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Más del 30% de los argentinos son pobres: 11.5 millones, y en crecimiento

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. Extracto del informe de SEL

111108 -
Perfil - La cantidad de pobres en el país es igual a la de 2001

 

Desde que el Gobierno decidió, a comienzos de 2007, intervenir en el Indec a través de Guillermo Moreno, coexisten dos "realidades": las cifras oficiales, defendidas por el Poder Ejecutivo, y las mediciones privadas. Y se mantiene el dilema de cuáles están más cerca de la realidad.

Si bien la presidente Cristina Fernández de Kirchner sostiene que sólo el 17,8% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, ahora muchos economistas la ubican alrededor del 32%, calculando el aumento de la canasta básica sobre la base de la inflación real.

Serían unos 11,5 millones de personas pobres, según el diario La Nación, casi la misma cifra que los 11,8 millones que había en mayo de 2001. La diferencia con los valores que defiende el gobierno es de 4,7 millones de personas.

En octubre de 2002, el país llegó a tener 19,3 millones de personas (el 57,5% de la población urbana) que ganaban menos que la canasta básica. Para mediados de 2006, el porcentaje descendió a 26,9% (unos 9,5 millones). Desde entonces, otras dos millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza, principalmente a causa de la creciente inflación.

"En los últimos meses, el aumento de la canasta básica se desaceleró, con lo cual hay una menor incidencia de ese factor", explicó a La Nación Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, quien agregó que "ahora el movimiento de la pobreza va a estar muy asociado a lo que pase con el empleo".

"En 2008 aparece una combinación de aumento de la canasta básica y de disminución de la tasa de crecimiento del empleo. No hay muchos antecedentes de semejante aumento de la pobreza en paralelo con el crecimiento de la economía a tasas de 8 puntos o más", comentó Kritz, en relación a los dos millones de nuevos pobres.

"El cambio de tendencia fue a mediados del año pasado, cuando se exacerbó la inflación", coinciden en el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que calcula la pobreza entre el 30 y el 32% de la población urbana.

Este incremento se debe a que "los salarios de los empleos informales se incrementaron por debajo de la inflación real", según dijo el investigador jefe de Idesa, Jorge Colina, al matutino.

Por su parte, el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) estima que la pobreza ya ronda el 32,1% de la población (11,56 millones de personas) y anticipan para la primera mitad de 2009 la situación será peor: un 33,5% de pobres, o sea, más de 12,2 millones de personas.

"Para el año próximo estamos estimando un aumento del desempleo y una leve caída del ingreso real, por lo cual, lamentablemente, estaremos frente a un escenario donde la pobreza seguirá avanzando", aseguró al matutino la directora del CERX, Victoria Giarrizzo.

 

Extracto del informe de SEL

La crisis global tendrá consecuencias sobre el empleo y el ingreso de los hogares.
Sin embargo, no iniciará sino que acentuará una tendencia originada antes en factores domésticos. En efecto, la remarcable mejora de los indicadores sociales que comenzó en 2003, sufrió un quiebre desde comienzos de 2007.

Esto se observa en dos aspectos principales. Por una parte, la pobreza, que había disminuido a 26.9% en el segundo semestre de 2006, revirtió la tendencia, creciendo hasta 32.3% en el primer semestre de este año. Este es un aumento de 2 millones de personas en estado de privación. Por otra parte, la creación de empleo, que sustentó la baja de la pobreza hasta 2006, se desaceleró desde 5.6% en el segundo trimestre del año pasado, a sólo 1% en el segundo del actual; ésta es una caída de más de 80% en la capacidad de generación de empleos.

El aumento reciente de la pobreza se explica principalmente por la inflación, sobre todo de los bienes y servicios esenciales. Desde inicios de 2007, la canasta básica, valuada con los precios relevados en forma independiente en el mercado, se encareció más de 60%, unos diez puntos más que los ingresos de los hogares de los estratos sociales bajos y medio bajos. Muchos que
habían logrado emerger de la pobreza, pero estaban en una situación vulnerable, muy cerca de la línea, volvieron a caer debajo de ella. Para el INDEC, en el mismo período la canasta básica aumentó menos de 10% ($89 para la familia tipo usualmente considerada, vs. $452 más cara cuando se la valúa a precios relevados en forma independiente).

Siendo la inflación de la canasta básica la razón principal del aumento de la pobreza, la fuerte desaceleración del empleo es una causa concurrente. Sólo en el último semestre, esta menor  creación de empleos determinó que 250.000 personas cayeran en la pobreza.
Ahora hay 11,5 millones de pobres; de ellos, 3,9 millones son indigentes (el INDEC reconoce la mitad). Este es el estado de situación social al momento en que se desencadenó la crisis global. No se sabe cuánto puede incidir esta crisis, pero parece claro que el signo será negativo.

Con todo, hay un factor doméstico que puede moderar los efectos del impacto externo. La inflación de la canasta básica (siempre medida con los precios relevados en forma independiente) se desaceleró en forma significativa: pasó de 28.5% interanual en el segundo trimestre a 14.5% en el tercero. De mantenerse esta tendencia (lo que requiere que el traslado a precios de una depreciación del peso sea moderada) a igualdad de los otros factores, podría esperarse una baja de la pobreza. No obstante, esta menor inflación es la resultante de una desmejora en el ingreso real, es decir de una pérdida de bienestar de los hogares. No es ajena a ella la caída señalada en la capacidad de la economía para generar empleo. Previsiblemente, la creación de empleos continuará deprimida; puede anticiparse una disminución de la demanda laboral ajustada por horas trabajadas, sin que en necesariamente haya un salto abrupto en el desempleo (aunque éste será más alto que ahora); hay que seguir con atención la tasa de empleo y el volumen de horas trabajadas. Una consecuencia difícilmente  eludible de la reducción de la demanda laboral es la disminución de la capacidad de negociación salarial, incluyendo el sector formal más protegido.

De esta manera, lo que se consiga por el lado de la desaceleración de la inflación, puede neutralizarse por el lado de los ingresos nominales del trabajo.
El cambio de escenario requiere de una adecuación de la política macro. Un acuerdo de los sindicatos y los empleadores debe servir de sustento social a un programa centrado en la estabilización, la preservación del empleo y la competitividad.

Pero la prioridad debe ser los más pobres, en su mayoría excluidos del sector formal, sin poder de negociación. Convergente con la política macro, debe definirse un plan social de contingencia para afrontar el aumento ya ocurrido en la pobreza y el debilitamiento previsible de la demanda laboral. El objetivo mínimo de ese plan de contingencia debe ser proveer seguridad alimentaria a
los más necesitados. Dependiendo de las hipótesis de aumento de la canasta básica, la compensación que se necesitaría para cubrir la brecha de ingresos de los hogares en situación de indigencia (calculada como la diferencia entre el valor de la canasta básica de alimentos y el ingreso de cada hogar) oscilaría entre 0.3% y 0.5% del PIB. Este monto es manejable desde el punto de vista fiscal si se eliminan los subsidios implícitos que benefician a los consumidores
ricos (en el caso de los alimentos, éstos reciben cerca de la mitad de esos subsidios). Es también fácilmente administrable a través de tarjetas de débito para compra de alimentos.

La protección debería extenderse a los sectores medio bajos, que se verán afectados por la disminución de la demanda laboral y el debilitamiento de su capacidad de negociación. Una posibilidad en este sentido -los sindicatos y los empleadores seguramente encontrarán otras- es otorgar una compensación salarial hasta un tope de remuneraciones que podría relacionarse con la canasta básica de alimentos, variable según el número de cargas, que el empleador podría deducir de las contribuciones a la seguridad social. El costo también sería de aproximadamente 0.5% del PIB.

Una política de compensaciones por el lado de la demanda, con subsidios explícitos a los hogares pobres y medio bajos, eliminando subsidios implícitos por el lado de la oferta a los que menos lo necesitan, permitiría afrontar la contingencia mejorando la equidad distributiva.
Hay que seguir con atención la tasa de empleo y el volumen de horas trabajadas.
Debe definirse un plan social de contingencia para afrontar el aumento ya ocurrido en la pobreza y el debilitamiento previsible de la demanda laboral.
 
 


 

 

 

 

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