0505 - Respuesta a Stanley Gacek, de
la AFL-CIO
Permítanme que
comience enumerando una serie de importantes conceptos políticos planteados
por el gobierno de Lula en Brasil. El primero es que la misión del gobierno
consiste en garantizar los intereses de los "mercados" financieros
(operadores financieros, banqueros, especuladores, acreedores, etc.) antes
de abordar cualquier tipo de política o reforma social o económica. El
segundo es que sólo el sacrificio de los trabajadores de salarios más bajos,
los campesinos sin tierra y los funcionarios jubilados hace posible que el
gobierno ponga su presupuesto en orden y de sostén al crecimiento económico.
El tercero consiste en que el concepto de "intervención del
Estado" es un término interclasista que puede ser discutido con
independencia de los intereses de clase de quienes detentan el poder y de
las clases sociales que se benefician de la intervención estatal. Por
último, está el problema del papel central que tienen las instituciones
decisorias no elegidas -como el FMI, el Banco Central o los Ministerios de
Finanzas y Comercio, así como los bancos internacionales- en el
establecimiento de los parámetros de las políticas macro y socioeconómicas
de los regímenes electorales, socavando sus intentos de actuar
democráticamente y convirtiendo en sus programas preelectorales en
"falsedades pragmáticas" postelectorales.
Los ideólogos de la ortodoxia neoliberal y los actuales
regímenes de "centro-izquierda" latinoamericanos siguen este método, que es
también el que utiliza el gobierno de Lula en Brasil. Centraré aquí mi
reflexión en los aspectos relacionados con la reforma agraria (o la falta de
ella), el establecimiento de políticas públicas (autoritarias o
democráticas), la intervención estatal (¿quién hace qué y en favor de
quién?), el cambio estructural a diferencia del clientelismo estatal, y la
política exterior (independiente o dependiente).
Reforma agraria
Lula se reunió con el Movimiento de los Trabajadores Rurales
sin Tierra (MST), igual que lo hizo el anterior presidente, Cardoso, antes y
después de su elección como presidente. En las dos ocasiones prometió
solemnemente la entrega de tierras a 430.000 familias antes del final de su
primer mandato. Según declaraciones de Joao Pedro Stedile, secretario
general del MST, (27.12.2004) el presidente Lula ha dejado repetidamente de
cumplir su palabra. En el primer año, se logró el asentamiento de alrededor
de 20.000 familias en explotaciones agrarias expropiadas. En el segundo año,
el número ascendió a unas 30.000, mientras otras 200.000 familias
permanecían abandonadas en sus precarios cobijos hechos de plástico.
Las principales ONG, las organizaciones de campesinos, la
conferencia nacional de obispos y casi todas las organizaciones populares de
la sociedad civil han condenado la incapacidad del gobierno de Lula de
promover la justicia social. Ninguna de las recomendaciones en materia de
reforma agraria realizadas por él MST, los ecologistas o la iglesia católica
han tenido impacto alguno en las políticas oficiales. Leyendo las
entrevistas realizadas con líderes campesinos, obispos y gente de la
iglesia, ONG y agrónomos, no he encontrado ninguna opinión que indicase que
la política agraria de Lula es diferente de algún modo de las sus elitistas
predecesores.
La democratización de las políticas públicas
Lula gobierna por decreto, o mediante alianzas con los
partidos derechistas del Congreso. Hasta ahora ha ignorado totalmente las
opiniones mayoritarias progresistas expresadas por las organizaciones
populares de la sociedad civil. Se ha negado a consultar o a tener en cuenta
a la amplia mayoría de dichas organizaciones progresistas en cuestiones como
(a) la copresidencia, junto al Gobierno Bush, del Area de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) (b) el envío de tropas brasileñas para apuntalar el
régimen títere pro estadounidense de Haití; (c) el apoyo a la utilización de
organismos genéticamente modificados;(d) la ayuda a la expansión de la
agroindustria de la soja y de la producción de vacuno en la selva húmeda
amazónica, que ha conducido a la reciente destrucción de más de 3 millones
de hectáreas de selva; y (e) la imposición de un incremento real del salario
mínimo de sólo 1% en dos años. Todas y cada una de las principales políticas
implementadas por Lula lo ha sido sin participación alguna de la sociedad
civil o siquiera de la minoría crítica de su propio partido.
El PT tiene como modelo al FMI, con el que firmó un acuerdo
renovable en 2003 y 2004. Algunas diferencias críticas con las políticas
regresivas de Lula en materia de salarios y pensiones han conducido a la
expulsión de un senador y tres congresistas de su propio partido y a la
suspensión y amenazas de sanciones de otros dentro de un grupo parlamentario
que pone objeciones a la línea neoliberal de Lula. Éste, lejos de
democratizar las políticas públicas como prometió en su campaña electoral,
preside un gobierno autoritario y elitista que utiliza técnicas de
relaciones públicas para mejorar su imagen.
Algunos de los defensores de Lula afirman que éste ha
cambiado el papel del Estado en el sentido de adoptar un papel más
"activista" en cuestiones económicas y sociales, a la vez que renuncia a las
privatizaciones. No obstante, las políticas explícitas de su ministro de
Finanzas, Palocci, consisten precisamente en la privatización de todos los
sectores de la economía. Como primera medida, ha permitido la apertura a la
inversión privada extranjera de todos los sectores de la infraestructura,
suprimiendo o flexibilizando las regulaciones de éstos, y prometiendo vender
franjas enteras de los lucrativos sectores del petróleo, el gas, la
electricidad y las finanzas.
Cualquier estudioso que esté dispuesto consultar las
publicaciones financieras brasileñas, o incluso la prensa especializada en
lengua inglesa (Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal) se
dará cuenta de que Lula ha sobrepasado en mucho a sus más neoliberales
predecesores, algo de lo que el propio Lula hace alarde públicamente. En un
momento dado, Lula llamó al ex presidente Cardoso -y a otros- “cobarde” por
no atreverse a recortar las pensiones de jubilación de los funcionarios de
clases medias.
El Estado brasileño participa activamente en la promoción de
la agroindustria y las exportaciones minerales, en beneficio de las grandes
compañías. Éstas reciben en torno al 85-90% de los créditos y subvenciones
del Estado, en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares
fuertemente endeudadas que producen para el mercado interior.
El Estado muestra una total pasividad en la persecución de
los grandes propietarios y sus escuadrones de la muerte: más de 90
activistas campesinos fueron asesinados en 2003, y cerca de 80 lo fueron en
2004, incluyendo más de dos decenas de activistas del MST. La represión
continúa en 2005 y hasta la fecha varias decenas han perdido la vida,
incluyendo una activista religiosa de nacionalidad brasileño-estadounidense.
La Comisión Pastoral de la Tierra, establecida por la iglesia católica, ha
hecho públicos informes detallados en los que muestra la participación de la
agroindustria y la ausencia de condenas judiciales.
Los antecedentes de clase y los intereses personales de los
principales responsables de las políticas económicas del gobierno de Lula
nos indican mucho sobre las políticas pro agroindustria y antipopulares de
éste. El puesto clave de gobernador del Banco Central lo ocupa Henrique
Meirelles, ex presidente del Fleet Boston Global Bank, que votó en su día al
candidato del presidente Cardoso (Jose Serra) en las elecciones
presidenciales. Se trata de un neoliberal militante, responsable de la
implementación de las medidas dictadas por el FMI de reducción de pensiones,
congelación de salarios mínimos y pago de la deuda y sus altos intereses
conexos.
Luiz Fernando Furlan, millonario presidente de la corporación
agraria Sandia, preside el Ministerio de Comercio y Desarrollo. Roger
Rodríguez, ministro de Agricultura, preside la asociación brasileña de
agroindustria y está estrechamente asociado a la compañía transnacional
Monsanto. Entre otros, obtuvo la legalización de los cultivos de organismos
genéticamente modificados. Antonio Palocci, ministro de Finanzas, es un ex
trotskista reconvertido a las teorías de Milton Friedman que ha dado su
apoyo entusiasta al mercado libre y que ha recibido el porcentaje más alto
de aprobación en una encuesta realizada entre las élites empresariales
(85%). El “Estado activista” de Lula iguala, e incluso sobrepasa, a
cualquier otro gobierno latinoamericano o europeo en cuanto a representación
de los intereses de las élites empresariales.
La composición socioeconómica del gobierno de Lula explica
porqué éste ha pagado ya más de 40.000 millones de dólares a los acreedores
extranjeros, a la vez que recortaba las pensiones de la gran mayoría de
empleados públicos en 2003 y 2004. Las regresivas políticas en materia de
salarios mínimos no tiene nada que ver con el plan "salvación de la
seguridad social", tal como proclama demagógicamente Lula, sino que se trata
de la acumulación de un excedente presupuestario exorbitante con el cual
pagar a los poseedores de bonos del Estado, que es una de las primeras
prioridades de este gabinete representante de los grandes negocios. Las
políticas sociales compensatorias (Programa Hambre Cero) proclamadas por
Lula han resultado ser un fracaso total y absoluto. Las cestas de la compra
apenas han alcanzado al 10% de la población que sufren desnutrición.
El Programa está administrado por los principales jefes
políticos locales del partido de Lula y está plagado de corrupción,
favoritismo político e ineptitud burocrática. Frei Betto, amigo personal de
Lula y principal defensor del Programa Hambre Cero, dimitió y, según algunos
de sus amigos y asociados, deplora profundamente la forma cómo se está
llevando el Programa y su escaso impactos.
La brecha entre las deterioradas condiciones sociales y
educativas y las pretensiones de gasto del gobierno de Lula se manifiestan
en las frecuentes huelgas de enseñantes, trabajadores médicos y sociales, y
estudiantes y pacientes, en demanda de mejores condiciones laborales, de
mejores salarios y de limitación de las subvenciones al sector privado. Los
economistas aseguran que los costes administrativos de alto nivel, la
incompetencia burocrática de los responsables nombrados por Lula -que hace
que mucha parte de los fondos asignados no serían distribuidos- y los
sistemas de subcontratación, que se hallan en manos amiguetes políticos
corruptos, consumen la mayor parte de los gastos sociales.
El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) era el
encargado de promover una "nueva política industrial", en oposición al
"neoliberalismo". Carlos Lessa, ex director y uno de los más respetados
economistas keynesianos de Brasil, dimitió de su puesto recientemente
precisamente porque consideraba imposible llevar acabo una estrategia
industrial nacional en el contexto de las políticas neoliberales dictadas
por los Ministerios de Finanzas y Comercio y por el Banco Central.
El nuevo director, Guido Mantega, es un gacetillero político,
capaz de utilizar una retórica estatalista a la vez que financia los cada
vez más grandes conglomerados, nacionales y extranjeros, que dominan la
economía brasileña. Las tasas de quiebra entre los pequeños y medianos
agricultores e industriales han alcanzado niveles cada vez más altos y se
espera que se acelere gracias a las políticas de libre mercado de Palocci,
Furlan y compañía.
La política exterior de Lula
En materia de política exterior, el gobierno de Lula ha
indicado repetidamente que está totalmente a favor de la generalización del
libre mercado. La principal crítica del gobierno contra el ALCA consiste en
acusar a Estados Unidos de no suprimir sus subvenciones a las exportaciones
agrícolas y de restringir las cuotas a las exportaciones agrícolas y
siderúrgicas brasileñas. Por lo que respecta a Brasíl, ésta fue la principal
disputa dirimida en Cancún.
En posteriores reuniones celebradas entre el ministro de
Asuntos Exteriores, Amorin, y el representante del Ministerio de Comercio
estadounidense, Zoelnick, acordaron continuar las conversaciones con el fin
de reducir las diferencias en el marco de un acuerdo general dentro del ALCA
que Amorin calificó de "ALCA bajo en calorías".
Todo ello esta documentado públicamente, aunque los
apologistas de Lula pasan por alto estas cuestiones cuando aseguran que
Brasil socava el ALCA, afirmación que sorprende a casi todos los
funcionarios brasileños especialistas en comercio. Lula ha dado su apoyo a
la actual puesta en práctica del ALCA país por país que está realizando el
gobierno de Estados Unidos, mediante acuerdos bilaterales con Perú, Chile,
Ecuador y Colombia.
La decisión del gobierno de Lula de enviar 1.500 soldados a
Haití en 2004,
con el fin de defender a un gobierno títere e ilegal impuesto por las armas
de Estados Unidos es una clara indicación de la oportunista política de
Brasil, consistente en dar satisfacción a los intereses hegemónicos
estadounidenses con objeto de lograr el apoyo de este país para conseguir un
asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un
general brasileño manda las fuerzas de ocupación en Haití siguiendo las
directrices políticas del Departamento de Estado de EE UU y de los
"asesores" del Pentágono.
Bajo el mando de este brasileño, docenas de parlamentarios y
cargos públicos elegidos que apoyaron al ex presidente Aristide han sido
asesinados, heridos o hechos prisioneros por las nuevas fuerzas policiales,
militares y paramilitares "reformadas". Centenares de seguidores de Aristide
habitantes de los barrios de chabolas han sido asesinados, y en dichos
barrios reina el terror. Los principales grupos independientes de derechos
humanos y la mayor parte de los activistas sociales han condenado las
violaciones a los derechos humanos que tienen lugar bajo el régimen títere y
la fuerza de paz que mandan los brasileños, enviada por las Naciones Unidas.
Lula no sólo defendido su papel en esta ocupación colonial sino que ha
prometido repetir dicha acción si se lo vuelve a pedir Estados Unidos.
En cuanto a las relaciones con Venezuela, hay poco bueno que
decir. El ministro de asuntos exteriores de Lula, Amorin, organizó el grupo
"Amigos de Venezuela" con el fin de mediar en el conflicto interno entre el
gobierno elegido y la oposición autoritaria. Dicho grupo estaba compuesto
por países hostiles al presidente electo Chávez, y entre ellos estaba
Estados Unidos, que participó, por mediación de la agencia oficial National
Endowment for Democracy, y de su aliado sindical AFL-CIO, del embajador
estadounidense y de la CIA, en la planificación del golpe contra Chávez.
Tanto el presidente Lagos de Chile como Fox de México son
neoliberales resueltos que no tiene ninguna afinidad con Chávez. Pero, ¿y
Brasil? Brasil legitimó a la oposición golpista mediante su oferta de
intermediación entre un presidente elegido y una oposición cuyo único
objetivo era el derrocamiento del gobierno. Cuando Chávez manifestó sus
quejas por la naturaleza sesgada de dicho grupo de "amigos" y pidió la
inclusión de otros países menos hostiles, Lula y Amorin lo rechazaron.
"Amigos de Venezuela” es un epitafio a un gambito político brasileño
decididamente poco amistoso.
Alternativas reales
¿Cuáles son las alternativas reales a las políticas
neoliberales de Lula y su gobierno? En primer lugar debemos rechazar
cualquier lectura determinista que retire los parámetros de las políticas de
las manos de Brasil y los ponga en manos los mercados financieros. Las
alternativas comienzan en primer lugar por cambiar la composición del
gobierno, los intereses de clase que sirve, su ideología y la composición
del Consejo económico y social (dos tercios de cuyos miembros representan a
las empresas), así como la coalición con partidos derechistas. Dado un
gobierno democrático de izquierdas dotado de una agenda reformista, existe
un gran número de alternativas, presentadas por la mayor parte de los
principales economistas y portavoces de las organizaciones de la sociedad
civil popular de Brasil.
En primer lugar, se debería poner un límite o realizar una
moratoria del pago de la deuda exterior. En segundo lugar, se deberían
aprovechar los beneficios por el cambio de moneda extranjera y establecer
una tasa a las exportaciones y ventas de minerales y a sus ingresos. En
tercer lugar, se debería imponer una tasa a las transacciones financieras,
en particular a las "inversiones" especulativas, introducir una política de
recaudación de impuestos efectiva que afecte a los beneficios de capital de
los ingresos de la élite brasileña. Asimismo, la nacionalización de las
minas, los servicios públicos, las comunicaciones, los bancos y otros
sectores lucrativos.
Con todo ello el gobierno podría disponer de un fondo de
reserva de 100 a 200 millones de dólares por año con el que financiar una
reforma agraria que disminuyese el desempleo, tanto el declarado con un
encubierto, del 40% a menos del 10% en cuatro años, que incrementase la
producción alimentaria para consumo local y que redujese la pobreza (en su
mayor parte, pero no exclusivamente, concentrada en el campo), que
proporcionase las herramientas (tierra, créditos y asistencia técnica) para
una mejora colectiva, en lugar de proporcionar cestas gubernamentales de
alimentos para unos pocos. Éstos ingresos añadidos podrían utilizarse para
financiar empresas públicas productivas que vinculasen la agricultura y la
minería a la industria, añadiendo valor, creando empleos y mejorando el
nivel de éstos.
La renacionalización podría tener como resultado la obtención
de 15.000 millones de dólares en beneficios, que permitirían una reducción
en el coste entre los servicios públicos y podría poner la electricidad, el
agua potable y la energía al alcance de millones de familias pobres y de
pequeñas y medianas empresas privadas.
Una política industrial basada en la propiedad pública de
sectores económicos estratégicos daría prioridad a la producción de bienes
de consumo popular y a la financiación de viviendas, seguridad social,
escuelas públicas y otras medidas destinadas a reducir las grotescas
desigualdades que siguen creciendo bajo en régimen de Lula (el número de
millonarios ha pasado de 76.000 a 85.000 entre 2003 y 2005).
No hay evidencia empírica que justifique los supuestos que
los “lulistas” manejan para justificar sus políticas pro empresariales y sus
nombramientos de altos cargos empresariales. La situación económica de
Brasil no estaba en puertas del colapso, estaba estancada; y su posición
financiera era vulnerable a los especuladores y ha seguido dependiendo de la
entrada de “dinero caliente”. El crecimiento del 4,5% en 2004 se basó en
gran parte en la volatilidad de los precios de las materias primas.
Por encima de todo, hay muchas alternativas al sistema de
toma de decisiones de arriba abajo que practica Lula, el FMI y sus ministros
empresarios. Las organizaciones de la sociedad civil, como el MST, muchas de
las organizaciones de base y los sindicatos disidentes de izquierda
practican una democracia asamblearia que constituye un “micro modelo” de
democracia efectiva. |
