En un extenso escrito de 60 carillas, "Memoria
Activa" manifestó que más allá de este juicio, la
"responsabilidad del Estado y de la Justicia en
particular, perdura respecto de la investigación de las
responsabilidades penales de aquellos que dirigían el
Estado y ordenaron encubrir a los verdaderos autores del
atentado", y dio su conformidad para el envío a juicio
de la causa por las irregularidades, resuelto por el
juez federal Ariel Lijo el mes pasado.
"Memoria Activa" sostiene
que Anzorreguy, Galeano, Beraja, los ex fiscales
federales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex acusado
Carlos Telleldín, su ex mujer Ana Boragni, el ex abogado
de ambos Victor Stinfale y agentes de la SIDE
-todo procesados por el delito de "peculado"-
deben ser enjuiciados.
Cualquier intento de
"dilatar la elevación a juicio" de hechos que están
"listos para ser juzgados" (continua diciendo), no puede
ser "nunca interpretada como la voluntad de conseguir
justicia, sino como una penosa herramienta para
profundizar el encubrimiento en connivencia con los aquí
imputados".
Por su parte, los demás
querellantes en la causa, AMIA-DAIA y Familiares de
Víctimas del atentado, se opusieron a la decisión de
enviarla a juicio argumentando que debería esperarse a
tener al ex presidente Carlos Menem y el ex ministro del
Interior Carlos Corach entre los acusados, sin embargo
"Memoria Activa" interpretó esta actitud como
un intento por demorar el juicio y sostuvo
que "la Justicia tendrá que evaluar si están cumpliendo
efectivamente con el rol que les toca en el proceso, o
si simplemente su participación busca entorpecer el
avance de la justicia".
Los procesados.
El ex titular de los servicios de inteligencia
Anzorreguy será juzgado por haber "sustraído" el dinero
entregado a Telleldín de "fondos del Estado" que tenía
la "obligación de custodiar", recordó Memoria Activa,
mientras que el ex juez Galeano, quien fue destituído,
será juzgado por peculado pero además por privación
ilegítima de la libertad, coacción y prevaricato.
Mullen y
Barbaccia también serán juzgados por peculado y
privación ilegítima de la libertad, contra una
ex testigo en la causa, Miriam Salinas, a quien
supuestamente retuvieron varios días para conseguir una
declaración a cambio de desvincularla del atentado.
Responsabilidad
de autoridades judías.
Finalmente, sobre Beraja -presidente de la DAIA en el
momento que se produjo el atentando-, el informe de la
agrupación señala que "se tiene acreditado que realizó
un aporte a los partícipes" y esto alude a "una forma de
complicidad", por lo que acuerdan con su procesamiento.