Referéndum por el gas en Bolivia: Un fraude recorre el Altiplano
Emiliano Guido

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Fuente Visiones Alternativas 170704

Los ciudadanos bolivianos están convocados mañana domingo a las urnas para decidir en un referéndum vinculante sobre la aplicación de la Ley de Hidrocarburos diseñada por el Poder Ejecutivo. Esta mecanismo de consulta fue originado en las negociaciones protagonizadas por las organizaciones sociales y sindicales con el Presidente Carlos Mesa tras la insurrección de Octubre que terminó con la renuncia de Sánchez de Losada

Lejos de contemplarse la exigencia de la nacionalización del gas, Mesa orquesto con el diputado cocalero Evo Morales, una salida política para cumplir con los intereses de la Administración Bush en la región

El anterior Presidente, Gonzalo Sánchez de Losada, no ocultaba su acento anglosajón en un territorio donde los aymaras sueñan refundar un Estado Indígena. Había establecido su formación profesional en los EEUU, pensaba aplicar el manual aprendido para los países dependientes hasta que sus reformas neoliberales chocaron con una variable desestimada: la resistencia popular. La intención de erradicar la hoja de coca como cultivo, la propuesta de un “impuestazo” para reducir el déficit fiscal, el deseo de suscribirse al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), fueron configurando el principio del fin de Losada. Hasta que el anuncio de exportar la mayor riqueza del país, el gas, hacia puertos chilenos unificó y potenció a una basta alianza de sectores sociales que tras un fuerte proceso de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, terminó obligándolo a renunciar.

Otra crisis política en América Latina que finalizaba con un gobierno apegado al Consenso de Washington, otra grieta en el poder desaprovechada por los de abajo para materializar sus aspiraciones.

Carlos Mesa, periodista e historiador, vicepresidente que había llegado a la fórmula como un dirigente “independiente” volvía a ser el recambio institucional para calmar las aguas. Uno de los motivos de la tregua aceptada por las principales organizaciones populares: la Central Obrera Boliviana (COB) encabezada por Jaime Solares, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CUTCB) y el Movimiento Indígena Pachakuti liderada por Felipe Quispe y el Movimiento al Socialismo (MAS) cuya cara visible es Evo Morales, fue que la ciudadanía decida en una consulta vinculante sobre el futuro de este recurso natural estratégico.

Las reservas gasíferas bolivianas, las mayores del continente, están calculadas en 80 mil millones de dólares, cifra que duplica el capital del país y multiplica por 10 el valor de la producción de bienes y servicios generados en un año.

La guerra contra el terrorismo, la nueva fase de expansión de EEUU, retoma el clásico control territorial del imperialismo donde el centro necesita una periferia generadora de materias primas. Donde se jerarquiza el potencial energético y de biodiversidad: recursos estratégicos en un presente donde el barril de petróleo esta batiendo records en su cotización y en un futuro que se asoma como apocalíptico por el agotamiento de los mismos. Víctor Ego Ducrot y Martín Waserman desenredaban las trampas de la supuesta crisis energética de la región en un anterior despacho de APM ( ver “El gas que falta en Argentina Repsol lo vende a EEUU” ). La empresa española Repsol, integrada por capitales norteamericanas e inglesas, amo y señor de los gasoductos en la zona sur de América Latina sigue desarrollando una triangulación comercial para abastecer al verdadero país que tiene crisis en este sector de la economía: Estados Unidos. La venta de gas boliviano a la Argentina sigue su curso en los puertos chilenos para luego embarcarse hacia las arcas del consorcio petrolero estadounidense encabezado por el clan Bush, asociados a la corporación Hallyburton, ganadora de las "licitaciones" abiertas tras la ocupación en Irak. El ALCA necesita que la nacionalización del gas en Bolivia sea solo una expresión de deseo, de otra manera se vulneraría la génesis del proyecto anexionista.

Bolivia padece paradójicamente en la actualidad una política de ajuste en la administración del servicio de combustibles. La mayoría de los hogares, incluso en los centros urbanos carecen de gas domiciliario. Por ejemplo, los pobladores de Santa Rosa del Sara, del Departamento de Santa Cruz, procedieron a cerrar las válvulas del gasoducto Cuyabá-Brasil como forma de protesta ante la inacción de los gobernantes en instalar este servicio en sus casas. El próximo 20 de julio habrá un nuevo paro de transportistas en Santa Cruz por el aumento de combustibles. El incremento obedece a que la Ley Marco, que se votará este domingo, contempla en su artículo 50 que: “Para la venta al mercado interno se basarán en los precios de referencia de una canasta de petróleos del mercado internacional, de calidad y características similares al boliviano”. Es decir que un país rico en la producción de hidrocarburos fija la cotización del mercado innecesariamente en variables externas, perjudicando su desarrollo soberano.

A diferencia de Losada, Mesa ha logrado quebrar el bloque popular, incorporando al MAS en la administración del Estado y en la planificación de las políticas. Que lejos de cumplir el programa de la insurrección de Octubre, suscriben los deseos de Washington. Han dado una señal de disciplinamiento al norte otorgando inmunidad al accionar de las tropas norteamericanas en su territorio, cancelando la posibilidad de acudir a una Corte Internacional en caso de que cometan algún delito. Estados Unidos agradeció el gesto facilitando ocho millones de dólares para el financiamiento de las fuerzas armadas y respaldando la continuidad institucional. La complicidad de Evo Morales que ordeno a sus Senadores dar media sanción a esta ley, forzó a la dirigencia de la COB a expulsarlo de sus filas por “traidor”

El MAS utiliza la vieja excusa conformista del “mal menor”. Consideran que el actual gobierno es la última posibilidad de mantener un resquicio legal y democrático ante la ofensiva golpista que estaría tramando el mismo actor que sostiene a Mesa: la corporación financiera petrolera con EEUU a la cabeza. En su teoría conspirativa agregan un dato cierto: ante la carencia de base social, el gobierno necesita sostenerse en las fuerzas del MAS para negociar las medidas. Igualmente Mesa no se ha enfrentado a consignas setentistas a la hora de dialogar con sus socios en el gobierno y visualiza al Ejército como el aparato de poder real para finalizar su mandato. Ya dio marcha atrás el juzgamiento de cuatro militares ante el Tribunal Constitucional por los asesinatos cometidos en febrero del 2003, el ejecutivo planea devolver dichos procesos al fuero militar para estrechar las manos con los personeros de la represión en las calles.

`Tramparendum` ha sido la palabra elegida por la sabiduría popular para bautizar el referéndum. De las cinco preguntas que deberán responder los bolivianos, ninguna especifica la nacionalización de los recursos estratégicos. Con una ingeniería lingüística cargada de vaguedad, confeccionaron un cuestionario que no deja lugar a revisar el manejo de las transnacionales en la exportación del gas como materia prima, archivando los temas principales como la industrialización y el aumento de ingresos para la Caja del Estado. La segunda pregunta es paradigmática: ¿Esta usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado Boliviano? Interrogación que se limita a la explotación del subsuelo, marginando todo el proceso de la cadena productiva que implica valor agregado: refinación, industrialización, transporte y comercialización final.

Las encuestas y la mirada del gobierno no están focalizadas sobre el resultado del referéndum, las cifras que esperan con ansiedad son las que medirán la concurrencia a la cita del 18 de Julio. A pesar del bombardeo informativo de la prensa estatal y privada, el Ejecutivo teme que el ausentismo trepe a porcentajes históricos. El coordinador oficial del Referéndum, Ricardo Paz, admitió que se estaría en un problema legal si no concurren más de la mitad de los electores inscriptos ya que la Ley Marco fija ese límite para que la consulta tenga validez. El uso de la fuerza se revaloriza ante la incapacidad del Ejecutivo de hegemonizar la coyuntura política. Según el Comandante General de la Policía, Jairo Sanabria, un total de 22 mil efectivos vigilarán los comicios y controlarán a los revoltosos.

Las organizaciones populares han decidido boicotear este proceso electoral porque calculan el estrecho margen de las opciones políticas si aceptan jugar al referéndum: perder o salir derrotados. Un cabildo abierto en La Paz convocado por la COB propuso ganar las calles céntricas de la capital boliviana este domingo para impedir el ingreso a los centros de la votación. La Federación de Juntas Vecinales de la combativa ciudad de El Alto, determinó en un amplio congreso realizar un paro con movilización durante todo el fin de semana. Los campesinos contribuirán al plan de lucha bloqueando carreteras. "No habrá votación en las comunidades y en los pueblos donde quieran hacer votar a los hermanos campesinos, arderán las ánforas (urnas)", aseguró el "Mallku" Felipe Quispe. Este frente de resistencia aconsejo a los ciudadanos que concurran a votar por temor a recibir algún tipo de multa, que marquen la papeleta con una X o que simplemente escriban la palabra: “Nacionalización” para impugnar el acto.

El lunes permitirá visualizar el estado de las relaciones de fuerza en Bolivia en una batalla política de largo aliento. Las cholas, los mineros, los estudiantes seguirán luchando, más allá de los resultados del referéndum, para que el subsuelo de la patria produzca bienestar para el pueblo. Un viejo legado de Simón Bolívar


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