El fiscal de Investigaciones Administrativas no podrá intervenir en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. Y dependerá de otro fiscal para seguir las que están en curso. Dejará los casos Skanska, Miceli, INDEC y Jaime.
 

“Hay impunidad y ya no queda ningún órgano especializado que investigue hechos de corrupción en la Argentina.” El fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, reaccionó ayer con dureza contra la resolución del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, que limitó drásticamente las funciones de su fiscalía. Y contraatacó: “Todavía puedo iniciar denuncias. Y voy a terminar los 300 expedientes que tenemos iniciados. Ahí hay muchos funcionarios que nunca fueron denunciados”, sostuvo ante Crítica de la Argentina. 

La decisión de Righi de restringir la capacidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para actuar en aquellas causas que no fueron iniciadas por el equipo de Garrido provocó el rechazo unánime de la oposición y de las organizaciones que se ocupan de la transparencia de las políticas públicas. Y la interpretación fue una sola: el Gobierno quiere cerrar los expedientes donde se acusa a sus funcionarios de actos de corrupción. En cinco años, Garrido impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, empresarios amigos del poder, ministros y contra el propio matrimonio presidencial. La decisión de Righi provocará el archivo inmediato de la mayoría de esos expedientes. 

–¿Cree que la decisión del Procurador apuntó exclusivamente a paralizar sus denuncias? 
–Habría que preguntárselo a él. 

–¿Y cómo interpretó la resolución? 
–Nosotros, desde la FIA, veníamos pidiéndole que interpretara la norma para que le pusiera coto a algunos de los fiscales que entorpecían nuestras denuncias. En especial, al fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes. Pero, claramente, Righi no interpretó la ley como lo venía haciendo hasta ahora. 

–¿Tuvo que ver con la investigación sobre enriquecimiento ilícito del ex presidente Kirchner y la Presidenta? 
–Hay muchísimas causas que son de envergadura. No creo que haya sido por una sola. 

–Cuando estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción, también le limitaban su trabajo. 
–Sí. Me decían que me estaba arrogando funciones de la FIA. Ahora queda claro que no se puede investigar. La consecuencia de la resolución es que desde ahora no exista un órgano especializado para perseguir este tipo de delitos. Y eso va en contra del artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Argentina adhirió a ese tratado internacional. Y no lo hizo en otra era: lo ratificó Kirchner en el 2006. Hay impunidad. 
 

La historia que desembocó en la resolución de Righi comenzó hace poco más de un año. El propio Garrido le había pedido al procurador general que interpretara un inciso de la Ley Orgánica del Ministerio Público que generaba permanentes controversias con algunos fiscales del fuero federal que se mostraban reacios a seguir las líneas de investigación propuestas por la FIA. Específicamente, Garrido se había quejado de que el fiscal general Germán Moldes perseguía hipótesis contrarias a las se desprendían de las pruebas de una causa sobre irregularidades en la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000. Righi terminó la discusión y dictaminó que es el fiscal “común” y no la FIA quien lleva adelante las investigaciones.
 

–¿De qué servirá la FIA a partir de ahora?
–No podremos seguir una causa que no iniciemos. O si olfatean que estamos en algo, pueden mandar a cualquiera a hacer una denuncia y así inhiben nuestro trabajo para siempre. Pero todavía puedo iniciar denuncias. Y voy a terminar los 300 expedientes que tenemos iniciados. Ahí hay muchos funcionarios que nunca fueron denunciados. 

En la FIA ya están pensando en reabrir el quincho de la terraza que fue construido en la década de 1990, cuando esa oficina estaba a cargo de Néstor Pinzón y en el edificio de la calle Perón al 2455 se hacían más asados que expedientes. Incluso, bromean con armar una pileta Pelopincho: el verano todavía no llegó, pero la investigación contra la corrupción ya está de vacaciones.

Antecedentes de Esteban Righi - Perfil - Rodrigo Alegre

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, volvió a la polémica con una resolución que apunta directo contra la tarea investigativa del fiscal Manuel Garrrido. Sus aceitados contactos con el universo político lo convirtieron en un funcionario de extrema confianza del matrimonio presidencial. Y también en una herramienta clave a la hora del tabicar el poder de inspección de la Justicia.

En los Tribunales respetan su capacidad académica, pero cuestionan al poderoso estudio de abogados que él creó y presidió, desde que son defendidos funcionarios kirchneristas acusados de casos de corrupción.

Righi fue pionero en trabar vínculo con el oficialismo. Su estudio representó al ex presidente Néstor Kirchner cuando era investigado por enriquecimiento ilícito durante su gestión en la provincia de Santa Cruz. Un discípulo suyo en la UBA, Alberto Fernández, lo recomendó para el cargo en 2004 en reemplazo del procurador Nicolás Becerra.

El estudio jurídico Righi & Asociados, hoy dirigido por su hijo Federico, asesora legalmente a sindicalistas, intendentes del Conurbano y funcionarios del Gobierno investigados por la Justicia. Ubicado en la calle Libertad al 1000, el buffet posee una cartera de clientes envidiable: desde el jefe de Inteligencia del menemismo, Hugo Anzorreguy, imputado por el presunto encubrimiento en la voladura de la AMIA, hasta la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minicelli, involucrada por la venta irregular de YPF. También el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la manipulación de los números del INDEC, y el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, por la compra de unos terrenos del Ejército.

El estudio jurídico Righi también cosechó frutos en territorio bonaerense. Fabián Musso y Daniel Carral, socios del buffet de abogados, representaron legalmente al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, preso casi un año por presunto fraude contra la administración pública. Asesoraron también al jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a quien la Justicia investigaba por la presunta proliferación de ñoquis en el municipio.

Bebe. En 1973, Esteban Righi era ministro del Interior del ex presidente Héctor Cámpora. Desde entonces, casi todos sus amigos lo apodan “Bebe”. Con la dictadura militar, el abogado se exilió en México, pero luego regresó cuando Raúl Alfonsín ya había sido electo presidente.

El libro Justicia en la Era K describe con precisión el arribo de Esteban Righi al poder pingüino y su aporte a la Justicia Federal. Se menciona a Alberto Fernández como el “amigo” que lo persuadió para que aceptara. “¿No se anima a venir conmigo a una reunión de gente de bien del PJ?”, cuenta el libro que le habría dicho el ex jefe de Gabinete cuando reclutaban voluntades para el denominado Grupo Calafate, cantera del proyecto “Kirchner Presidente”.

En 2004, la designación de Righi en la Procuración fue objetada por Elisa Carrió, quien le cuestionó haber recibido una jubilación de privilegio y haber defendido al gremialista José Rodríguez en una causa por la desaparición de trabajadores de Mercedes-Benz. Righi sostuvo que sólo había solicitado al fiscal el estado del expediente.

El caso de Amado Boudou (Lea: Amado Boudou y los 20 millones "desaparecidos"

La gota de agua: apenas dos semanas antes de que el procurador general de la Nación limitara el poder de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el fiscal Manuel Garrido había denunciado al funcionario del momento, Amado Boudou, el director de la ANSES que se convirtió en estrella del kirchnerismo con la estatización del sistema previsional. Garrido lo acusó de malversación de caudales públicos, desobediencia, violación de la Ley de Ética Pública e incumplimiento de deberes del funcionario público. Después de cinco años de soportar las denuncias del fiscal, el vaso de la paciencia K rebasó. Ahora, si un juez de primera instancia desestima la denuncia, la FIA no podrá apelar y la investigación sobre Boudou se ahogará en el olvido.

La historia que terminó con la resolución de Esteban Righi que restringió el poder de la FIA para investigar hechos de corrupción comenzó con una cifra: 1.336.257.806 pesos. Se trata de los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social debía enviarle a Córdoba para financiar la Caja de Jubilaciones provincial y que nunca depositó. O lo que es peor: se trata de una deuda del Estado nacional con ese distrito que la ANSES ocultó deliberadamente, según detectó la auditoría de la Defensoría del Pueblo de la Nación que dio origen a la denuncia de Garrido.

EL CASO. En abril de este año, el defensor del Pueblo, Guillermo Mondino, inició un expediente para establecer el estado de las transferencias de la ANSES a la Caja de Jubilaciones cordobesa. Mondino solicitó la información, pero Boudou se la negó. En Córdoba afirmaban que les debían al menos 500 millones de pesos.

El 5 agosto, Mondino envió a un grupo de funcionarios al edificio de la ANSES para obtener la documentación. Nuevamente, Boudou denegó la información. La misma escena se repitió al día siguiente con un agregado: el director ejecutivo de la ANSES aseguró que la Nación no tenía ninguna deuda con Córdoba, a diferencia de lo que sostenía el gobernador Juan Carlos Schiaretti, por esos días enemigo declarado de la Casa Rosada.

El defensor del Pueblo pidió intervención judicial. El juez federal Norberto Oyarbide habló por Mondino y le ordenó a la ANSES abrir sus libros. En septiembre, y ya con los papeles en la mano, el equipo de la Defensoría del Pueblo llegó a una conclusión: entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de julio de 2008, la Nación había acumulado una deuda de 2.013 millones de pesos con la provincia. Mondino, entonces, le recomendó a la ANSES que normalizara las transferencias utilizando los recursos que para ese fin estaban asignados en el Presupuesto 2008.

Boudou dijo que “ni”: pasó de hablar de la deuda inexistente a admitir que en realidad le debían a Córdoba 676.994.474 pesos. Pero faltaban 1.336.257.806 pesos que, habiendo sido asignados en el Presupuesto para ese fin, nunca llegaron a su destino. Las transferencias a la Caja de Jubilaciones estaban suspendidas desde septiembre de 2007 y, según la Defensoría del Pueblo, esa decisión “no respondía a fundamento alguno y era arbitraria”.

La reticencia de Boudou a brindar información de carácter público, su negativa a girar los fondos y la arbitrariedad para dictar medidas administrativas, motivaron la denuncia que Mondino presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El defensor del Pueblo pidió que se indagara al funcionario K por cuatro delitos: “Desobediencia por la férrea y reiterada negativa de la ANSES en responder”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no solicitar la remisión del dinero presupuestado; “malversaciones de caudales públicos”, por destinar el dinero reclamado a una finalidad no prevista en la ley, y violación de la Ley de Ética de Pública, por incumplir con su obligación de “mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información”.

El fiscal de Investigaciones Administrativas hizo suya la auditoría de Mondino y le dio curso a la denuncia. “Existirían elementos de conocimiento suficientes para suponer la posible comisión prima facie de delitos de acción pública”, afirmó Garrido. El expediente se abrió en el fuero Criminal y Correccional Federal el 22 de octubre, un día antes de que la Presidenta anunciara el fin de las AFJP. Hoy, Amado Boudou está cerca de heredar los más de 85 mil millones de pesos de ahorros que administra el sistema de capitalización. La denuncia no se lo impedirá. La reciente decisión del procurador general, Esteban Righi, de limitar las funciones de la FIA, restringió las posibilidades de Garrido para impulsar la causa. Ésa fue la última de las 46 denuncias penales contra funcionarios kirchneristas que presentó la FIA desde 2004 y que esta semana fueron condenadas al archivo.