Argentina Al día
¿Liberan a una condenada para que no hable? - Alucinantes
declaraciones de Kirchner y su gente

Ir al catálogo
de monografías y textos
sobre otros temas

Glosarios
Biografías
Libros en línea

Buscador
Central

"Asombro Oficial"

0505 - María Julia Alsogaray, ex funcionaria y estrecha colaboradora del ex presidente argentino Carlos Menem, fue liberada imprevistamente tras haber hecho revelaciones y advertencias (Ver Carta) acerca de gigantescos e inmorales sobresueldos que Carlos Menem pagaba a sus asistentes. Esta libertad parece haber sido concedida para que  la convicta Alsogaray, que había comenzado a hablar, dejara de hacerlo.

Todo hace suponer que Néstor Kirchner y su gobierno, de seguir adelante las investigaciones, abiertas tras las revelaciones de los sobresueldos, también podrían estar involucrados. De hecho, uno de los ministros de Kircher, Anibal Fernández, se apresuró a defender la existencia de "leyes secretas" que posibilitaron -según la Alsogaray-, por ejemplo, cobertura al pago de gigantescos sobresueldos y otros usos irregulares del dinero público

Ante la libertad de la Alsogaray, el presidente Kirchner, Alberto Fernández, Jefe de Gabinete y Cristina Fernández realizaron, presurosos y como adelantándose a todos y a todas las críticas, increíbles y casi alucinantes declaraciones

Kircher dijo: “Pareciera que algunos tienen miedo de que hable”

Alberto Fernández dijo: “Siempre queda esa sensación espantosa de que en la Argentina impera cierto sistema de impunidad perversa”

Cristina Fernández, mujer del presidente, dijo: “Llama la atención, es llamativo que justo cuando comenzó a hablar... Parece ser como que hubiera alguien interesado”

Que estas "declaraciones" las haga cualquier ciudadano común, vaya y pase. Pero que provengan del presidente de la nación, de su mujer y de su jefe de gabinete, que son políticos criollos profesionales desde hace treinta años, que cumplieron funciones para Carlos Menem, que negociaron gigantescas privatizaciones con el menemismo y que gobiernan el país desde hace dos años, es una burla a la inteligencia más desprevenida

Larga data

Hace 12 años que todos los funcionarios y políticos, además de los jueces, conocían el tema de la corrupción ruin de los sobresueldos. Sin embargo, la mayoría miró para el costado. ¿Porqué será? Hace unos días, cuando finalmente estalló el escándalo, gracias a la carta-advertencia de la presa Alsogaray, Néstor Kirchner se mostró indignado: Hace dos años que ejerce la presidencia de la República Argentina y jamás mencionó el tema ni promovió investigación alguna, mientras los niños de su país se mueren de hambre. Por otro lado, a los actuales miembros de la Corte Suprema argentina, aún no se les movió un pelo

Dichos de algunos políticos de la oposición

Elisa Carrió, del ARI, dijo que la excarcelación de Alsogaray demuestra que "el sistema de omertá funciona". "María Julia no llegó a decir nada. Ella, que forma parte del centro del poder mafioso del menemismo, sabe mucho más, no sólo de sobresueldos. No vuelve la justicia sino la impunidad"

Ricardo López Murphy, de
Recrear, habló de tres hechos "graves" que, según él, muestran que Kirchner invade al Poder Judicial.

"El primero es el fallo de la Corte diciendo que los delitos vinculados al terrorismo pueden prescribir (se refiere al rechazo del pedido de extradición de Jesús Lariz Iriondo, de la organización vasca ETA). Eso habla de una Justicia despareja, hemipléjica. El terrorismo es un delito imprescriptible", dijo.

"El segundo es cuando Kirchner apura a la Corte para que se expida sobre la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y el tercero es este fallo, el de Alsogaray. En principio, parece que se ajusta a derecho pero lo grave es que generó la reacción de Kirchner sospechando de él. El Presidente le da órdenes a la Justicia".

Jorge Rivas del PS dijo que "la libertad le llega a María Julia en el momento exacto en que parecía haber roto un pacto de silencio, mafioso".

Alberto Kohan, ultramenemista que dijo que nunca cobró sobre sueldos, se declaró satisfecho con la libertad de su amiga Alsogaray. Además, pidió que se eviten las "suspicacias" sobre la medida judicial

Omertà
Se trata de un código de honor siciliano que, en términos básicos, consiste de una promesa de silencio entre criminales en el caso de ser aprehendidos por las autoridades o, incluso, miembros de una pandilla rival externa. Gracias a la Omertà, las jerarquías y los nexos que conforman las estructuras del crimen organizado siciliano, el poder tras el poder, han logrado permanecer a lo largo de las décadas.

Las causas de la Alsogaray

María Julia Alsogaray, ex funcionaria del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quedó en libertad por orden de un tribunal federal, luego de permanecer 21 meses detenida por diversas causas que se le siguen por corrupción, informó una fuente judicial.

Alsogaray (62 años), una figura emblemática del menemismo, fue liberada luego de que un tribunal le otorgó la excarcelación bajo "caución juratoria" en sendas causas, una de ellas por la venta irregular de terrenos de la estatal Radio Nacional y otra por el pago de sobreprecios en las refacciones en la Secretaría de Medio Ambiente.

La ex dirigente que encabezó las privatizaciones de las telecomunicaciones y el acero en Argentina en los años 90 no podrá abandonar el país y deberá presentarse ante la justicia, cuando algún magistrado se lo requiera.

De todos modos, queda otra decena de causas abiertas en contra de la ex dirigente de la derechista Unión de Centro Democrático (Ucedé)

En los Tribunales -la dirigente apodada 'Mary July' y rotulada en algunos medios de prensa como "la dama de hierro del neoliberalismo"- ratificó este miércoles su versión de que durante la década menemista se pagaban sobresueldos de hasta 100.000 pesos (misma cantidad en dólares por entonces) a los ministros y de 50.000 pesos a los secretarios de Estado.

En las últimas semanas, Alsogaray ofreció entrevistas a los medios desde la cárcel en los que volvió a involucrar a los otros miembros del gabinete en irregularidades y aseguró que era "la única" que estaba presa porque no es peronista. En el marco de esta investigación, deberán presentarse ante el juez la próxima semana los ex ministros de Economía Domingo Cavallo, de Defensa Oscar Camilión y de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

Alsogaray fue detenida el 12 de agosto de 2003 por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien la procesó por las refacciones en un edificio público contratadas sin licitación y con pago de sobreprecios de hasta un 200%. El juez ordenó en aquel entonces un embargo por un millón de pesos (unos 330.000 dólares) contra la ex funcionaria, que acumulaba 13 denuncias en su contra con cinco encausamientos, entre ellos uno por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

Entre otros temas, Alsogaray no pudo explicar el origen de 400.000 dólares que utilizó para comprar un departamento en una costosa zona de Manhattan, en Nueva York. Desde su detención y hasta este miércoles, la otrora poderosa funcionaria pasó su vida en una
celda de menos de seis metros cuadrados, con una pequeña ventana que miraba a un pasillo, y que tenía una cama, un roperito y dos sillas, según la Justicia.

Solo en dos ocasiones abandonó la celda con permiso judicial. La última vez fue el 1 de abril pasado, para asistir al velatorio y entierro de su padre Alvaro Alsogaray, uno de los máximos dirigentes de la derecha argentina.

Además de ser secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de 1992 a 1999, Alsogaray fue interventora en el proceso de privatización de la empresa telefónica Entel y de la siderúrgica Somisa, en 1989 y 1990. Antes de hacerse menemista, María Julia había sido diputada nacional por la derechista UCeDé, fundada por su padre, un ex capitán del ejército, y ministro de Economía durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-62)

Más que confesión, advertencia
La carta que la Alsogaray mandó a un diario argentino

Reproducción de la carta de lectores enviada por María julia Alsogaray al diario "La Nación" de Buenos Aires 

"Nadie levantó la mano"
Señor Director:

"En noviembre de 1991 fui designada Secretario de Recursos Naturales y Ambiente Humano (organismo conocido como Secretaría de Medio Ambiente). Comencé, entonces, a concurrir a las reuniones del gabinete nacional, al que pertenecen los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación y suelen asistir el vicepresidente de la Nación, y algunos diputados y senadores.


"Simultáneamente, fui convocada por el entonces secretario general de la Presidencia Dr. Eduardo Bauzá, a una reunión en su despacho de la Casa Rosada, donde me comunicó que mensualmente recibiría una suma de dinero acorde a mi situación de secretario de la Presidencia. Dicho dinero, que según me explicó provenía de «fondos secretos» votados por el Congreso de la Nación para reparticiones del Poder Ejecutivo, estaban destinados a complementar la remuneración de los funcionarios de nivel político y a cubrir otros gastos.

"Ante mi pregunta sobre la operatoria de distribución, el ministro me dijo que quedaba a mi criterio pues se trataba de un monto del que no se rendía cuentas; el «sobre» con los fondos sería entregado mensualmente a la persona que yo designara al efecto.

"La suma percibida por los Secretarios era de $ 40.000 y, hasta donde supe por comentarios en gabinete, la de los ministros no bajaba de
$ 100.000 (suma posteriormente reducida a la mitad) según las mismas fuentes.

"Tiempo después, en reunión de gabinete, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se dirigió a los presentes en su totalidad y anunció la obligación de declarar «el sobre» tanto ante la AFIP como en las declaraciones juradas anuales personales que los funcionarios entregaban al escribano mayor de Gobierno.

"Nadie levantó la mano. Nadie preguntó «¿de qué sobre hablan?» Desde el Presidente de la Nación hasta los legisladores presentes dieron muestra de tener en claro el tema. Yo cumplí la instrucción recibida: distribuí el importe entre los funcionarios de mi área y les pedí que lo declararan.

"Sé, a través de las constancias que aparecen en distintas causas judiciales, que Domingo Cavallo también lo hizo. Ratificando en el mismo sentido declararon, además, en audiencia oral y pública y bajo juramento, varios funcionarios de alto rango del gobierno del Dr. Carlos Menem.

"El Dr. Carlos Tacchi fue interrogado sobre el tema cuando concurrió a informar a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y confirmó la operatoria. Todo ello quedó registrado en las transcripciones de las sesiones de la comisión y, en su momento, ampliamente reflejado por la prensa.

"El hecho de que tres funcionarios del gobierno del doctor Menem hayan mentido bajo juramento negando esos hechos y que el propio ex Presidente de la Nación tenga una actitud titubeante y contradictoria en sus declaraciones al respecto, sumada a la oportuna desaparición por razones «de salud» del Dr. Bauzá no cambia la verdad de los hechos.

"Los mismos son investigados actualmente por la Justicia. Yo misma he declarado como testigo sobre el tema, respondiendo a un interrogatorio del fiscal Stark. Espero que la investigación llegue a esclarecer la legalidad y responsabilidad en la administración de los tan mentados «Fondos Secretos» asignados por la Ley de Presupuesto y distribuidos según el criterio fijado por un decreto ley también secreto, cuyo contenido sólo conocían quienes debían administrarlos."

María Julia Alsogaray
DNI 5.380.299

Alsogaray Condenada - Santa Fe, Inundaciones y canalladas - Argentina y los niños con hambre - Caso Oscar Camilión Todo sea por la Patria - Caso Menem - ¿Dónde está el dinero que deben los argentinos desposeídos?

Sobresueldos o mirar para otro lado en Argentina
050
5 - Fuente Página 12 - Marcelo Zlotogwiazda - El cobro de sobresueldos mediante fondos reservados por parte de los funcionarios del menemismo es conocido públicamente desde que este diario, Página 12, lo reveló hace ya más de doce años, aunque durante larguísimo tiempo la Justicia hizo la vista gorda a la ilegalidad del mecanismo. Esa ilegalidad ya había quedado en evidencia cuando también este diario difundió diez años atrás la ley secreta que amparaba la existencia de gastos reservados para fines que no contemplaban reforzar los ingresos de los funcionarios. La Justicia recién se expidió sobre esa ilegalidad en el fallo de condena por enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray en junio del año pasado, cuando calificó ese mecanismo de pago extra como un sistema “perverso”, “ilegal”, “antijurídico” y “delictivo”. Esta jurisprudencia y el impacto político, mediático y de aceleración sobre las causas judiciales abiertas por este tema deberían desembocar en el enjuiciamiento y eventual condena para centenares de funcionarios que ocuparon cargos políticos jerárquicos durante la administración de Carlos Saúl Menem, e incluso para alguno que ocupa un importante puesto en este gobierno, como por ejemplo el presidente del Banco Central, Martín Redrado.
Según el informe que el experto contratado por la Oficina Anticorrupción, Alfredo Popritkin, elaboró a solicitud del fiscal Paulo Starc para la causa que lleva el juez federal Jorge Ballestero, el total de sobresueldos pagados durante el menemismo ascendió a 466 millones de pesos/dólares, con montos que llegaban hasta 100.000 por mes en algunos ministerios.

Buena memoria:

Lo que no le falta en la cabeza al ex ministro de Economía de Menem y de la Alianza es buena memoria. Consultado en un mini reportaje días atrás por el diario Clarín sobre el escándalo que se reavivó a partir de la carta publicada por la rea Alsogaray, respondió que se trataba de un tema viejo que se conoce desde 1993 o 1994.
Efectivamente, la primera vez que se tuvo conocimiento de que había sueldos por encima de los que establecía el Presupuesto Nacional fue el 14 de febrero de 1993, a través de una nota de este autor publicada en Página/12 titulada “Casa Rosada, socorros mutuos”. En ella se señalaba en base a testimonios off the record de tres altos funcionarios que “todos los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional perciben mensualmente un sobresueldo que más que duplica la remuneración que figura en los recibos”.
Incluso en aquella nota el entonces ministro del Interior Gustavo Beliz confirmó –aunque en forma elíptica– la existencia de los sobresueldos cuando, interrogado sobre el tema, en lugar de negarlo respondió: “De eso yo no hablo”.
El artículo, que no fue desmentido, ya informaba que el dinero para esos pagos provenía de partidas de gastos reservados que eran administradas por el entonces secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá. Según las averiguaciones de aquel momento, las cifras irregulares cobradas adicionalmente eran muy inferiores a las que se pagaron más adelante: al comienzo se repartían 4000 pesos a los ministros, 3500 a los secretarios y 3000 a los subsecretarios. Esas cifras fueron luego incrementándose de manera considerable, según se supo a partir del peritaje del contador Popritkin y de las confesiones de varios de los beneficiados, además de María Julia Alsogaray. Entre ellos, por ejemplo, el ex titular de la DGI, el ucedeísta Ricardo Cossio, y el ex ministro de Defensa, el desarrollista Oscar Camilión, quien reconoció que cobró en negro 30.000 pesos por mes durante los tres años que formó parte del gabinete de Menem.
La revelación sobre la existencia de sobresueldos no provocó ninguna reacción por parte de la Justicia, que miró para otro lado. Según decían en aquella época los beneficiados, el mecanismo no era ilegal porqueestaba amparado por leyes secretas sobre gastos reservados, si bien reconocían que durante los primeros meses del menemismo el dinero se originaba en fondos negros que adornaban al gobierno. Más aún, se justificaban afirmando que los sobresueldos o sueldos en sobre figuraban en las declaraciones juradas de impuestos que presentaban los funcionarios.

Falsedad a la vista:

El argumento por el cual los funcionarios justificaban la ilegalidad se demostró falso en noviembre de 1995, cuando nuevamente este diario publicó por primera vez la ley secreta que supuestamente amparaba los pagos. La investigación apuntaba a probar no sólo la ilegalidad de los sobresueldos, sino además que los gastos reservados eran usados para otros fines no contemplados por dicha norma.
En particular, Página/12 había detectado planillas en la contabilidad presupuestaria de la Secretaría de Hacienda que documentaban que también había partidas de gastos reservados destinadas al Congreso de la Nación y al Ministerio de Educación, que en aquel entonces estaba a cargo de Jorge Rodríguez. Esas partidas se usaban para compras tan variadas como alimentos en supermercados, pago de expensas, compensación en efectivo a los legisladores por el no uso de pasajes, pago de asesores, apoyo a bibliotecas y a solventar contratos para pintar y alfombrar el Palacio Pizzurno.
Tanto la utilización de los fondos reservados para sobresueldos como para las erogaciones mencionadas por parte del Congreso o de Educación, violaban claramente el texto y el espíritu de la ley secreta 18302 de 1969, que complementariamente con el decreto secreto 5315 del 1958 delimitaban el uso de partidas secretas que no requerían rendición a fines y organismos que presten servicios “atinentes a la seguridad del Estado”. Por medio de esas normas o de artículos de las sucesivas leyes presupuestarias se fue especificando qué ministerios o reparticiones podían ver acreditados fondos reservados: según el momento, Presidencia, SIDE, Cancillería, Defensa, Interior, y durante las dictaduras también las Fuerzas Armadas. Como rareza, en 1992 el Presupuesto habilitó también al Poder Legislativo, aunque nada tuviera que ver con la prestación de servicios atinentes a la seguridad del Estado.
El ruido que la información generó en aquellos días provocó la reacción del presidente Menem, que intentó minimizar el tema diciendo que “se está buscando el pelo en la leche”. Se defendió diciendo que el uso de fondos reservados forma parte de una “larga tradición en la Argentina y en varios otros países del mundo”. Pero no reconoció ni dijo nada aquel 29 de noviembre de 1995 acerca de que con ese dinero sin control se pagaban sobresueldos.
En cuanto a la Justicia, siguió haciendo la vista gorda.

Todo a la vista:

Tres meses después, a mediados de febrero de 1996, ya no pudieron negar lo evidente. Ocurrió que se conocieron públicamente las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias del ministro Domingo Cavallo de los años 1991, 1992 y 1993, donde él hacía figurar como ingresos 72.736, 72.132 y 76.000 pesos en concepto de ingresos provenientes de fondos reservados “ley 18.302”, según constaba en las planillas presentadas a la DGI y difundidas en el programa de televisión “Día D”.
Como se puede apreciar, el sobresueldo mensual –al menos el de Cavallo– era un 50 por ciento más elevado de lo que este diario había averiguado tres años antes. O Cavallo gozaba de coronita en su calva cabeza o el gobierno entero se había autoadjudicado un salariazo en sus ingresos negros. Cavallo no tuvo más remedio que reconocer la autenticidad de la declaración jurada, pero metió a todo el gabinete en la misma bolsa (los cortocircuitos con el menemismo ya eran intensos y habrían de estallar meses después con su denuncia sobre las mafias yabranistas enquistadas en el poder), diciendo que “todos los funcionarios del gobierno argentino cobran sobresueldos desde 1991” y agregó que fue por recomendación de su secretario de Ingresos Públicos, el ya fallecido Carlos Tacchi, que los pagos con fondos reservados de los funcionarios se incorporaban a las declaraciones juradas.
Lo que el ministro de Economía no pudo explicar satisfactoriamente fue por qué esos ingresos salariales extras los incluía en la declaración como ingresos exentos, es decir desgravados del pago de impuestos. Gracias, entre otros, a ese ardid elusivo, el total del impuesto que pagó Cavallo en 1994 ascendió a apenas 5009,13 pesos, menos de lo que abonaba un empleado de cuarta categoría con un salario medio.
El menemismo no tardó en salirle al cruce. Dos colegas de gabinete, el ministro de Educación Jorge Rodríguez y el entonces ombudsman y ex titular de Justicia, Jorge Maiorano, admitieron que embolsaban sobresueldos pero que los declaraban como ingresos gravados. El secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, también reconoció los pagos extras, aunque se las ingenió para evadir la respuesta sobre si los declaraba como gravados o exentos.
El escándalo quedó tapado rápidamente por el furioso internismo que había en el gobierno, y todo quedó reducido a cruces de acusaciones sobre quién había filtrado las declaraciones juradas al periodismo.
La Justicia, bien gracias.

El tiro por la culata:

Ya caído en desgracia el menemismo, y en particular ella misma, María Julia Alsogaray intentó aprovechar el viento en contra a su favor. Acusada en una de las tantas causas en su contra de enriquecimiento ilícito, optó por justificar 622.000 pesos de incremento patrimonial en el cobro de los sobresueldos. Para ello la defensa solicitó el testimonio de Ricardo Cossio y de otros seis que refrendaron la existencia de los sobresueldos.
Sin embargo, el Tribunal Oral que la juzgó y condenó a mediados del año pasado a tres años de prisión efectiva con el voto mayoritario de los jueces Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino no aceptó la estrategia defensiva de la privatizadora de ENTel y Somisa y ex secretaria de Recursos Naturales, argumentando que “no existen rastros, no hay recibos firmados, ni contabilidad que acredite ni cómo, ni cuándo cobraba la funcionaria” esos sobresueldos. Y para que no queden dudas, agregaron que los sobresueldos “en forma alguna permitirían, aún acreditado su monto, justificar el incremento patrimonial de la imputada”.
Pero más allá del fracaso de la estrategia de la actual convicta, el fallo del Tribunal sentó por primera vez jurisprudencia que debería servir como antecedente para enjuiciar y eventualmente condenar a los centenares de funcionarios que cobraron sobresueldos. A los que ya están acusados formalmente (como a los ex ministros Raúl Granillo Ocampo, Cavallo, Alberto Mazza, Jorge Domínguez, José Uriburu, Camilión, a las ex secretarias Claudia Bello y Beatriz Gutiérrez Walker, y a Cossio), a los que reconocieron que cobraron pero todavía no están imputados (mencionados en esta nota), y a los que fueron denunciados por gente que era de su confianza pero lo niegan, como Eva Gatica o el actual presidente del Banco Central y titular de la Comisión Nacional de Valores durante el menemismo, Martín Redrado.
En los fundamentos de la sentencia a María Julia los magistrados también se pronunciaron específicamente sobre el mecanismo de los sobresueldos sosteniendo que el carácter secreto de la ley en que se enmarcan “provoca espacios ocultos, libres de control, que pueden favorecer actividades irregulares, antijurídicas e incluso ilícitas, cubiertas con la impunidad que esas ventajas otorgan”.
Más adelante califican el sistema de “trampa” y de “sistema perverso e ilegal de cobro de sobreasignaciones”. Y generalizan la descripción sosteniendo que “existió una actividad sistemática e irregular por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo que tenían a su cargo la administración de fondos públicos, acciones que alcanzan la categoría de delito consistente en el pago a los funcionarios de mayor jerarquía, en forma absolutamente discrecional, de sobreasignaciones que no tenían ningún respaldo legal, utilizando fondos que tenían otros objetivos”.
Para el Tribunal, la ley 18.302 que muchos testigos invocaron preveía fondos sólo para seguridad y defensa. Lo mismo que este diario afirmó hace diez años.
Hay varios jueces con causas abiertas a las que el citado fallo y los datos aquí aportados deberían serles de mucha utilidad. A Ballestero en la causa puntual por los sobresueldos, a Rodolfo Canicoba Corral en la causa por el uso en general de fondos reservados, a Jorge Urso, que investiga supuestos pagos irregulares a jueces, y a María Romilda Servini de Cubría, que se ocupa del caso Redrado


Principal-|-Consulta a Avizora |-Sugiera su Sitio | Temas Que Queman | Libros Gratis
Publicaciones | GlosariosLibro de Visitas-|-Horóscopo | Gana Dinero


AVIZORA
TEL: +54 (3492) 434313 /+54 (3492) 452494 / +54 (3492) 421382 /
+54 (3492) 15 612463 ARGENTINA
Web master: webmaster@avizora.com
Copyright © 2001 m. Avizora.com