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”El decreto de nacionalización de los hidrocarburos (que tiene un
carácter más simbólico que real, NdE) es un paso más que se da en el
camino para lograr que Bolivia no sea un Estado mendigo y obtenga los
recursos económicos para superar sus problemas internos como el déficit
fiscal”, que anualmente es financiado por donaciones y créditos
provenientes del exterior.
Por ello, la crítica situación de hambre y pobreza en la que están
sumidas dos de cada tres familias bolivianas se mantendrá inalterable,
ya que los millonarios excedentes que genera la explotación del gas y el
petróleo, y que alcanza a un total estimado de más de 3.500 millones de
dólares, seguirán beneficiando casi con exclusividad a las
transnacionales.
El gobierno aspira lograr, mediante su decreto, un total de 780 millones
de dólares, monto que incluye los ingresos petroleros ya definidos en la
actual ley de Hidrocarburos (3058, vigente desde hace un año), y el
aumento temporal de tributos en dos megacampos de gas. Muy poco para
cambiar la suerte de seis millones de bolivianos.
'Hemos decidido recuperar nuestros recursos naturales para que nos
permitan resolver los problemas económicos en nuestro país (…) Bolivia
tiene semejante riqueza, pero también semejante pobreza. No se trata de
distribuir la pobreza, sino de redistribuir la riqueza (…) Acá no se
expropia, ni se expulsa a nadie. (Las empresas extranjeras) tienen
derecho a recuperar sus inversiones y tienen derecho a las utilidades,
pero no al control de nuestros recursos naturales. Ellos serán socios,
pero no dueños', dijo Morales en el Parlamento Europeo.
En cambio otra es la percepción en los sindicatos. “Bolivia vencerá al
atraso y la pobreza sólo si expulsa a las transnacionales y nacionaliza
todas sus riquezas naturales (…) Si nos contentamos con migajas,
agarrando sólo la parte del ratón y no del león, como hace Evo Morales,
los bolivianos seguiremos siendo pobres y miserables”, advirtió el
dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, que
cuestionó otra vez el decreto de Morales como “demagógico” e
“insuficiente”.
En lo esencial, el decreto de Morales no constituye una verdadera
nacionalización y es, en cambio, la aplicación a fondo de la ley 3058,
aprobada hace un año por las fuerzas neoliberales, que dominaban el
Congreso y el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, para defender el
poder petrolero amenazado por una gigantesca rebelión popular.
El decreto de Morales ratifica el plazo de 180 días que otorgaba la ley
3058 para que las transnacionales petroleras, que operan ilegal e
inconstitucionalmente en Bolivia -según dictamen inapelable del Tribunal
Constitucional- firmen nuevos contratos para poder seguir explotando las
riquezas naturales del país. Esa ley ofrecía legalizar la actividad de
las petroleras, impidiendo su expulsión reclamada por los sindicatos, a
cambio de un aumento nominal de impuestos hasta un 50%.
El decreto de 'nacionalización' de Morales da un nuevo plazo de 180 días
para que las petroleras se ajusten a esa ley, que entrega al Estado el
control y propiedad formal de los hidrocarburos, pero que otorga a las
transnacionales la propiedad real y los mayores beneficios derivados de
la explotación, comercialización, exportación e industrialización del
gas y el petróleo. |
