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Colega "chabacano" Alan
García
100509 - Incapaces de afrontar
con valentía las responsabilidades que pudieran tener en la
masacre de civiles en
Bolivia
en el 2003, Jorge Torrres Obleas y otros secuaces del prófugo
Sánchez de Lozada, huyen, ya desbandados, en busca de quien los
proteja.
Torres Obleas, está claro, es un caso más, como el de tantos
políticos, de insensibilidad y de incapacidad moral e
intelectual para enfrentar a un tribunal de enjuiciamiento y
para mirar los rostros de los familiares de
las víctimas asesinadas durante su gestión gubernamental.
100509 - Perú otorga
asilo a un ministro del régimen de
Gonzalo Sánchez
de Lozada
El gobierno de
Perú
concedió asilo a un ministro del ex presidente de Bolivia
Gonzalo
Sánchez de Lozada
que enfrenta un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), informó la Agence France Presse (AFP). El
beneficiario sería Jorge Torres Obleas. Otros dos ex
funcionarios régimen de Sánchez de Lozada también tramitan asilo
en
Perú.
"El gobierno peruano otorgó asilo a un ex ministro del gobierno
de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos otros ex ministros nos han
solicitado refugio y estamos evaluando su pedido", afirmó el
canciller peruano Antonio García Belaunde, manteniendo en
reserva sus nombres, cita el despacho de la AFP.
La concesión de asilo por parte de Lima se registra a una semana
de la apertura de un proceso penal contra Sánchez de Lozada,
acusado por la matanza de 67 bolivianos en la represión que
antecedió a su derrocamiento en octubre de 2003 y en medio de
una insurrección popular en las ciudades bolivianas de El Alto y
La Paz.
El proceso, instaurado por familiares de las víctimas,
comenzará a sustanciarse en la CSJ el 18 de mayo y envuelve,
además de Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos, a sus
ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín; de Hacienda, Jorge
Torres Obleas; de Interiores, Yerko Kukoc; de Participación
Popular, Mirtha Quevedo; de Hidrocarburos, Jorge Berindoague y
de Agricultura, Guido Añez.
Sánchez Berzaín se ha refugiado en
Estados Unidos lo mismo que Añez y Beringoague. Kukoc
intenta asilarse en Perú y, según la acusación, Quevedo también
ha puesto pies en polvorosa.
El ministro de Defensa Legal del Estado boliviano, Héctor Arce,
instó al gobierno peruano a rechazar el pedido de asilo de
Quevedo, Torres y Kukoc, según la AFP.
El abogado de las familias de las víctimas bolivianas, Rogelio
Mayta, había denunciado la víspera que los ministros de Sánchez
de Lozada se pusieron en plan de evasión.
Mayta acusó a Quevedo, jefa del opositor Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), partido de Sánchez de Lozada, de haber
salido ya del país.
La cancillería peruana indicó que el ex ministro Kukoc no es uno
de los refugiados, aunque confirmó que había estado en Perú en
los primeros días de mayo, de acuerdo con la nota de la AFP.
Por descarte, podría tratarse de Torres quien consiguió asilo en
Perú.
Kukoc, que huyó a Buenos Aires la noche del 17 de octubre de
2003 y que un mes después se devolvió a
Bolivia, gobernada entonces
por el sucesor de Sánchez de Lozada, el vicepresidente
Carlos Mesa, fue
procesado por la tenencia ilegal de casi dos millones de
bolivianos, retirados de forma irregular de las arcas del Banco
Central de Bolivia, días antes de la caída del derrocado
mandatario.
Kukoc entregó el dinero a un amigo suyo en Santa Cruz, ante su
imposibilidad de convertirlos al dólar, en el aeropuerto de
Santa Cruz, desde donde Sánchez de Lozada abordó, junto a su
familia y Sánchez Berzaín, un vuelo de itinerario a
Estados Unidos.
El refugio se otorga bajo el amparo de la oficina de refugiados
de ONU (ACNUR). Si en algún momento el país otorgante decide que
no puede mantener más a un refugiado en su territorio la ACNUR
se encarga de enviarlo a un tercer país.
Christian Zanabria, activista de la Asamblea de Derechos Humanos
de Chuquisaca, sede del Poder Judicial boliviano, denunció el
viernes que algunos magistrados de la CSJ intentaban frenar el
juicio a Sánchez de Lozada, también sumariado por infligir al
Estado daño económicos durante su primera administración, entre
1993 y 1997, cuando se privatizó la mayor parte de las empresas
bolivianas, inclusive las estratégicas.
Zanabria denunció que la defensa de Quevedo interpuso un recurso
para frenar el proceso y dilatarlo hasta que ingrese en el
terreno de la prescripción.
"Hemos sido notificados con dos incidentes de parte de Quevedo,
que pide la anulación del juicio de responsabilidades, con el
justificativo que hay vicios procesales y que no existe
convocatoria de las partes, pidiendo que se suspenda el
proceso", representó el activista.
Zanabria advirtió que, con tal pretexto, la CSJ, "podría dar luz
verde a la anulación de obrados en el juicio de
responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada". -
BolPress
Colega "chabacano"
Alan García - Mery Vaca
El presidente de
Bolivia,
Evo Morales,
arremetió nuevamente contra del presidente peruano,
Alan García, a quien llamó "colega chabacano" y le exigió
expulsar a ex ministros opositores que buscan refugio en Perú.
Hizo esta declaración porque, según dijo, se informó que
Perú
está dando asilo político a quienes fueran ministros del ex
presidente
Gonzalo
Sánchez de Lozada,
quienes deben enfrentar desde el 18 de mayo un juicio de
responsabilidades por los enfrentamientos de octubre de 2003,
cuando murieron 60 personas.
"Después de algunas diferencias, uno de los ministros de Alan
García me dijo chabacano, sé que es una ofensa, no me molesta,
pero ahora como está cometiendo un error, ni siquiera respetando
las normas de Perú, le digo colega chabacano y le pido expulsar
a esos delincuentes que se escapan a Perú", dijo Morales en un
acto popular.
Según el diccionario, chabacano es un adjetivo que quiere decir
"sin arte o grosero o de mal gusto".
Cuando Morales dice que un ministro peruano lo llamó chabacano
se refiere al último enfrentamiento verbal entre los gobiernos
de
Bolivia
y
Perú,
ocurrido en marzo de este año, cuando Morales dijo que a Alan
García "la mucha gordura le está afectando".
En aquella ocasión el roce verbal se produjo porque García dijo
que "hace rato" Bolivia abandonó su demanda marítima.
Sin embargo, luego el canciller peruano, José Antonio García
Belaúnde, aclaró que "nadie" llamó chabacano a Morales.
"Un grave delito"
Este domingo, en un acto popular en la ciudad de El Alto, vecina
de La Paz, Morales consideró que si el gobierno peruano concede
asilo político a los ex ministros "estaría cometiendo un grave
delito" porque, según dijo, la legislación peruana impide
refugiar a los acusados de delitos de lesa humanidad y que están
siendo procesados en sus países.
El gobierno peruano informó que concedió asilo político a un ex
ministro de Sánchez de Lozada. Luego se supo que el beneficiario
es Jorge Torres Obleas, ex ministro de Desarrollo
Económico.
Sin embargo, también se conoce que otras tres ex autoridades,
entre ellas, la jefa del opositor Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), Mirtha Quevedo, también están buscando
refugio en ese país.
García igual que
Bush
Entre tanto, el principal acusado, el ex presidente Sánchez de
Lozada, vive en
Estados Unidos
desde que huyera en octubre de 2003, tras presentar su renuncia
al cargo.
En ese país también se encuentran los ex ministros Carlos
Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Añez.
Por este motivo, Morales comparó a Alan García con el ex
presidente de EEUU, George Bush.
"Una cosa es el ex presidente Bush, que ha protegido y ha
encubierto a los delincuentes de Bolivia y no es posible que el
presidente peruano cometa ese error del presidente
Bush",
dijo Morales en la zona de Sensata de El Alto, donde entregó
viviendas sociales.
Esa zona fue, en octubre de 2003, escenario de duros
enfrentamientos puesto que los ciudadanos impedían el paso de
combustibles hacia La Paz, pero los militares, instruidos por un
decreto ministerial, hicieron llegar los combustibles a La Paz,
no sin antes dejar decenas de muertos y heridos de bala.
Después de cinco años y medio, la Corte Suprema de Justicia puso
como fecha de inicio del juicio de responsabilidades el 18 de
mayo en Sucre, la capital de Bolivia.
El ex presidente Sánchez de Lozada, que estuvo en el poder desde
agosto de 2002 hasta octubre de 2003 en su segundo período, está
acusado de genocidio, en su variante de masacre sangrienta, que
tiene una pena privativa de libertad de entre 10 y 20 años.
Sin embargo, la ley boliviana indica que si los acusados no
acuden ante el tribunal no podrán ser juzgados, por lo que, la
justicia tendría que tramitar la deportación o extradición de
los acusados, explica el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta.
De hecho, la Corte Suprema ya expidió una demanda de extradición
en contra de Sánchez de Lozada. -
BBC
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