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Avances de la nueva Ley de Hidrocarburos

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Mesa cede y la Ley de Hidrocarburos parece escuchar los deseos de los bolivianos
A pesar de que el comportamiento del presidente Mesa fue siempre equívoco y la defensa de los intereses de su país dejó siempre muchas dudas, la nueva Ley de Hidrocarburos parece ser todo un avance superador. El rechazo furioso e este proyecto por parte de las empresas para las que trabajaba el anterior presidente de Bolivia (el hoy fugado  y escondido en EE.UU., Sánchez de Losada) es un buen indicio. Y no hay que preocuparse, ya que estas reacciones indican a) que los bolivianos pueden comenzar a vivir mejor y recuperar su dignidad y b) Que, a pesar de sus altisonantes quejas, las empresas que expoliaban a Bolivia, seguirán explotando los hidrocarburos aunque en un marco de justa conveniencia para ambas partes


Fuente Bolivia.com 0904
Pese a que aún hay varias diferencias en cómo redactar la futura Ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo y el Legislativo rechazaron la reacción de las petroleras. El Gobierno buscará el diálogo, el Parlamento es más duro.

Después del rechazo de las empresas petroleras a la propuesta de ley de Carlos Mesa, el Gobierno y el Congreso aseguran que no cederán, y que Bolivia tendrá una nueva ley, aunque persisten en su pelea técnica en la redacción de la futura norma.

Las compañías, agrupadas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), descalificaron el miércoles la propuesta de Mesa, asegurando que inviabiliza al sector y bloquea el desarrollo del país. Incluso reiteraron la posibilidad de ir a juicios arbitrales si el proyecto sigue adelante.

Los dos poderes del Estado rechazaron ayer las afirmaciones de las petroleras. Señalaron que su comunicado y las declaraciones de su presidente, Raúl Kieffer, muestran más que nunca que sólo cuidan sus intereses. No obstante ambos poderes aseguraron que la nueva ley seguirá adelante, aunque aún no se ponen de acuerdo para hacerla.

Las diferencias también son evidentes en cómo enfrentar a las compañías. El Gobierno quiere dialogar, en cambio, el Congreso quiere seguir adelante y no teme a los juicios.

El ministro de la Presidencia, José Galindo, dijo que se buscará negociar y convencer sobre a las empresas sobre la nueva ley.

“Es nuestra responsabilidad convencer a las empresas que lo que estamos haciendo les permite trabajar, les da la seguridad jurídica, pero tiene que aumentar la presión impositiva y que las utilidades que tendrán son razonables”, dijo el Ministro.

“Tengo que sentarme con ellos, porque sino este país se va al diablo, claro que hay que sentarse, porque para bailar tango se necesitan dos”, añadió.

En el Legislativo, las criticas a las petroleras fueron más duras. Se descalificó totalmente la amenaza de juicios al Estado.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de Senadores, Oscar Zamora, aseguró que el Legislativo hará respetar la soberanía nacional frente a las empresas petroleras.

El presidente de la misma Comisión pero en diputados, Santos Ramírez, aseguró que las empresas no pueden hablar de incumplimiento de la fe del Estado, por cuanto ellas fueron las primeras en incumplir los contratos. “Ellas suscribieron contratos que van en contra de la Constitución, contratos que no fueron avalados por el Congreso y además los incumplen”.

Según Ramírez, el Ejecutivo y las petroleras tendrían un acuerdo para hacer creer que se rechaza el proyecto de ley, “porque tanto los ejecutivos de Repsol, desde España y los de Petrobras, desde Brasil, se han pronunciado y han dicho que no están inquietados por la ley de Carlos Mesa, porque con el ICH (Impuesto Complementario a los Hidrocarburos) no existe el 50 por ciento anunciado”.

Precisamente, este es el punto punto que más aleja al Gobierno y al Congreso en la discusión sobre la nueva ley petrolera.

El Legislativo insiste en la aplicación de regalías al 50 por ciento, mientras que el Ejecutivo asegura que eso sería confiscatorio y afectaría directamente la rentabilidad de las petroleras.

En algo si hay coincidencia, y es que el país necesita recuperar más ingresos del gas.

El diputado Ramírez aseguró que, según las cifras oficiales, las empresas petroleras tienen una rentabilidad del 74 por ciento.

“Lo único que pedimos es compartir este queso 50 a 50, sin afectar la rentabilidad de las empresas petroleras”, explicó.

El ministro Galindo aseguró que los cambios propuestos van por recaudar más, pero sin afectar la rentabilidad de las empresas, “No es responsabilidad del Gobierno, tiene que ser responsabilidad de todos los bolivianos, que tenemos que decir señores hasta aquí se puede y ustedes (empresas) tienen que poder”.

Si bien el Gobierno habló de un acercamiento con las empresas, no se conoce de una cita oficial. Las petroleras también están en busca del diálogo.

El debate sobre la norma es más de forma que de fondo

NEGOCIACIONES - Impuestos, Contratos y la refundación de YPFB serán los temas que podrían encender el debate en las subcomisiones.

Impuestos o regalías, recuperación en boca de pozo y cambio de contratos y YPFB son los temas de mayor debate entre el Ejecutivo y el Legislativo en el trabajo de las subcomisiones.

Ayer en la negociación se pudo percibir un ambiente de tranquilo entre parlamentarios y gobernantes. En la subcomisión de derecho y propiedad de los hidrocarburos y clasificación de las actividades hidrocarburíferas, las discusiones entre los representantes de ambos sectores fueron más de forma que de fondo. El trabajo se centraliza en la redacción de la nueva ley.

Sin embargo, el presidente de la comisión de Desarrollo Económico de Diputados, Santos Ramírez, aseguró que las diferencias con el Ejecutivo, sobre la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo, son sustanciales y que la pelea será dura.

“El Ejecutivo, en su ley dice que el derecho de propiedad de los hidrocarburos pertenece al Estado en boca de pozo, mientras que nuestra redacción dice se recupera, ya que en los contratos de riesgo compartido se perdió esta propiedad”, explicó

 

En la subcomisión que analiza el mercado interno, industrialización y Comercialización tampoco

hubo mayores cuestionamientos sobre la redacción de la ley del Gobierno en el tema de transporte por
ductos. Aquí, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jaime Barrenechea, representa al Ejecutivo

 

La que promete mayor debate, es la subcomisión que analiza el Régimen Tributario, patentes, regalías y participaciones y el derecho de los Pueblos Indígenas y Originarios, porque es donde se discutirá cuál es el mejor camino: si incrementar regalías o impuestos al 50 por ciento.

Otra crítica de algunos diputados que tiene eco en la subcomisión de YPFB y Recuperación de la Propiedad estatal y las acciones de las empresas petroleras capitalizadas, es que sólo debería existir una petrolera estatal, aunque otros diputados están de acuerdo con el Ejecutivo.

El trabajo en las subcomisiones concluirá el 15 de septiembre y hasta el 27 se entregarán los primero detalles de la ley.

Mientras se preparaba la discusión, el líder del MAS, Evo Morales, aseguró que si las empresas petroleras no aceptan la nueva Ley tendrán que irse igual que Aguas del Tunari, subsidiaria de la inglesa Betchel, durante la denominada “Guerra del Agua”.

El también diputado dijo ayer, después de conocer la reacción de las compañías, que los movimientos sociales podrían organizarse otra vez y determinar la expropiación y confiscación de los bienes de las empresas petroleras y expulsarlas del país.

Explicó que la propuesta del MAS plantea la “nacionalización del gas y el petróleo", sin afectar el patrimonio de las transnacionales y apoyándose en la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia vigente en el país


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