En efecto, son casi ya cinco millones las empresas privadas inventariadas en China y están presentes en casi todo tipo de ámbitos desde que el Partido Comunista, en 2005, aprobó sus “36 puntos sobre la economía privada”, documento guía para todo tipo de autoridades y poderes. He ahí otra expresión de la singularidad china, en especial en lo que atañe a la coherencia del compromiso por establecer un estado de derecho: no importa que no exista legislación ni decisiones estatales; la clave radica en la formulación de una política partidaria al respecto. A finales de 2006, los empleados del sector sumaban 130 millones de personas. Y en 2005 ya representaba más del 65% del PIB. Su participación en el comercio exterior ha pasado de representar el 1% en 2000, al 15% en 2005.
 

En 1985, Deng Xiaoping, el reconocido padre del cambio chino y tantas veces tildado de liberal en lo económico y conservador en lo político, en una alocución poco recordada, advertía que si como consecuencia de la reforma surgía una nueva clase burguesa, aquella habría fracasado.

A diez años de su muerte, cuando el PCCh se dispone a impulsar un nuevo y más completo reconocimiento de la propiedad privada (está previsto que la APN apruebe en marzo el código de derechos reales), cabe preguntarse si ello no supondrá contrariar aquella advertencia de Deng y, por ende, enterrar el proyecto reformista iniciado a finales de la década de los setenta del siglo pasado, llevándolo por otro camino.
Se dirá que ha llovido mucho desde entonces y que las circunstancias ya no son las mismas. Pero la esencia de la gaige y la kaifang era esa y no otra: cambiar para que nada cambie. Por eso, a las cuatro modernizaciones se oponían los cuatro principios irrenunciables, que deberían garantizar la inalterabilidad del sistema político, es decir, la posición predominante del PCCh.
 

Hoy, la economía privada en China, en pleno auge, presenta muchas dimensiones. Naturalmente económica, ya que su contribución al PIB ha aumentado de forma exponencial (65%  dice la Federación Nacional de Industria y Comercio de China). Pero también, social, por el volumen de empleo que genera, por ejemplo, y su delicada configuración; o cultural, dada la diferente percepción de lo privado en las sociedades asiáticas, un rasgo que, en teoría, debería facilitar la asunción de una cierta responsabilidad social; y, por supuesto, política.
 

Según Chen Xiqing, director adjunto del Departamento del Frente Unido del PCCh, la “nueva capa social” integrada por empresarios privados, propietarios de pequeñas empresas, gerentes de sociedades privadas o con financiación exterior, suma un total aproximado de 50 millones de personas, con un capital acumulado equivalente a un billón de euros. El reconocimiento institucional y legal de la economía privada, su irrupción con fuerza en el conjunto de la economía del país, plantea al PCCh el problema del surgimiento de una clase empresarial que, en buena lógica, debería abrigar intereses divergentes a los suyos e incluso podría, en un plazo determinado, entrar en clara colisión. ¿Que hacer para evitarlo? La primera reacción del PCCh ha consistido en crear su propia clase empresarial. Entre ellos cabe señalar no solo a los dirigentes, más o menos coyunturales, de las empresas estatales dependientes del poder central o de las diversas autoridades territoriales, sino también a los nuevos dueños de las empresas de cantón y poblado, los antiguos gerentes de la llamada propiedad social que en los años ochenta y noventa sirvió de base al notable crecimiento chino. En aquel entonces se negaba cualquier propósito privatizador, pero la realidad actual desmiente al PCCh. El 33 por ciento de los nuevos empresarios privados censados por el Partido militan en sus filas y tienen su origen mayoritario en este sector, adueñado, a través de métodos casi nunca elogiables, de una propiedad social que ahora podrá acelerar su liquidación, abriendo paso al “blanqueo” de las privatizaciones, disimuladas o no. Por eso Bao Yujun, director de la Asociación de Estudios de Negocios Privados de China, asegura que la composición de los propietarios de negocios privados está deviniendo una “élite orientada”.Lo segundo, en lo teórico, la triple representatividad, concepto promovido por Jiang Zemin como barniz que justifica la cooptación de las nuevas elites empresariales que han emergido desde otros ámbitos. Esta teoría, no obstante, puede acentuar el perfil interclasista del PCCh y afectar a su condición “proletaria”, pero es preferible a consentir cierto dinamismo social ajeno a las propias estructuras del PCCh.
 

A mayores, el Partido dispone de otras palancas de control. En primer lugar, la negativa a privatizar la tierra, propuesta claramente descartada por el momento (¿pero con igual rechazo, a la larga, que la privatización de las empresas en los años ochenta?). En segundo lugar, los resortes administrativos en manos de unas autoridades que pueden hacer la vida imposible a cualquier emprendedor que se salga del guión. En tercer lugar, el convencimiento general de que nada se puede hacer a la contra del PCCh o sin su asentimiento. En cuarto lugar, controlando las estructuras representativas del sector y siendo implacables contra cualquier intento de conformar grupos de poder al margen de las estructuras oficiales. En quinto lugar, reforzando el papel del movimiento sindical, claramente amaestrado, fomentando su implantación en la economía privada, influyendo, a través de él, tanto en la producción como en el comportamiento empresarial.
 

Los intereses de la clase empresarial y del Partido coinciden en el auge del crecimiento económico y en la exigencia de estabilidad. Pero hay tensiones. El sector privado expresa poca preocupación en temas como las condiciones de trabajo; la seguridad en las minas o en sectores que emplean mucha mano de obra, como el calzado, la seguridad y la salud de los trabajadores no figura en la agenda. La mayor parte de los 100.000 trabajadores que mueren cada año en China en accidentes laborales, se registran en el sector privado. Además, en otros aspectos como el retraso en el pago de salarios, la ausencia de contratos, el respeto de los horarios de trabajo, etc., el sector privado observa muy poco la legalidad. Está por ver también como asume las exigencias ambientales  planteadas por el gobierno y que incidirán en la reducción de los márgenes de beneficio empresarial. O como digiere el código de conducta auspiciado por Hu Jintao en las inversiones desarrolladas en el exterior, hoy no siempre caracterizadas por buenas prácticas, ensombreciendo la benefactora diplomacia china. Una prueba de estas tensiones lo constituye el rechazo a la nueva ley de contratación laboral, que deberá aprobar también la APN en la sesión a iniciar el 5 de marzo, aunque quienes más han protestado han sido los inversores extranjeros, muchos de ellos occidentales, ciudadanos de países cuyos gobiernos acostumbran a exigir a China un mayor respeto de todos los derechos humanos. Pero más derechos significa menos beneficios…
 

Las tensiones pueden ir a más porque ya no se puede hacer la vista gorda sin que afecte a la propia estabilidad social. Por quien tomará partido el Partido? Quizás poniéndose el parche antes de la herida, apuesta por la armonía, es decir, por la paz social. Está por ver que sea posible y que ese intento de armonizar intereses no se traduzca no solo en insatisfacción empresarial sino también laboral, lo que pudiera conducir a expresiones de autoorganización obrera, al margen de los canales oficiales.
 

La política de paños calientes que promueve el PCCh para proseguir la reforma, puede moderar y evitar el agravamiento de las tensiones, pero no resolver el problema de fondo. La economía determina la ideología. ¿Cuánto cambiará la ideología la nueva economía china? En muchos ámbitos locales, los poderes emergentes ya tercian muy activamente en la configuración partidaria moviendo sus peones de forma que pueda situar el Partido en nómina y a su servicio. El poder central parece consciente de este problema y ha reaccionado multiplicando la lucha contra la corrupción (97.000 militantes sancionados en 2006) como uno de sus objetivos esenciales, pero parece una lucha contra el tiempo. 
 

Todo ello apunta a que el PCCh intenta aún desarrollar una política atenta a la advertencia de Deng, no solo conservando una influencia directa sobre segmentos importantes de la economía china sino también controlando a los sectores empresariales emergentes al margen del sector público. Pero sus dificultades no serán menores y en el venidero XVII Congreso, a celebrar este otoño, pudieran manifestarse los primeros signos de una pugna que en el próximo lustro puede llevar a repensar la identidad del PCCh y, a la postre, poner en entredicho la naturaleza mismo del propio sistema político chino en su formato actual.