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El caso Papel Prensa
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300810 - Manolo Romano - La asociación de los empresarios con los militares genocidas ha quedado en evidencia, una vez más, con el caso de Papel Prensa. Pero es utilizada por los Kirchner contra el principal “adversario electoral” y creador de candidatos opositores, el Grupo Clarín y La Nación, dejando intacta la impunidad del “poder invisible a los ojos”, como Cristina sugirió llamar a la clase empresaria.

Por empezar ‘nadie va preso’, parece ser el primer mensaje oficial a la díscola dirigencia empresarial de AEA y UIA que vienen expresando su solidaridad de clase con Héctor Magneto, y no fueron a la Rosada en el acto de anuncios sobre Papel Prensa. Al presentar el informe oficial a la justicia, puede comenzar un largo proceso al CEO de Clarín, cuya sentencia estará en una carrera de velocidades con su enfermedad terminal, y a los viejos dueños de La Nación, los Mitre, pero la familia Saguier que mantiene la propiedad efectiva del holding, nunca mencionada en el informe por Cristina Kirchner, seguirá al frente. La política de los
Kirchner ante los genocidas parece ser garantizarles el “trasvasamiento generacional” de la herencia de sus fortunas hechas a sangre y fuego. Hace tres días murió de viejo el ‘capitán de la industria’ Federico Zorroaquin, dueño en 1976 de la empresa Saiar y en los años 80 propietario del frigorífico Cepa y Petroquímica Bahía Blanca, entre otras, e implicado en la desaparición de 12 delegados, incluida toda la comisión interna perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica. Murió impune a pesar de las denuncias y causas abiertas.

 

Una opinión editorial de La Nación sostiene que durante el informe sobre Papel Prensa: “Algunos embajadores presentes debieron sentir de nuevo, el escalofrío que los estremeció cuando los gobernantes argentinos hacían y decían lo mismo contra empresas de sus países”. Sin duda, en particular los que ocupan cargos diplomáticos en los países imperialistas de origen de las multinacionales automotrices que fueron partícipes necesarios de cientos de desaparecidos obreros como los resonantes casos en Ford, Mercedes Benz o Peugeot, empresas que han tenido un especial tratamiento de parte del Estado durante la administración Kirchner. Ya ni los ultra-K de ‘6,7,8’ hablan mas de la Causa Noble por apropiación. Mucho menos están amenazados los dueños del monopolio Techint, la familia de los Rocca, que en el ‘76 montaron su propio campo de concentración al lado de la fábrica Siderca de Campana para torturar obreros, y sigue siendo el gran pope de la “burguesía nacional”.

Los defensores del pacto de los ’80

Reeditando a Mariano Grondona que, para defender a Macri, dijo “pero si todos espían, ¿por qué culpar a uno?”, la diputada Patricia Bullrich, argumentó que, en última instancia, “todos colaboraron con la dictadura”. Al fin y al cabo, su líder en la Coalición Cívica, Elisa Carrió, proveniente del alfonsinismo, es respetuosa de la impunidad consagrada en los pactos que intentaron poner ‘Punto Final’ después del Juicio a las Juntas en los años 80, entre la UCR gobernante y el PJ de Cafiero.

Como deja traslucir la solicitada del hermano vivo de los Graiver, Don Isidoro: “En diciembre de 1985 el gobierno del Dr. Alfonsín nos indemnizó por todos los activos apropiados por el Estado ilegítimamente (incluyendo los fondos pagados por los compradores de Papel Prensa). Es mi deseo consignar que debimos resignar buena parte de nuestro reclamo en aras de finalizar un ciclo, así como destacar la honestidad de nuestros interlocutores”.

El hijo heredero de aquel pacto, ‘Ricardito’, lo ratifica como candidato a presidente del radicalismo: “En el juicio durante el período democrático que culminó con la indemnización al Grupo Graiver jamás hubo denuncia ni reclamo alguno con relación a la venta de Papel Prensa”.

“Nuevos derechos”… de mercado

Ante la cuestión de la propiedad de Papel Prensa, la presidenta enviará al Congreso un proyecto de Ley que está lejos del “peligro chavista” o estatizador que agitaban los empresarios y el Grupo A de oposición parlamentaria. La iniciativa oficial (de incierta aprobación) propone que la producción de pasta celulosa y papel de diario se declare “de interés público”. Sin embargo el proyecto lo mantendría en manos privadas, con participación del Estado como hasta ahora. Es decir, más allá del discurso, es una segunda señal favorable a las corporaciones patronales de la AEA y la UIA, que reclaman “seguridad jurídica”. El Congreso daría un marco regulatorio para que los diarios patronales puedan comprar todos el papel a un mismo precio contra los actuales manejos monopólicos del Grupo Clarín y La Nación.

Esta “democratización de mercado” que vendrían a restaurar los K en este terreno, busca favorecer a los grupos de los medios oficialistas o socios que ya vienen creciendo gracias a subsidios del Estado, como el ascendente empresario de medios Spolsky o el mismo Werthein en el negocio de las telefónicas (ver nota). Por ello, no es de extrañar las palabras elogiosas que tuvo Cristina Kirchner sobre la conformación de la empresa original en el gobierno de Lanusse a la que catalogó de “desarrollista” diferenciándose del autor por tratarse de un “gobierno de facto”. Aquel entuerto que surgió desde la dictadura de Onganía que volteó el Cordobazo, asociaba la participación y subsidios del Estado a empresarios papeleros y “usuarios”, las patronales de los diarios que compraban el papel.

“Conmigo o sin-migo”

La política del gobierno hacia los empresarios, incluyendo a los genocidas, es ‘presionar para negociar’. Como, en su terreno, demostró la actuación del sindicato Moyano que bloqueó las plantas de Techint, usando el reclamo de los camioneros tercerizados claramente a favor del gobierno en medio de la contienda entre los de arriba, y preparando su asunción como jefe del PJ bonaerense. Si una parte del mensaje oficial a los empresarios es que ‘la sangre no llegará al rió’, el reverso es la amenaza implícita para las corporaciones, manchadas de sangre en los años de la dictadura y que vienen apareciendo junto al CEO de Clarín y alentando a los candidatos del peronismo disidente, que pueden sufrir el “escrache público” y hasta la presión sindical, si juegan abiertamente para la oposición en el 2011. Y, en cambio, si acompañan “el proyecto nacional” tendrán ganancias, “seguridad jurídica” y “gobernabilidad”, como piden.

Sin duda, el gobierno posee sobrada información en los archivos de la época de la dictadura de la actuación de empresarios, militares, curas, jueces y dirigentes políticos durante el plan sistemático del terrorismo de Estado. Estos pueden ser utilizados en forma discrecional como hacen los
Kirchner, o ser la base del verdadero principio del fin de la impunidad, abriéndolos al conocimiento público para iniciar, como piden los querellantes del colectivo Justicia Ya en los juicios a los represores, el juzgamiento de “todos los genocidas por todos los compañeros”. Pero esto sólo se logrará con una política de movilización independiente de los campos patronales en disputa.

 


 

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