Santa Fe Al día - Rafaela Al día

La medida dispuesta por el gobernador Obeid mediante la cual se CESANTEA a diez trabajadores policiales, deja a las claras que se trata de una medida de claro lineamiento político que tiende a frenar el avance de los trabajadores policiales en su agremiación libre...

La medida dispuesta por el gobernador Obeid (Decreto 3296/05) mediante la cual se CESANTEA a diez trabajadores policiales, cinco de ellos dirigentes gremiales de APROPOL, deja a las claras que se trata de una medida de claro lineamiento político que tiende a frenar el avance de los trabajadores policiales en su agremiación libre y en la posibilidad desde allí de una institución policial democratizada, desmilitarizada y humanizada; bandera que desde el 2001 encabezan el proyecto que hemos lanzado.

 “Una policía al servicio exclusivo de la comunidad” como expresión del poder de ella es el máximo anhelo de esta transformación y ello evidentemente se antepone a la que necesita este gobierno de turno que es “una policía subordinada al poder político” ósea a ellos mismos y sus intereses muchas veces inconfesables.

La decisión de Obeid no hace más que plasmar “de puño y letra” esa idea y ha consagrado específicamente lo siguiente:

1)     Que no tiene la mas mínima intención política de permitir que los policías luchen gremialmente por sus derechos, ni aun en situaciones extremas donde se pierden vidas como la de ORLANDO MARTÍNEZ (Patrulla Urbana) y DIEGO NAVARRO (Comando Radioeléctrico).

2)     Que ni siquiera se permitirá (so pena de sanción de cesantía) expresarse SIN CENSURA PREVIA, cuestión que se evidencia en la aplicación de la norma disciplinaria que establece “la autorización del Jefe de Policía” para las declaraciones publicas. Aspecto que también han comenzado a aplicar sobre otros empleados estatales.

Estos hechos que calificamos de “gravedad institucional” conforman una verdadera y flagrante violación de la libertad sindical que a su vez forma parte del conjunto de derechos que reivindicamos genéricamente como derechos humanos.

Acá ya no solo no esta la idea de si reconocen o no a una organización libre y democrática como una entidad gremial, sino que han avanzado mas e intentan cercenar la acción propia de la defensa de esos intereses y derechos gremiales (condiciones de trabajo y de vida dignas, etc.).

En definitiva la disposición de Obeid-Rosúa, nos intenta decir con claros rasgos tiránicos, que el policía debe seguir relegado a una ciudadanía de cuarto nivel.

El mensaje implícito de las entrelineas es bastante claro y podemos analizarlo.

1)     La norma se dicta el mismo DIA, con un año de diferencia de la radicación de la denuncia por parte de nuestra entidad de lo referido al robo de combustible con la participación necesaria de altos funcionarios policiales y de gobierno que derivo en la intervención de la Unidad Regional I (La Capital) mas conocido como el “Escándalo Blanche”.

2)     Lo anterior hace pensar de que “El que denuncia se va y el que roba para la corona o arregla se queda”, cuestión muy clara en cada una de las intervenciones de cobertura e impunidad que ha dado este gobierno a los máximos implicados en causas de corrupción, mientras a quienes luchamos por los derechos de los trabajadores se nos persigue.

Por ello es un decreto con un claro mensaje de orientación mafiosa que busca frenar la decisión cada vez mas amplia de “romper el silencio” impuesto mediante estos actos terroristas y decirles a la comunidad que en esta provincia la inseguridad no es gratuita y que es el resultado lógico de la complicidad de delincuentes y funcionarios.

Muchas veces expresamos que nuestra experiencia de estos años nos llevo a afirmar un teorema que dice: “LA SEGURIDAD PUBLICA ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL GRADO DE CORRUPCIÓN QUE DETENTAN LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE BRINDARLA”.

A las pruebas de una realidad cruel nos remitimos;

¿O es casual que en esta provincia se trafiquen estupefacientes como si fuesen caramelos u otras expresiones del crimen organizado operen con tanta impunidad?

¿Es casual que los policías que enfrenten estas cuestiones tengamos tantos problemas y quienes se suman a las actividades ilegales sean apadrinados por estos altos funcionarios y se enriquezcan a tal punto que jamás podrían sortear con éxito una investigación de sus patrimonios?

¿Acaso el propio Gobernador Obeid y principalmente su Ministro Rosúa no saben quien es el Comisario Mayor Giuliano (principal recaudador) quien poseen cuentas bancarias, propiedades y otros bienes que no puede justificar?

¿Por qué no avanza la investigación en Asuntos Internos y el Juzgado de Instrucción 10ma de Rosario donde radicamos la denuncia y las pruebas de lo señalado anteriormente?

¿Qué pasa con la investigación del robo de combustible en Santa Fe y Rosario donde una auditoria incorporada a la causa y efectuada por la Subsecretaria de Logística del propio Ministerio de Gobierno estableció “irregularidades”?

Así podríamos seguir enumerando decenas de denuncias efectuadas y que jamás contaron con la voluntad política del Poder Ejecutivo para profundizarlas y el Poder Judicial tampoco mostró resultados satisfactorios.

Lo cierto es que el mensaje al grueso de los trabajadores y en definitiva a la comunidad es claro, EL PODER (léase conjunto de corruptos que han tomado por asalto la conducción política y administrativa del Estado Provincial) no van a permitir y defenderán “a cualquier precio” este status quo donde en un evidente cambalache “cualquiera es un señor”, aún quienes pueden firmar decretos como este.

Atte.-

Alberto Rubén Martínez

Secretario General

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“Una concepción arcaica de la función policial, anclada en el pasado y proveniente de regímenes autoritarios, permite reproducir el estancamiento en el proceso de atribución de los policías de los derechos y libertades propias de todos los ciudadanos de los Estados democráticos. Solamente aquellos que consideran al policía como la manifestación del poder ante el ciudadano y no como el poder del ciudadano, pueden juzgar al sindicalismo policial como un elemento negativo o perturbador” 

(Del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía).