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010209 -
M. Bonasso -
Las más grandes innovaciones constitucionales de América
Latina en dos siglos de independencia fueron promovidas y
realizadas por dos americanos originarios.
Benito Juárez, en México y
Evo Morales, en Bolivia.
Es significativo y por eso mismo ha estado ausente en el
análisis de los observadores mediáticos: las más grandes
innovaciones constitucionales de América Latina en dos siglos de
independencia fueron promovidas y realizadas por dos americanos
originarios; vulgo: indios.
En 1857, en plena guerra, con su sede provisoria de gobierno
replegada a Veracruz, el presidente mexicano
Benito Juárez
decretaba sus revolucionarias leyes de Reforma. El paquete
incluía la nacionalización de los bienes del clero, la ley de
matrimonio civil, la del registro civil y, por encima de todas,
la de libertad de cultos que ponía fin al vínculo entre la
Iglesia y el poder político. Nacía el primer estado laico de
América Latina, de yapa en un país profundamente religioso.
El licenciado
Benito Juárez,
jefe de un partido liberal muy democrático, debió imponer la
Reforma mediante la guerra y pasó a la historia de su país y de
todo el subcontinente como “el Benemérito de las Américas”. Pero
en 1980, en Monterrey, todavía le escuché comentar a una
señorona que descendía de la oligarquía porfiriana: “Ah, sí, el
indiecito de Guelatao”. Aludía al pueblo de Oaxaca donde Juárez
nació en 1806, hijo de un matrimonio indígena. A los veinte años
de edad, saltando por todas las barreras de la época, Juárez
comenzó a estudiar derecho y a militar en política en defensa de
los campesinos expoliados.
En la Bolivia del aymara Evo Morales la historia se repite,
tanto en la magnitud de la reforma como en la condición
preverbal de algunas matronas del siglo XXI. En una entrevista
realizada por Página/12 a Stella Calloni, la periodista evoca un
diálogo muy ilustrativo que mantuvo en Cochabamba con una señora
gorda, que para colmo ni era de la oligarquía, pero estaba
espantada con el dirigente gremial del Chapare que ha
transformado a Bolivia en el primer Estado pluriétnico de
América. “¿Cómo cree que un indio puede ser presidente? ¿Cómo
cree que nos puede representar? ¡Qué vergüenza ante el mundo!
¿Qué cree usted que tengo que sentir yo? Este hombre ha hecho un
daño terrible, ha hecho que los indios crean que son gente”.
Con la reciente
victoria
en el referendo constitucional, el presidente Evo Morales
Ayma ha cumplido con sus dos principales promesas de campaña: la
nacionalización de los recursos naturales y la aprobación de una
nueva Constitución refundacional para Bolivia.
Lo ha logrado, por fortuna, sin una guerra de Reforma, pero
padeciendo durante tres años la violencia constante de los
oligarcas racistas de la Media Luna, que perpetraron la masacre
de campesinos en Pando y no han dejado de conspirar para
derribarlo. Con tal virulencia que fue necesaria la intervención
de los jefes de Estado de la región, reunidos en la
Unasur, para señalarles bien claro a los subversivos que no
se tolerará ninguna maniobra para desestabilizarlo.
A partir de ahora, Bolivia (la preferida del Libertador que le
dio su nombre) se autodefine como “Estado unitario social de
derecho plurinacional comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomía”.
La forma de gobierno es “democrática, participativa,
representativa y comunitaria”. Coincidentemente con la Reforma
juarista, el Estado se proclama independiente de cualquier credo
reconociendo “la libertad de religión y de creencias
espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones”. Un apartado que
incentivó la inquina de una jerarquía católica acostumbrada a
servir a los poderosos. Además, se declaran como lenguas
oficiales al castellano y todos los idiomas de los pueblos
indígenas y se asumen como principios éticos de la sociedad
antiguos mandatos de los pueblos originarios, como la trilogía
quechua: “No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón”
(artículo 8 de la nueva Constitución), así como la demanda de
“vivir bien”.
La inmensa mayoría de los medios, empezando por la CNN, ha
tratado de bastardear esta reforma constitucional trascendente,
presentándola como un intento del presidente boliviano por
perpetuarse en el poder. Falacia que omite un dato fundamental,
registrado por Martín Sivak en las páginas de Crítica de la
Argentina: “La agenda de nacionalización y nueva Constitución
Política del Estado no pertenece a Morales. Fue impuesta en
octubre de 2003 por las fuerzas sociales y políticas que
forzaron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (el presidente
que hablaba con acento yanqui) y tiene distintas formas de
interpretación e implementación”.
Al “autoritario” Evo le llevó tres años consagrar el nuevo texto
constitucional y debió hacer diversas concesiones a la oposición
para alcanzar el consenso necesario. Quedó instalada la
posibilidad de la reelección por un período de cinco años. Como
lo ha dicho con acierto Atilio Borón en un reciente artículo, en
la “democrática” Europa van por más: “Helmut Kohl pudo ser
canciller primero de la República Federal Alemana y luego de la
Alemania unificada durante 16 años, el lobbista español Felipe
González fue presidente durante 14 años, en el Reino Unido
Margaret Tatcher fue primera ministra durante 11 años, todos los
últimos presidentes de Francia duraron 14 años en el poder”.
No hay pues vicios antidemocráticos en esta reforma y mucho
menos vicios de origen: Evo ganó las elecciones presidenciales
de 2005 con el 54 por ciento de los votos (la mayor victoria en
medio siglo); en agosto del año pasado se impuso en el
referéndum revocatorio con el 67 por ciento y en el actual
referéndum constitucional, el resultado es cercano a un 62 por
ciento. La reducción de cinco puntos entre la penúltima elección
y la última alimentó comentarios desafortunados de los
observadores de siempre y excusas para que los separatistas de
la Media Luna pretendan desobedecer el mandato popular,
argumentando que una Constitución es un “pacto social” que aquí
no se verificó, porque el “Sí” perdió en sus feudos.
Efectivamente, toda Constitución es un pacto social que
establece las bases normativas de una sociedad, a partir siempre
del voto de las mayorías. El 61 o 62 por ciento de los sufragios
registrados a nivel nacional es lo suficientemente contundente y
legítimo como para ser acatado por las minorías de los
departamentos ricos del segundo país más pobre de América
Latina.
Salvo que piensen, como la señorona de Cochabamba, que “los
indios no son gente”.
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