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011007 - La Nación - Gabriel Sued
- El presidente Néstor Kirchner termina sus cuatro años y
medio de gobierno con por lo menos 101 funcionarios o ex
funcionarios imputados en alguna causa por presunta corrupción u
otras irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Con notables excepciones, como los casos de Skanska y del dinero
de Felisa Miceli, gran parte de esos expedientes lleva varios
meses de investigación sin avances significativos. De hecho, no
hay ningún funcionario procesado por casos de corrupción en las
primeras líneas de la administración.
Los tres que atraviesan situaciones más complicadas ya no están
en el Gobierno. Son la ex ministra Miceli, citada a declarar
como sospechosa por la aparición de una bolsa con billetes en el
que era su despacho, y los dos ex funcionarios interrogados en
la causa por el pago de coimas de la constructora Skanska:
Fulvio Madaro, del Enargas, y Néstor Ulloa, de Nación
Fideicomisos.
La información surge de un relevamiento que hizo LA NACION en
los juzgados y fiscalías federales porteños, en la Oficina
Anticorrupción (OA) y en la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas (FIA). Se tomó como imputados a todos aquellos
que hubieran sido señalados como posibles responsables de un
delito por un fiscal, por la OA o por la FIA, en causas que
siguen abiertas. También a los funcionarios considerados como
imputados por el juez que los investiga, según la información de
los juzgados.
En el grupo de los 101 imputados sobresalen el secretario de
Transporte, Ricardo Jaime, con seis causas; el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido (cuatro), y el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández (tres). El presidente Kirchner
también figura como imputado en una causa. La dirige el juez
Daniel Rafecas y trata del empleo de autos entregados por
empresas según el sistema de comodato. "Es una práctica habitual
que venía de otros gobiernos", detalló un funcionario que
interviene en ese expediente.
También hay causas sobre los ministros Ginés González García
(Salud), Aníbal Fernández (Interior), Nilda Garré (Defensa) y
Alicia Kirchner (Desarrollo Social), más el ex canciller Rafael
Bielsa.
El único funcionario de primera línea que sufrió un
procesamiento fue el ex secretario de Agricultura Miguel Campos,
hoy asesor en la Jefatura de Gabinete. Fue en una causa por
irregularidades en la distribución de la cuota Hilton. La Cámara
Federal le dictó la falta de mérito. Hasta hoy, sólo se conocen
procesamientos de tres ex funcionarios con cargos inferiores en
la AFIP y de uno de la Anses.
Al grupo de 101 funcionarios o ex funcionarios se suman 45
integrantes de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad
también imputados, entre los que se encuentran el brigadier
Carlos Rodhe, ex jefe de la Fuerza Aérea, y Roberto Giacomino,
ex jefe de la Policía Federal.
El más nombrado
Jaime, el funcionario kirchnerista más imputado, nunca debió ir
a tribunales. Tiene al menos seis causas abiertas. La Fiscalía
de Investigaciones Administrativas le reclamó al juez subrogante
Octavio Aráoz de Lamadrid que lo citara en un expediente sobre
presuntas irregularidades en la refacción de vagones de tren de
la empresa Ferrovías. La OA lo solicitó en una causa sobre
subsidios a la empresa ferroviaria Metropolitano (el juez
Rodolfo Canicoba Corral lo había sobreseído, pero el caso fue
reabierto y quedó a cargo de Ariel Lijo). Se lo imputó en otro
sumario por subsidios a empresas ferroviarias, en uno por el
otorgamiento de facilidades a la compañía aérea Southern Winds (SW),
en otro por no obligar a las líneas de colectivos a renovar sus
unidades y en otro por incumplimientos en los vuelos de
Aerolíneas Argentinas.
De Vido y Alberto Fernández parecen estar más lejos de una
citación. Al ministro de Planificación lo investiga Rafecas por
el uso oficial de autos, en la causa en la que están imputados
el Presidente, Aníbal Fernández, González García, Bielsa, el
vocero Miguel Núñez y otros ocho funcionarios, detallaron
fuentes de la investigación.
El ministro de Planificación también está acusado en una causa
sobre la presunta cartelización de la obra pública, en otra por
el pago de unas locomotoras que adeudaba el grupo Taselli y en
una por la elaboración de un plan para construir un gasoducto en
las provincias del Nordeste. Estos últimos dos expedientes
habían sido cerrados el año pasado, pero fueron reabiertos por
la Cámara Federal.
El jefe de Gabinete está imputado en una causa por una
reasignación de partidas para la entrega de subsidios a la
empresa de trenes Metropolitano, en otra similar en la que se
benefició a SW y en un expediente en el que se investiga si le
ofreció un cargo al diputado Eduardo Lorenzo Borocotó a cambio
de pasarse al kirchnerismo.
Aunque cancelaron la citación por presunto contrabando de armas
que le había fijado el hoy suspendido juez Guillermo Tiscornia,
la ministra Garré aún enfrenta una causa en el fuero federal.
Alicia Kirchner está imputada en un expediente sobre la posible
comisión de irregularidades en el IV Proyecto de Protección
Social.
La lista incluye otras causas que nunca salieron a la luz. Son
investigados el ex secretario de Cultura Torcuato Di Tella (por
aparentes anomalías en la contratación de una consultora); el ex
subsecretario de Vivienda Luis Bontempo (por cambios de partidas
en el Plan Federal de Viviendas); el jefe de la Unidad
Presidente, Juan Carlos Mazzón (por el uso del avión
presidencial en actividades de campaña), y el embajador en
México, Jorge Yoma (presunto enriquecimiento ilícito).
Por el ritmo que lleva la mayoría de los expedientes, sólo
dentro de algunos años se sabrá si los imputados de hoy son los
condenados de mañana.
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