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España: El gobierno está equivocado y el PP todavía más.
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180510 - Creo que las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno socialista, en respuesta a la presión de la Unión Europea, son erróneas, por las razones que he elaborado extensamente en este forum (“Las políticas promovidas por la Unión Europea son ineficaces e injustas”. Sistema Digital. 07.05.10). Pero lo que encuentro incluso más reprobable son las propuestas del PP para salir de la crisis.

En su presentación el 12 de mayo, ante las Cortes Españolas, de las propuestas para salir de la crisis, el Sr. Rajoy indicó que tales propuestas ya habían mostrado su efectividad cuando fueron aplicadas por el gobierno de José María Aznar. Según Rajoy, tales medidas fueron determinantes para salir de la crisis económica anterior, que ocurrió a principios de los años noventa. De ahí la importancia de analizar cómo se salió de aquella crisis y a qué coste, tanto social como económico. La realidad es que la aplicación de aquellas políticas ahora llevaría a una situación semejante, con costes sociales y económicos mucho mayores, pues la crisis actual (la Gran Recesión) es mucho mayor que la crisis que tuvo lugar entonces.

El objetivo principal de las políticas públicas del PP para salir de la crisis fue la reducción del déficit público, igual que ahora. Y esta reducción del déficit público se hizo a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) y no a base de incrementar los impuestos, tal como el PP está proponiendo ahora. En realidad, el gobierno del cual el Sr. Rajoy fue parte, bajó los impuestos, aprobando reformas fiscales regresivas que favorecieron especialmente a las rentas del capital y a las rentas superiores. Una consecuencia de estas políticas fue un notable crecimiento del déficit que España tenía respecto al promedio de la UE-15 en gasto público social por habitante. Tal déficit aumentó de 1.928 euros estandarizados (euros con el mismo poder de compra en países con distintos niveles de riqueza en la UE-15) en 1996 a 2.242 euros en 2004, un crecimiento de 314 euros estandarizados por habitante (ver Navarro, V., dir. “La Situación Social en España, vol. III, Biblioteca Nueva).

Esto supone un incremento muy marcado del déficit de gasto público en las distintas dimensiones del estado del bienestar. Este enorme descenso del gasto público social junto con las reformas fiscales regresivas diluyó todavía más el impacto redistributivo del Estado español, uno de los estados menos redistributivos en la UE-15. Ello explica tanto el elevado nivel de desigualdad de rentas existentes en el país (el mayor de la UE-15, junto con Grecia y Portugal), como su elevada pobreza (de nuevo la más elevada de la UE-15, junto con Grecia y Portugal). Las políticas del PP incrementaron el porcentaje de la población que sufre pobreza, pasando de ser el 18% de la población en el año 1996 a un 20% en el 2003, incremento de dos puntos, que significó un aumento del número de pobres en varios millones de habitantes. Esta reducción del gasto afectó también a las pensiones públicas. El déficit de gasto en pensiones públicas por habitante de España con el promedio de la UE-15, se incrementó un 40% durante el periodo 1996-2003, pasando de ser 492 a 693 euros estandarizados, aún cuando el porcentaje de la población española por encima de los 65 años aumentó durante aquel periodo, siendo este porcentaje mayor que el promedio de la UE-15.

El retraso del estado del bienestar en España se debe no sólo a los cuarenta años de una dictadura de derechas enormemente represiva (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), con escasísima sensibilidad social (cuando el dictador murió, el gasto público social como porcentaje del PIB era sólo de un 14% del PIB, el más bajo, con diferencia, de la Europa occidental), sino también al dominio conservador y liberal en la vida política y mediática de este país, que resolvió la crisis de 1993 y 1994 a base de unas políticas que, aún cuando fueron iniciadas por el gobierno PSOE en el periodo 1993-1996, se acentuaron y expandieron todavía más en el periodo 1996-2004, durante el gobierno del PP. A la vista de esta experiencia, es fácil concluir que el desarrollo de las propuestas que está haciendo ahora el PP revertiría la reducción del déficit del gasto público social de España con la UE-15, que ha estado ocurriendo en el periodo 2004-2008 (bajando de 2.242 euros estandarizados en el año 2004 a 2.114 en el 2006, último año en que la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat ha publicado datos para toda la Unión Europea), siendo el incremento del gasto público social una de las características del periodo 2004-2008, consecuencia de las alianzas informales entre el PSOE y los partidos a su izquierda, incremento que fue reduciendo el déficit de gasto público social español con el promedio de la UE-15. La crisis actual se está intentando resolver a costa de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) que determinará una reversión de esta reducción del déficit del gasto público social, que se acentuaría más si gobernara el PP, tal como la experiencia de su gobierno anterior lo demuestra. Por otra parte, las políticas fiscales y económicas del PP (que acentuaron todavía más las realizadas por el gobierno socialista) favorecieron claramente la polarización de las rentas del país, tal como señalé en la sección anterior. Mientras que los costes laborales aumentaron durante el periodo 1999-2004 sólo un 3,7%, los beneficios empresariales aumentaron un 73%.

De estos beneficios, los más espectaculares fueron los de la banca, que alcanzó niveles exuberantes, basados en gran parte en actividades especulativas, de las cuales las inmobiliarias fueron las más importantes. La desregulación del precio del suelo llevada a cabo por el gobierno PP fue un elemento clave para provocar la burbuja inmobiliaria. El maridaje banca-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el centro del crecimiento económico, que absorbió una enorme cantidad de recursos que deberían haberse invertido en áreas más productivas y menos especulativas. La política económica del PP fue la política basada en la especulación, que ha sido causa del enorme retraso, no sólo social, sino también económico, del país. El colapso de la burbuja ha provocado el enorme problema de la falta de crédito, mientras que la reducción de la masa salarial ha creado el enorme problema de endeudamiento y escasa demanda, que es la mayor causa de la crisis, la cual empeoraría todavía más con la aplicación de las políticas del PP. Su autopromoción como el partido portador de la solución a la crisis actual carece de credibilidad, pues está recomendando las mismas políticas que nos llevaron a la crisis - Sistema Digital

La sanidad española

Vicenç Navarro
Público


Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador.

El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco.

Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables.

Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error. - Público
 

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España


 

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