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0505 -
María Julia Alsogaray, ex funcionaria y estrecha
colaboradora del ex presidente argentino Carlos Menem, fue liberada
imprevistamente tras haber hecho revelaciones y advertencias
(Ver Carta)
acerca de gigantescos e inmorales sobresueldos que
Carlos Menem pagaba a sus asistentes. Esta libertad parece haber sido
concedida para que la convicta Alsogaray, que había comenzado a
hablar, dejara de hacerlo.
Todo hace suponer que Néstor Kirchner y su gobierno, de seguir adelante las
investigaciones, abiertas tras las revelaciones de los sobresueldos, también
podrían estar involucrados. De hecho, uno de los ministros de Kircher,
Anibal Fernández, se apresuró a defender la existencia de "leyes secretas"
que posibilitaron -según la Alsogaray-, por ejemplo, cobertura al pago de
gigantescos sobresueldos y otros usos irregulares del dinero público
Ante la libertad de la Alsogaray, el presidente Kirchner, Alberto Fernández,
Jefe de Gabinete y Cristina Fernández realizaron, presurosos y como
adelantándose a todos y a todas las críticas, increíbles y casi alucinantes
declaraciones
Kircher dijo:
“Pareciera que algunos tienen miedo de que hable”
Alberto Fernández dijo:
“Siempre queda esa sensación espantosa de que en la Argentina impera cierto
sistema de impunidad perversa”
Cristina Fernández, mujer del
presidente, dijo: “Llama la atención, es llamativo que justo cuando
comenzó a hablar... Parece ser como que hubiera alguien interesado”
Que estas "declaraciones" las haga
cualquier ciudadano común, vaya y pase. Pero que provengan del presidente de
la nación, de su mujer y de su jefe de gabinete, que son políticos criollos
profesionales desde hace treinta años, que cumplieron funciones para Carlos
Menem, que negociaron gigantescas privatizaciones con el menemismo y que
gobiernan el país desde hace dos años, es una burla a la inteligencia más
desprevenida
Larga data
Hace 12 años que todos los funcionarios y políticos,
además de los jueces, conocían el tema de la corrupción ruin de los
sobresueldos. Sin embargo, la mayoría miró para el costado. ¿Porqué
será? Hace unos días, cuando finalmente estalló el escándalo, gracias
a la carta-advertencia de la presa Alsogaray, Néstor Kirchner
se mostró indignado:
Hace dos años que ejerce la presidencia de la República Argentina y
jamás mencionó el tema ni promovió investigación alguna, mientras los
niños de su país
se mueren de hambre.
Por otro lado, a los actuales miembros de la Corte Suprema argentina, aún no
se les movió un pelo
Dichos de algunos políticos de la oposición
Elisa
Carrió, del ARI, dijo que la excarcelación de Alsogaray demuestra que
"el sistema de omertá funciona". "María Julia no
llegó a decir nada. Ella, que forma parte del centro del poder mafioso del
menemismo, sabe mucho más, no sólo de sobresueldos. No vuelve la justicia
sino la impunidad"
Ricardo López Murphy, de
Recrear, habló
de tres hechos "graves" que, según él, muestran que Kirchner invade al Poder
Judicial.
"El primero es el fallo de la Corte diciendo que los delitos vinculados al
terrorismo pueden prescribir (se refiere al rechazo del pedido de
extradición de Jesús Lariz Iriondo, de la organización vasca ETA). Eso habla
de una Justicia despareja, hemipléjica. El terrorismo es un delito
imprescriptible", dijo.
"El segundo es cuando Kirchner apura a la Corte para que se expida sobre la
nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y el tercero es
este fallo, el de Alsogaray. En principio, parece que se ajusta a derecho
pero lo grave es que generó la reacción de Kirchner sospechando de él. El
Presidente le da órdenes a la Justicia".
Jorge Rivas del PS dijo que "la libertad le llega a María Julia en el
momento exacto en que parecía haber roto un pacto de silencio, mafioso".
Alberto Kohan,
ultramenemista que dijo que nunca cobró sobre sueldos,
se declaró satisfecho con la libertad de su amiga Alsogaray. Además, pidió
que se eviten las "suspicacias" sobre la medida judicial
Omertà
Se trata de un código de honor siciliano que, en términos básicos, consiste
de una promesa de silencio entre criminales en el caso de ser aprehendidos
por las autoridades o, incluso, miembros de una pandilla rival externa.
Gracias a la Omertà, las jerarquías y los nexos que conforman las
estructuras del crimen organizado siciliano, el poder tras el poder, han
logrado permanecer a lo largo de las décadas.
Las causas de la Alsogaray
María Julia Alsogaray, ex funcionaria del
gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quedó en libertad por orden de un
tribunal federal, luego de permanecer 21 meses detenida por diversas causas
que se le siguen por corrupción, informó una fuente judicial.
Alsogaray (62 años), una figura emblemática
del menemismo, fue liberada luego de que un tribunal le otorgó la
excarcelación bajo "caución juratoria" en sendas causas, una de ellas por la
venta irregular de terrenos de la estatal Radio Nacional y otra por el pago
de sobreprecios en las refacciones en la Secretaría de Medio Ambiente.
La ex dirigente que encabezó las
privatizaciones de las telecomunicaciones y el acero en Argentina en los
años 90 no podrá abandonar el país y deberá presentarse ante la justicia,
cuando algún magistrado se lo requiera.
De todos modos, queda otra decena de causas
abiertas en contra de la ex dirigente de la derechista Unión de Centro
Democrático (Ucedé)
En los Tribunales -la dirigente apodada 'Mary
July' y rotulada en algunos medios de prensa como "la dama de hierro del
neoliberalismo"- ratificó este miércoles su versión de que durante la década
menemista se pagaban sobresueldos de hasta 100.000 pesos (misma cantidad en
dólares por entonces) a los ministros y de 50.000 pesos a los secretarios de
Estado.
En las últimas semanas, Alsogaray ofreció
entrevistas a los medios desde la cárcel en los que volvió a involucrar a
los otros miembros del gabinete en irregularidades y aseguró que era "la
única" que estaba presa porque no es peronista. En el marco de esta
investigación, deberán presentarse ante el juez la próxima semana los ex
ministros de Economía Domingo Cavallo, de Defensa Oscar Camilión y de
Justicia Raúl Granillo Ocampo.
Alsogaray fue detenida el 12 de agosto de 2003
por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien la procesó por las
refacciones en un edificio público contratadas sin licitación y con pago de
sobreprecios de hasta un 200%. El juez ordenó en aquel entonces un embargo
por un millón de pesos (unos 330.000 dólares) contra la ex funcionaria, que
acumulaba 13 denuncias en su contra con cinco encausamientos, entre ellos
uno por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Entre otros temas, Alsogaray no pudo explicar
el origen de 400.000 dólares que utilizó para comprar un departamento en una
costosa zona de Manhattan, en Nueva York. Desde su detención y hasta este
miércoles, la otrora poderosa funcionaria pasó su vida en una
celda de menos de seis metros cuadrados, con una pequeña ventana que miraba
a un pasillo, y que tenía una cama, un roperito y dos sillas, según la
Justicia.
Solo en dos ocasiones abandonó la celda con
permiso judicial. La última vez fue el 1 de abril pasado, para asistir al
velatorio y entierro de su padre Alvaro Alsogaray, uno de los máximos
dirigentes de la derecha argentina.
Además de ser secretaria de Recursos Naturales
y Ambiente Humano de 1992 a 1999, Alsogaray fue interventora en el proceso
de privatización de la empresa telefónica Entel y de la siderúrgica Somisa,
en 1989 y 1990. Antes de hacerse menemista, María Julia había sido diputada
nacional por la derechista UCeDé, fundada por su padre, un ex capitán del
ejército, y ministro de Economía durante el gobierno de Arturo Frondizi
(1958-62)
Más que
confesión, advertencia
La carta que la Alsogaray mandó a un diario argentino
Reproducción de la carta
de lectores enviada por María julia Alsogaray al diario "La Nación" de
Buenos Aires
"Nadie levantó la mano"
Señor Director:
"En noviembre de 1991 fui designada Secretario de Recursos Naturales y
Ambiente Humano (organismo conocido como Secretaría de Medio Ambiente).
Comencé, entonces, a concurrir a las reuniones del gabinete nacional, al que
pertenecen los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación y
suelen asistir el vicepresidente de la Nación, y algunos diputados y
senadores.
"Simultáneamente, fui
convocada por el entonces secretario general de la Presidencia Dr. Eduardo
Bauzá, a una reunión en su despacho de la Casa Rosada, donde me comunicó que
mensualmente recibiría una suma de dinero acorde a mi situación de
secretario de la Presidencia. Dicho dinero, que según me explicó provenía de
«fondos secretos» votados por el Congreso de la Nación para reparticiones
del Poder Ejecutivo, estaban destinados a complementar la remuneración de
los funcionarios de nivel político y a cubrir otros gastos.
"Ante mi pregunta sobre la operatoria de distribución, el ministro me dijo
que quedaba a mi criterio pues se trataba de un monto del que no se rendía
cuentas; el «sobre» con los fondos sería entregado mensualmente a la persona
que yo designara al efecto.
"La suma percibida por los Secretarios era de $ 40.000 y, hasta donde supe
por comentarios en gabinete, la de los ministros no bajaba de
$ 100.000 (suma posteriormente reducida a la mitad) según las mismas
fuentes.
"Tiempo después, en reunión de gabinete, el ministro de Economía, Domingo
Cavallo, se dirigió a los presentes en su totalidad y anunció la obligación
de declarar «el sobre» tanto ante la AFIP como en las declaraciones juradas
anuales personales que los funcionarios entregaban al escribano mayor de
Gobierno.
"Nadie levantó la mano. Nadie preguntó «¿de qué sobre hablan?» Desde el
Presidente de la Nación hasta los legisladores presentes dieron muestra de
tener en claro el tema. Yo cumplí la instrucción recibida: distribuí el
importe entre los funcionarios de mi área y les pedí que lo declararan.
"Sé, a través de las constancias que aparecen en distintas causas
judiciales, que Domingo Cavallo también lo hizo. Ratificando en el mismo
sentido declararon, además, en audiencia oral y pública y bajo juramento,
varios funcionarios de alto rango del gobierno del Dr. Carlos Menem.
"El Dr. Carlos Tacchi fue interrogado sobre el tema cuando concurrió a
informar a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y confirmó la
operatoria. Todo ello quedó registrado en las transcripciones de las
sesiones de la comisión y, en su momento, ampliamente reflejado por la
prensa.
"El hecho de que tres funcionarios del gobierno del doctor Menem hayan
mentido bajo juramento negando esos hechos y que el propio ex Presidente de
la Nación tenga una actitud titubeante y contradictoria en sus declaraciones
al respecto, sumada a la oportuna desaparición por razones «de salud» del
Dr. Bauzá no cambia la verdad de los hechos.
"Los mismos son investigados actualmente por la Justicia. Yo misma he
declarado como testigo sobre el tema, respondiendo a un interrogatorio del
fiscal Stark. Espero que la investigación llegue a esclarecer la legalidad y
responsabilidad en la administración de los tan mentados «Fondos Secretos»
asignados por la Ley de Presupuesto y distribuidos según el criterio fijado
por un decreto ley también secreto, cuyo contenido sólo conocían quienes
debían administrarlos."
María Julia Alsogaray
DNI 5.380.299 |
Sobresueldos o mirar
para otro lado en Argentina
0505 -
Fuente
Página 12 -
Marcelo
Zlotogwiazda - El
cobro de sobresueldos mediante fondos reservados por parte de los
funcionarios del menemismo es conocido públicamente desde que este
diario, Página 12, lo reveló hace ya más de doce años, aunque durante
larguísimo tiempo la Justicia hizo la vista gorda a la ilegalidad del
mecanismo. Esa ilegalidad ya había quedado en evidencia cuando también
este diario difundió diez años atrás la ley secreta que amparaba la
existencia de gastos reservados para fines que no contemplaban
reforzar los ingresos de los funcionarios. La Justicia recién se
expidió sobre esa ilegalidad en el fallo de condena por
enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray en junio del año
pasado, cuando calificó ese mecanismo de pago extra como un sistema
“perverso”, “ilegal”, “antijurídico” y “delictivo”. Esta
jurisprudencia y el impacto político, mediático y de aceleración sobre
las causas judiciales abiertas por este tema deberían desembocar en el
enjuiciamiento y eventual condena para centenares de funcionarios que
ocuparon cargos políticos jerárquicos durante la administración de
Carlos Saúl Menem, e incluso para alguno que ocupa un importante
puesto en este gobierno, como por ejemplo el presidente del Banco
Central, Martín Redrado.
Según el informe que el experto contratado por la Oficina
Anticorrupción, Alfredo Popritkin, elaboró a solicitud del fiscal
Paulo Starc para la causa que lleva el juez federal Jorge Ballestero,
el total de sobresueldos pagados durante el menemismo ascendió a 466
millones de pesos/dólares, con montos que llegaban hasta 100.000 por
mes en algunos ministerios.
Buena memoria:
Lo que no le falta en la cabeza al ex ministro de Economía de Menem y
de la Alianza es buena memoria. Consultado en un mini reportaje días
atrás por el diario Clarín sobre el escándalo que se reavivó a partir
de la carta publicada por la rea Alsogaray, respondió que se trataba
de un tema viejo que se conoce desde 1993 o 1994.
Efectivamente, la primera vez que se tuvo conocimiento de que había
sueldos por encima de los que establecía el Presupuesto Nacional fue
el 14 de febrero de 1993, a través de una nota de este autor publicada
en Página/12 titulada “Casa Rosada, socorros mutuos”. En ella se
señalaba en base a testimonios off the record de tres altos
funcionarios que “todos los ministros, secretarios y subsecretarios
del Poder Ejecutivo Nacional perciben mensualmente un sobresueldo que
más que duplica la remuneración que figura en los recibos”.
Incluso en aquella nota el entonces ministro del Interior Gustavo
Beliz confirmó –aunque en forma elíptica– la existencia de los
sobresueldos cuando, interrogado sobre el tema, en lugar de negarlo
respondió: “De eso yo no hablo”.
El artículo, que no fue desmentido, ya informaba que el dinero para
esos pagos provenía de partidas de gastos reservados que eran
administradas por el entonces secretario general de la Presidencia,
Eduardo Bauzá. Según las averiguaciones de aquel momento, las cifras
irregulares cobradas adicionalmente eran muy inferiores a las que se
pagaron más adelante: al comienzo se repartían 4000 pesos a los
ministros, 3500 a los secretarios y 3000 a los subsecretarios. Esas
cifras fueron luego incrementándose de manera considerable, según se
supo a partir del peritaje del contador Popritkin y de las confesiones
de varios de los beneficiados, además de María Julia Alsogaray. Entre
ellos, por ejemplo, el ex titular de la DGI, el ucedeísta Ricardo
Cossio, y el ex ministro de Defensa, el desarrollista
Oscar Camilión, quien reconoció que cobró en negro 30.000 pesos
por mes durante los tres años que formó parte del gabinete de Menem.
La revelación sobre la existencia de sobresueldos no provocó ninguna
reacción por parte de la Justicia, que miró para otro lado. Según
decían en aquella época los beneficiados, el mecanismo no era ilegal
porqueestaba amparado por leyes secretas sobre gastos reservados, si
bien reconocían que durante los primeros meses del menemismo el dinero
se originaba en fondos negros que adornaban al gobierno. Más aún, se
justificaban afirmando que los sobresueldos o sueldos en sobre
figuraban en las declaraciones juradas de impuestos que presentaban
los funcionarios.
Falsedad a la vista:
El argumento por el cual los funcionarios justificaban la ilegalidad
se demostró falso en noviembre de 1995, cuando nuevamente este diario
publicó por primera vez la ley secreta que supuestamente amparaba los
pagos. La investigación apuntaba a probar no sólo la ilegalidad de los
sobresueldos, sino además que los gastos reservados eran usados para
otros fines no contemplados por dicha norma.
En particular, Página/12 había detectado planillas en la contabilidad
presupuestaria de la Secretaría de Hacienda que documentaban que
también había partidas de gastos reservados destinadas al Congreso de
la Nación y al Ministerio de Educación, que en aquel entonces estaba a
cargo de Jorge Rodríguez. Esas partidas se usaban para compras tan
variadas como alimentos en supermercados, pago de expensas,
compensación en efectivo a los legisladores por el no uso de pasajes,
pago de asesores, apoyo a bibliotecas y a solventar contratos para
pintar y alfombrar el Palacio Pizzurno.
Tanto la utilización de los fondos reservados para sobresueldos como
para las erogaciones mencionadas por parte del Congreso o de
Educación, violaban claramente el texto y el espíritu de la ley
secreta 18302 de 1969, que complementariamente con el decreto secreto
5315 del 1958 delimitaban el uso de partidas secretas que no requerían
rendición a fines y organismos que presten servicios “atinentes a la
seguridad del Estado”. Por medio de esas normas o de artículos de las
sucesivas leyes presupuestarias se fue especificando qué ministerios o
reparticiones podían ver acreditados fondos reservados: según el
momento, Presidencia, SIDE, Cancillería, Defensa, Interior, y durante
las dictaduras también las Fuerzas Armadas. Como rareza, en 1992 el
Presupuesto habilitó también al Poder Legislativo, aunque nada tuviera
que ver con la prestación de servicios atinentes a la seguridad del
Estado.
El ruido que la información generó en aquellos días provocó la
reacción del presidente Menem, que intentó minimizar el tema diciendo
que “se está buscando el pelo en la leche”. Se defendió diciendo que
el uso de fondos reservados forma parte de una “larga tradición en la
Argentina y en varios otros países del mundo”. Pero no reconoció ni
dijo nada aquel 29 de noviembre de 1995 acerca de que con ese dinero
sin control se pagaban sobresueldos.
En cuanto a la Justicia, siguió haciendo la vista gorda.
Todo a la vista:
Tres meses después, a mediados de febrero de 1996, ya no pudieron
negar lo evidente. Ocurrió que se conocieron públicamente las
declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias del ministro
Domingo Cavallo de los años 1991, 1992 y 1993, donde él hacía figurar
como ingresos 72.736, 72.132 y 76.000 pesos en concepto de ingresos
provenientes de fondos reservados “ley 18.302”, según constaba en las
planillas presentadas a la DGI y difundidas en el programa de
televisión “Día D”.
Como se puede apreciar, el sobresueldo mensual –al menos el de Cavallo–
era un 50 por ciento más elevado de lo que este diario había
averiguado tres años antes. O Cavallo gozaba de coronita en su calva
cabeza o el gobierno entero se había autoadjudicado un salariazo en
sus ingresos negros. Cavallo no tuvo más remedio que reconocer la
autenticidad de la declaración jurada, pero metió a todo el gabinete
en la misma bolsa (los cortocircuitos con el menemismo ya eran
intensos y habrían de estallar meses después con su denuncia sobre las
mafias yabranistas enquistadas en el poder), diciendo que “todos los
funcionarios del gobierno argentino cobran sobresueldos desde 1991” y
agregó que fue por recomendación de su secretario de Ingresos
Públicos, el ya fallecido Carlos Tacchi, que los pagos con fondos
reservados de los funcionarios se incorporaban a las declaraciones
juradas.
Lo que el ministro de Economía no pudo explicar satisfactoriamente fue
por qué esos ingresos salariales extras los incluía en la declaración
como ingresos exentos, es decir desgravados del pago de impuestos.
Gracias, entre otros, a ese ardid elusivo, el total del impuesto que
pagó Cavallo en 1994 ascendió a apenas 5009,13 pesos, menos de lo que
abonaba un empleado de cuarta categoría con un salario medio.
El menemismo no tardó en salirle al cruce. Dos colegas de gabinete, el
ministro de Educación Jorge Rodríguez y el entonces ombudsman y ex
titular de Justicia, Jorge Maiorano, admitieron que embolsaban
sobresueldos pero que los declaraban como ingresos gravados. El
secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, también reconoció
los pagos extras, aunque se las ingenió para evadir la respuesta sobre
si los declaraba como gravados o exentos.
El escándalo quedó tapado rápidamente por el furioso internismo que
había en el gobierno, y todo quedó reducido a cruces de acusaciones
sobre quién había filtrado las declaraciones juradas al periodismo.
La Justicia, bien gracias.
El tiro por la culata:
Ya caído en desgracia el menemismo, y en particular ella misma, María
Julia Alsogaray intentó aprovechar el viento en contra a su favor.
Acusada en una de las tantas causas en su contra de enriquecimiento
ilícito, optó por justificar 622.000 pesos de incremento patrimonial
en el cobro de los sobresueldos. Para ello la defensa solicitó el
testimonio de Ricardo Cossio y de otros seis que refrendaron la
existencia de los sobresueldos.
Sin embargo, el Tribunal Oral que la juzgó y condenó a mediados del
año pasado a tres años de prisión efectiva con el voto mayoritario de
los jueces Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino no aceptó la
estrategia defensiva de la privatizadora de ENTel y Somisa y ex
secretaria de Recursos Naturales, argumentando que “no existen
rastros, no hay recibos firmados, ni contabilidad que acredite ni
cómo, ni cuándo cobraba la funcionaria” esos sobresueldos. Y para que
no queden dudas, agregaron que los sobresueldos “en forma alguna
permitirían, aún acreditado su monto, justificar el incremento
patrimonial de la imputada”.
Pero más allá del fracaso de la estrategia de la actual convicta, el
fallo del Tribunal sentó por primera vez jurisprudencia que debería
servir como antecedente para enjuiciar y eventualmente condenar a los
centenares de funcionarios que cobraron sobresueldos. A los que ya
están acusados formalmente (como a los ex ministros Raúl Granillo
Ocampo, Cavallo, Alberto Mazza, Jorge Domínguez, José Uriburu,
Camilión, a las ex secretarias Claudia Bello y Beatriz Gutiérrez
Walker, y a Cossio), a los que reconocieron que cobraron pero todavía
no están imputados (mencionados en esta nota), y a los que fueron
denunciados por gente que era de su confianza pero lo niegan, como Eva
Gatica o el actual presidente del Banco Central y titular de la
Comisión Nacional de Valores durante el menemismo, Martín Redrado.
En los fundamentos de la sentencia a María Julia los magistrados
también se pronunciaron específicamente sobre el mecanismo de los
sobresueldos sosteniendo que el carácter secreto de la ley en que se
enmarcan “provoca espacios ocultos, libres de control, que pueden
favorecer actividades irregulares, antijurídicas e incluso ilícitas,
cubiertas con la impunidad que esas ventajas otorgan”.
Más adelante califican el sistema de “trampa” y de “sistema perverso e
ilegal de cobro de sobreasignaciones”. Y generalizan la descripción
sosteniendo que “existió una actividad sistemática e irregular por
parte de funcionarios del Poder Ejecutivo que tenían a su cargo la
administración de fondos públicos, acciones que alcanzan la categoría
de delito consistente en el pago a los funcionarios de mayor
jerarquía, en forma absolutamente discrecional, de sobreasignaciones
que no tenían ningún respaldo legal, utilizando fondos que tenían
otros objetivos”.
Para el Tribunal, la ley 18.302 que muchos testigos invocaron preveía
fondos sólo para seguridad y defensa. Lo mismo que este diario afirmó
hace diez años.
Hay varios jueces con causas abiertas a las que el citado fallo y los
datos aquí aportados deberían serles de mucha utilidad. A Ballestero
en la causa puntual por los sobresueldos, a Rodolfo Canicoba Corral en
la causa por el uso en general de fondos reservados, a Jorge Urso, que
investiga supuestos pagos irregulares a jueces, y a María Romilda
Servini de Cubría, que se ocupa del caso Redrado |
