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311211 - Fabiana Arencibia - Red Eco - El miércoles de la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional la firma de un decreto por el cual se limitará -de ahora en más- el costo de los créditos a jubilados y pensionados. Esta medida es hacia adelante, por lo cual las tasas de usura que actualmente pagan casi dos millones de ellos por los préstamos ya concedidos, seguirán vigente.

(Ver: Orígenes y futuro del proyecto neodesarrollista posneoliberal en Argentina)

Podemos considerar este anuncio como positivo en principio. Sin embargo vale la pena desglosar algunos de sus aspectos para analizar por qué, según opina el Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, significa “un subsidio universal por pobreza para los adultos mayores”, con 5 millones de jubilados cobrando el haber mínimo (1.434 pesos) que no llega a cubrir su canasta básica de subsistencia.

La mayoría de nuestros viejos esperaban expectantes el anuncio de fin de año. Así venía sucediendo desde el 2008, año a partir del cual los jubilados cobraban un bono para las navidades como refuerzo a las jubilaciones que, en casi un 80 por ciento, no llegan al salario mínimo vital y móvil (2.300 pesos).

(Ver:
Censura contra Darío Aranda. Los trabajadores de Página 12 desmienten a sus patrones (2)

Sin embargo no escucharon lo que deseaban. La Presidenta y el titular de la ANSES, Diego Bossio, indignados por la “usura”, el “abuso” y la “rapiña financiera” anunciaron que de ahora en más las tasas de los créditos que se les otorguen a jubilados y pensionados -cuyas cuotas se descuentan directamente de sus haberes mensuales- no podrán superar la que cobra el Banco Nación mas un 5 por ciento, como máximo.

El anuncio oficial sumó además una segunda medida. El Gobierno nacional habilitó a la ANSES para que utilice hasta un 20 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), institución que administra los ahorros previsionales, para dar préstamos del mismo tipo a jubilados y pensionados. El FGS asciende en la actualidad a 200.000 millones de pesos. Sin embargo se comenzará con la utilización en el 2012 de cinco mil millones y no lo hará en forma directa la ANSES. Así lo aclaró Bossio quien afirmó en un reportaje: “No vamos a prestar en forma directa. Vamos a explorar alternativas para llegar con los créditos a una tasa conveniente para los jubilados, pero será a través de intermediarios”.

(Ver:
El escudo ético del kirchnerismo y su gente)

Sin embargo los fondos de la Anses se utilizan sin intermediación y como si fueran un recurso presupuestario más, para otros destinos que no tienen que ver con beneficios para los jubilados sino con medidas asistencialistas, préstamos a multinacionales y con pago de deuda.

Diego Bossio confirmó que este año el Gobierno no pagará un plus para las fiestas a jubilados como lo hizo en ocasiones anteriores. Y para justificarlo afirmó que los aumentos de haberes de 2011 fueron “muy positivos”, en un nivel del 37 por ciento, por arriba de cualquier paritaria. “Ha sido un año extraordinario en cuanto a los aumentos surgidos de la ley de movilidad previsional”, dijo, aduciendo al porcentaje de ajustes en las jubilaciones y pensiones, que puede parecer alto si no se tiene en cuenta que se aplica sobre un haber de miseria, y por lo tanto es también una miseria.

“Evidentemente los jubilados hoy son la variable de ajuste de todo este proceso y los mayores inversores porque es su dinero que, sin ningún tipo de consulta, se utiliza con diversos destinos, incluso para equilibrar el presupuesto”, afirmó Semino en un reportaje realizado por el programa Los Locos de Buenos Aires en FM La Tribu.

“Los fondos de la Seguridad Social pasan a ser, tanto en Argentina como en el mundo lo que compensan las erogaciones del Estado. Esto es una ratificación de lo que plantearon los organismos multilaterales de crédito en la década del 90 en el sentido de que hay que sacar la plata del vértice de la pirámide poblacional para aplicarla a la base. Pero le sacaron a los viejos y nunca le dieron a los chicos y la plata se fue para afuera”, agregó.

Nadie se pregunta por qué durante todos estos años (más de 20) se crearon mutuales y cooperativas para darles préstamos a los jubilados, que eran verdaderas mesas de usura. Esto sucedió con la anuencia del Estado, porque las cuotas de esos créditos se las descontaban - y seguirá siendo así- del recibo por el que cobraban el haber jubilatorio (mecanismo conocido como código de descuento). No hay casi posibilidad de morosidad en esto, porque aún falleciendo el jubilado, su seguro de vida lo cubre.

Curioso dato: este código de descuento fue instituido en 1993 en la misma ley que dio origen a las AFJP. Sigue vigente a pesar de la estatización del sistema jubilatorio y la desaparición de estas administradoras privadas y es el que habilita que cooperativas, mutuales, centros de jubilados y sindicatos, entre otros, presten plata a jubilados y pensionados.

(Ver: Hijos, nietos y familiares de represores enfrentaron al juez Lorenzetti, de Argentina)


Otro dato curioso: las entidades debe firmar un acuerdo con la ANSES para poder operar, de esta forma es el Estado a través del organismo previsional quien está avalando una medida que viene de las entrañas del neoliberalismo.

Hay que agregar que no es la mayoría de los jubilados la afectada por esta situación. En la actualidad equivale al 34 por ciento del total de beneficiarios (casi dos millones) que tomaron créditos con el mecanismo de código de descuento.

Según comenta Eugenio Semino, “son créditos pequeños que no suministra la banca oficial, y este detalle tampoco se dijo en el anuncio. Son pequeños créditos que en general los utilizan para cubrir necesidades básicas y en muchos casos situaciones de enfermedad. Créditos que van de 1000 a 3000 pesos, y que son tomados en general porque la jubilación no alcanza”.

(Ver: Argentina y la justicia hundidas en un mar de corrupción: Contrabando de Armas: Menem, Yoma, Camilión y el resto, absueltos

Sin embargo las altas tasas, cuyo costo financiero total alcanza en muchos casos al 70 por ciento del préstamo original, se convierten en una carga. A partir de esta medida estarían pagando por nuevos préstamos, tasa del Banco Nación (28 por ciento), más los 5 puntos adicionales.

“Les puedo asegurar que el Banco Nación no regala el dinero. Lo que estamos diciendo sigue siendo un excelente negocio. No estamos haciendo socialismo con la plata de los demás. En la Argentina son todos socialistas con la plata de los demás. Nosotros no. Creemos en el crédito. En lo que no creemos ni vamos a aceptar es la usura institucionalizada”.

Si bien nadie piensa que usar los fondos de la ANSES para prestarle a las empresas sea hacer socialismo, cabe destacar que el dinero que se está usando es de los jubilados. Es por eso que no podemos entender que pueda hablar en términos de “excelente negocio” cuando se está refiriendo a préstamos hacia jubilados y pensionados que, insistimos, los toman no porque crean en el crédito como la forma de vida en sus últimos años, sino porque tienen carencias que cubrir.

(Ver:
Caso Vargas: Para la justicia de Argentina, los hombres no son iguales)

Por más de una década la Defensoría cuestionó este mecanismo perverso e incluso se presentaron denuncias penales. Pero los jueces contestaban que había consentimiento por parte de los que tomaban esos créditos, o sea, los jubilados.
“Hace poco más de 60 días se suspendió esta operatoria por una denuncia que hizo la Defensoría y que tuvo repercusión pública. Y ahora aparece este anuncio que es correcto pero que es una ratificación pública que hay un impuesto a la vejez. Porque se va a cobrar el interés del Banco Nación más un 5 por ciento como máximo sobre la tasa del banco, con lo cual ese incremento es un impuesto a la vejez”, afirmó Semino.

Nos preguntamos ¿por qué un jubilado no puede obtener un crédito en las mismas condiciones que alguien que no lo es? A las empresas la ANSES le presta dinero a tasa mucho más baja aun que las anunciadas por la presidenta con esta medida.

La cuestión de fondo a resolver es que a los jubilados se les pague lo que le corresponde, el 82 por ciento móvil por el que vienen batallando desde siempre. Hoy la canasta básica de un jubilado es calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 3059 pesos. Con esto se cubre el mantenimiento de una vivienda propia o un alquiler compartido o una pensión con baño compartido (entre 700 y 900 pesos), agregando luego alimentos, higiene y limpieza, transportes, medicamentos, salida una vez por mes de recreación.

“Este anuncio fue, más que para los jubilados, para los que suponen a que los jubilados están bien. Hoy lo que tenemos es un subsidio universal por pobreza para los adultos mayores, con 5 millones ganando la mínima que no tiene que ver ni con su trabajo, ni con los aportes ni con la cobertura de sus necesidades básicas”, afirmó Semino.


 

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