Argentina Al día
La pobreza extrema como violación del derecho
Rolando E Gialdino
alsurdelsur@wanadoo.es

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Otros Textos del autor - Derechos Humanos De Joaquín V. González a Carlos Menem - Negocio del hambre en Argentina
«No es padecer hambre, no saber leer, ni estar sin trabajo, la peor desgracia del hombre. Lo peor es saberse tenido por nulo, al punto que, incluso, sus sufrimientos son ignorados. Lo peor es el desprecio de sus conciudadanos».
-Padre J. Wresinski-

Introducción

Una ominosa realidad pesa sobre un inmenso sector de nuestra población, traspasado por el hambre, la desnutrición, el desempleo, las condiciones inequitativas de trabajo, la falta de vivienda, los impedimentos al acceso a la salud y a la educación, entre otros males lacerantes.

La personas extremadamente pobres comúnmente describen su posición en términos de sometimiento a un "encadenamiento" de situaciones de precariedad cuya persistencia hace que sean cada vez más difíciles de superar, y califican a este proceso como "círculo vicioso de la miseria", máxime cuanto las precariedades se refuerzan mutuamente. La "interdependencia" de los derechos humanos, sobre la que volveremos en seguida, traduce precisamente este dato de la realidad. Pero hay más pues, a ese círculo vicioso "horizontal", se adiciona otro "vertical", dado que el desgraciado fenómeno es transmitido de generación en generación, lo que termina configurando, en palabras de la Cumbre de Copenhague, un "círculo infernal" [1].

Luego, es válido entender que "las personas pobres son aquellas que se ven sometidas a un entramado de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, simbólicos, espirituales y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo autónomo de su identidad esencial y existencial" [2]. En esta misma línea hallamos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al definir a la pobreza, como "una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales". Concepto "multidimensional" que refleja la naturaleza individual e interdependiente de todos los derechos humanos [3]. La pobreza es más que una falta de ingresos; no refiere sólo a privaciones económicas, sino también a otras formas de malestar, que incluye la impotencia (powerless), el no tener "voz ni voto" (voicelessness), y los sentimientos de vergüenza, humillación y exclusión en los ámbitos políticos, sociales y culturales [4].

Ahora bien, no se requieren mayores explicaciones para afirmar que tan desgraciada situación implica, necesariamente, el inequívoco quebrantamiento de derechos subjetivos de las víctimas. Más aún; de derechos "reconocidos" por la norma cimera de nuestro ordenamiento: la Constitución Nacional (CN). La situación de pobreza suele conllevar, al unísono, la violación de un haz de los mentados derechos: a la protección contra el hambre; a un nivel de vida adecuado; a una alimentación adecuada; al trabajo; a condiciones dignas y equitativas de labor, y a una retribución justa; a un vivienda digna; a un vestido adecuado; a la salud; a la educación; al respeto de la vida privada y familiar, entre otros muchos. Súmase a ello, que semejantes situaciones implican, habitualmente, el quebrantamiento de un principio basal, como lo es el de igualdad y de no discriminación, que se ve, a su vez, potenciado cuando el menoscabo hace carne en integrantes de grupos particularmente protegidos como, p.ej., los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Violaciones todas ellas que, con necesidad, injurian el sentido trascendente del hombre [5], y su libertad, pues, como lo precisaba la Declaración Universal de Derechos Humanos (Declaración Universal) hace ya más de medio siglo, se ha proclamado "el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten... de la libertad de creencia", y declarado "elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad" (Preámbulo, párrs. 2 y 5). Meses antes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana) apuntaba a progresar espiritualmente y alcanzar la felicidad (Preámbulo, párr. 1). Incluso es cuestión de poner en juego el derecho al desarrollo, cuyo destinatario principal deberían ser los pobres [6].

Hemos entrecomillado anteriormente la expresión "reconocidos", a fin de poner de manifiesto que nos hallamos ante derechos cuya existencia no dependió de consagración positiva alguna, desde el momento que derivan directamente de la dignidad "inherente" a todo hombre y a toda mujer, i.e., en razón de su sola hominidad.

Y, agregamos, de derechos que también suponen correlativas obligaciones del Estado de respetarlos, protegerlos, y realizarlos. Obligaciones, por cierto, contraídas de cara a todas las personas bajo su jurisdicción, pero también de cara a la comunidad internacional pues, no huelga señalarlo, en el mentado reconocimiento concurren numerosas normas de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional (CN, art. 75.22). Todos y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales tienen un piso de satisfacción absolutamente inderogable, cuya inobservancia, por acción u omisión, configura para el Estado una imperdonable injusticia interna, y un acto ilícito internacional [7].

Es oportuno este último recordatorio en momentos como los actuales. La obstinada advertencia que hoy se hace sobre la posible "exclusión" de nuestro país del mercado internacional, derivada de la impotencia para afrontar puntualmente su elevado endeudamiento externo, pareciera estar descuidando que también pesa sobre el Estado el compromiso de honrar las obligaciones que asumió frente a todos sus pares y Partes en los tratados de derechos humanos, y que tributan no ya a organismos financieros multilaterales, sino a concretos hombres y mujeres de carne y hueso.

No es casual que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pida a los Estados Partes que "al negociar con instituciones financieras internacionales y aplicar programas de ajuste estructural y políticas macroeconómicas que afecte al servicio de la deuda externa, la integración en la economía mundial de mercado libre, etc.", tengan "en cuenta sus consecuencias para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos más vulnerables de la sociedad" [8]. Configura una violación de la obligación de respetar los derechos humanos, que el Estado se desentienda de sus obligaciones legales al concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones internacionales u otras entidades, como, v.gr., las empresas multinacionales [9].

La pretendida -y, quizás, lograda- emancipación de la economía de la moral y del derecho, así como el olvido de la justicia social como elemento arquitectónico de nuestra CN, seguramente han contribuido al presente y ominoso estado de cosas [10]. La crematística ni siquiera parece haber reparado en las contundentes pruebas de que, p.ej., el mejoramiento de la salud no es un resultado del crecimiento económico, sino que, por el contrario, resulta un prerrequisito de éste en las sociedades pobres [11].

En breve, cualitativamente hablando, la conjunción del régimen legal nacional e internacional de los derechos humanos, proporciona los derechos necesarios para impugnar los impedimentos estructurales que se le presentan a quienes viven en la pobreza. [12] En tales condiciones, resulta claro que conjurar los males en juego es tarea propia, aunque no exclusiva, de nosotros, los juristas. "La pobreza es una cuestión de derechos humanos" [13]. Y ello nos convoca a reflexionar, previa toma de conciencia de que mediante nuestros aparatos conceptuales, nuestro poder de definir, categorizar, explicar e interpretar, siempre terminamos contribuyendo al sostenimiento o a la modificación, en el caso, de las situaciones de pobreza. De ser lo primero, nuestro aporte traduciría una nueva acción de privación. Y, si se quiere, una defección en el papel que hemos escogido desempeñar, desde el momento en que el saber jurídico es, esencialmente y en orden a su finalidad, un saber liberador [14]. Revertir estas situaciones implica, por ende, que nos despojemos de todo juicio previo (prejuicio), de toda forma de ver, conocer y diferenciar, quizás acuñadas al calor de las mismas escuelas y prédicas que no han hecho más que crear, y justificar, dichas situaciones. Escuelas y prédicas que, en todo caso, no son muestras más que de un orden de la sociedad temporal tan impuesto como contingente y modificable, salvedad hecha de que, ingenua o interesadamente, caigamos en la aceptación del descomunal sofisma del "fin de la historia", asentado en determinismos neoliberales que nada tienen que envidiarle a los propios del marxismo.

Nuestra riqueza en bienes culturales, cuadra añadir, puede marchar de la mano de una dramática pobreza de bienes de trascendencia, pero ya no por acciones de privación, sino por nuestra opción o por nuestra autoprivación de poner aquéllos al servicio de éstos. La realización de los derechos humanos es el primer objetivo de la reducción de la pobreza, en palabras del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos [15], lo cual da testimonio de las posibilidades que encierra la aproximación a aquélla desde el costado del universo jurídico. La pobreza es un problema estructural que no puede ser resuelto sin el respeto de los derechos humanos [16], y la investigación de campo nos indica que las respuestas de las personas pobres suelen transparentar un escasa confianza en la justicia [17]. Esto último, sumado a la descripción recogida algunos párrafos antes, merece singular atención, ya que se debe proceder a una reflexión "basada en la experiencia y las ideas transmitidas precisamente por los más pobres, así como por las personas que trabajan a su lado" [18].

Es hora, también, de sincerarnos, de evaluar cuántos de los principios y valores proclamados en el ámbito de los derechos del hombre son, en definitiva, compartidos sólo hasta el umbral del terreno en que comienza su aplicación y realización.

Las situaciones de pobreza son un paradigma al respecto. Desde las declaraciones Americana y Universal (1948), los preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966), la proclama de Teherán (1968), y la celebrada Resolución 32/130 de la Asamblea General de la ONU (1977) -por sólo citar algunos antecedentes-, hasta nuestros días, se ha insistido y machacado en el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos: "la plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible, pues la consecución de un progreso verdadero en la aplicación de los derechos humanos depende de buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social, como se reconoce en la Proclamación de Teherán de 1968" (Resolución 32/130 cit.).

Sin embargo, la tramposa e interesada distinción de "categorías" entre los derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, y los civiles y políticos, por el otro, no ha podido ser lo suficientemente superada a la hora de la praxis, en notorio perjuicio de los primeros. Así, siguen marcadas a fuego concepciones jurídicas sobre una gran pluralidad de temas: alcance y contenido de los derechos y de las correspondientes obligaciones de los Estados, justiciabilidad de los derechos, competencia ratione materiae de los órganos supranacionales de protección, pautas de interpretación y aplicación de los derechos, margen de apreciación de los Estados... La no justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales agregaría, al catálogo ya expuesto, una nueva violación, relativa ahora al derecho de acceso a la justicia.

No es asunto, por cierto, de arriar el pabellón del principio en juego, ni de dejar de insistir en que los derechos económicos, sociales y culturales son, ni más ni menos, que "derechos", y en sentido pleno. Nuestra "expresión de agravios" ya ha sido formulada en otras oportunidades [19], incluso respecto de eventuales distinciones dentro del seno de cada "categoría" [20].

Empero, debido a que la espera es tan larga como el desamparo motor de estas páginas, creemos necesario incorporar otras "defensas", demostrativas de que las situaciones apuntadas al comienzo, por haber alcanzado la gravedad que hoy exhiben, son susceptibles de encontrar tutela también a la luz de los derechos civiles y políticos, sobre cuya aplicación directa e inmediata, y plena justiciabilidad, no parece haber mayores dudas.

El objeto del presente estudio radicará, consecuentemente, en esclarecer que las situaciones de extrema pobreza que mortifican a las personas por las acciones de privación antes señaladas, son incompatibles con el derecho a la vida y a la integridad personal (1), y con otros derechos humanos (2), todos reconocidos por la CN. Ello nos conducirá al examen de las obligaciones que pesan sobre el Estado (3). Seguidamente, será llegado el turno de indicar las consecuencias que se siguen del emplazamiento de la pobreza extrema en el plano de los derechos civiles y políticos (4), para cerrar este trabajo con algunas conclusiones (5).

Si es cierto, como lo sostiene fundadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte Suprema), que en la dignidad humana reside el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional [21], no lo es menos que "la extrema pobreza y la exclusión social constituyen un violación de la dignidad humana", tal como lo expresó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU [22], entre otros órganos, según lo veremos en el curso de estas páginas.

Previo al ingreso a la temática enunciada se nos impone formular una advertencia de enorme importancia para la debida comprensión de este trabajo. En efecto, el aludido objeto de estudio no tiende a incorporar a los derechos económicos, sociales y culturales sustancias ajenas a éstos y pedidas en préstamo a los derechos civiles y políticos. Todo lo contrario. Si a algo se tiende, es a percibir que determinados derechos civiles y políticos incluyen componentes sociales y económicos [23].

No es de olvidar, p.ej., que la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte Europea) observó en el caso Airey, famoso por diversos motivos, que si bien no ignoraba que el desarrollo de los derechos económicos y sociales depende en buena medida de la situación de los Estados y especialmente de sus finanzas, la "Convención (Europea de Derechos Humanos) debe leerse a la luz de las condiciones de vida de hoy... y dentro de su campo de aplicación tiende a una protección real y concreta del individuo. Luego, si aquélla enuncia esencialmente derechos civiles y políticos, numerosos de éstos tienen proyecciones de orden económico y social. Junto con la Comisión, la Corte no entiende que deba descartar una u otra interpretación por el simple motivo de que, al adoptarla, correría el riesgo de avanzar sobre la esfera de los derechos económicos y sociales; ningún compartimento estanco separa a éstos del terreno de la Convención" [24].


 

1. La pobreza extrema y su relación con el derecho
a la vida y el derecho a la integridad personal
El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, y la prohibición de la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, reconocidos desde siempre por la CN, se han visto reforzados por diversos documentos universales y regionales de derechos humanos que, desde 1994, cuentan con jerarquía constitucional (CN, art. 75.22): Declaración Americana (art. I), Declaración Universal (arts. 3 y 5), PIDCP (arts. 6 y 7), Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4.1 y 5.2; Convención Americana), y Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 6, 37.a y concs.).

Más aún. Los derechos mencionados, junto a otros, integran el llamado "núcleo duro" de los derechos humanos, que beneficia "a todos, en todo lugar y bajo toda circunstancia". Son atributos inalienables de la persona humana, fundados como tales sobre valores que se encuentran, por principio, en todos los patrimonios culturales y sistemas sociales: expresan el valor del respeto de la dignidad inherente a la persona [25]. Son derechos que significan, parafraseando a J.A. Carrillo Salcedo, un mínimo jurídico basado en consideraciones elementales de humanidad que todos los Estados tienen la obligación de respetar en toda circunstancia, incluso en situaciones de conflicto armado interno [26], y al margen de todo vínculo convencional [27].

"La obligación de respetar ciertos derechos humanos esenciales es considerada, en nuestros días, como una obligación erga omnes", sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) ya para 1989, y con cita, entre otras sentencias de la Corte Internacional de Justicia, de la dictada en el famoso caso Barcelona Traction, fallado por ésta en 1970 [28].

Hacemos referencia a dichos aspectos del llamado núcleo duro de los derechos humanos por no hacer pie más que en un apoyo indiscutible. Pero sin resignarnos a que dicho núcleo se vea limitado al catálogo de derechos al que hemos aludido. Cabe inscribir, sostiene M. Delmas-Marty, en primera línea, entre los derechos inderogables, el conjunto de derechos que corresponden a la exigencia inmediata de dignidad, es decir, no sólo el derecho a no ser torturado o reducido a esclavitud, sino también el de alimentarse, de tener una habitación, de comunicarse con los otros, de expresarse y crear lazos sociales. La proclamación por la comunidad internacional de un "núcleo intangible de derechos humanos" debería precisamente proveer a ello, bajo condición de no proceder por la enumeración, fragmentaria y siempre recomenzada, de las necesidades consideradas esenciales, sino definir esa fuente común a todos los derechos que se llama "igual dignidad" [29].

Síguese de la comprobación antedicha que, si de instrumentos de derechos humanos se trata, los derechos a la vida y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentran, por así decirlo, encaballados en todos aquéllos, más allá de que los contengan expressis verbis. Además de ser derechos, atesoran los valores y principios que iluminan lo que configura el orden constitucional internacional instituido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por su esencia, entonces, estos derechos no resultan patrimonio de un determinado cuerpo legal, aun cuando sólo algunos de éstos los prevean en su letra.

Sin embargo, es precisamente esta última circunstancia la que revela los problemas. En efecto, aun cuando el aserto del párrafo anterior fuese admitido, podría sostenerse que, p.ej., como el derecho a la vida es susceptible de ser violado por muy diferentes causas, los cuerpos legales no necesariamente lo tutelan desde todas las perspectivas, sino que, habitualmente, lo hacen desde alguna de éstas.

Es así que, al considerar el derecho a la vida previsto en el art. 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos (Convención Europea), J. Velu y R. Ergec afirman que debe tenerse cuidado en no confundir el derecho a un nivel y condiciones de vida dignas, que es un derecho económico y social, con el derecho a la vida propiamente dicho, que es el derecho a no ser muerto (droit de n'être pas mort) [30].

Empero, afortunadamente, la orientación señalada en el párrafo anterior no es la seguida por los órganos de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, entre otros aportes.

Y ello exhibe una relevancia fundamental por cuanto, como lo hemos desarrollado en otra oportunidad, la "jurisprudencia" del Comité de Derechos Humanos, así como la de la Comisión y Corte interamericanas, resultan fuentes formales de la Constitución Nacional [31].

1.1 El derecho a la vida:

1.1.1 La Comisión de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos

La perspectiva restrictiva del derecho a la vida indicada en el cierre del punto anterior, no es coincidente con la que se advierte en el plano universal. En una de sus últimas resoluciones, la Comisión de Derechos Humanos "reafirmó" que "el derecho a la vida incluye el de llevar una existencia digna y disponer de los elementos esenciales para la vida" [32]. La extrema pobreza, v.gr., no sólo viola el derecho a un nivel de vida adecuado, sino el propio derecho a la vida, entre muchos otros, cuando no todos los derechos humanos, al paso que "debilita la democracia y la participación popular" [33].

En análoga posición se enrola el Comité de Derechos Humanos, lo cual es de singular importancia dado que éste es el "intérprete autorizado" del PIDCP [34], llamado a establecer una suerte de "interpretación auténtica" de este último [35]. Así, en su Observación General 6, Artículo 6, de 1982, advirtió que el derecho a la vida previsto en esta última norma del PIDCP, ha sido "con mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión 'el derecho a la vida es inherente a la persona humana' no puede entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas". Luego, consideró "oportuno que los Estados tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias" (párr. 5) [36]. Estos últimos términos, a su vez, serían reiterados en la Observación General 17 (párr. 3). No es de olvidar que el citado precepto contiene incluso un reforzador: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana", así como lo tiene el art. 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño: "...todo niño tiene derecho intrínseco a la vida" (art. 6.1, las itálicas son nuestras).

Asimismo, el mencionado Comité también ha mostrado su inquietud por el hecho de que la falta de viviendas haya causado graves problemas de salud, incluso de muerte, lo que impone a los Estados la adopción de las "medidas positivas" que requiere el citado art. 6 para resolver ese grave problema [37].

Por otro lado, en su reciente Observación General N° 28, señaló que los Estados Partes del PIDCP, "al presentar informes sobre el derecho a la vida, amparado en el citado art. 6, deberán aportar datos respecto de las tasas de natalidad y número de casos de muertes de mujeres en relación con el embarazo y parto. Deberán también presentar datos desglosados por sexo acerca de las tasas de mortalidad infantil... El Comité desea también información acerca de los efectos especiales que la pobreza y la privación tienen sobre la mujer y que pueden poner en peligro su vida" (párr. 10). Reducir la mortalidad infantil es, por ende, una medida apropiada para proteger el derecho a la vida en el marco del PIDCP [38]. Son subrayables estas circunstancias, ni bien se advierta que, v.gr., la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños, son cuestiones no ajenas al PIDESC (art. 12.2.a).

Se trata, entonces y para esta perspectiva universal, de apreciar los esfuerzos realizados por los Estados a fin de crear condiciones para el "goce" del derecho a la vida [39]. En breve: determinados menoscabos del derecho a un nivel de vida adecuado, en clave del PIDCP y de acuerdo con su intérprete autorizado, el Comité de Derechos Humanos, pueden encontrar protección a la luz del derecho a la vida previsto en el art. 6 de dicho texto. "'Todo individuo tiene derecho a la vida' (artículo 3 de la Declaración Universal) y la pobreza en general, y en particular en su versión extrema, es un atentado a la vida de la persona humana", reafirman recientemente expertos de la ONU, acotando que el derecho a esta última "se descompone en cuatro elementos esenciales, a saber: a) el derecho a la alimentación adecuada, b) el derecho a contar con agua potable, c) el derecho a la vivienda, y d) el derecho a la salud" [40].

Nos hallamos ante lo que M. Scheinin denomina la interpretación "social" o "dimensión social" del art. 6 del PIDCP, adoptada por el Comité de Derechos Humanos [41].

1.1.2. El sistema interamericano

La "jurisprudencia" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión Interamericana) es singularmente clara: "los requerimientos del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igualmente fundamentales del derecho a la vida (entendido en el sentido más estricto), del derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal...". Más aún; recogiendo las enseñanzas que quien, hoy, inviste la presidencia de la Corte Interamericana, A.A. Cançado Trindade, acotó: "La denegación o violación de los derechos económicos, sociales y culturales, materializada, por ejemplo, en la pobreza extrema, afecta a los seres humanos en todas las esferas de su vida (inclusive civil y política), revelando así de modo evidente la interrelación o indivisibilidad de los derechos humanos. La pobreza extrema constituye, en última instancia, la negación de todos los derechos humanos ¿Cómo hablar del derecho a la libre expresión, sin derecho a la educación? ¿Cómo concebir el derecho a entrar y salir (libertad de circulación), sin derecho a una vivienda? ¿Cómo contemplar el derecho a una libre participación en la vida pública, sin derecho a alimentarse?... Y los ejemplos se multiplican. En definitiva, todos experimentamos la indivisibilidad de los derechos humanos, en la cotidianeidad de nuestras vidas, y esa es una realidad que no puede ser dejada de lado. Ya no hay lugar a la compartimentación, se impone una visión integrada de todos los derechos humanos" [42].

Bueno es recordar que la Comisión Interamericana, ya para 1981, tuvo oportunidad de advertir que la extrema pobreza, producto de la distribución desigual de la riqueza nacional, ha sido definida como "una condición de vida tan limitada por la desnutrición, enfermedades, analfabetismo, índice bajo de longevidad y alto índice de mortalidad infantil, que se halla por debajo de cualquier definición racional de decencia humana" [43]. "El derecho a la vida y a la seguridad e integridad física -expresó en otra oportunidad- está necesariamente vinculado y, de diversas maneras, depende del entorno físico. Por esa razón, cuando la contaminación y la degradación del medio ambiente constituyen una amenaza persistente a la vida y la salud del ser humano, se comprometen dichos derechos". La Declaración Americana, "sigue" imponiendo "obligaciones internacionales" a todos los Estados miembros, advirtió la Comisión Interamericana con cita del art. 29.d de la Convención Americana y de la Opinión Consultiva OC-10 de la Corte Interamericana. Y dicha Declaración, agregó, "reconoce el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona en el artículo I, y refleja la interrelación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud en el artículo XI, el cual prescribe la preservación de la salud y el bienestar del individuo". Asimismo, esta "preocupación prioritaria" por la preservación de la salud y el bienestar del individuo "queda reflejada en el artículo 4 de la Convención Americana, que garantiza el derecho a la vida, y en el artículo 5, que garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral". El derecho a la vida enunciado en el citado art. 4 -continuó la Comisión- "es fundamental en el sentido de que no es derogable y constituye la base para el ejercicio de todos los demás derechos". Pero el derecho a que se respete la vida individual "no se limita, sin embargo, a la protección contra la muerte provocada de manera arbitraria. Los Estados partes deben tomar ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física. La contaminación ambiental grave puede presentar una amenaza a la vida y la salud del ser humano, y en su debido caso puede dar lugar a la obligación del Estado de tomar medidas razonables para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias para responder cuando las personas han sido lesionadas" [44].

Podríamos agregar, por cierto, otros antecedentes de la Comisión Interamericana, pero es necesario que veamos también cuánto nos aporta la Corte Interamericana, sobre todo por vía del fallo con el que cerró el siglo XX.

Con lo antedicho hemos aludido a la sentencia pronunciada en el caso Villagrán Morales y otros (Caso de los "Niños de la calle"), en noviembre de 1999 [45]. En dicha oportunidad, la Corte Interamericana expresó: "El derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido". Y con base en esta premisa, concluyó: "En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico..." (párr. 144).

Paralelamente, adquieren un peso no menos inocultable sus afirmaciones relacionadas con el desamparo de los niños, esto es, cuando los Estados no evitan que éstos "sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el 'pleno y armonioso desarrollo de su personalidad', a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece" (párr. 191). Las anteriores comillas menores -cabe puntualizarlo- hacen cita del párrafo sexto del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual se suma a posteriores y centrales enunciados en los que la Corte Interamericana advierte que dicha Convención debe servir para fijar "el contenido y los alcances" de la disposición general definida en el art. 19 de la Convención Americana (párr. 194). De esta suerte, después de recordar los arts. 2.1 y 2, 3.2, 6.1 y 2, 20.1 y 2, 27.1 y 3, y 37 a.b.c. y d, de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Corte destacará que estas normas permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de las "medidas de protección" a que alude el citado art. 19, mereciendo ser destacadas, entre ellas, las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, "a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño", "al derecho a un nivel de vida adecuado" y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación (párr. 196). La carátula del expediente es, además, ilustrativa: "Caso de los Niños de la calle".

Por otro lado, las consideraciones vertidas en los votos concurrentes de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, desarrollan aún más los fundamentos subyacentes al discurso antedicho, en términos de gran precisión y hondura, que piden por su transcripción, al menos parcial: "El derecho a la vida no puede seguir siendo concebido restrictivamente, como lo fue en el pasado, referido sólo a la prohibición de la privación arbitraria de la vida física... En el presente caso... atinente a la muerte de niños por agentes policiales del Estado, hay la circunstancia agravante de que la vida de los niños ya carecía de cualquier sentido; es decir, los niños victimados ya se encontraban privados de crear y desarrollar un proyecto de vida y aun de procurar un sentido para su propia existencia (párr. 3)... La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos... (párr. 4) Nuestra concepción del derecho a la vida bajo la Convención (art. 4 en combinación con el art. 1) es manifestación de (la) interpretación evolutiva de la norma internacional de protección de los derechos del ser humano. En los últimos años, se han deteriorado notoriamente las condiciones de vida de amplios segmentos de la población de los Estados Partes de la Convención Americana, y una interpretación del derecho a la vida no puede hacer abstracción de esta realidad... (párr. 6) Las necesidades de protección de los más débiles... requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna... (párr. 7) Creemos que el proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana... (párr. 8) Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear un proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la culminación de la destrucción total del ser humano. Estos agravios hacen víctimas no sólo a quienes los sufren directamente, en su espíritu y en su cuerpo; se proyectan dolorosamente en sus seres queridos, en particular en sus madres, que comúnmente también padecen el estado de abandono" (párr. 9).

"Frente al imperativo de la protección de la vida humana, y a las inquietudes y reflexiones suscitadas por la muerte -concluye el voto concurrente-, es muy difícil separar dogmáticamente las consideraciones de orden jurídico de las de orden moral: estamos ante un orden de valores superiores, -substratum de las normas jurídicas,- que nos ayudan a buscar el sentido de la existencia y del destino de cada ser humano. El Derecho internacional de los Derechos Humanos, en su evolución, en el umbral del año 2000, no debe en definitiva permanecer insensible o indiferente a estas interrogantes" (párr. 11).

No creemos que haya mucho más que agregar para el orden interamericano [46]. El horizonte abierto por el caso Villagrán Morales es tan vasto como promisorio. La Corte Interamericana, por unanimidad, recupera un legado de más de medio siglo, por partir de la Declaración Americana y la Declaración Universal, removiendo las piedras que todavía obstaculizaban el imperio del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos; dando a la vida, al derecho a la vida, una hondura y extensión que, no por responder a la justicia, son menos conmovedoras; emplazando en el eje del sistema de protección de los derechos humanos a la justicia social, que atiende preferentemente al desposeído, al marginado, al excluido, al olvidado, al condenado [47].

El derecho a un nivel de vida adecuado, entre otros derechos, para nuestros jueces en San José, está comprendido en el derecho a la vida del art. 4 de la Convención Americana cuando la no observancia del primero alcanza un grado de seriedad tal que no respeta las condiciones mínimas de una vida digna. No es ya la ejecución arbitraria, sumaria, las "desapariciones", entre otros males que laceran el derecho a la vida, no es sólo ello lo tutelado por la Convención Americana, sino el derecho a una vida "digna", el derecho de "acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna" a "todo ser humano", y muy especialmente a los niños.

"El propio derecho a la vida, tenido como el más fundamental de todos los derechos, tomado en su amplia dimensión, abarca también las condiciones de vida (derecho de vivir, con dignidad)". Por ende, "pertenece al mismo tiempo al dominio de los derechos civiles y políticos como al de los derechos económicos, sociales y culturales". Son palabras de uno de los jueces que, en 1999, suscribiría el voto concurrente del caso Villagrán Morales [48]. El resultado de todo ello, a nuestro juicio, no es otro que el de dar vida al derecho a la vida. Y también hacer de la Convención Americana un instrumento "vivo", que debe acompañar "la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales", tal como lo puntualizó la Corte Interamericana en Villagrán Morales (párr. 193, y párr. 5 del voto concurrente) -con cita de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Europea -, y lo tenía hecho ya en otro antecedente [49].

1.2 El derecho a no ser sometido a torturas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha formulado determinadas distinciones para caracterizar los supuestos contenidos en el art. 5.2 de la Convención Americana. "La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos..."[50].

Mas, en todo caso, para dicho tribunal constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido de la citada norma, que una persona se vea compelida a estar alojada en lugares "sin ventilación ni luz natural", o en una "celda húmeda y subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con otros 16 reclusos, sin condiciones de higiene", y obligada a "dormir sobre hojas de periódico...". También lo es la exhibición pública de un individuo con "un traje infamante" [51].

El Comité de Derechos Humanos, de su lado, transita por análogos razonamientos: celdas minúsculas o anegables, exposición al frío, dormir en el suelo, insuficiencia de agua y alimentos, son circunstancias que, bajo el calificativo de tratos inhumanos, nutren su jurisprudencia sobre el art. 7 del PIDCP [52].

Por cierto que todas estas situaciones se originaron con motivo de la detención o encarcelamiento, vale decir, bajo condiciones impuestas por el poder estatal. Empero, esto ya es otra cuestión, pues atañe a la imputabilidad del trato y a la responsabilidad del Estado, que más adelante veremos (3). Lo que ahora interesa subrayar, es que las situaciones aludidas se inscriben en los arts. 5.2 de la Convención Americana y 7 del PIDCP. Estas orientaciones muestran, sin rebozo, todo el potencial que contienen dichos instrumentos, que sin mayores esfuerzos comprenderían otras circunstancias como, inter alia, la privación de medicamentos o de tratamientos curativos.

Tal como lo ponen de manifiesto los expertos de la ONU, cuando "una familia se ve privada de los elementos básicos para la realización de su existencia, como es la capacidad de obtener una mínima alimentación, el agua para beber, o un lugar donde dormir, se está violando su dignidad de seres humanos, al igual y en el mismo nivel de violencia como cuando se tortura, se restringe la libertad o se mata" [53].

Así, la exclusión social, observa A.-W. Heringa, puede alcanzar un nivel que constituya una forma de trato degradante [54].

La doctrina de la ex Comisión Europea de Derechos Humanos (Comisión Europea) nos proporciona una valiosa orientación: en el caso Asiatiques d'Afrique orientale c. Royaume Unie se apoyó en la definición "ordinaria" o "corriente", según la cual un tratamiento es degradante "cuando produce una disminución del rango, de la situación o de la reputación de quien es objeto de aquél, ante los ojos de otros o ante sus propios ojos". Y, si bien ello requiere un cierto grado de "gravedad", la noción no incluye un elemento síquico o corporal [55]. Gravedad mínima que, por retomar ahora a la Corte Europea, resulta, esencialmente, de apreciación relativa, pues depende de las circunstancias de la causa, especialmente, de la duración del trato, así como, a veces, del sexo, edad, estado de salud de la víctima, etc. [56]. También dicha Comisión ha entendido como trato degradante, la discriminación fundada sobre motivos raciales, o el descrédito social resultante de la intención discriminatoria de una normativa anacrónica. La privación (provisoria) del salario a un agente público, con motivo de la suspensión en el cargo, mientras se desarrollaba un proceso penal, no ha dejado de ser vista, por algún fallo belga, como un trato degradante prohibido por el art. 3 de la Convención Europea [57].

Más aún. Si no hay diferencia ética entre la muerte bajo tortura y el dolor de los padres que ven morir a su hijo por falta de electricidad en una villa de emergencia, tampoco debe haber diferencia jurídica y política. Sobre todo cuando en el ejemplo podemos garantizar esta dimensión del derecho a un nivel de vida suficiente por la fijación de un umbral de provisión obligatoria de energía que se pueda reivindicar ante un tribunal. Este argumento vale para cada derecho económico, social y cultural [58].

M. Delmas-Marty alude precisamente a una situación análoga a la antedicha, apuntando que los intereses de los distribuidores de energía y los de los hogares resultan globalmente contradictorios, de donde se sigue la necesidad de un intervención compulsiva del Estado o de sanciones más directas. A tal efecto, recuerda la ley francesa de orientación del 19 de julio de 1998, que completa la ley relativa al ingreso mínimo de inserción al agregar que toda persona o familia en situación de precariedad tiene el derecho "a una ayuda de la colectividad para acceder o para preservar su acceso a la provisión de agua, energía y servicios telefónicos" [59]. Otro tipo de arbitrios han sido previstos al respecto, p.ej., en Bélgica, tal como lo indica F. Delpérée [60].

No es de ocultar que la ex Comisión Europea de Derechos Humanos, en 1990, rechazó de plano la demanda interpuesta por una mujer divorciada que, sumida en la pobreza y la enfermedad, con dos hijos menores a cargo más el bebé de su propia hija, invocó que la suspensión del servicio de electricidad, por falta de pago, implicaba un trato inhumano y degradante y una violación del respeto de su vida familiar (Convención Europea, arts. 3 y 8). Pero tampoco es de pasar por alto la aplastante crítica que ello mereció, con base en una larga serie de consideraciones y precedentes tanto de ese órgano como de la Corte Europea, demostrativa del potencial que encierra la citada Convención para proteger situaciones como la indicada [61].

¿Es posible que todavía no se haya advertido cabalmente que la desnutrición, casi siempre, implica una "mutilación grave": falta de desarrollo de las células del cerebro en los lactantes, ceguera por carencia de vitamina A, etc.? El hambre, a su vez, produce "una angustia intolerable, lacerante, que tortura a todo ser hambriento desde que se despierta" [62].

La Comisión Interamericana, insistimos, tampoco dejó de advertir este nexo: el "problema de la extrema pobreza, que impide a las personas satisfacer las necesidades fundamentales, implica una gama de derechos humanos que comienza con el derecho a la integridad física". "La prioridad del 'derecho de supervivencia' y las 'necesidades básicas' es una consecuencia natural del derecho a la seguridad personal" [63].

Los ataques a la dignidad del hombre no sólo mortifican su espíritu; también dañan su cuerpo. J. Mann expresa: cuando la dignidad es violada, la persona sufre. Las situaciones en las que la dignidad personal es violada producen fuertes emociones -de vergüenza, humillación, cólera, impotencia (powerlessness), melancolía- que persisten. Claramente, parte del impacto que la tortura produce durante toda la vida, e incluso, de manera transgeneracional, se relaciona con la dignidad, porque los menoscabos a ésta van más lejos que los físicos. Es evidente que las violaciones a la dignidad tienen efectos más significativos, más penetrantes y más prolongados, y constituyen una fuerza patológica quizás no reconocida hasta ahora, con una fuerza destructiva del bienestar de las personas al menos igual que la de los virus y bacterias. En los años futuros -advierte-, los profesionales de la salud mirarán hacia atrás y se sorprenderán de cómo omitieron reconocer una fuerza patogénica de tanta importancia. Mucho hay para aprender y descubrir en el dominio del sufrimiento humano y de su alivio [64].

1.3 Otros aportes

El panorama que ofrecen los estudios sobre el sistema europeo de protección de los derechos humanos es particularmente alentador en la materia, tal como se lo habrá observado a partir de algunas citas que hemos formulado. En tal sentido, P. Lambert también da cuenta de una doctrina que, preocupada en realizar determinados progresos, tiene demostrado que la Convención Europea está en condiciones de ofrecer su protección a los más desfavorecidos y es aplicable a situaciones de gran pobreza -por vía de sus arts. 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes) y 8 (derecho a la vida privada y familiar); y 1 del Protocolo 1-, pues la miseria irroga violaciones a diferentes derechos garantizados por aquélla, y puede ser protegida por medio de la llamada aplicación par ricochet. La doctrina aludida concluye en que corresponde al justiciable incitar al juez nacional y al europeo a hacer prueba de audacia y de generosidad para comprometerlo en esta vía [65].

El régimen de la llamada protección par ricochet (por rebote) o indirecta, de creación puramente pretoriana, permite a los órganos de la Convención Europea, según lo expresa F. Sudre, extender la protección de determinados derechos garantizados por dicha Convención, a derechos no protegidos expresamente por ésta [66]. Un ejemplo aclarará aún más esta técnica: la mentada Convención no enuncia el derecho a no ser extraditado. Sin embargo, si un Estado Parte admitiera un pedido de extradición que, como consecuencia, pudiera hacer que la persona en cuestión llegara ser objeto de un trato violatorio del citado art. 3 en el país requirente, dicho Estado habría quebrantado la Convención Europea [67]. En lo que nos interesa, manifestaciones en buena medida relacionadas con dicha técnica registra la abundante jurisprudencia de la Corte Europea que, con base en el principio de justicia social y en que las sociedades modernas consideran a la vivienda como una necesidad primordial que no debe dejarse enteramente abandonada "a las fuerzas del mercado", admitió la compatibilidad con la Convención Europea de normas nacionales que, v.gr., obligaban al propietario de un bien dado en enfiteusis a venderlo al beneficiario a un valor inferior al del mercado; reducían el monto de los alquileres fijados contractualmente; prorrogaban los contratos de locación o suspendían o escalonaban el desalojo de los inquilinos de bajos ingresos [68]. Así, J.-F. Flauss destacó que esta línea de casos era ilustrativa del carácter secundario del derecho de propiedad en el marco de la Convención Europea, y que al ponerse el acento en la función social de la propiedad, se advertía que las preocupaciones sociales no estaban para nada ausentes de ese contexto [69].

Aun cuando se trata de un caso rodeado de circunstancias excepcionales, no es menos cierto que la Corte Europea juzgó como un trato inhumano violatorio del art. 3 de la Convención Europea, la decisión británica por la que se expulsaba a una persona gravemente enferma hacia Saint-Kitts, en la medida en que en este país aquélla se vería expuesta al riesgo serio de ver reducida su esperanza de vida ya corta y padecer sufrimientos síquicos y morales extremos: el tratamiento médico que podría esperar y recibir no podría combatir las infecciones que puede contraer derivadas del hecho de la falta de vivienda y de alimentación adecuadas y los problemas sanitarios en los que se debate la población de Saint-Kitts, mayormente cuando nada indica que fuera a beneficiarse de otras formas de sostén moral o social [70]. La ex Comisión Europea de Derechos Humanos no había sido ajena a estas consideraciones [71], ni a la vinculación entre las lesiones al medio ambiente y los tratos inhumanos y degradantes [72].

La doctrina en comentario suele plantear sus tesis por vía de elocuentes interrogantes. ¿Acaso es utópico considerar -expresa P.-H. Imbert- que si el castigo corporal en una escuela constituye un trato degradante -tal como lo han entendido la Corte y la Comisión europeas - no se considere lo mismo de quien "vive" en condiciones infrahumanas?[73]. ¿En nombre de qué principio jurídico puede rechazarse que una disposición normativa sea interpretada de manera que produzca un efecto óptimo, el cual, además, se inscribe en una perspectiva moralmente reconfortante?, se pregunta A.D. Olinga a propósito de los arts. 2 y 3 de la Convención Europea. Y acota: el derecho a la vida significa el derecho de "vivir", el derecho "a ver que la vida no puede volverse precaria y puesta en peligro", el derecho "a no encontrarse en una situación tal que la muerte aparezca cotidianamente como un horizonte inevitable" [74]. ¿Para qué sirve el derecho a la vida -inquiere, a su vez, F. Delpérée, con cita el art. 1.1 de la Constitución belga- si ésta está desprovista de una dignidad elemental? [75].

En suma, el derecho a la vida (art. 2 de la Convención Europea) presupone un determinado nivel mínimo de servicios de salud, y el derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (ídem, art. 8), y puede, en determinadas circunstancias, obligar al Estado a proveer alojamiento a los que lo hubiesen perdido [76].

Dentro del panorama africano, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos prevé el derecho a la vida y a la integridad física y moral (arts. 4 y 5). Se ha sostenido que el mentado derecho a la vida debe ser entendido en el sentido pleno del término, de tal suerte que se proyecta al plano civil, pero también al económico y social: el Estado debe asegurar un mínimo de alimentación y cuidados, además de educación y trabajo [77]. La Carta Asiática de Derechos Humanos expresa que el derecho a la vida no se limita a la simple existencia física o biológica, sino que comprende el derecho a todo aspecto o facultad intrínsecos a la vida. Significa derecho a vivir con dignidad humana, derecho a los medios de subsistencia, derecho a un hogar o casa, derecho a la educación y a un ambiente sano y limpio, pues sin todo ello no puede darse ningún goce ni ejercicio concreto del derecho a la vida. El Estado debe, también, tomar toda medida idónea para prevenir la mortalidad infantil, eliminar la malnutrición y las epidemias, y aumentar la expectativa de vida a través de un ambiente limpio y saludable, cuidados preventivos y terapéuticos [78].

En los ámbitos judiciales de las naciones también resuenan doctrinas que se inscriben en los órdenes de ideas que venimos de señalar. En primer lugar, determinados precedentes de nuestra Corte Suprema. El derecho a la vida -tiene juzgado - es el "primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes" [79]. Y, sobre todo para lo que nos interesa, el derecho a la vida queda comprendido en otros derechos, como el derecho a la preservación de la salud [80]. Más todavía. El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es "inviolable" y constituye valor fundamental con respecto al cual todos los restantes valores tienen siempre carácter instrumental [81]. Dicha inviolabilidad, por ende, nos comunicaría directamente con el derecho a la integridad personal. Toda esta vertiente jurisprudencial, sumada a la que dan cuenta otros aspectos relativos a las obligaciones del Estado, que señalaremos más adelante, está llamada a futuros desarrollos que bien podrían tutelar las situaciones de pobreza extrema.

Asimismo, es destacable la jurisprudencia de la Suprema Corte de la India, en cuanto ha interpretado, mediante diversos pronunciamientos, que el derecho a no ser privado de la vida (Constitución, art. 21) incluye el derecho a la subsistencia; a las necesidades básicas de ésta, como la nutrición, vestido y educación; a la vivienda, y a la salud [82].

La Constitución Federal de Suiza no contiene explícitamente un derecho a condiciones mínimas de existencia; empero, la juris­prudencia del Tribunal Federal de ese país no sólo ha reconocido, en diversas oportunidades, derechos constitucionales no escritos, sino que, asimismo, ha juzgado que entre éstos se encuentra el derecho a condiciones mínimas de existencia. Por ende, juzgó que, estando satisfechas las condiciones para requerirlo, debía recono­cerse judicialmente el mencionado derecho que, por otro lado, podía ser invocado tanto por los ciudadanos suizos como por los extranje­ros [83]. La Corte Administrativa Federal de Alemania ha admitido la existencia de un derecho a la asistencia social a fin de garantizar un mínimo de medios de existencia. Por su lado, la Corte Constitucional Federal de dicho país, aun cuando ha dejado la citada cuestión en suspenso, tiene juzgado que es inconstitucional que la parte no imponible de un ingreso familiar resulte inferior a la suma que una familia tiene derecho a recibir con arreglo a la ley de asistencia social. Aun cuando el argumento reposa esencialmente sobre consideraciones acerca de la igualdad, demuestra que la Corte evolucionó hacia la afirmación de una protección de un mínimo de medios de existencia [84]. Determinada doctrina germana, a su vez, se inclina por el reconocimiento del derecho a un nivel mínimo de subsistencia derivado de los derechos a la dignidad humana (Constitución, art. 1) y a la integridad física (ídem, art. 2.2), interpretados a la luz del principio del Estado social [85].

Para la doctrina de la mentada Corte Constitucional Federal de Alemania enunciada en 1975, la tónica en la materia resulta puesta en los deberes del Estado social y la dignidad de las personas: "Ciertamente, la asistencia social a los necesitados de ayuda es uno de los deberes obvios del Estado social. Necesariamente, esto incluye la asisten­cia social a los conciudadanos que, a raíz de dolencias físicas o mentales, están impedidos de desarrollarse personal y socialmente y no pueden asumir por sí mismos su subsistencia. En todo caso, la comunidad estatal tiene que asegurarles las condiciones mínimas para una existencia digna" [86]. Por ello, agrega R. Alexy, puede decirse que existe, por lo menos, un derecho social fundamental tácito, es decir, basado en una norma adscripta interpretativamente a las disposiciones de derechos fundamentales [87].

De su lado, el Consejo Constitucional francés ha entendido que surge del Preámbulo de la Constitución de 1946 que la salvaguarda de la dignidad de la persona humana contra toda forma de degradación es un "principio de valor constitucional", y que la posibilidad para toda persona de disponer de una vivienda decente es un "objetivo de valor constitucional" [88]. No obstante las reflexiones a que ha dado lugar esta última consideración [89], se ha sostenido que no es un impedimento para que la garantía a una vivienda decente constituya una verdadera obligación para los poderes públicos [90].
 

Notas

1. V. Informe final sobre los derechos humanos y la extrema pobreza, presentado por el Relator Especial, Sr. Leandro Despouy, E/CN.4/Sub.2/1996/13, 28-6-1996, párrs. 115, 117, 177 y 179.
2. Vasilachis de Gialdino, Irene, Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales, Barcelona, Gedisa, 2002, en prensa.
3. "Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados", 4-5-2001, en Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe sobre los períodos de sesiones vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo. Suplemento N° 2, Naciones Unidas, p. 7.
4. Economic, Social and Cultural Rights. Report of the Expert Seminar on Human Rights and Extreme Poverty, 7-10 February 2001, E/CN.4/2001/54/Add.1, p. 5, párr. 18.
5. V. el texto correspondiente a la n. 81.
6. Economic, Social and Cultural Rights..., cit. n. 4, p. 7, párr. 28. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 4-12-1986, reconoce que "la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del desarrollo" (Preámbulo, párr. 13).
7. Gialdino, Rolando E., "Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su respeto, protección y realización en el plano internacional, regional y nacional", en investigaciones 2 (1999), ps. 385/387. V. la n. 124.
8. Observaciones finales al tercer informe periódico de México, 8-12-1999, E/C.12/1/Add.41, párr. 34; Observaciones finales al segundo informe periódico de la República Argentina, 8-12-1999, E/C.12/1/Add.38, párr. 28 -el texto completo puede consultarse en investigaciones 3 (1999), ps. 758/761.
9. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, párr. 50. 10. V. Gialdino, Rolando E., "Economía y Moral", en El Derecho, t. 159, p. 1070; y "Los pobres y la justicia social", en ídem, t. 171, p. 1034.
11. V. Documento presentado por la Organización Mundial de la Salud, a la Sub-Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/2002/44, 31-7-2002, Anexo, p. 3 ("Human Rights and Extreme Poverty").
12. A Declaration on Extreme Poverty and Human Rights. A concept paper. Background paper prepared by Ms. Sigrun Skogly, Seminario de Derechos Humanos y Extrema Pobreza organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Ginebra, 7/9-2-2001), HR/GVA/POVERTY/SEM/2001/BP.2, p. 2.
13. "Carta de 28 de enero de 2001 dirigida al Presidente del Comité Preparatorio Intergubernamental de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados por la Presidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", en Comité de Derechos Económicos... Informe..., cit. n. 3, p. 215.
14. V. Gialdino, Rolando E., "El saber jurídico, saber liberador", en El Derecho, t. 187, p. 1391.
15. A Declaration... Sigrun Skogly, cit. n. 12, p. 2.
16. Economic, Social and Cultural Rights. Report..., cit. n. 4, p. 5, párr. 20.
17. V. Rapport soumis par Mme. A.-M. Lizin, experte indépendante, conformément à la Résolution 2000/12 de la Commission des Droits de l'Homme, E/CN.4/2002/55, 15-3-2002, Annexe, p. 28, párr. 72.
18. Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2002/30, "Los derechos humanos y la extrema pobreza", 22-4-2002, 2.b.
19. Gialdino, R.E., "Los Derechos Económicos...", cit. n. 7, ps. 362/366.
20. Gialdino, Rolando E., "El trabajador y los derechos humanos", en investigaciones 2 (2000), ps. 411/413.
21. Pupelis, María Cristina y otros, sent. del 14-5-1991, Fallos: 314:424, entre otros.
22. Declaración de Viena y Programa de Acción, 25-6-1993, I.25.
23. V. Koch, Elisabeth Ida, "Social Rights as Components in the Civil Right to Personal Liberty: Another Step Forward in the Integrated Human Rights Approach?", en Netherlands Quaterly of Human Rights, 2002, vol. 20, n° 1, p. 37.
24. Sent. del 9-10-1979, Serie A n° 32, párr. 26.
25. Sudre, Frédéric, Droit international et européen des droits de l'homme, París, Puf, 1997, 3a. ed., p. 153. El autor comprende en dicho núcleo, además, el derecho a no ser sometido a esclavitud y a la no retroactividad de la ley penal -ídem. En sentido análogo, Dupuy, Pierre-Marie, Droit international public, París, Dalloz, 4a. ed., 1998, ps. 206/207; y Lambert, Pierre, "La protection des droits intangibles dans des situations de conflit armé", en Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 2000, n° 42, p. 248.
26. Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Dignidad frente a barbarie, La Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años después, Madrid, Trotta, 1999, p. 120.
27. Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional contemporáneo, Madrid, Tecnos, 1999, p. 106. Por lo demás, v. PIDCP, art. 4.2; y Convención Americana, art. 27.2. La Convención sobre los Derechos del Niño no contiene cláusula alguna de derogación.
28. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, 14-7-1989, Serie A N° 10, párr. 21.
29. Delmas-Marty, Mireille, Trois défis por un droit mondial, París, Seuil, p. 58; sobre el derecho a la vivienda v., asimismo, p. 54.
30. Velu, Jacques y Ergec, Rusen, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Bruselas, Bruylant, 1990, p. 174; v. asimismo p. 168.
31. V. Gialdino, Rolando E., "Control Internacional de los Derechos Humanos y Fuentes Constitucionales", en La Ley, 2002, en prensa.
32. Resolución 2002/30, cit. n. 18, 1.a.
33. V. Los derechos humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A.-M. Lizin, experta independiente, de conformidad con la resolución 1999/26 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/52, 25-2-2000, párrs. 2 y 14, y la Resolución cit. en n. anterior, 1.b. 34. Sudre, F., Droit international..., cit. n. 25, p. 389.
35. Dupuy, P.-M., cit. n. 25, p. 224.
36. El párrafo citado en el texto es recogido en Informe... Leandro Despouy, cit. n. 1, párrs. 159 y 161. También lo retoman Robert, Jacques y Duffar, Jean, para sostener que el art. 11 del PIDESC debe ser leído en perspectiva con el art. 6 del PIDCP -Droits de l'homme et libertés fondamentales, París, Montchrestien, 7ª. ed., 1999, ps. 357/358.
37. Examen del cuarto informe periódico del Gobierno del Canadá, 6-4-1999, en Informe del Comité de Derechos Humanos, Nueva York, Naciones Unidas, vol. I, A/54/40, p. 50, párr. 234.
38. Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Comentary, Kehl/Strasbourg/Arlington, Engel, 1993, p. 55.
39. Pocar, Fausto, "The International Covenant on Civil and Political Rights", en Manual on Human Rights Reporting, Ginebra, Naciones Unidas, 1997, p. 193.
40. Pobreza y Derechos Humanos. Programa de trabajo del Grupo ad hoc para la realización de un estudio tendiente a contribuir a las bases de una declaración internacional sobre los derechos humanos y la extrema pobreza. José Bengoa (Coordinador del Grupo ad hoc), E/CN.4/Sub.2/2002/15, 25-6-2002, ps. 3 y 4, párrs. 4, 15 y sigs.
41. Scheinin, Martin, "Economic and Social Rights as Legal Rights", en Economic, Social and Cultural Rights (Eide, A.; Krause, C. y Rosas, A., eds.), Dordrecht/Boston/Londres, M. Nijhoff, 2001, ps. 40/41.
42. Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú, Washington, CIDH, 2000, p. 171, párrs. 2/3. En igual sentido: Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay, Washington, CIDH, 2001, p. 61, párrs. 1/2.
43. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, Washington, CIDH, 1981, p. 129.
44. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador, Washington, CIDH, 1997, ps. 93/94.
45. Sent. del 19-11-1999, Serie C N° 63; para un resumen, v. investigaciones 2 (2000), p. 364. 46. Con todo, para el caso especial de los niños, v. el importantísimo y reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28-8-2002, esp. párr. 80.
47. Sobre la citada interdependencia e indivisibilidad, v. asimismo: Comisión Interamericana, Tercer Informe... Paraguay, cit. n. 42, p. 61 y sigs.
48. Cançado Trindade, Antônio, "A justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais no plano internacional", en Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998, p. 214.
49. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva OC-16/99, 1-10-1999, Serie A N° 16, párr. 114, y sus citas de la jurisprudencia de la Corte Europea.
50. Loayza Tamayo, sent. del 17-9-1997, Serie C N° 33, párr. 57.
51. Loayza Tamayo, cit. n. 50, párr. 58; y Suárez Rosero, sent. del 12-11-1997, Serie C N° 35, párr. 91.
52. V. Nowak, M., cit. n. 38, p. 132.
53. Pobreza y Derechos Humanos. Programa de trabajo..., cit. n. 40, p. 2, párr. 3.
54. Heringa, Aalt-Willem, "Droits sociaux: la défi de l'indivisibilité et de l'interdépendance", en Tous concernés. L'effectivité de la protection des droits de l'homme 50 ans après de la Déclaration universelle, Consejo de Europa, 1998, p. 103; asimismo, p. 119, párr. 8.
55. Informe (no publicado) del 14-12-1973, cit. por Cohen-Jonathan, Gérard, La Convention européenne des droits de l'homme, Presses Universitaires d'Aix-Marseille/Economica, 1989, p. 291.
56. Irlanda c. Reino Unido, sent. del 18-1-1978, Serie A n° 25, párr. 162, entre otras.
57. V... c.Ville de Mons, Pres. trib. 1ª. Inst. Mons (réf), 23-3-1990, en Revue Trimestrielle de Droits de l'Homme, 1991, n° 6, p. 261, c/nota de J.-C. Geuss.
58. Meyer-Birsch, Patrice, "Droits sociaux: le défi de l'indivisibilité et de l'interdépendance", en Tous concernés..., cit. n. 54, p. 112.
59. Delmas-Marty, M., cit. n. 29, p. 64.
60. Delpérée, Francis, "La droit à la dignité humaine en droit constitutionnel belge", en Le principe du respect de la dignité de la personne humaine, Comisión de Venecia, Consejo de Europa, 1999, ps. 67/68. Una ordenanza de Bruselas del 11-7-1991 prohibe a la empresa de electricidad cortar el suministro de electricidad a hogares que, en razón de su indigencia, no pueden pagar el servicio. Mas, autoriza a instalar en el lugar en juego un "limitador de potencia". Si la empresa opta por este camino, lo comunica a la Comuna que procederá a una visita social a través de un organismo con el que la empresa firmó un convenio de colaboración. Dicha visita, según lo juzgó la Corte de Arbitraje belga, no debe violar la intimidad y la dignidad de las familias pobres. La preocupación de procurar a todos una vida digna -apunta este autor-, no puede tener consecuencias perjudiciales al derecho de esas personas a vivir de manera autónoma y protegidas de intervenciones intempestivas de las autoridades públicas y de los servicios públicos o privados que están encargados de la protección social.
61. V. Sudre, Frédéric, "La première décision 'quart monde' de la Commission européenne des droits de l´homme: Une 'bavure' dans une jurisprudence dynamique", en Revue Universelle des Droits de l'Homme, 1990, vol. 2, n° 10, p. 349, con referencia al caso Van Volsen c. Bélgica, dec. del 9-5-1990, en ídem, p. 384. En sentido crítico, asimismo: OLINGA, Alain Didier, "Le droit à des conditions matérielles d'existence minimales en tant qu'élement de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la CEDH)", en Les droits fondamentaux, Bruselas, Bruylant, 1997, ps. 98 y 102.
62. V. Derecho a la alimentación. Informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, de conformidad con la Resolución 200/10 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/53, 7-2-2001, ps. 6 y 7, párrs. 4 y 8.
63. Informe... Ecuador, cit. n. 44, p. 25.
64. Mann, Jonathan, "Health and Human Rights", en Reflections on The Universal Declaration of Human Rights. A Fiftieth Anniversary Anthology, La Haya/Boston/Londres, M. Nijhoff, 1998, p. 176. 65. Lambert, Pierre, "Le droit de l'homme à un niveau de vie suffisant", en Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 2000, n° 44, p. 687 y su cita.
66. Sudre, F., Droit international..., cit. n. 25, p. 263.
67. V. Corte Europea, Soering, sent. del 7-7-1989, Serie A n° 161, entre muchas otras.
68. V. Gialdino, Rolando E., "El derecho a un nivel de vida adecuado en el plano internacional e interamericano, con especial referencia a los derechos a la vivienda y a la alimentación adecuadas. Su significación y contenido. Los sistemas de protección", en investigaciones 3 (2000), ps. 902/905.
69. Flauss, Jean-François, "Liberté contractuelle et contrôle des loyers à l'aune de la Convention européenne des droits de l'homme", en Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 1990, n° 4, ps. 389/390.
70. D. c. Reino Unido, sent. del 2-5-1997, Recueil/Reports 1997-III, esp. pár. 52.
71. Comunicación n° 23634/94, Tanko c. Finlandia, dec. del 19-5-1994, Décisions et rapports 77-B, ps. 133, 137.
72. Scheinin, M., cit. n. 41, p. 42.
73. Imbert, Pierre-Henri, "Derechos de los Pobres ¿Derechos Pobres? Reflexiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales", en La Revista, 1995, n° 55, ps. 73/74.
74. Olinga, A. D., cit. n. 61, p. 94.
75. Delpérée, F., cit. n. 60, p. 62. Este autor también señala la doctrina de la Corte de Arbitraje belga sobre el carácter intangible de la ayuda social, entendida ésta como un umbral más allá del cual la vida de una persona deja de guardar conformidad con las exigencias de la dignidad humana -ps. 66/67.
76. Pellonpää, Matti, "Economic, Social and Cultural Rights", en The European system for the protection of human rights (Macdonald, R.ST.J.; Matscher, F. y Petzold, H., eds.), Dordrecht/Boston/ Londres, M. Nijhoff, 1993, ps. 868/869. Con todo, v. Corte Europea: Marzari c. Italia (4-5-1999) y Chapman c. Reino Unido (18-1-2001).
77. Ouedraogo, Halidou, La Charte africaine des droits de l'homme et le Cinquantenaire de la Declaration universelle des droits de l'homme, Cours d'été, Institut International René Cassin des Droits de l'homme, 13 au 24 juillet 1998, UIDH/IUHR, p. 15.
78. Hemos tomado el texto de la versión italiana "Carta Asiatica dei diritti dell'uomo", en Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo, 1999, n° 3, p. 778, párr. 3.2.
79. Saguir y Dib, sent. del 6-11-1980, Fallos 302:1284, 1298, cons. 8°; Campodónico de Beviacqua c. Ministerio de Salud y Acción Social, sent. del 24-10-2000, Fallos 323:3229, 3239, cons. 15; Monteserin c. Ministerio de Salud y Acción Social, sent. del 16-10-2001, Fallos 324:3569, 3581, cons. 10.
80. Campodónico..., cit. n. 79, p. 3239, cons. 16; Monteserin..., cit. n. 79, p. 3581, cons. 11. Respetar la vida es, en principio, proteger la salud y, por ende, la existencia de la persona humana -Luchaire, François, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, París, Economica, 1987, p. 305.
81. Campodónico..., cit. n. 79, p. 3239, cons. 15; Monteserin..., cit. n. 79, p. 3580, cons. 10.
82. Liebenberg, Sandra, "The Protection of Economics and Social Rights in Domestic Legal Systems", en Economic..., cit. n. 41, ps. 73/74.
83. Sent. del 27-10-1995, V. contre Commune X. et Conseil exécutif du canton de Berne, en Bulletin de jurisprudence constitutionnelle, 1996, 1, p. 117.
84. Walter, Christian, "La dignité humaine en Droit constitutionnel allemand", en Le principe..., cit. n. 60, p. 31.
85. V. Liebenberg, S., cit. n. 82, p. 74.
86. BverfGE 40, 121 (133), cit. por Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 422.
87. Alexy, R., cit. n. 86, ps. 422/423.
88. Decisión n° 94-359 DC del 19-1-1995, Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel 1995, p. 177, párrs. 6/7.
89. V. entre otros: Papaefthymiou, Sophie, "De l'ínégalité devant le toi. La décision du Conseil constitutionnel relative au logement décent au prisme de la théorie du droit", en Revue Française des Affaires Sociales, 1998, n° 4, p. 57 y sigs.
90. Lafore, Robert, "Le droit au logement", en Droits et Libertés en Grand-Bretagne et en France (Dubourg-Lavroff, S. y Duprat, J.P., eds.), París/Montreal, L'Harmattan, 1999, p. 173

2. La vinculación con otros derechos humanos

La pobreza extrema, ha sido puesto de manifiesto, tiene la ominosa potencia de aniquilar una vastedad de derechos humanos.

Algo hemos adelantado al comienzo sobre el principio de igualdad y no discriminación. Si los "principios reconocidos, entre otros, en los arts. 1 y 24 de la Convención Americana acerca de la no discriminación e igual protección ante la ley, se aplican también a los derechos económicos, sociales y culturales" [1], con cuanta mayor razón lo serán cuando el atentado es a la vida y a no sufrir tratos inhumanos, crueles o degradantes.

Incluso la discriminación por motivo de la "posición económica" o por "cualquier otra condición social", podría jugar aquí un activo papel [2], mayormente cuando puede alcanzar niveles que traduzcan un trato inhumano [3].

La discriminación en la esfera de la vivienda, v.gr., ha sido observada por la Comité de Derechos Humanos, con arreglo a los arts. 2.3 y 26 del PIDCP [4], al igual que la relativa a la aplicación de subsidios infantiles a las familias de bajos ingresos, con base en el art. 24 de dicho texto [5]. También la repercusión en el plano del respeto a la vida privada y familiar y de la protección de la familia (PIDCP, arts. 17 y 23, Convención Americana, arts. 11 y 17), es de singular aplicación en este área, máxime si se recuerda algún antecedente ya citado.

Con todo, por razones de espacio nos vemos llevados a considerar otros derechos humanos que no han sido, habitualmente, objeto de la atención que despiertan, v.gr., el de igualdad y no discriminación.


 

2.1 El derecho del hombre a no ser explotado

La Convención Americana registra una norma que, hasta donde sabemos, pareciera no haber desarrollado todas las potencias que encierra. Hacemos referencia al art. 21.3: "Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley".

Y, frente a ello, es evidente que pueden presentarse casos de salarios viles, o precios desproporcionados en los ámbitos, inter alia, de la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, los servicios esenciales (agua, electricidad...).

Si un Estado dejara librada la posibilidad de acceso a dichos bienes al juego de un mercado regido por fuerzas "egoístas" o "ciegas", y de ello se siguiera la desnutrición, la falta de vivienda o de abrigo, no resultaría desencaminado pensar que el Estado está creando o permitiendo formas de "explotación del hombre por el hombre". El hecho de que el suelo es un bien indispensable y que no se reproduce -entiende la Corte Constitucional Federal de Alemania- impide que su uso sea dejado a la interacción imprevisi­ble de fuerzas ciegas y a la discreción de los individuos. Un sistema jurídico y un orden social justo, exigen que los intereses de la comunidad en materia de tierras sean tomados en cuenta de una manera más escrupulosa que en el caso de otras formas de riqueza. Y agregó en otro antecedente: cuanto más un individuo depende del uso de la propiedad de otro, más grande es la facultad de intervención del legislador [6].

¿No debería discurrirse de igual manera cuando el Estado tolerara, cuando no fijara (v.gr. salario mínimo), remuneraciones que no proporcionaran, como mínimo, condiciones de vida dignas para el trabajador y su familia?

Ni qué hablar de la usura de la que puedan ser objeto los que, en situaciones de pobreza extrema, acordaran créditos o préstamos, toda vez que se trata de una especie expresamente enunciada por el citado art. 21.3, dentro del género de la mentada explotación.

Valga también como ejemplo la reforma del Código Penal francés de 1992, que introdujo los delitos relativos a la imposición de condiciones de habitación (y de trabajo) contrarias a la dignidad de la persona humana, tendientes a proteger a los individuos vulnerables o en estado de dependencia especialmente económica contra tipos de comportamiento imputables tanto a personas físicas como morales, de locatarios ávidos e inescrupulosos (art. 225-14) [7]. Toda práctica de especulación que desvía el uso de la propiedad de su función social al servicio de la persona "hay que considerarla un abuso", según lo apunta la Pontificia Comisión "Iustitia et Pax" [8]

Las consecuencias de la pobreza hacen raíz en una sociedad y pueden desquiciarla, advierte A. Eide. Pues cuando la pobreza se vuelve un rasgo permanente, genera sus propios patrones culturales, tanto en los que la sufren como en los que escapan a sus garras. En tales situaciones, los grupos privilegiados caen en una generalizada indiferencia hacia la pobreza de los otros. Y es precisamente la ideología neoliberal la que proporciona a los primeros una serie de supuestos para justificar la prioridad de los principios del mercado por sobre los derechos humanos, favoreciendo, en particular, un mercado de operaciones irrestricto por sobre los derechos económicos y sociales. Esta ideología incluye una vaga e inverificable suposición de que, en definitiva y después de un tiempo, también se producirán beneficios para los pobres actuales. Mas, ningún fundamento empírico sustenta esa suposición [9].

En suma, "el libre cambio -tal como lo apuntó Kevin Watkins- jamás alimentará al planeta, todo lo contrario" [10].

2.2 El derecho a la libertad. El proyecto de vida

La pobreza extrema se proyecta al universo de las libertades puesto que las menoscaba y reduce, cuando no las anula. Diversas consideraciones ya expuestas dan testimonio de esta realidad.

Es casi impensable que el acuciado por la desnutrición, el hacinamiento o la intemperie, resulte dueño de su propio destino. El derecho a la libertad enunciado machaconamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos no está destinado a que las personas, p.ej., puedan optar entre sufrir, cuando no morir, por causa de inanición, de un lado, o de frío, del otro, ajenas a su voluntad. La mentada libertad radica, como mínimo y para lo que nos interesa, en la liberación de la "miseria", en "elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad", según el ya mentado Preámbulo de la Declaración Universal.

A esta altura de nuestro trabajo, parece innecesario volver sobre la muchedumbre de consideraciones que hacen evidente lo antedicho. Sí, por lo contrario, es preciso agregar ahora que el menoscabo a las condiciones de vida digna lesiona el ámbito del llamado "proyecto de vida" indisolublemente ligado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su destino.

Lesión autónoma y diferenciable de otras que pueda irrogar el señalado menoscabo. "El 'proyecto de vida' se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte". Y dicha Corte no es otra que la Corte Interamericana, y en instancia contenciosa [11]. Mutilar dicho proyecto, equivale a una "muerte espiritual" [12].

Tratar a un hombre de manera indigna equivaldría, entonces, a querer imponerle por la violencia, por la coacción, un cierta orientación de vida, acota Guy Haarscher [13].


 

2.3 El derecho a la personalidad personalidad jurídica.
La exclusión e invisibilidad de los pobres

Un "hombre de la calle" está excluido de la humanidad, dice B. Edelman [14]. "La miseria lleva siempre a la exclusión", agrega L. Despouy [15]. Y ello constituye un trato inhumano [16].

Jean Carbonnier señala que este último supuesto, el del "hombre de la calle", pone en evidencia la existencia en la sociedad de una nueva categoría de personas, los no-sujetos de derecho: los que tendrían una vocación teórica a ser sujetos de derecho pero que están impedidos de serlo. Un sujeto de derecho perfecto debe tener un domicilio que no puede desaparecer, pues esta ausencia de domicilio conocido hace que el sujeto de derecho no pueda más ser alcanzado por la justicia, ni responder de sus actos, ni hacer valer sus derechos. Tampoco puede acceder a un determinado número de derechos, como el de voto, a las ayudas sociales y a otros que necesitan una vinculación a un domicilio. La vivienda se encuentra, entonces, en el centro de la existencia jurídica del sujeto de derecho, tal como parece estar sólidamente ligada al respecto de la dignidad humana [17]. La extrema pobreza pareciera quitar a las personas su propia existencia civil [18].

El derecho de todo niño a ser "inscripto inmediatamente después de su nacimiento" y a "tener un nombre", también puede verse obstaculizado por la carencia de un domicilio legal, de manera de "no existir jurídicamente", para terminar no teniendo derecho a ningún tipo de protección [19]. Y ello pone en la liza, como lo apunta M. Nowak, al reconocimiento y protección del derecho a la "personalidad jurídica" previsto en el art. 16 del PIDCP [20], extensible, a nuestro juicio, a los arts. 6 de la Declaración Universal y 3 de la Convención Americana, y, con mayor razón, dada su amplitud, al art. XVII de la Declaración Americana

No es casual que la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos garantice el reconocimiento de cada persona ante el derecho, junto con la dignidad humana y la prohibición de la tortura y la esclavitud (art. 5).

Es menester advertir, en tal sentido, que nos hallamos en una sociedad liberal detenida, indudablemente, en el camino: prohibe un espectáculo degradante, pero cierra los ojos al abandono, la miseria y la exclusión. Una sociedad que prefiere esconder a los pobres, los enfermos y las personas discapacitadas, en palabras de E. Decaux [21].

La situación de los "niños de la calle", añadiríamos a título informativo, fue examinada respecto de la Argentina, en 1999, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que le recomendó que "tome medidas para combatir el problema... y haga frente a sus causas fundamentales", puesto que el número de esos niños "ha seguido aumentando" [22]. También le dirigió parejas observaciones a nuestro país el Comité de los Derechos del Niño [23].

Estas cuestiones no han estado ausentes en la óptica del Comité de Derechos Humanos, con arreglo al art. 24 del PIDCP [24], ni de la Comisión Interamericana [25]. Esta última, asimismo, con cita del Informe sobre Desarrollo Humano 2000, afirmó: "La tortura de un solo individuo despierta la indignación de la opinión pública con justa razón. Pero la muerte de más de 30.000 niños por día por causas fundamentalmente prevenibles pasa inadvertida. Por qué? Porque esos niños son invisibles en la pobreza" [26].

3. Responsabilidad del Estado

"Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico...", esto es, del derecho a la vida, dice el ya citado párrafo 144 de Villagrán Morales, considerando al mentado derecho con la amplitud ya recordada.

Análogos términos ya estaban presentes en el seno de la Comisión y del Comité de Derechos Humanos, según lo hemos visto anteriormente (1.1.1). Este último, asimismo, en su Observación General 3 había considerado "necesario señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que la obligación prevista en el Pacto (PIDCP) no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados partes se han comprometido también a garantizar el goce de estos derechos a todas las personas bajo su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos" (párr. 1). La falta de vivienda -le señaló dicho Comité a Canadá- ha llevado a serios problemas de salud e incluso a la muerte. El Comité recomienda que el Estado adopte las "medidas positivas" requeridas por el art. 6 del PIDCP (derecho a la vida) para solucionar dichos serios problemas [27].

A la obligación del Estado de "respetar" los derechos humanos, de carácter más bien negativo o de abstención, se suman, entonces, otras dos de índole positiva o de actividad. Por un lado, encontramos la obligación de "proteger" estos derechos, incluso de la actividad de los particulares, v.gr., cuando ello estuviese insuficientemente regulado, tema en el cual también podría ser aplicable el art. 42 de la CN relativo a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, especialmente en cuanto dispone que las autoridades proveerán a la protección de "toda forma de distorsión de los mercados", al "control de los monopolios naturales y legales" y "a la calidad y eficiencia de los servicios públicos", y el art. 43 sobre los medios procesales correspondientes. Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos, tiene juzgado la Corte Interamericana, que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, p.ej., por ser obra de un particular, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención Americana [28].

Por el otro, encontramos la obligación de "realizar" los derechos humanos, que se abre a dos obligaciones: "facilitar", i.e., iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos que le aseguren a ésta un nivel de vida adecuado; y "hacer efectivo" el derecho en juego, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar de éste por los medios a su alcance [29].

Incluso para el ámbito de la Convención Europea, ha sido dicho que las obligaciones positivas respecto del derecho a la vida (art. 2) no se limitan necesariamente a la creación de un sistema efectivo de prevención criminal. Un sistema de salud insuficiente para proporcionar estándares mínimos de calidad podría ser interpretado como una falta de adopción de las medidas apropiadas para proteger la vida requeridas por la norma citada, tal como, por lo demás, se infiere de algunos antecedentes de la ex Comisión Europea de Derechos Humanos [30].

Es que, como lo afirma A.D. Olinga, la colectividad tiene la obligación de dar a cada uno de sus miembros, dentro de los límites de sus recursos disponibles, los medios mínimos de existencia para preservar su vida y evitarle situaciones degradantes [31]. Asimismo, es posible que se configure la participación del poder público en la existencia o persistencia de situaciones de pobreza extrema. En efecto, tal como lo hemos anticipado, el Estado puede haber contribuido a la producción de situaciones de pobreza extrema, mediante la fijación o tolerancia de sueldos injustos, o de tarifas de servicios esenciales exorbitantes; derogación o reducción de prestaciones elementales para la subsistencia; desalojos que hundan en la calle a personas, cuando no a familias enteras...

Una decisión dictada por un tribunal belga se suma, en tal sentido, a la ya recordada: "el hecho para un tribunal belga de pronunciar el abandono (déguerpissement) de una vivienda respecto de una familia de siete personas, cuando el jefe de ésta es víctima de un accidente laboral y la madre de la familia de cinco niños está embarazada de siete meses, constituye con toda evidencia una trato inhumano, mayormente que dicho abandono es requerido para una fecha anterior en sólo dos meses al alumbramiento, el padre se encuentra se encuentra incapacitado para el trabajo y la familia se compone de cinco menores. El Poder Judicial, por ende, no puede prestar su asistencia a una demanda contraria a un compromiso internacional solemnemente suscripto por Bélgica [32].

Dada la altura que actualmente ha alcanzado el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el emplazamiento de éste nada menos que en la Constitución Nacional, ¿será preciso insistir en que la satisfacción del derecho "fundamental" de toda persona a estar protegida contra el "hambre" (PIDESC, art. 6.2), no admite ser alcanzada sólo "progresivamente", sino inmediatamente y en todo trance, incluso en caso de desastre natural o de otra índole, por la adopción de medidas inmediatas y urgentes? [33].

¿Es preciso reiterar que los derechos económicos, sociales y culturales generan para el Estado la obligación inexcusable de satisfacer un mínimo de todos y cada uno de aquéllos de manera permanente e impostergable? [34]

Si los interrogantes propuestos merecen, ineludiblemente, una respuesta de signo negativo, como lo sostenemos con fundamento en los antecedentes indicados, es del todo válido concluir en que las obligaciones estatales positivas se vuelven más apremiantes y absolutamente impostergables cuando el menoscabo alcanza el oprobioso grado de la pobreza extrema y comprometer el derecho a la vida y a la integridad personal de los individuos.

Es cuestión, por otro lado, en la que el Estado está obligado "hasta el máximo de los recursos de que disponga", y que pone en juego una obligación "impostergable" a ser cumplida mediante "acciones positivas", en palabras de la Corte Suprema [35].

Más todavía. Resulta injusto distinguir entre iguales, pero también no distinguir entre desiguales. De ahí que las obligaciones positivas que pesan sobre el Estado tienen un inequívoco destinatario preferencial: los pobres, los marginados, los más vulnerables; en suma: los que tienen hambre y sed de justicia. "Los Estados deben otorgar -afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial. Las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás" [36]. Bueno será, entonces, recapacitar sobre cuál es el sentido con el que deben asumirse las crisis y los "ajustes". Y mejor aún, recuperar las palabras del citado Comité: en ese trance, "los esfuerzos por proteger los derechos económicos, sociales y culturales más fundamentales adquieren una urgencia mayor, no menor" [37].

La adecuación de las leyes nacionales a la normativa de los tratados internacionales constituye un obligación -de tomar medidas positivas- a ser prontamente cumplida por los Estados Partes. El hecho de que algunas veces sea considerada una obligación de resultado no significa que su cumplimiento pueda ser diferido indefinidamente. Toda la construcción doctrinaria y jurisprudencial de las "obligaciones positivas" de los Estados representa una reacción contra las omisiones legislativas -entre otras- y la inercia de los órganos del poder público en el dominio de la protección de los derechos humanos, y contribuye a explicar y fundar las obligaciones legislativas de los Estados Partes en los tratados de derechos del hombre [38].

Y no se trata sólo de la actividad positiva ya indicada, sino que, por lo expresado dos párrafos antes y debido a la discriminación estructural que entraña la actual pobreza extrema, se vuelve imprescindible la adopción de "acciones afirmativas" en búsqueda de una igualdad de facto, que exige el PIDCP [39], cuando no la Convención Americana si se trata de corregir situaciones que contrarían a la justicia, o de proteger a los jurídicamente "débiles" [40], sobre todo cuando lo que el Estado debe garantizar es la existencia "en la realidad" de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos del hombre [41].

Con todo, tampoco es asunto exclusivo del legislador, pues el Estado debe actuar mediante el dictado de disposiciones o medidas legislativas "o de otro carácter" (PIDESC, art. 2.1; Convención Americana, art. 2), lo cual incluye, por ende, a las jurisdiccionales. La interpretación del Comité de Derechos Humanos es más que concluyente al respecto [42]. Además, si bien el art. 6.1 del PIDCP expresa que el derecho a la vida estará protegido "por la ley", el llamado a la actividad judicial, entre otras, deriva de los deberes generales previstos en el art. 2.1 y 2 de dicho instrumento[43].

En suma, son todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, las que deben estar organizadas de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es ésta la doctrina de la Corte Interamericana [44], y también lo es de nuestra Corte Suprema [45]. Cuando la Nación ratifica un tratado, acotó esta última, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional [46]. Y, al respecto, la existencia de la pobreza extrema representa una "contradicción" con el deber de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos [47]

4. Consecuencias del emplazamiento de la pobreza extrema
en el plano de los derechos civiles y políticos

El emplazamiento de la pobreza extrema en el terreno de los derechos civiles ofrece innumerables consecuencias prácticas favorables para su tutela y eventual reparación. Esto es así, pues las normas que reconocen el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de las que hemos citado respecto de otros derechos, son, indudablemente:

a. de aplicación directa e inmediata;

b. insusceptibles de suspensión alguna bajo toda circunstancia; y

c. generadoras de inequívocas obligaciones por parte del Estado, a través de sus diferentes órganos, lo cual incluye, en su caso, al Poder Judicial.

Súmase a ello:

d. la plena justiciabilidad de las causas en las que se las invoque, mayormente dado el compromiso de los Estados de garantizar un "recurso efectivo" a toda persona cuyos derechos hubiesen sido violados, debiendo la autoridad judicial competente decidir sobre los "derechos" de toda persona que interponga dicho recurso, y estar garantizado el "cumplimiento" de la decisión así dictada [48]; y

e. la posibilidad del interesado, si el agravio no fuese reparado en el orden interno, de ejercer el régimen de comunicaciones previsto en el Protocolo Facultativo del PIDCP, que cuenta con jerarquía constitucional (CN, art. 75.22), máxime cuando, por lo demás, el menoscabo del principio de no discriminación del art. 26 del PIDCP puede ser puesto en juego respecto de derechos protegidos por otros instrumentos internacionales, v.gr., el PIDESC [49]. Asimismo, como el Comité de Derechos Humanos ha dado un sentido independiente al concepto de seguridad, al observar que el derecho a ésta puede ser invocado no sólo en el contexto de un arresto o detención, ello abriría la puerta para dar relevancia al art. 9 del PIDCP en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales [50].

El acceso al sistema de protección interamericano se advierte con igual o mayor razón, sobre todo si se recuerda la jurisprudencia que hemos citado respecto de la Corte y la Comisión interamericanas [51]

5. Conclusiones

Nuestro país se encuentra atravesado por la pobreza extrema, que mortifica a vastos sectores de la población.

Las personas pobres son aquellas que se ven sometidas a un entramado de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, simbólicos, espirituales y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo autónomo de su identidad esencial y existencial. Dicha privación entraña, por un lado, el quebrantamiento de numerosos derechos humanos de jerarquía constitucional y, por el otro, la inobservancia de obligaciones asumidas por el Estado de cara a todas las personas bajo su jurisdicción y a la comunidad internacional.

La pobreza resulta una cuestión de derechos humanos, por lo que es preciso que los juristas asuman cabalmente que sus aparatos conceptuales siempre terminan contribuyendo al sostenimiento o a la modificación de aquélla.

El principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos impugna la pretendida disociación entre los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos, que conduce a que los primeros no gocen, injustificadamente, del respeto, protección y realización que suele concederse a los segundos, incluso en el ámbito jurisdiccional.

Mas, en todo caso, es hora de advertir que las personas en situación de pobreza extrema pueden encontrar protección también a la luz de los derechos civiles y políticos.

Ello es así, por cuanto determinados derechos civiles y políticos también están compuestos por elementos económicos y sociales, que son inherentes a aquéllos y no sustancias extrañas pedida en préstamo a otras normas.

En tal sentido, la pobreza extrema configura una violación del derecho de la persona humana a la vida, a la integridad personal, y a no ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se insertan en el núcleo duro de los derechos humanos, y que deben ser respetados y protegidos en todo lugar y bajo toda circunstancia, incluso al margen de los vínculos establecidos por los tratados. Dicha pobreza, además, violenta otros derechos civiles y políticos, cuando no todos éstos.

El Estado, frente a las personas en situación de pobreza extrema, ve comprometida su responsabilidad interna e internacional, por inobservancia grave de sus obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Al respecto, cobran especial relevancia las obligaciones estatales positivas.

Todas las conclusiones antedichas encuentran respaldo en elementos que son fuentes de la CN, ya que provienen de la jurisprudencia y hermenéutica elaborada por los órganos de protección supranacional de los derechos humanos, tanto del ámbito universal como interamericano, previstos en los tratados de rango constitucional. Un paralelo apoyo proporciona la doctrina de los autores.

Es cuestión, en definitiva, de evaluar si el saber jurídico es un saber liberador, o no

Notas

1. Comisión Interamericana, Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Washington, CIDH, 1999, p. 72.
2. V. Convención Americana, art. 1.1; PIDESC, art. 2.2, y PIDCP, art. 2.1.
3. Maurer, Béatrice, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme, París, La documentacion Française, 1999, ps. 357/358.
4. Examen del cuarto informe periódico de Chile, 30-3-1999, en Informe..., cit. n. 37, p. 47, párr. 219. 5. Examen... Canadá, cit. n. 37, p. 51, párr. 240.
6. V. Luchterhandt, Otto, "Le rôle de la Cour constitutionnelle fédéral dans le domaine économique", en La transition vers un nouveau type d'écono­mie et ses reflets constitutionnels, Consejo de Europa, 1996, ps. 76/77.
7. V. Koering-Joulin, Renée, "La dignité de la personne humaine en droit pénal", en La dignité de la personne humaine (Pavia, M.-L. y Revet, T., dirs.), París, Economica, 1999, ps. 71/72.
8. V. ¿Qué has hecho de tu hermano sin techo?. La Iglesia ante la carencia de vivienda, Bs. As., Eds. Paulinas, 1988, ps. 13, 26 y 27.
9. Eide, Asbjørn, "Obstacles and Goals to Be Pursued", en Economic..., cit. n. 41, p. 558.
10. V. Derecho a la alimentación... Jean Ziegler..., cit. n. 62, p. 4.
11. Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sent. del 27-11-1998, Serie C N° 42, párr. 148; v. asimismo, párrs. 149/153, y el voto parcialmente disidente del juez V. de Roux Rengifo (ps. 81/83), y el voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli (esp. ps. 90/91, párrs. 15/17). V. también el voto razonado de estos últimos jueces en el ya recordado Villagrán Morales... , cit. n. 45, esp. ps. 107/108, párrs. 8/9.
12. Corte Interamericana, Villagrán Morales..., cit. n. 45, voto concurrente conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, p. 108, pár. 9.
13. Cit. por Maurer, B., cit. n. 93, p. 350.
14. Edelman, Berbard, "La dignité de la personne humaine, un concept nouveau", en Recueil Dalloz, 1997, n° 23, chron. p. 187.
15. Informe... Leandro Despouy, cit. n. 1, párr. 180.
16. Benchikh, Madjid, "La dignité de la personne humaine en droit international", en La dignité..., cit. n. 97, p. 51.
17. V. Barkat, Fadila, "Le maintien dans un logement", en Revue de droit sanitaire et social, 1999, n° 2, ps. 305/306.
18. Los derechos humanos... A.-M. Lizin..., cit. n. 33, párr. 14.
19. Informe... Leandro Despouy, cit. n. 1, párrs. 156/157; las expresiones entrecomilladas hacen referencia al art. 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
20. Nowak, M., cit. n. 38, p. 285.
21. Decaux, Emmanuel, "Dignité et universalité", en Dignité humaine et hiérarchie des valerus. Les limites irréductibles (Marcus Helmons, S., direct.), Academia, 1999, p. 178.
22. Observaciones... Argentina, cit. n. 8, párrs. 26 y 40. Asimismo: Observaciones... México, cit. n. 8, párr. 26.
23. Observaciones finales al informe inicial de Argentina, 26-1-1995, CRC/C/15/Add. 35, párr. 11.
24. Examen... Armenia, 1998, en Informe..., cit. n. 37, vol. I, p. 29, párr. 113; y Examen... México, 1999, en ídem, p. 65, párr. 327.
25. La situación de los "niños de la calle" ocupa un Capítulo del Tercer Informe... Colombia, cit. n. 91, ps. 340/343.
26. Tercer Informe... Paraguay, cit. n. 42, párr. 10.
27. Comité de Derechos Humanos, Examen... Canadá, cit. n. 37, p. 50, párr. 234.
28. Godínez Cruz, sent. del 20-1-1989, Serie C N° 5, párr. 182, entre otras.
29. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 12, párrs. 15, 19 y 27.
30. Pellonpää, M., cit. n. 76, p. 865, con cita de Tavares c. Francia, dec. del 12-9-1991, no publicada.
31. Olinga, A.D., cit. n. 61, p. 103.
32. V. Olinga, A.D., cit. n. 61, p. 102.
33. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 12, párrs. 1, 6 y 17.
34. V. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3, pár. 10; Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, párr. 9; y Alston, Philip, "Out of the abyss: The Challenges confronting the new Committee on Economic, Social and Cultural Rights", en Human Rights Quarterly, 1987, vol. 9, ps. 352/353. V. también la nota 7.
35. Campodónico..., cit. n. 79, ps. 3239/3240, cons. 16 y 18.
36. Observación General 4, párr. 11.
37. Observación General 2, párr. 9; asimismo, Observación General 5, párr. 10.
38. Cançado Trindade, Antônio Augusto, "Memorial em Prol de uma Nova Mentalidade Quanto à Proteção dos Direitos Humanos nos Planos Internacional e Nacional", en Arquivos de Direitos Humanos (Mello, C.D. de Albuquerque y Torres, R. Lobo, directs.), Río de Janeiro/San Pablo, Renovar, 1999, 1, p. 42.
39. Nowak, M., cit. n. 38, p. 476.
40. V. Corte Interamericana, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84, 19-1-1984, Serie A N° 4, párr. 56.
41. Godínez Cruz, cit. n. 118, párr. 176, entre otras.
42. V. Observaciones generales 2, párr. 3; y 3, párrs. 1.
43. Nowak, M., cit. n. 38, p. 107.
44. Velásquez Rodrígues, sent. del 29-7-1988, Serie C N° 4, pár. 166; Godínez Cruz, cit. n. 116, párr. 175; y Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2ª y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90, 10-8-1990, Serie A N° 11, pár. 23.
45. Portal de Belén c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, sent. del 5-2-2002, pár. 15, con cita de la Opinión Consultiva mencionada en la n. anterior.
46. Portal de Belén..., cit. n. anterior, y sus citas.
47. Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2002/30, cit. n. 18, 6.a.
48. V. PIDCP, art. 2.3. a/b; y Convención Americana, art. 25.1 y 2.a/c.
49. V. Zwart, Tom, The Admissibility of Human Rights Petitions. The Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee, Dordrecht/Boston/Londres, M. Nijhoff, 1994, ps. 142/143.
50. Rosas, Allan y Scheinin, Martin, "Implementation Mechanism and Remedies", en Economic..., cit. n. 41, p. 441.
51. Sobre este punto v., asimismo: Gialdino, R.E., "Los Derechos Económicos...", cit. n. 7, ps. 374/380.


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