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120110 -
Los bancos centrales como problema
Uno de los problemas mayores que existe con los Bancos
Centrales en Europa (tanto los nacionales como el
Banco Central Europeo, BCE) es que, por lo general, se ven a
sí mismos como defensores del sistema bancario, el cual ejerce
una excesiva influencia sobre ellos. Creer que tales Bancos
centrales están gobernados por profesionales apolíticos
motivados por el bien común es de una ingenuidad muy costosa
para la economía productiva y para el bienestar de la población.
La gran mayoría de sus directores tienen los intereses del
sistema bancario como su preocupación esencial. Tanto la
experiencia del Banco de
España, como la del
Banco Central Europeo así lo confirman.
De ahí que haya sido un error haberles dado plena
independencia, sin responsabilidad frente al poder político. Tal
medida se justificó con el argumento de que los gobernadores de
los Bancos centrales tenían que ser conscientes de que no
sufrirían sanciones al tomar medidas impopulares. Era, en
realidad, una manera de proteger a los sistemas bancarios, pues
cuando tomaban decisiones que dañaban a amplios sectores
productivos y a la población que trabajaba en ellos, los bancos
centrales quedaban (y continúan quedando) impunes. De nuevo, la
experiencia del Banco de
España, como la del
Banco Central, muestran la veracidad de esta observación.
Esta independencia de instituciones públicas (como son los
bancos centrales), no es sólo un insulto al carácter democrático
de nuestras sociedades, sino también es una medida muy
equivocada, pues los intereses del sistema bancario no siempre
coinciden con los intereses generales. Son muchas las veces en
que tales intereses no son convergentes. Tales bancos centrales
debieran estar supervisados por representantes elegidos por la
población (es decir, miembros de los Parlamentos), a los cuales
deberían rendir cuentas, y cuyos directores debieran poder ser
destituidos según el deseo popular. Una de las grandes paradojas
es que el gobierno federal de EE.UU., el cual se percibe en
Europa como un gobierno liberal, tiene un Banco Central, el
Federal Reserve Board, cuyos gobernadores son nombrados por
el gobierno federal (con la aprobación del Congreso de
EE.UU.), al cual
rinden cuentas. Tal Banco Central tiene en su mandato el
objetivo de “conducir la política monetaria del país, a través
de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la
economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible,
además de mantener precios estables”. El mandato incluye, de
manera preferente, alcanzar el pleno empleo, además de controlar
la inflación, un orden de prioridades inverso al que tienen los
Bancos Centrales en Europa, incluyendo el
Banco Central Europeo. Es precisamente en la Unión Europea
donde se ha enfatizado más la independencia de los Bancos,
siendo tal independencia una condición de pertenencia a la Unión
Europea. Su máxima expresión se ha alcanzado con el Banco
Central Europeo. Tal independencia es un indicador del enorme
poder del capital financiero en la Unión Europea. Y ello ha
significado un coste elevado, pues han predominado los intereses
del sistema bancario sobre las necesidades del sistema económico
productivo, del crecimiento económico y de la creación de
empleo. El hecho de que la Unión Europea haya tenido en los
últimos treinta años un crecimiento económico y una tasa de
creación de empleo menor que EE.UU. se debe precisamente a este
hecho. El Banco Central Europeo ha liderado las políticas
favorables al sistema bancario, promoviendo como principal
objetivo conseguir una estabilidad de precios a la baja (es
decir, una inflación –el mayor enemigo del sistema bancario- lo
más baja posible), a costa de un menor crecimiento económico y
de una baja creación de empleo. Esto lo ha conseguido mediante
el encarecimiento del dinero y del crédito (con elevados
intereses bancarios, mucho más elevados que en
EE.UU.) y a base de
dificultar la expansión del gasto público, siguiendo los
criterios de Maastrich, según los cuales los estados miembros de
la UE tienen que tener un déficit del estado igual o menor al 3%
del PIB, condición que hubiera excluido a EE.UU. de poder ser
aceptado en la UE, pues los déficits del gobierno federal de
EE.UU. han sido durante el periodo 1980-2007 superiores al
permitido en la
UE.
Si al mundo empresarial y a la ciudadanía se les dificulta
conseguir prestamos y dinero para invertir y consumir y al
sector público se le obstaculiza poder aumentar el gasto público
y con ello estimular la economía, es lógico y predecible que el
crecimiento de la economía, y la creación de empleo será menor
que si al mismo país y al mismo continente (en este caso la UE)
se les hubiera permitido tener políticas crediticias más
favorables e intereses bancarios más bajos, y sus estados
pudieran haber tenido un mayor déficit y un mayor gasto público.
Esto es fácil de entender y es lo que ha estado pasando. De ahí
que querer mantener estos criterios en estos momentos de gran
recesión es enormemente erróneo y debiera denunciarse, pues las
políticas impuestas por organismos como los Bancos Centrales
(incluyendo el BCE) son enormemente costosas y están haciendo un
gran daño a la mayoría de la población. Las izquierdas debieran
denunciar este enorme dominio del capital financiero en los
países de la UE, que se basa en la independencia por parte de
los bancos centrales que debiera interrumpirse, permitiendo un
mayor control de tales bancos (todos ellos entes público) por
parte de los representantes de la población.
Dos últimas observaciones. Como es predecible, el sistema
bancario y sus Bancos Centrales (incluyendo el BCE) niegan
ninguna responsabilidad en la destrucción del empleo,
atribuyéndolo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo y
a lo que consideran excesiva permisividad pública hacia los
déficits públicos. Y a través de sus agencias evaluadoras de los
bonos e instrumentos bancarios penalizan a aquellos estados que
consideran excesivamente tolerantes hacia su déficit público. El
caso más reciente es la evaluación de los bonos del estado
español, por parte de la agencia Standard & Poor’s,
penalizándolo por lo que consideran ser déficits excesivos. Es
absurdo (y no hay otra manera de decirlo) considerar –como lo
considera la Banca y sus apologistas como Sala i Martín- (ver
Sala i Martín, Enterrar a
Keynes, La Vanguardia, 17.12.09) tales agencias como
independientes de la Banca. Tales agencia están, en la práctica,
pagadas por la Banca y están al servicio de la banca. Fallaron
estrepitosamente en su supuesta evaluación del valor de los
productos bancarios, definiéndolos como excelentes justo una
semana antes de que colapsaran. Su credibilidad es nula y son
instrumentos de los intereses bancarios. Considerarlos
independientes es un ejemplo más de la impermeabilidad del dogma
liberal a los datos que les rodean. Lo que estamos viendo hoy es
una enorme agresividad del capital financiero hacia los Estados
que, conscientes de la gran responsabilidad que los bancos han
tenido en causar la crisis actual, están acentuando su
intervencionismo, que aún cuando ha sido hasta ahora
extraordinariamente limitado, está causando una gran
preocupación en los sistemas bancarios. En EE.UU., incluso el
que fue en su día Gobernador del Banco Central Estadounidense (The
Federal Reserve Board)
Alan Greenspan, admitió en una entrevista al Finantial Times
que “la nacionalización de la Banca puede ser la menos mala de
todas las opciones”. Y tanto el The New York Times como el
Washington Post han publicado artículos pidiendo la
nacionalización de la banca. Es en este clima intelectual que
parece irresponsable que se quieran mantener los Bancos
Centrales que supervisan la banca como agentes independientes,
sometidos primordialmente a la influencia de la banca. Que no se
esté considerando la pérdida de tal independencia es un
indicador más de la excesiva influencia del capital financiero
sobre el poder político - Sistema Digital
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