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Propiedad privada en China

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. Antecedentes: Propiedad a la china

0307 - El Parlamento de China aprobó el 17 de Marzo del 2007, por amplia mayoría, la ley más discutida de su historia -13 años en debate- que reconoce por primera vez la propiedad privada y equipara su protección a la pública y a la colectiva.

Entre sus 247 artículos, la ley establece que "todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella".

En la última jornada de la sesión anual, que se celebra en Pekín desde el pasado 5 de marzo, los 2.888 integrantes del Parlamento aprobaron la mencionada ley sobre propiedad por 2.799 votos a favor, 37 abstenciones, y 52 en contra.

Además de la histórica ley, que llevaba 13 años debatiéndose, los diputados aprobaron la nueva ley de impuesto unificado, que sube las tasas que deben pagar las compañías extranjeras y las equipara a las chinas (25 por ciento), y el presupuesto para 2007, que establece un incremento del 17,8 por ciento para el gasto militar.

"Es un avance para proteger que los bienes legales no son invadidos. Asegura que todos los bienes son iguales, sin importar si son estatales, privados o colectivos", apuntó a Efe sobre la ley de propiedad Wu Qing, directora del Centro de Desarrollo para las Mujeres Rurales.

Según la versión oficial, pretende, por un lado, proteger al sector privado, que aporta ya cerca de la mitad de la riqueza nacional, y por el otro acabar con las frecuentes y protestadas expropiaciones en el medio rural, convertidas en un peligroso factor de inestabilidad para el país.

En el campo chino, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a los campesinos en régimen de usufructo durante periodos de hasta setenta años.

Este sistema se sigue manteniendo con la nueva reglamentación pues, a juicio del Gobierno, el medio rural no está todavía preparado para la privatización de la tierra debido a la falta de un sistema extendido de seguridad social.

Aunque la tierra podrá ser requisada 'por interés público', dice el nuevo texto, 'se pagarán indemnizaciones por la tierra, subsidios para el realojo, compensaciones por los enseres y cosechas'.

La cuantía, precisa, será decidida en función del desarrollo económico de cada región, aunque se restringirá 'la transformación de tierra para la agricultura en tierra para el desarrollo', a fin de frenar los excesos de las corruptas autoridades locales. 

A no confundir

La nueva ley “propende a mantener el orden económico, dirimir la pertenencia de bienes y activos, valorizarlos y amparar la propiedad civil”. Según los trasunta un comunicado difundido a principios de este mes en Beijing, las reformas  no implican un compromiso democrático ni mucho menos, como se ilusionan medios occidentales, el imperio de los mercados especulativos.

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0307 - Antecedentes: Propiedad a la china - Xulio Ríos


En Beijing, el Parlamento debe dar esta semana su visto bueno a la primera legislación acerca de la propiedad privada en más de medio siglo. Pudiera pensarse por ello, y equivocadamente, que el régimen chino introduce en su largo proceso modernizador una variable antes inexistente. Por el contrario, la primera singularidad de esta reglamentación, en discusión desde hace casi una década, es que va muy por detrás de la realidad. Por utilizar un símil urbanístico, de lo que se trata, simplemente, es de hacer los planos de una casa ya construida.

 

En efecto, son casi ya cinco millones las empresas privadas inventariadas en China y están presentes en casi todo tipo de ámbitos desde que el Partido Comunista, en 2005, aprobó sus “36 puntos sobre la economía privada”, documento guía para todo tipo de autoridades y poderes. He ahí otra expresión de la singularidad china, en especial en lo que atañe a la coherencia del compromiso por establecer un estado de derecho: no importa que no exista legislación ni decisiones estatales; la clave radica en la formulación de una política partidaria al respecto. A finales de 2006, los empleados del sector sumaban 130 millones de personas. Y en 2005 ya representaba más del 65% del PIB. Su participación en el comercio exterior ha pasado de representar el 1% en 2000, al 15% en 2005.
 

A la par del desarrollo autónomo del sector, y aunque oficialmente se ha negado la existencia de una política privatizadora, cabe decir que, muy al contrario, esta si ha existido, afectando esencialmente a la llamada propiedad social, que ha sido el auténtico motor del crecimiento chino en los últimos lustros. Muchos de los gerentes de este tipo de unidades de producción, en su día “elegidos” por la colectividad laboral, hoy se han convertido en los auténticos dueños de las empresas. Eso explica que en torno al 30% de los empresarios privados chinos pertenezcan al PCCh y que la empresarial sea, en buena medida, una elite “dirigida”.
 

La propiedad privada china es urbana y costera. Su presencia en el ámbito rural y en las zonas del interior del país es poco significativa y ello incide en un factor de diferenciación importante en la configuración y consolidación de diferentes sistemas económicos a lo largo y ancho del país.
 

Por último, el desarrollo de la propiedad privada ha contribuido al deterioro del ambiente laboral. La firma de contratos en este sector es casi una excepción. Las violaciones de todo tipo de derechos y el respeto de las condiciones de trabajo más elementales (seguridad, descanso, retribución, etc.) son una constante escandalosa. Las autoridades chinas, muy celosas de la observación de la ley en otros ámbitos, hacen la vista gorda en este asunto. A diferencia de lo que ha ocurrido con el desarrollo de la propiedad privada, en este aspecto parecen haber optado por esperar a la próxima aprobación de una nueva ley de contratación laboral, actualmente en discusión, y que, aún otorgando poquísimos derechos laborales y sociales, ya ha provocado numerosas quejas del sector, tanto nacional como extranjero, especialmente de las mismas multinacionales cuya falsa propaganda asegura que contribuyen a mejorar el estándar laboral de los trabajadores chinos.
 

Según se ha anunciado, el código de derechos reales no contemplará la privatización de la tierra, que seguirá en manos del poder público, “al menos por cien años más”. No obstante, pese a esta negativa formal, lo cierto es que si uno se adentra por algunas zonas rurales de las provincias costeras, puede comprobar como los agricultores han “vendido” sus parcelas a empresas constructoras privadas que han poblado de nuevas construcciones numerosas superficies antes dedicadas al cultivo de cereales. Y nadie se lo ha impedido aunque, probablemente, no sea del todo legal.
 

La regulación que sancione el Parlamento chino “blanqueará” las apropiaciones registradas en los últimos años a manos de jefes del Partido y otras autoridades, aportará mayores garantías a los sectores adinerados del país (unos 50 millones de personas) para calmar sus temores y evitar lamentables fugas de capital, pero probablemente no otorgará las garantías suficientes para reprimir los abusos de funcionarios y autoridades que “expropian” las tierras de los campesinos en beneficio de controvertidos proyectos que les permiten amasar grandes fortunas.
 

La nueva clase empresarial china y el PCCh tendrán que entenderse. Jiang Zemin propuso la teoría de la triple representatividad para argumentar su inclusión en las filas partidarias. En su día, Deng Xiaoping había alertado sobre el fracaso de la reforma si como consecuencia de ella surgía una nueva clase burguesa. Esos temores obsesionan aún a los comunistas chinos ya que, paradójicamente, alentando la propiedad privada, bien pudieran estar promoviendo a los propios sepultureros del sistema instaurado en 1949, en muchos aspectos ya poco reconocible.


0207 -
¿Traiciona el PCCh a Deng Xiaoping? - Xulio Ríos


En 1985, Deng Xiaoping, el reconocido padre del cambio chino y tantas veces tildado de liberal en lo económico y conservador en lo político, en una alocución poco recordada, advertía que si como consecuencia de la reforma surgía una nueva clase burguesa, aquella habría fracasado.

A diez años de su muerte, cuando el PCCh se dispone a impulsar un nuevo y más completo reconocimiento de la propiedad privada (está previsto que la APN apruebe en marzo el código de derechos reales), cabe preguntarse si ello no supondrá contrariar aquella advertencia de Deng y, por ende, enterrar el proyecto reformista iniciado a finales de la década de los setenta del siglo pasado, llevándolo por otro camino.
Se dirá que ha llovido mucho desde entonces y que las circunstancias ya no son las mismas. Pero la esencia de la gaige y la kaifang era esa y no otra: cambiar para que nada cambie. Por eso, a las cuatro modernizaciones se oponían los cuatro principios irrenunciables, que deberían garantizar la inalterabilidad del sistema político, es decir, la posición predominante del PCCh.
 

Hoy, la economía privada en China, en pleno auge, presenta muchas dimensiones. Naturalmente económica, ya que su contribución al PIB ha aumentado de forma exponencial (65%  dice la Federación Nacional de Industria y Comercio de China). Pero también, social, por el volumen de empleo que genera, por ejemplo, y su delicada configuración; o cultural, dada la diferente percepción de lo privado en las sociedades asiáticas, un rasgo que, en teoría, debería facilitar la asunción de una cierta responsabilidad social; y, por supuesto, política.
 

Según Chen Xiqing, director adjunto del Departamento del Frente Unido del PCCh, la “nueva capa social” integrada por empresarios privados, propietarios de pequeñas empresas, gerentes de sociedades privadas o con financiación exterior, suma un total aproximado de 50 millones de personas, con un capital acumulado equivalente a un billón de euros. El reconocimiento institucional y legal de la economía privada, su irrupción con fuerza en el conjunto de la economía del país, plantea al PCCh el problema del surgimiento de una clase empresarial que, en buena lógica, debería abrigar intereses divergentes a los suyos e incluso podría, en un plazo determinado, entrar en clara colisión. ¿Que hacer para evitarlo? La primera reacción del PCCh ha consistido en crear su propia clase empresarial. Entre ellos cabe señalar no solo a los dirigentes, más o menos coyunturales, de las empresas estatales dependientes del poder central o de las diversas autoridades territoriales, sino también a los nuevos dueños de las empresas de cantón y poblado, los antiguos gerentes de la llamada propiedad social que en los años ochenta y noventa sirvió de base al notable crecimiento chino. En aquel entonces se negaba cualquier propósito privatizador, pero la realidad actual desmiente al PCCh. El 33 por ciento de los nuevos empresarios privados censados por el Partido militan en sus filas y tienen su origen mayoritario en este sector, adueñado, a través de métodos casi nunca elogiables, de una propiedad social que ahora podrá acelerar su liquidación, abriendo paso al “blanqueo” de las privatizaciones, disimuladas o no. Por eso Bao Yujun, director de la Asociación de Estudios de Negocios Privados de China, asegura que la composición de los propietarios de negocios privados está deviniendo una “élite orientada”.Lo segundo, en lo teórico, la triple representatividad, concepto promovido por Jiang Zemin como barniz que justifica la cooptación de las nuevas elites empresariales que han emergido desde otros ámbitos. Esta teoría, no obstante, puede acentuar el perfil interclasista del PCCh y afectar a su condición “proletaria”, pero es preferible a consentir cierto dinamismo social ajeno a las propias estructuras del PCCh.
 

A mayores, el Partido dispone de otras palancas de control. En primer lugar, la negativa a privatizar la tierra, propuesta claramente descartada por el momento (¿pero con igual rechazo, a la larga, que la privatización de las empresas en los años ochenta?). En segundo lugar, los resortes administrativos en manos de unas autoridades que pueden hacer la vida imposible a cualquier emprendedor que se salga del guión. En tercer lugar, el convencimiento general de que nada se puede hacer a la contra del PCCh o sin su asentimiento. En cuarto lugar, controlando las estructuras representativas del sector y siendo implacables contra cualquier intento de conformar grupos de poder al margen de las estructuras oficiales. En quinto lugar, reforzando el papel del movimiento sindical, claramente amaestrado, fomentando su implantación en la economía privada, influyendo, a través de él, tanto en la producción como en el comportamiento empresarial.
 

Los intereses de la clase empresarial y del Partido coinciden en el auge del crecimiento económico y en la exigencia de estabilidad. Pero hay tensiones. El sector privado expresa poca preocupación en temas como las condiciones de trabajo; la seguridad en las minas o en sectores que emplean mucha mano de obra, como el calzado, la seguridad y la salud de los trabajadores no figura en la agenda. La mayor parte de los 100.000 trabajadores que mueren cada año en China en accidentes laborales, se registran en el sector privado. Además, en otros aspectos como el retraso en el pago de salarios, la ausencia de contratos, el respeto de los horarios de trabajo, etc., el sector privado observa muy poco la legalidad. Está por ver también como asume las exigencias ambientales  planteadas por el gobierno y que incidirán en la reducción de los márgenes de beneficio empresarial. O como digiere el código de conducta auspiciado por Hu Jintao en las inversiones desarrolladas en el exterior, hoy no siempre caracterizadas por buenas prácticas, ensombreciendo la benefactora diplomacia china. Una prueba de estas tensiones lo constituye el rechazo a la nueva ley de contratación laboral, que deberá aprobar también la APN en la sesión a iniciar el 5 de marzo, aunque quienes más han protestado han sido los inversores extranjeros, muchos de ellos occidentales, ciudadanos de países cuyos gobiernos acostumbran a exigir a China un mayor respeto de todos los derechos humanos. Pero más derechos significa menos beneficios…
 

Las tensiones pueden ir a más porque ya no se puede hacer la vista gorda sin que afecte a la propia estabilidad social. Por quien tomará partido el Partido? Quizás poniéndose el parche antes de la herida, apuesta por la armonía, es decir, por la paz social. Está por ver que sea posible y que ese intento de armonizar intereses no se traduzca no solo en insatisfacción empresarial sino también laboral, lo que pudiera conducir a expresiones de autoorganización obrera, al margen de los canales oficiales.
 

La política de paños calientes que promueve el PCCh para proseguir la reforma, puede moderar y evitar el agravamiento de las tensiones, pero no resolver el problema de fondo. La economía determina la ideología. ¿Cuánto cambiará la ideología la nueva economía china? En muchos ámbitos locales, los poderes emergentes ya tercian muy activamente en la configuración partidaria moviendo sus peones de forma que pueda situar el Partido en nómina y a su servicio. El poder central parece consciente de este problema y ha reaccionado multiplicando la lucha contra la corrupción (97.000 militantes sancionados en 2006) como uno de sus objetivos esenciales, pero parece una lucha contra el tiempo. 
 

Todo ello apunta a que el PCCh intenta aún desarrollar una política atenta a la advertencia de Deng, no solo conservando una influencia directa sobre segmentos importantes de la economía china sino también controlando a los sectores empresariales emergentes al margen del sector público. Pero sus dificultades no serán menores y en el venidero XVII Congreso, a celebrar este otoño, pudieran manifestarse los primeros signos de una pugna que en el próximo lustro puede llevar a repensar la identidad del PCCh y, a la postre, poner en entredicho la naturaleza mismo del propio sistema político chino en su formato actual.

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