291206 - Una vez más el gobierno peronista de Santa Fe demuestra que su estrategia no es solucionar el fondo del problema de la miseria social, enseñoreada en todo su territorio. Una vez más es la calidad educativa la que sufre los embates de una política que apunta a resolver sólo urgencias comiciales, despreciando la educación misma, al mismo tiempo que, por elevación, dispara contar los docentes sugiriendo que son los responsables de que, por ejemplo, en barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe, el 90% de los chicos que terminan 7º grado, no logre los conocimientos básicos de ninguna área.

El desolador panorama es este:
Una ministra de educación, Adriana Cantero, funcional al modelo de exclusión social, convertida, como sus predecesores (as), en simple administradora de la pobreza educativa y de la postergación docente.

Un gobernador, Jorge Obeid, representando al peronismo, preocupado por: el mantenimiento y fortalecimiento de las más variadas calamidades sociales, y por artimañas que eventualmente garanticen votos peronistas para el año 2007.

Funcionarios vinculados al Ministerio de la Producción (¿?) Ceretto, Caussi, Costamagna, Medina, Burcher, Naput..., oficinistas preocupados sólo por vociferar grandes números vinculados a la producción y exportación de alimentos, mientras los santafesinos padecen hambre.

En este marco, una disparatada y desesperada maniobra como la derogación de la repitencia en primer grado anunciada por el gobierno peronista, viene a confirmar de qué manera la concepción neoliberal forma parte de la ideología de estos funcionarios, más allá de lo que expresen públicamente.

En el siguiente texto producido desde Amsafe, se analiza el anuncio del gobierno de Santa Fe y se desnudan sus verdaderas e indeseables motivaciones y alcances

281206 - La desocupación y la pobreza afectan cada vez más a los niños y jóvenes, llevando a importantes índices de repitencia escolar. Frente a esto, se necesitan medidas enérgicas de protección hacia ellos, no una simplificación como propone la ministra de Educación

Por lástima, no sirve

“El derecho social a la Educación debe estar sostenido por políticas sociales y una junta distribución de la riqueza, ya que los derechos que no se garantizan igualmente para todos se convierten en privilegios.”  (Dcto. Base 3º Congreso Educativo - CTERA 2006)

El mapa de exclusión y desigualdad que nos han dejado las políticas neoliberales implementadas desde hace 30 años, tiene su expresión en las alarmantes cifras de desocupación y pobreza, que afectan cada vez más el derecho de niños, jóvenes y adultos a una vida digna, con todo lo que ello implica. Esto en el primer ciclo de la primaria, trae aparejado profundos e insoportables índices de repitencia escolar.

Frente a este cuadro de situación, se necesitan enérgicas acciones para proteger a niños y jóvenes transformando las infamantes condiciones socioeconómicas que viven nuestro pueblo y la escuela pública. Pero es el Estado quien tiene la responsabilidad política de garantizar las condiciones y los medios para realizarlo eficazmente.

Lejos de esta responsabilidad, la Ministra Cantero anuncia la “derogación de la repitencia en primer grado” dejando en evidencia, que lejos de abordar el verdadero problema, lo simplifica, desconociendo que es sólo un síntoma de una problemática socio-educativa mucho más profunda. También evidencia que se trata de preocupaciones demagógicas y electorales en contextos que todos conocemos.

Esta estrategia, además se caracteriza por:

·         La extemporaneidad y la improvisación, por cuanto la misma tendría que haberse discutido desde el inicio de clases, acompañando los procesos de aprendizaje de los niños o pensándose para un próximo periodo lectivo.

·         La insistencia de flexibilizar el trabajo docente, mediante la incorporación de personal con funciones permanentes  pero con escasos sino nulos derechos salariales y laborales. El sistema si necesita más personal, pero con derechos plenos que permitan asegurar el éxito de la tarea en condiciones dignas de trabajo.

·         La desautorización de los maestros en sus decisiones, que parte del supuesto de la falta de fundamento de cada acción educativa y que los únicos portadores de la razón son los técnicos cercanos al poder.

·         Ser inconsulta, ignorando una vez más a los docentes, que deben formar parte de una construcción participativa de acuerdos que tengan en cuenta la promoción de los niños que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos y de la expresión personal y colectiva.

·         Incorporando la figura del pasante, abre interrogantes respecto a la responsabilidad civil, el régimen laboral, la supervisión, el espacio físico, donde será el dictado de clases, los tiempos, etc. Si bien es importante la articulación con los Institutos de Formación Docente, entendemos que esta debe construirse en torno al proceso de formación docente y no de las necesidades del sistema educativo.

·         La falta de concepción de una evaluación como proceso integral, formativo y continuo que requiere de estrategias permanentes desde una acción sistemática, orientada a la construcción de los aprendizajes. La evaluación no debe ser una medición de lo que falta, ni una decisión unilateral.

·         No asumir que sin universalizar un ingreso para la infancia y sin universalización del nivel inicial, los procesos educativos van a continuar siendo profundamente asimétricos, dejando el tendal de excluidos que pasarán a ser sujetos de la demagogia política.

Nadie conoce el futuro, pero una vez más puede preverse que esta será una nueva política que quedará en el olvido y agregará un fracaso más a la castigada escuela pública, donde técnicos que no forman parte de ella han ensayado y errado, olvidando que allí hay sujetos de derechos que deben ser respetados como tal.