Santa Fe Al día - Rafaela Al día

Hace 3 años en enero de 2003 después de una serie de conflictos entre la ciudad de Atlanta en Georgia, EEUU y la empresa de servicios sanitarios United Water, subsidiaria de la francesa Suez se terminaba el contrato que debería haber sido la punta de lanza para el ingreso de las grandes transnacionales del sector en Estados Unidos, donde actualmente el 85 % de los usuarios reciben agua y saneamiento de empresas públicas.

En 1998 la ciudad de Atlanta firma un contrato por 20 años y 40 millones de dólares con la United Water, casi inmediatamente de iniciado el contrato la compañía comienza a pedir mayor dinero a la ciudad y el gobierno de la ciudad se niega pero paralelamente aparecen cartas con la firma del alcalde Bill Campbell autorizando los pagos.

La empresa gira una y otra vez facturas a la ciudad por trabajos no realizados tratando de cobrar un monto extra de 37,6 millones de dólares por autorización de servicios adicionales, reembolso de capital y mantenimiento de costos de los cuales la ciudad paga 16 millones ya que el resto correspondía a trabajos que no estaban terminados o no habían comenzado.

La empresa reduce la planta de personal de 700 a 300 operarios con la consiguiente disminución en la calidad del servicio mientras aumentaba el costo de las facturas hasta que el gobierno de la ciudad gasta un millón de dólares en inspectores, (bastante menos de lo que gastamos en Santa Fe en el ENRESS) comprueba los incumplimientos y termina el contrato.

Dos legisladores ultra conservadores de la ciudad de Atlanta que habían impulsado la privatización, Howard Shook y Claire Muller dijeron lo siguiente: “mi conservador interno ya no rinde culto al altar de la privatización”, “yo pienso que nosotros nos escapamos hace cuatro años con la bala color de plata que iba a resolver todos nuestros problemas. Nosotros tomamos el camino malo”.
Contamos este proceso porque la ciudad de Atlanta como la provincia de Santa Fe sufrió del “síndrome del concedente” por el cual quién privatiza los servicios sanitarios esta poco predispuesto a reconocer su “error”, pero pudo sobreponerse a el y retomar el camino que la amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses surcan desde hace un siglo, el de la empresas públicas de saneamiento.

Recordemos que nuestro gobernador Jorge Obeid tardó 9 años en comprender que las inversiones nunca vendrían, que las obras de expansión de agua y cloacas nunca se realizarían, que los medidores nunca se colocarían y que las obras de infraestructura troncales o las plantas de tratamiento de efluentes menos, todo esto sin mencionar que la firma sobre endeudó la empresa llevándola al quebranto, que nos sobrefactura desde el 28 de abril del 1999 un 13,85 % por obras que no realizó ni realizará y que previo a la devaluación fugó del país 32 millones de dólares según el informe de la Cámara de Diputados de la Nación.
Expresiones del Gobernador en el sentido de que la empresa había “incumplido reiteradamente el contrato” y de que con su retirada “recobrábamos soberanía” o inclusive el hecho de que repitiera la consigna de los afiches de la APDA, “que se vayan”, era solamente la expresión mas fiel del doble discurso del gobierno provincial que mientras decía esto busco permanentemente primero que la empresa se quedara y luego que un nuevo operador privado comprara las acciones de la Suez.

El gobierno provincial justifica su decisión en el chantaje que representan los juicios en el Ciadi iniciados por la empresa con motivo de la devaluación pero en este sentido hay que aclarar los siguientes puntos :

-Las tarifas del contrato de Aguas Provinciales de Santa Fe son en pesos y nunca se dolarizaron como otros servicios.
-La empresa renunció contractualmente a litigar en cualquier otro tribunal que no sea el de la Provincia de Santa Fe.
-El único item del contrato que estaba en dólares era el régimen de garantías y la empresa pidió su pesificación por lo tanto no puede querer dolarizar la tarifa.
-La decisión de endeudarse en el exterior tomada exclusivamente por la empresa entra dentro del principio de riesgo empresario que rige el contrato.
-Los reiterados incumplimientos contractuales están debidamente comprobados ya que la empresa se retira sin haberlos cumplido y todas las actas de renegociación postergan los compromisos pero ninguna la autoriza a no realizarlos.
-Los compromisos de inversión que la empresa fijó en el BID para gestionar y conseguir créditos en los años 1996 y 1997 por 30 y 55 millones de dólares, no fueron cumplidos.
-Los últimos créditos fueron pedidos días antes de la devaluación a empresas del mismo grupo Suez mientras aparece fugando 32 millones de dólares del país.
-La venta del paquete accionario del grupo Suez – Agbar – Interaguas, 77,5 % de APSF, a un tercero no garantiza la finalización de los reclamos que pueden ser continuado por el conjunto del consorcio o por alguna de las partes.

Es de mencionar que “el complejo del concedente” nos privó a todos los santafesinos de las 15 ciudades concesionadas, de tener un correcto accionar frente a la retirada de la compañía Suez, esto es, un detalle administrativo y judicial del haber que nos deja la empresa como consecuencia de sus diez años de accionar:

-Deuda por las obras de expansión del servicio de agua no realizadas
-Deuda por las obras de expansión del servicio de cloacas no realizadas
-Deuda por el cobro indebido a los usuarios del 13,85%
-Deuda por la no realización de las obras del casco céntrico de Rosario
-Deuda por las obras no realizadas del acueducto Esperanza – Rafaela
-Deuda por el incumplimiento del descuento previsto en la resolución 0078 del ENRESS, sobre niveles de presión de agua.
-Deuda por el no cumplimiento adecuado del régimen de garantías de contrato y de operación entre muchos otros

En suma el concedente en vez de defender los intereses de los usuarios y del estado, amparado en el chantaje busca la continuidad jurídica del contrato a través de la venta de acciones a un tercero, así se presenta la alternativa de Latinaguas, una empresa que brinda el servicio en las provincias de Corrientes, Salta y La Rioja, prontamente descartada por las innumerables denuncias que realizan las asociaciones de usuarios de esas provincias en los medios de comunicación.

A esta le siguió el Grupo Engasud, una empresa sin ningún antecedente sanitario y cuyo único mérito era estar ligada al ministro de planificación de la Nación Julio De Vido. Más tarde se mencionó la posibilidad de que Agbar, Aguas de Barcelona controlada por la Suez siguiera con su actual porcentaje accionario, 10,89 % quedándose con la operación técnica del servicio o el Grupo Taselli con mucha experiencia en desmantelar empresas.

Es de mencionar que las alternativas de municipalización o de empresas públicas metropolitanas presentadas por varios intendentes fueron sistemáticamente descartadas igual que la propuesta de la empresa 5 de Setiembre creada por los trabajadores del interior de la provincia de Buenos Aires después del retiro del grupo Asurix.

El último capitulo de esta novela lo constituye el Grupo conformado por el Banco de Galicia, actual operador financiero con la empresa Cerámica Alberdi de Rosario que traería como operador técnico la empresa Passavant del grupo alemán Bilfinger Berger en una obstinada decisión por continuar con el modelo fracasado.
Así, en un inesperado giro de la historia quieren hacernos pasar del perfume francés al acento alemán, país que tiene servicios sanitarios eficientes, muy bien organizados y en su mayoría públicos desde fines del siglo XIX, en torno a las Stadtwerke, o plantas locales de agua.

En la actualidad existen 6.700 plantas de tratamiento de agua y 7.000 de depuración, la mayoría en manos públicas, muchas de ellas han continuado así debido a la posibilidad que tienen los ciudadanos de influir en las políticas locales mediante el mecanismo de referéndum, un proceso que se divide en dos o tres pasos y que exige un cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades locales.

En el 2001, en la ciudad Düsseldorf, aproximadamente un 90 % de los votos se opuso a la privatización de las Stadtwerke AG. Además de éste, se han celebrado una docena de referéndum sobre los servicios de aguas, y ninguno de ellos ha apoyado la privatización. El último tuvo lugar en Hamburgo, en agosto de 2004, con motivo de la posible privatización de la planta de agua potable más antigua de Europa Continental. Tras la votación, el 24 de noviembre de 2004, el ayuntamiento aprobó una resolución que prohíbe todo tipo de privatización, decisiones similares adoptaron en Munich, Stuttgart, Aubsburg, Kassel y Viena, Austria en el 2003.

De los 83 millones de alemanes sólo 27 millones reciben el suministro a través de empresas parcialmente privatizadas, o sea que aún éstas mantienen una fuerte presencia de los estados comunales, inclusive en el 2002 la ciudades de Dortmund y Bochum adquirieron el 81% del paquete accionario de la gran empresa de multiservicios EON, con gestión en 138 comunas, demostrando en una iniciativa que criticaron los periódicos de derecha, que todos los procesos se podían invertir, aún en el país de la tercera trasnacional en el mundo de servicios sanitarios, la RWE, nacida en la zona de Renania- Westfalia.

En el consorcio que se nos ofrece como salvador de 10 años de desinversión está el Banco de Galicia actualmente poseedor del 12,5 % del paquete accionario y que fue traído al negocio por el grupo Soldati, Comercial del Plata, encargado de aceitar todos los mecanismos locales, antes, durante y después de la privatización. En 1997, el grupo Soldati le vendió todas sus acciones a la Suez por U$S 150 millones, tanto en Aguas Argentinas como en Aguas Provinciales de Santa Fe con una ganancia neta de U$S 100 millones, una situación parecida sucedió en la ciudad de Berlín en ocasión de la venta del 49,9 % de la empresa proveedora de agua y alcantarillado BWB, con la empresa de seguros Allianz que a poco de entrar en el negocio vendió las acciones consiguiendo un pago garantizado del 9 % de los intereses sobre el capital invertido. Esta situación de transferencia de acciones y de poco compromiso con el servicio es consecuencia directa de considerar al agua como un negocio y no como un derecho humano universal.

La operadora técnica que se nos ofrece, Passavant España S.A. filial de la alemana Passavant Roediger es una proveedora de tecnologías para las empresas de servicios públicas y privadas aportando sus soluciones en el tratamiento de aguas potable y residuales, en la automatización y control del proceso, en la evaluación de los parámetros de calidad, y hasta en la explotación del inicio y/o el final del ciclo urbano del agua, pero tiene pocos antecedentes en cuanto a hacerse cargo del sistema completo.

Es aquí donde nuevamente se disparan las objeciones que planteamos al inicio del proceso de privatización: una entidad bancaria y una proveedora de soluciones tecnológicas que lógicamente buscan obtener una tasa de rentabilidad por sus servicios, ¿como van a ser para resolver los problemas sanitarios de nuestras ciudades íntimamente ligados a los barrios más humildes incapaces de brindar esa rentabilidad, sin modificar las condiciones del contrato que se pretende continuar jurídicamente con esta transferencia?.

Si por el contrario el Estado provincial y la nueva concesionaria fueran a modificar las condiciones contractuales, aumentando las tarifas y transfiriendo los compromisos de inversión al Estado, estaríamos en presencia de un verdadero fraude administrativo que viola absolutamente el principio de igualdad entre los oferentes de la licitación que se hiciera en su momento y además tendríamos una doble imposición ya que pagaríamos por las obras en las tarifas de la empresa de agua y además a través de las erogaciones que haga el Estado.

En suma, si ahora el ejemplo que hay que imitar es el alemán le sugerimos que imite el de la alcaldía de Munich que en concordancia con los servicios de alcantarillado forma parte de la iniciativa nacional alemana contra la privatización llamada Wasser in Bürgerhand, el agua en manos de los ciudadanos, en vez de seguir apostando al fracaso.