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Presentan querella criminal contra ex presidente Aznar en el Tribunal Supremo español

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Bush y Aznar en Crawford

030409 - Este viernes 3 de Abril, los abogados de la plataforma "Juicio a Aznar" presentaron ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra José María Aznar, la ex canciller Ana Palacio y el ex ministro de Defensa Federico Trillo, por implicar a España de manera "total y absoluta" en la guerra ilegal contra Irak. La querella ha sido firmada por miles de ciudadanos y organizaciones, indignados por las mentiras y los crímenes del Gobierno del PP.

El texto de la querella que se presenta en el Tribunal Supremo dice literalmente que la implicación de
España fue “total y absoluta” en la tragedia de la guerra de Irak. No sólo por el apoyo militar en la guerra, sino también por el político y el logístico, como lo prueban las reuniones entre Aznar y Bush en el rancho del ex presidente estadounidense Crawford, en Texas, y en las islas Azores antes de la invasión.

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Ocupación y derecho internacional//

La querella también asegura que los atentados del 11 de marzo fueron consecuencia directa de la participación de nuestro país en la guerra. En esa fecha, la explosión de varias bombas colocadas en trenes que unen Madrid y su periferia causaron 192 muertos y cientos de heridos. El gobierno de
Aznar, desesperado por la cercanía de las elecciones generales, que se realizarían el 14 de marzo, emprendió una campaña de desviación de la opinión pública y manipulación de la información, que apuntara hacia la autoría de ETA, única hipótesis que podía beneficiar electoralmente al PP. Pero las evidencias fueron siendo conocidas y el pueblo español supo el 13 de marzo la verdad que el Gobierno le había tratado de ocultar.

La querella incluye a los entonces ministros de Defensa, Federico Trillo, y de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, por su responsabilidad en la intervención militar liderada por Estados Unidos y Reino Unido en marzo de 2003, para la que
España prestó todo el apoyo logístico a través de las bases militares de la OTAN emplazadas en territorio español.
 


Blair, Bush y Aznar, cómplices criminales de la ilegal invasión a Irak. Hasta el momento, el Tribunal Penal Internacional no ha actuado

La iniciativa "Juicio a Aznar", que insta a abrir un proceso legal contra el ex gobernante y sus ministros Trillo y Palacio, cuenta con el respaldo del secretario general del PCE, Francisco Frutos, y del ex coordinador general de Izquierda Unida (IU) Julio Anguita.

Unas 22.000 personas se han adherido a la campaña impulsada por la plataforma, entre ellas, intelectuales, abogados y catedráticos.

El Tribunal Supremo ya archivó en enero de 2004 una querella contra Aznar presentada por el mismo colectivo, cuyo recurso está aún pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional.

La nueva demanda incorpora entre sus fundamentos la sentencia del juicio celebrado en
España por los atentados del 11 de marzo de 2004, al considerar que fueron motivados por la invasión de Irak.

Más de 22 mil personas, entre las que figuran nombres como Noam Chomsky o Pascual Serrano, se han adherido a la solicitud de la Plataforma Juicio a Aznar. Para apoyar la querella contra Aznar, Palacio y Trillo, haga click aquí


//Fotos de los tres acusados de graves crímenes relacionados con la ilegal invasión a Irak//
 


Ana Palacio

José M Aznar

Federico Trillo


Manifiesto contra la impunidad por la Guerra de
Irak

"Durante la primera mitad del año 2003 los españoles se movilizaron como nunca lo habían hecho para detener una guerra injusta, ilegal y amparada en mentiras, como se ha demostrado posteriormente. Con el apoyo del Partido Popular,
José María Aznar, que entonces era Presidente del Gobierno español, decidió asumir el protagonismo a favor de esta guerra, dando la espalda a lo que exigía la ciudadanía en las calles y en las encuestas. A mediados de marzo de aquel año, José María Aznar, Tony Blair y George W. Bush fueron acogidos por José Manuel Durão Barroso en las islas Azores, desde las que lanzaron un ultimátum a Irak con un plazo de 24 horas, durante el cual el presidente del país debería dimitir y deberían entregarse unas armas de destrucción masiva que ni existían ni había indicio real alguno de su existencia, como los inspectores de Naciones Unidas apuntaron en alguna ocasión. Transcurrido dicho plazo, y si no se llevaban a cabo las imposiciones que señalaban, los reunidos anunciaban la invasión de Irak. Culminada la ocupación militar el 1 de mayo de 2003, Irak entró en una situación de caos, devastación y muerte en la que diversas guerras cruzadas han impedido a los ocupantes conseguir sus propósitos.

Al no contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal y ninguna resolución posterior de dicho organismo puede borrar este hecho. Esto significa que, según el Derecho Internacional, los efectos de esta agresión son crímenes de guerra y los ejecutores e inductores de crímenes de guerra son criminales de guerra. La participación española en la misma se realizó sin la aprobación del Congreso de los Diputados de nuestro país. Esta participación sería disfrazada de ayuda internacional, tras proclamarse un falso fin de la guerra que aún hoy no se ha producido y enmascarando como ayuda humanitaria al pueblo iraquí aquello que realmente era ayuda a los militares invasores, aliados del gobierno español de aquel momento. Tal guerra sigue provocando decenas de muertes todos los días y no es posible desvincularla de las principales causas de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004 ni de los de Londres de 7 de Julio de 2005. La cantidad de muertos generada por la Guerra de Iraq, calculada en 700.000, no para de crecer ni tiene visos de detenerse.

Cuatro años después del inicio de la guerra, disponemos de la perspectiva suficiente para entender que la actuación concreta de Aznar como Presidente del Gobierno español y del Partido Popular, protagonistas activos de aquella invasión, debe ser sometida a un examen penal que determine sus posibles responsabilidades penales y anuncie para el futuro que quienes colaboren en una guerra ilegal no resultarán impunes por el mero hecho de desempeñar un puesto de prominencia política. Entendemos que éstas son las verdaderas acciones preventivas en favor de los derechos humanos.

Por ello, solicitamos a los partidos políticos que se oponen a la guerra de Iraq y a los que no quieran seguir siendo cómplices de la misma que colaboren activamente en la exigencia de responsabilidades políticas, pero también judiciales de José María Aznar. Asimismo, esperamos de las instancias judiciales que apliquen el principio de igualdad ante la ley y no amparen la impunidad de quienes hayan violado la legalidad, estatal y/o internacional, por su especial relevancia política. También llamamos a la ciudadanía a asumir el protagonismo que se ganó en las movilizaciones contra la guerra, reclamando ahora la responsabilidad de quien no quiso escuchar entonces nuestras voces.

Madrid,31 de mayo de 2007
Plataforma Juicio a Aznar

Bush y Aznar en Crawford

La trascripción del acta de Crawford, en la que se muestra la forma en la que el presidente de
Estados Unidos, George W. Bush, y su mascota fiel, el ex presidente de Gobierno español José María Aznar, planearon una guerra contra un país indefenso –que llevaba en ese momento una década sometido a las que la propia ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright calificó de “las sanciones más duras de la historia”, que costaron la vida a entre uno y dos millones de iraquíes- es probablemente uno de los episodios más vergonzosos e indecentes de la historia reciente. Bush y Aznar estaban discutiendo ni más ni menos que la manera menos gravosa de invadir ilegalmente un país por razones económicas y estratégicas y con una total indiferencia hacia el sufrimiento causado a su población.

El acta viene a corroborar algo que ya era sabido: que el tema de las armas de destrucción masiva no fue más que un pretexto y que no había nada que Iraq pudiera hacer antes de la invasión para evitar la guerra. Los datos de que Iraq estaba cooperando activamente con los inspectores de la ONU, ofrecidos por su jefe Hans Blix, y de que aquellos no habían hallado ningún indicio de la existencia de tales armas fueron rechazados con desprecio por la Administración Bush.

Durante la conversación, Bush se muestra más como el jefe de un grupo de gángsters que como el presidente responsable de una nación. De ahí las amenazas proferidas contra países miembros del
Consejo de Seguridad de la ONU, como México, Chile, Angola, Camerún y Rusia, a los que se exigiría que votasen a favor de una resolución que aprobase la guerra o “se atengan a las consecuencias”. Afortunadamente, dichos países no se dejaron intimidar y esto no sólo salvó su propio honor, sino también la propia legalidad internacional.

Aznar, por su parte, adopta una actitud patética de obediencia hacia el amo (“Nos ayudaría ese texto para ser capaces de copatrocinarlo y ser sus coautores y conseguir que mucha gente lo patrocine)", aunque no exenta de nerviosismo. “Necesitamos que nos ayudéis con nuestra opinión pública. Lo que estamos haciendo es un cambio muy profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando la política que el país había seguido en los últimos 200 años”, suplicó Aznar. Esta “ayuda” consistía en que Bush presionara lo suficiente para aprobar la mencionada resolución en la
Naciones Unidas con el fin de intentar salvar la cara de Aznar y Blair ante sus propias opiniones públicas. Dicha resolución, pues, no se buscaba por razones de legalidad o respeto al Derecho Internacional, sino como una mera pantalla propagandística.

Esta declaración demuestra no sólo que Aznar era plenamente consciente de que el pueblo español estaba totalmente en contra de la guerra, como demostraban todas las encuestas y las manifestaciones antibélicas que habían reunido a tres millones de personas en diversas ciudades de la geografía española una semana antes, sino que se disponía a participar en una guerra de agresión y en una gran matanza, algo en lo que España no se había visto inmersa desde al menos dos siglos antes. En este sentido, cabe señalar que Aznar no sólo violó la legalidad internacional sino que manchó el propio honor de España, aunque éste se vio luego restaurado por las propias protestas en la calle contra la guerra y, sobre todo, por la humillante derrota sufrida por Aznar en las elecciones del 14 de marzo de 2004.

El resultado de aquella conspiración es evidente. Más de un millón de iraquíes muertos en una guerra de agresión, dos millones de desplazados, la destrucción de la red educativa y sanitaria y la pérdida de una parte irremplazable del patrimonio cultural de Iraq, incluyendo múltiples objetos procedentes de civilizaciones que se hallan entre las más antiguas de la humanidad, como las de Ur, Babilonia, Asiria y otras. Un país económica y socialmente avanzado ha retrocedido muchas décadas y se halla inmerso ahora en una dura guerra. Toda una generación de niños iraquíes, según la
Naciones Unidas, ha perdido su infancia y carece de la atención y medios adecuados. A esto hay que añadir también la muerte, hasta el momento, de casi 3.800 soldados estadounidenses, 169 británicos y muchos otros.

La publicación de las actas de Crawford debería servir de base legal para iniciar el procesamiento de
Bush y Aznar por el delito de “conspiración contra la paz”, recogido en el Juicio de Nuremberg (1946-47). Es claro que en el caso de Bush habría que añadir también los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ciertamente, el procesamiento de Bush y Aznar no serviría para paliar el sufrimiento ocasionado a millones de iraquíes, pero demostraría al menos que valores como la justicia y la dignidad ocupan aún un pequeño lugar en este mundo y que muchos ciudadanos de Estados Unidos y España no están dispuestos admitir que se cometan tales crímenes en su nombre. - Mundo Árabe

 


 

 

 

 

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