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111011 - Alejandro Lavquén - El presidente Sebastián Piñera ha enviado al Parlamento una ley que busca penalizar la protesta social, poniendo énfasis en sancionar lo que ellos llaman “desórdenes públicos” y “tomas ilegales”. Lo hizo en el marco de las manifestaciones del movimiento estudiantil e inicio de la mesa de diálogo con los dirigentes de los estudiantes, que tras el segundo encuentro –como era de esperar- se quebró debido a la intransigencia del ministro de Educación. El gobierno, con esta ley, pretende entregar una señal de autoridad, con la intención de amedrentar y provocar conflictos entre los alumnos movilizados.

(Ver:
Lucro y educación privada: el caso Chile)

En el proyecto de ley se nota claramente la impronta de la UDI y de oligarcas como Carlos Larraín, presidente de RN. No conforme con esto, el gobierno ordenó una represión brutal contra los estudiantes y actores sociales que se manifestaron, el jueves 6 de octubre, en las calles de las principales ciudades del país. Los carabineros actuaron con la misma desfachatez que lo hicieron durante la dictadura militar.

(Ver:
Libia y la gran mentira)

El gobierno y sus parlamentarios hablan de acabar con la violencia y los desórdenes, pero, en definitiva, esos desórdenes no son otra cosa que la respuesta a años de violencia ejercida por los aparatos represivos del Estado, son una respuesta a la violenta explotación de los trabajadores, a la violencia de los abusos empresariales, a la violencia de la discriminación y del racismo social. Esto no da para más, y ejercer la defensa propia es un derecho inalienable, es un derecho humano universal. Los manifestantes, reprimidos por la policía militarizada, tienen el legítimo derecho a defenderse según lo amerite la situación.

(Ver:
Chile - EE.UU: Neoliberalismo y dependencia)

La violencia que debería ser sancionada es la violencia del sistema binominal, que permite que un grupúsculo tenga mayor poder que la inmensa mayoría de los chilenos. Se debería sancionar la violencia de quienes saquearon las empresas estatales durante la dictadura y a tipos como Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, que fue a Estados Unidos a pedir al presidente Richard Nixon que diera un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente elegido de Salvador Allende, lo paradójico es que este señor creó la Fundación Paz Ciudadana para dictar cátedra sobre la delincuencia ¡El ladrón detrás del juez! Así es el
Chile post-dictadura, gracias obviamente a la complicidad de la Concertación durante veinte años, al abandonar este conglomerado sus postulados fundacionales y acomodarse a los privilegios que da el poder, violentando lo prometido al pueblo de Chile. Se debería sancionar la violencia de los miembros de la UDI y RN que justificaron las violaciones de los derechos humanos y el bombardeo a La Moneda. Pero es ilegítimo sancionar el derecho a manifestarse libremente y ejercer la defensa propia contra las fuerzas represoras.


 

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