa de la deuda".

Resulta, pues, indiscutible que los pagos de la deuda no deben tener de ninguna manera "prelación" sobre los derechos humanos.

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