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El gobierno de Bolivia denunció ante la comunidad
nacional e internacional que la oposición está colocando al país
en el "umbral de un golpe de Estado" a días del referendo
revocatorio del domingo.
La votación del domingo decidirá si el presidente Evo
Morales y los prefectos de ocho de nueve departamentos podrán completar
sus mandatos o deberán llamar a nuevas elecciones.
"Bolivia se encuentra en el umbral de un verdadero
golpe de Estado contra el orden constitucional", dijo el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"La estrategia ya no es frenar el referendo, sino
derrocar al Presidente de la República y desplomar el orden
democrático", añadió.
080808 -
BBC -
Bolivia intentará destrabar el próximo domingo
10 de agosto la crisis política en la que se encuentra sumida
con un referendo revocatorio de los mandatos de las máximas
autoridades nacionales y departamentales.
Más de cuatro millones de bolivianos
habilitados para votar en la consulta deberán decidir si ratifican o
revocan los mandatos del presidente Evo Morales y su vicepresidente
Álvaro García Linera.
También en ocho de los nueve
departamentos en los que está dividido el país los ciudadanos deberán
pronunciarse sobre la continuidad de sus prefectos (gobernadores).
El restante departamento, Chuquisaca,
recién acaba de eligir a su prefecto -la dirigente opositora Savina
Cuellar- el pasado 29 de junio.
Por eso se resolvió que allí la recién
electa mandataria no necesita revalidar su cargo.
Opositores y oficialistas
Seis de los gobernadores regionales que
pondrán en juego sus puestos este domingo están enfrentados al gobierno.
Ellos son los prefectos de La Paz, José
Luis Paredes, de Santa Cruz, Rubén Costas, de Beni, Ernesto Suárez, de
Pando, Leopoldo Fernández, de Tarija, Mario Cossío, y de Cochabamba,
Manfred Reyes Villa.
A diferencia de todos los demás prefectos, que sí aceptaron someterse al
revocatorio -después de una negativa inicial-, Manfred Reyes Villa dijo
que desconocerá el resultado en lo que respecta a su mandato.
En todo caso, las boletas impresas para
Cochabamba llevan su nombre en ellas, por lo que el resultado de la
votación en este departamento promete terminar en un conflicto político.
Los prefectos que apoyan a Morales son
Mario Virreira, del Departamento de Potosí, y Alberto Aguilar, de Oruro.
El referendo revocatorio llega en medio
de los mandatos constitucionales del presidente Morales y la mayoría de
los prefectos, elegidos por el voto popular en 2005.
También ocurre a pocas semanas de que
cuatro departamentos -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- aprobaran sus
propios estatutos autonómicos por amplias mayorías en referendos
populares, desconocidos por el gobierno nacional.
Fórmula en disputa
Pero a pesar de la proximidad de la
consulta, existen importantes divergencias de criterio en cómo deberán
ser interpretados los resultados.
El Senado, controlado por la oposición,
cambió la fórmula original para revocar los mandatos. Pero el gobierno
negó la validez del acto legislativo.
Sin embargo, siete de las nueve cortes electorales departamentales lo
aceptaron, por lo que no está claro cuántos votos se necesitan para
conservar el mandato.
El proyecto de ley de referendo
revocatorio fue presentado por el gobierno el 9 de diciembre de 2007. La
Cámara de Diputados dio su aprobación el 15 de diciembre y el Senado el
8 de mayo de 2008. El presidente promulgó la ley cuatro días después.
La convocatoria establece que perderán
sus cargos aquellos mandatarios que reciban votos negativos por encima
de los que consiguieron en su elección original.
Así, para revocar el mandato del
presidente Morales, deberán votar en su contra más del 53,7% de los
habilitados, pues ese fue el porcentaje con el que ganó la elección
presidencial.
La ley original dice que lo mismo deberá
ocurrir para remover a un prefecto, aunque para ellos la cifra necesaria
para destituirlos es muy inferior a la de Morales.
Una ayudita a los prefectos
La reforma del Senado mantiene el
porcentaje original en el caso del presidente, pero dice que los
prefectos sólo podrán ser revocados si el "No" supera el 50% +1 de los
votos totales.
El cambio favorece a los gobernadores, ya que ninguno de ellos consiguió
el 50% de los votos cuando fueron electos y con la fórmula original
podrían ser removidos con un número mucho menor de sufragios negativos.
Pero el gobierno rechazó la reforma del
Senado. Y también desconoce la interpretación de las cortes electorales
departamentales señalando que no tienen capacidad para modificar una ley
mediante declaraciones.
Y además, el Congreso ya adelantó que no
ratificará los mandatos que lleguen sobre la base de la fórmula del 50%
+ 1.
Las discrepancias que aún persisten sólo parecen indicar
que lejos de dirimir las disputas, este revocatorio no hará más que
profundizarlas.
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