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. "Es un blanqueo para repatriar plata negra de los Kirchner"
. Peligrosa amnistía

271108 - Crítica - El Gobierno explicó el alcance de la "moratoria más grande de la historia"


Abarca a empresas y personas que burlaron leyes impositivas o fugaron plata.
 Alejandro Bercovich.

Como parte del plan anticrisis que anunció la presidenta Cristina Kirchner, el Gobierno presentó su proyecto completo de moratoria impositiva y previsional y blanqueo de capitales fugados que ahora deberá aprobar el Congreso. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, admitió que es “tal vez la moratoria más importante que se haya hecho en el país” y argumentó que “estamos ante una situación excepcional”, en medio de una crisis mundial “que desde 1930 no se recuerda”. El titular de la AFIP, Claudio Moroni, reveló a este diario que “no hay antecedentes internacionales” de un plan que haya perdonado en simultáneo a quienes mantuvieron personal en negro, evadieron el pago de impuestos y fugaron plata al exterior. La contracara son aquellos que tienen todo en regla. Según Moroni, los cumplidores “siempre tuvieron más ventajas” que los evasores.
 

 
Contra lo que había deslizado la Presidenta ante la UIA, el perdón impositivo no se limitará a las pymes sino que se extenderá a particulares y empresas de cualquier tamaño. Si el proyecto es aprobado, se condonarán todas las multas y punitorios a quienes adhieran a la refinanciación. Incluso los que hayan llegado a la Justicia penal o derivado en una quiebra. También se rebajaron a la mitad los intereses para pagarle en cuotas al fisco, hasta el 9% anual. Y habrá hasta 10 años para pagar. 

La moratoria estará abierta por seis meses, pero el mayor recorte será para quienes se sumen en los primeros dos. Estarán incluidas las deudas hasta fin del año pasado por IVA, Ganancias, monotributo, contribuciones patronales y todos los demás impuestos. Para adherir sólo habrá que pagar al contado un 6% de la deuda. Las empresas no deberán despedir personal por dos años. 

Al presentar los alcances del plan, Massa dijo que “este tipo de medidas ayudan a la competitividad” y rechazó las críticas sobre la injusticia de las moratorias hacia quienes siempre pagaron sus impuestos puntualmente. También dio detalles del plan para blanquear trabajadores en negro (ver aparte). Asintieron sin pronunciar palabra los ministros de Economía, Carlos Fernández, y de Trabajo, Carlos Tomada. 

Para el titular de la AFIP, “lo peor que podemos hacer en una situación crítica como ésta es no usar todas las herramientas a nuestro alcance”. Moroni también dijo que “el objetivo no es recaudar más” y aseguró que el Gobierno no se planteó siquiera una proyección de los ingresos adicionales que captará mediante el plan. 

–¿Qué diría a quienes pagaron puntualmente y ahora ven que a los evasores se les perdonan todas las multas y punitorios? –preguntó este diario. 

–Quien pagó puntualmente ya estuvo en una mejor situación que el evasor durante todos los años que lo hizo. Quien no pagó se vio obligado a financiarse en “cuevas”, no pudo ser proveedor de firmas importantes ni del Estado, no accedió a créditos subsidiados y tampoco a mercados externos –comparó el presidente de la AFIP. 

De todos modos, los contadores de los grandes estudios ya se frotan las manos por el jubileo fiscal. “Realmente es muy interesante una refinanciación con intereses del 9% anual”, opinó Ángel Schindel, directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Ni los tenedores de libros más memoriosos recuerdan un plan más favorable para los deudores. Las mayores moratorias de la democracia fueron en 1986, en 1992 y en 2001. En todos los casos se las presentó como la última oportunidad. 

Massa también defendió el blanqueo de capitales fugados al exterior, que podrán regularizarse durante tres meses con impuestos reducidos. Frente al 35% que deben pagar quienes quieran repatriar capitales y no puedan explicar su origen, el impuesto irá del 1% al 8%, según el destino. El proyecto obliga a mantener las divisas al menos dos años en el país pero exime a sus dueños de pagar el Impuesto al Cheque y de explicar cuándo las compraron. También borra los juicios en su contra. Según el jefe de Gabinete, igualmente el Banco Central controlará que no violen las leyes contra el lavado de dinero. Es otra de las dudas que alienta la oposición.

Perfil - "Es un blanqueo para repatriar plata negra de los Kirchner", dice Carrió sobre el proyecto oficial

La titular de la Coalición Cívica, criticó ésta mañana el proyecto de ley de blanqueo, moratoria y empleo de Pyme que anunció el gobierno nacional. Insistió con la idea de que se trata de un "blanqueo para repatriar patria negra de los K" al tiempo que advirtió que "todas estas causas se terminan", al referirse a los "los empresarios amigos y testaferros de Kirchner que estaban siendo investigados por las facturas apócrifas". 

La ex diputada nacional aclaró, además, que "la persecución contra Lázaro Baez se termina". Y adelantó que, en dos semanas, "De Vido anuncia el plan de obras públicas con iniciativa privada donde ingresa todo el dinero negro de la corrupción". 

Para la presidenta de la CC, "es el mayor plan de impunidad de los Kirchner". En diálogo conLa Cornisa, el programa de Luis Majul, Carrió comparó la derogación de la Ley de subversión económica con los anuncios recientes. "En 2001 y 2002 cuando nosotros denunciamos a los bancos ya habían puesto presos a los hermanos Dromi y derogaron la ley que era donde fundamos la denuncia", explicó. 


"¿Quiénes son los que se benefician acá? Los que evadieron, los que tienen dinero negro en el país", concluyó.

La Nación -
Peligrosa amnistía - Jorge Oviedo

Lo que se anunció como una generosa moratoria parece ser una peligrosa amnistía. Tal como está, permitiría terminar con las acciones penales en resonantes casos de corrupción que alcanzaron al actual gobierno. Cualquier causa penal que no tenga sentencia firme vinculada con fraudes tributarios se extingue por el simple pago de tributos, con facilidades. No aparecen exclusiones que impidan que por esta vía desaparezcan casos como el de Infinity Group, que derivó en Skanska, y hasta la acción contra el "valijero" Antonini Wilson. Las simples moratorias son siempre grandes oportunidades para que se blanquee dinero proveniente del delito. Quienes combaten el lavado de dinero no ven con buenos ojos esta clase de operaciones en las que puede entrar en el circuito legal el dinero proveniente del narcotráfico o para financiar actividades terroristas.

No está claro cómo hará el Gobierno para que el proyecto, tal como está, no sea una fantástica oportunidad, además de poco costosa, para esta clase de movimientos cuando en el país comienzan a aparecer sospechas serias de actividades industriales y comerciales de poderosos carteles mexicanos de la droga.

La norma es, como mínimo, un gigantesco desaliento para las personas honestas y cumplidoras de las obligaciones tributarias. El texto permite escapar con pocos costos hasta a quienes, por ejemplo, tengan una sentencia adversa en segunda instancia, hayan apelado a la Corte y tengan el caso pendiente.

Parece difícil no sospechar de segundas o primeras intenciones políticas en esta operación lanzada con la excusa de la crisis financiera internacional. Una cosa es perdonarle buena parte de las deudas a quien ocultó una parte de sus ganancias sin cometer delitos y otra muy diferente facilitar a los acusados de cometer delitos regularizar su situación con apenas acogerse a un plan de facilidades.

La norma dice que las causas penales se suspenderán para quienes elijan pagar en cuotas y se reanudarán si dejan de pagar. Habría que ver qué dirían los tribunales en esos casos, porque en la Argentina está prohibida la prisión por deudas.

El accionar del Gobierno no puede ser más espasmódico y contradictorio. Un día se confiscan los ahorros en el sistema previsional de capitalización y al otro se ofrecen ventajas tributarias a quienes traigan dinero no declarado a la Argentina. ¿Cómo puede recrearse así la confianza?

La misma contradicción se advierte en un gobierno que hace poco eliminó por ley el régimen de pago de parte de los salarios en tickets o vales alimentarios alegando que generaban daño en los ingresos del sistema previsional y de obras sociales. Ahora se anuncia con bombos y platillos una rebaja de los aportes patronales a quienes tomen nuevos trabajadores. El mismo gobierno que no hizo más que incrementar todo lo que pudo el costo laboral.

El régimen también extingue acciones por empleo en negro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si hay un juicio planteado por el empleado a quien le correspondería una indemnización? No está claro, porque el Estado no puede condonar lo que no le pertenece.

Y cuando el Gobierno dice que no se permitirá incluir en el blanqueo a quienes hayan sido o sean funcionarios públicos, no está claro cómo hará cumplir tal limitación. Podrá ser que no extinga la acción penal, pero habrá que ver cómo se considera tal cosa en la Justicia. ¿Podrían quedar libres de culpa y cargo los empresarios implicados en una causa y no los funcionarios? ¿Dirán los tribunales que no se afecta el principio de igualdad ante la ley?

La lógica de un blanqueo de capitales es incentivar el retorno o exteriorización de ganancias no declaradas para hacer inversiones en un país que se ha vuelto muy atractivo, rentable y ofrece muchas seguridades. La Argentina, según la lectura de los mercados, no está en esa situación y no vale la pena tomar riesgos aunque las ganancias sean altísimas, como lo demuestra la baja cotización de los títulos públicos.

En un contexto de generalizada desconfianza, el proyecto oficial parece apuntar en direcciones equivocadas, como en el caso de la increíblemente amplia amnistía tributaria. Y en otros, como en las cuestiones laborales, llega tarde.

 


 

 

 

 

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