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José María Aznar del Partido Popular (PP), presidente del gobierno español
durante los

atentados del 11 de marzo de 2004 (11-M), en los que perdieron la vida 191 personas, mintió y manipuló durante los días posteriores a la masacre, según el informe de la Comisión de Investigación creada por el Parlamento para analizar lo ocurrido tras el peor

atentado terrorista cometido en España.

Según el documento, cuyo dictamen final fue aprobado ayer por los seis grupos parlamentarios que formaron parte de la comisión: PSOE, Izquierda Verde, CIU, ERC, PNV y Grupo Mixto, y con el voto en contra del Partido Popular, el anterior gobierno popular "manipuló y tergiversó los datos que iba recibiendo de la policía y adaptó a sus intereses sobre la autoría aquellos otros inconexos procedentes de las investigaciones" de otros atentados.

"El objetivo era influenciar a la opinión pública respecto de la posible autoría de los atentados y así impedir que la misma extrajera consecuencias políticas que pudieran perjudicar los intereses electorales del PP, lo que podría ocurrir si una buena parte de la ciudadanía asociaba la masacre de Madrid con la guerra de Irak, en la que estuvo implicada España", afirma el dictamen.

"En cualquier caso continúa el texto fue claramente una actitud informativa impropia de un gobierno en democracia. El gobierno no asumió la respuesta a la masacre como una cuestión de Estado, sino como un asunto de partido, con una gestión egoísta, centrada en la apropiación de la política antiterrorista, la manipulación informativa y el monopolio de los medios de comunicación".

Una actitud que tuvo como consecuencias que una parte importante de la población española se sintiera engañada y provocara un vuelco electoral en las elecciones generales celebradas tres días después de la masacre, en las que, contra todo pronóstico, ganó el candidato del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El informe señala que los autores de la masacre fueron "terroristas islámicos seguidores ideológicos de la Yihad", que no tuvieron ninguna relación con la organización terrorista vasca ETA, tal como el gobierno se empeñó en asegurar.

En este sentido la comisión critica que el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, siguiera afirmando que la primera línea de investigación era ETA cuando dicha línea "pierde peso desde el primer día quedando en mera conjetura". En opinión de la comisión se produjo una "manipulación de los datos" porque el ministro "calló en sus ruedas de prensa aquellos otros indicios y datos de la investigación que claramente no apuntan a la organización ETA".

El documento añade que esta "actuación impropia" de Ángel Acebes es consecuencia directa del "interés del gobierno de que ETA esté tras la masacre de Madrid", lo que le lleva a "presionar" al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La comisión también denuncia cómo, con el mayor atentado terrorista ocurrido en España, el gobierno no convocara inmediatamente la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Crisis, ni contase con las fuerzas políticas para trasladar un mensaje de unidad frente al terror. "Puede afirmarse que la conducta del gobierno estuvo motivada por sus exclusivos y excluyentes intereses de partido", critica.

Por último, la Comisión de Investigación recomienda a los partidos políticos la realización de un pacto contra el terrorismo internacional, abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, para evitar que pueda volver a repetirse un hecho tan trágico como el del 11-M.

 

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