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El solidario idiota argentino

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090608 - La Opinión - Osvaldo A. Acastello - Es común escuchar las bondades del sistema solidario argentino en materia de jubilaciones. También es habitual que se lo defienda con el argumento de la "seguridad social". Pero es bueno que, mediante un ejercicio, analicemos la cruda realidad.

Un oficial metalúrgico que en el 2001 percibía un salario/hora de $ 2,74, a la fecha de este análisis recibe $ 12,13 por hora. Un incremento en pesos argentinos del 342,70% y en dólares el 40,51%. El presente cálculo tiene por objeto únicamente demostrar cuál es la actualización de los aportes obrero/patronal, ya que se mantiene la misma proporción.
Paralelamente, un haber jubilatorio que en setiembre de 2001 era de $ 801,78 a la fecha es de $ 1.021,74, con lo cual el incremento fue de sólo un 27,43%.
Conclusión: en valor de salario constante esa misma jubilación debería ser hoy de $ 3.549,48, lo cual indica que el deterioro fue del 247,38% en un período de 7 años. Medido en dólares el deterioro fue del 40,54 %. No se tiene en cuenta aquí la pérdida del poder adquisitivo acumulado en años anteriores.

Como si todo esto fuera poco, cada vez que el Estado decide una actualización lo anuncia con bombos y platillos, considerando así como idiotas a los aportantes y "beneficiarios".

Analicemos ahora el aporte que hace un contribuyente durante 30 años por un sueldo base de $ 1.000 dejando de lado que quien trabaja desde los 25 años aporta al sistema durante 40 años. Considerando a la vez una tasa de interés compuesta del 6% anual, comprobamos que el valor acumulado al cumplir los 65 años de edad es de $ 212.859,61. Si a ese mismo contribuyente se le asigna un haber jubilatorio equivalente a lo que fue su salario a valor constante ($ 1.000 mensuales), el sistema está en condiciones de brindarle al jubilado el mismo monto que cuando estaba en actividad y por el resto de su vida. Como este monto saldría de los intereses anuales a devengar, la herencia que dejaría el beneficiario sería el equivalente de su capital en el momento de iniciar la percepción de su jubilación. Vale la pena aclarar que si el salario fuera de $ 2.000, tanto el haber jubilatorio como el capital restante se elevarían al doble.

El exceso de renta, por encima del 6% anual, quedaría como beneficio del administrador del sistema, que puede ser el mismo Estado, siempre que este administre eficientemente y "no meta las manos en la lata".
No tomemos este desfasaje como un defecto (o una estrategia) del gobierno de turno, sino también de todos los que pasaron y que no tuvieron la capacidad, la visión o la voluntad de perfeccionarlo.
Finalmente termina siendo para el Estado una fuente más de recursos. Es más: en algún momento se optó por pasar la jubilación a manos privadas y hace pocos meses se abrió la posibilidad de volver al sistema de reparto.

La burocracia enquistada y la voracidad del Estado para apropiarse de los aportes sociales, hace que el sistema fracase y tenga a la vez como única salida el deterioro de los haberes jubilatorios y la postergación en la asignación del beneficio.
Para agravar aún más la situación, por encima de este despojo al salario, se agregan el resto de impuestos que gravan al consumo y los servicios, que no son pocos.

Queda claro después de este análisis que "una mejor distribución del ingreso" no pasa simplemente por actualizar el salario, el que un poco antes o un poco después queda neutralizado o desactualizado por la inflación.
La más efectiva distribución del ingreso pasa por un Estado que cumpla con su misión de administrar los recursos públicos, que recaude impuestos con una presión acorde con lo que razonablemente puede absorber el conjunto de la economía, a través de un sistema simple y bien controlado para que la evasión no sea un justificativo para aplicar alícuotas totalmente disparatadas en gravámenes que no soporta ningún país del mundo. Menos aun cuando el retorno que el Estado hace en educación, justicia, seguridad y salud son sencillamente ridículos.

El justificativo de aplicar impuestos distorsivos para luego favorecer a los sectores de menores ingresos para asegurar una mejor distribución, es una solución que sólo puede convencer a algún desprevenido que no tenga a su alcance el análisis crudo de la realidad. Recordemos que es este un tema vigente en momentos que existen en argentina, además de impuestos distorsivos, alícuotas elevadas. Y como si todo esto fuera poco, se aplica impuesto a las exportaciones, no sólo de los productos primarios con el argumento de controlar los precios internos, sino también al resto de las operaciones que afrontan hoy la falacia del "dólar alto" y sufren a la vez el deterioro de que en los costos influyen no solamente altos impuestos sino también la falta de competitividad del conjunto de la economía. Y esto escapa a la responsabilidad y poder de solución de la actividad privada. Evidentemente los idiotas que aceptamos tamaño disparate, nunca podremos revertir esta situación, al menos mientras seamos mayoría.

 

 

 

 

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