Tras una prolongada y reñida sesión, el vicepresidente de la nación y titular de la Cámara alta, Julio Cobos, se vio obligado a desempatar la votación, en la que 36 legisladores se pronunciaron a favor de los tributos y 36 en contra, y causó sorpresa al desestimar el proyecto oficial.

"Hoy es el día más difícil de mi vida. El país está partido en dos. Se debe buscar el consenso, que no está presente aquí", explicó Cobos.

"No puedo acompañarlos y esto no significa una traición. Estoy actuando según mis convicciones. Le pido a la presidenta (Cristina Fernández) que envíe un nuevo proyecto de ley que contemple las distintas propuestas. Que la historia me juzgue y pido perdón si me equivoco", completó.

Su voto puso fin a unas 18 horas de debate y frenéticas gestiones del oficialismo y la oposición para conseguir el apoyo de varios legisladores indecisos.

El sistema impositivo rechazado por el Senado, que se conoce como "retenciones móviles", establece que las alícuotas a la soja, el girasol, el maíz y el trigo aumentan si se registran alzas en los precios internacionales de esos granos.

El gobierno afirma que la medida tiene como objetivo redistribuir la riqueza, pero los agricultores opinan que los gravámenes, que pueden superar el 40%, son "confiscatorios".

Las "retenciones móviles" habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados hacía diez días.

Reacciones

La actitud de Cobos, un político de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) que se sumó al oficialismo, causó sorpresa en la Casa Rosada, donde esperaban que su voto fuera favorable.

Según los analistas, con su decisión el vicepresidente profundizó las diferencias que ya tenía con la presidenta Fernández en torno del conflicto con el campo.

Cobos buscaba un proyecto de ley más consensuado sobre el esquema tributario en disputa, mientras que el gobierno insistía en que se aprobara su medida original.

El voto negativo del vicepresidente ha generado especulaciones sobre su continuidad en la administración de Cristina Fernández.

Simpatizantes del gobierno descontentos con el rechazo a las "retenciones móviles" protagonizaron incidentes en las inmediaciones del Congreso.

Mientras tanto, los dirigentes del campo festejaron con euforia lo que consideraron un "triunfo" en el Senado.

"Esto lo hicieron ustedes, que pelearon por un país federal, contra una forma de gobernar autoritaria, que no da lugar a la discusión", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, ante centenares de agricultores que celebraban en el barrio porteño de Palermo.

 

"Agradezco a los legisladores que nos apoyaron y especialmente al vicepresidente de la nación", añadió.

Lo cierto es que la disputa por las 'retenciones móviles' no termina aquí. Ahora el gobierno tiene que enviar su proyecto nuevamente a la Cámara baja, donde debe conseguir dos tercios de los votos, o bien debe elaborar otra propuesta para que la discuta el Congreso.

La votación en el Senado se produjo luego de que el martes centenares de miles de argentinos participaran en dos actos convocados, uno, por el gobierno y, otro, por los dirigentes del campo para medir sus fuerzas.

El sector agrario reunió a unas 220.000 personas frente al Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, mientras que el oficialismo congregó a 90.000 simpatizantes frente al Congreso.

El conflicto

El sistema impositivo en discordia entró en vigencia el 11 de marzo. La disconformidad del agro desencadenó cuatro paros en más de 100 días, que consistieron en bloqueos de carreteras y la suspensión de la comercialización de granos.

El país estuvo al borde de una crisis de desabastecimiento, la economía -que crecía a un ritmo anual de un 8%- comenzó a frenarse, la inflación se disparó y el consumo y las inversiones cayeron.

En el plano externo, el conflicto en Argentina -el tercer productor mundial de soja- ha empujado hacia arriba los precios internacionales de los granos.

La presidenta Fernández decidió someter las retenciones a debate en el Congreso en junio, cuando el enfrentamiento entre el gobierno y los líderes rurales llegó a su mayor grado de hostilidad, los "cacerolazos" volvieron a las principales ciudades del país y surgieron voces disidentes dentro del oficialismo.