020707 - Fuente Perfil - Rubén Lasagno - Documento histórico: el día que Cristina Kirchner forzó a Santa Cruz a avalar la privatización de YPF

El 17 de septiembre de 1992, sólo siete días antes de la venta de YPF, Cristina Kirchner tomó la palabra en una sesión de la Legislatura santacruceña para presionar a los diputados a que aprobaran la privatización de la hasta entonces petrolera estatal.

El proyecto impulsado por la actual senadora y posible candidata presidencial declaraba la “Necesidad de sanción del proyecto de Ley nacional ‘Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales’”. Hoy, el gobierno kirchnerista, no pierde oportunidad para atacar a la década de los '90 y los procesos de privatización.

Los números de Santa Cruz estaban entonces en rojo y la venta de YPF permitiría llenar las arcas provinciales. Una semana después, el hoy secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, defendió en el Congreso Nacional la venta de la empresa para “fortalecer a Menem”.

El proyecto tratado en la legislatura santacruceña fue firmado por Cristina Fernández de Kirchner, el actual secretario de Inteligencia de la Nación, Héctor Icazuriaga, y los diputados Ana Ester Parisari y Argentino Alvarez..

La entonces diputada requería al presidente de la Legislatura que “se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de Ley de la Nación que trata sobre la transferencia del dominio público de los Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentre, en tanto se juega allí la perspectiva de futuro de nuestra Provincia (...)”.

El 17 de septiembre de 1992, siete días antes de la aprobación de la venta de YPF, la actual senadora por Buenos Aires y posible candidata presidencial llevó la voz cantante en una sesión especial de la Legislatura santacruceña para presionar a los diputados nacionales por esa provincia a que aprobaran la privatización de la hasta entonces petrolera estatal. El proyecto fue avalado por el actual jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga. Una semana después, el hoy secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, defendió en el Congreso Nacional la venta de la empresa para “fortalecer a Menem”.

El 31 de diciembre de 1990 mediante el Decreto N° 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. El proceso de venta siguió en octubre de 1992 cuando, mediante la Ley 24.145, se privatizó el resto del capital social disponible y se transfirió a las provincias el dominio de los yacimientos de los hidrocarburos. Los meses previos a finalizar la venta, el debate en la Cámara de Diputados de la Nación no tuvo tregua. En ese entonces, Cristina Fernández, que es Kirchner, era diputada provincial en Santa Cruz.

El 17 de septiembre de 1992, siete días antes de la aprobación de la venta de YPF, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz se reunió en sesión ordinaria y trató sobre tablas, y a mano alzada, el proyecto impulsado por Cristina Fernández de Kirchner, quien ante la Cámara de Diputados declaró textualmente la "Necesidad de sanción del proyecto de Ley nacional ‘Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales". Se trató casi de un pedido desesperado. El proyecto fue firmado por Cristina Fernández de Kirchner, el actual secretario de Inteligencia de la Nación, Héctor Icazuriaga, y los diputados Ana Ester Parisari y Argentino Alvarez. La agencia de noticias OPI Santa Cruz tuvo acceso al diario de esa sesión. A continuación, los fundamentos que expresó la diputada Kirchner ante la Honorable Cámara de Diputados. Dijo expresamente:

Señor presidente: Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de Ley de la Nación que trata sobre la transferencia del dominio público de los Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentre (trámite parlamentario 78-s-1992) en tanto se juega allí la perspectiva de futuro de nuestra Provincia ya que es aquella norma el marco adecuado para la resolución de las controversias que frente al Estado Nacional hemos tenido. Es que un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra Provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de US$ y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada.

En este orden de ideas, que se posibilite el tratamiento y la sanción del proyecto sancionado ya que en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación cobra para nuestras cuentas una doble importancia. En lo económico posibilita la mejora de nuestras cuentas y en lo institucional, nos torna creíbles y respetables en cuanto damos cumplimiento a la palabra empeñada.

Por supuesto, esta exigencia debe hacerse sin perjuicio del respeto que la investidura y la propia función que nuestros diputados nacionales ejercen, pero con la firmeza que la situación exige.

Proponemos tal declaración de aptitud moral que nos da el hecho de haber desoído cualquier presión partidaria o gubernamental, o cualquier cuestión de disciplina partidaria, a la hora de defender nuestro territorio. Nadie podrá desde la perspectiva de una supuesta obligación impuesta por la disciplina partidaria oponerse a la declaración ni dejar de cumplir sus postulados, cuando está en juego, como está, la perspectiva del futuro económico provincial, como el prestigio de la Provincia como también el de la Cámara en particular.