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040110 - Pedro Antonio Honrubia Hurtado - Han pasado ya más de treinta años de la muerte del dictador, pero, hoy como ayer, seguimos siendo muchos millones los ciudadanos del Estado Español los que seguimos buscando la democracia en el Estado

Democracia, bonita palabra. Dulce melodía que por tantos años llenó de esperanza los sueños de millones de ciudadanos del Estado español, cansados y hastiados de vivir bajo el yugo del fascismo. Aroma celestial que impulsara la lucha clandestina de varias generaciones de valientes guerreros anti-fascistas alzados contra la tiranía del nacional-catolicismo. Comunistas, socialistas, liberales, nacionalistas, republicanos, federalistas, independentistas, internacionalistas, todos juntos, aunque no revueltos, bajo una misma aspiración común: acabar con el régimen franquista, traer la libertad, instaurar la democracia.

Han pasado ya más de treinta años de la muerte del dictador, pero, hoy como ayer, seguimos siendo muchos millones los ciudadanos del Estado Español que seguimos soñando con ver alguna vez una verdadera democracia en estas tierras, aunque solo sea, como es mi caso, como paso previo para alcanzar la independencia de nuestras naciones.

Otros no, otros creen en España, creen en la convivencia pacífica y solidaria entre los pueblos y naciones que la conforman actualmente, creen en la democracia española como fuente de cohesión real para el Estado del cual se sienten formar parte en cuerpo y alma: por las leyes físicas y la biología, y por las leyes no escritas de la ideología.

No importa de qué lado estemos o para qué busquemos la democracia, no importa si es por intereses globales, o por fines particulares, si es por horizontes independentistas, o por metas federalistas. No importa si simplemente se quiere la democracia por una pura cuestión moral, por una mera cuestión de coherencia ideológica con los sueños de libertad que tanta sangre costaron a millones de nuestros antepasados, independientemente de las fronteras, las banderas, las naciones o las patrias que defendamos. Todo ello poco importa en realidad: la cuestión fundamental es que seguimos siendo millones quienes, caída supuestamente la dictadura anterior, buscamos la democracia aquí en España, y no la encontramos. Encontramos simplemente otra dictadura, la dictadura del capital, la dictadura de un Estado represor que niega los derechos de los pueblos y reprime por sistema a quienes se alzan para defenderlos, que niega la justicia social y criminaliza todo aquello cuanto lucha por alcanzarla.

Democracia: poder del pueblo. Democracia: separación de poderes. Democracia: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Democracia: garantías para la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Democracia: respeto a los derechos humanos. Democracia: respeto a la voluntad de los ciudadanos. Democracia: respeto por la pluralidad y la diversidad cultural y política. Todo esto es necesariamente la democracia. La democracia no es solo tener una constitución que garantice las libertades individuales, ni dar cada cuatro años a los ciudadanos el derecho a votar por los mismos ladrones de siempre. Tampoco es simplemente tener un sistema de garantías jurídicas que haya quedado escrito negro sobre blanco. La democracia es tener eso, sí, por supuesto, pero no para adornar las estanterías de los más lujosos armarios ubicados en los lugares más señalados de las instituciones del Estado. La democracia es mucho más: es tener todo eso para poder aplicarlo en favor de los derechos y la voluntad del pueblo, en favor de la igualdad de oportunidades y el escrupuloso respeto a la ley, que a su vez debe guardar un escrupuloso respeto a los derechos humanos, así como a los derechos colectivos de los pueblos. En España, por desgracia, hoy tenemos de lo primero, pero no tenemos de lo segundo. Hay orden constitucional, hay estado de derecho, hay garantías judiciales y respeto por las libertades según los textos que nos rigen, pero sigue sin haber democracia, simple y llanamente porque estos textos, o bien son injustos, o bien se incumplen sistemáticamente en connivencia con y al amparo de los propios poderes del Estado.

¿Qué igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es esa que nos hace diferentes por nacimiento, según seamos o no herederos a la corona de España?, ¿Qué principio democrático es ese que da la jefatura del Estado a una persona solo por nacer dentro de una determinada familia? Esto es algo tan evidente, tan flagrante, que sobra añadir todo comentario más al respecto. Ninguna verdadera democracia puede consentir que la más alta instancia del Estado sea producto de una herencia familiar. Quién defienda lo contrario, ni es demócrata, ni podrá serlo nunca, simplemente porque no conoce el significado, el calado y la amplitud política que implican la misma palabra Democracia.

¿Qué poder tiene un pueblo cuya participación política se limita a votar una vez cada cuatro años? ¿Qué poder tiene un pueblo que no puede decidir sobre la participación de su Estado en una guerra, o que no puede tomar una decisión vinculante sobre la ratificación de los tratados internacionales que son firmados de manera unilateral por sus dirigentes? ¿Qué poder tiene un pueblo cuyas iniciativas populares no tienen por sí solas capacitación alguna para ser tomadas en cuenta con rango de ley? ¿Qué poder tiene un pueblo que no puede revocar a sus mandatarios en mitad de una legislatura si tales mandatarios no cumplen con lo prometido en campaña electoral? Ninguno. Un poder meramente aparente. Un poder limitado al voto cada cuatro años, pero nada más que eso. Ese el poder popular existente en la Democracia española.

Y qué decir de la separación de poderes. Lo hemos visto claramente en el máximo órgano de la legalidad española: el Tribunal Constitucional. Actualmente este tribunal tiene sobre la mesa las principales leyes aprobadas por el gobierno de ZP durante la legislatura anterior. El estatuto catalán, la ley de matrimonios homosexuales, y otras sobre las que ya falló no hace mucho como la ley de paridad, es decir, por ahí han pasado prácticamente todas aquellas leyes que el gobierno de ZP y su grupo parlamentario aprobaron durante la legislatura anterior sin contar con el respaldo del Partido Popular. Y ahí que llegó precisamente la guerra. Recusaciones de un lado y del otro, una tras otra. Una batalla pública por controlar el funcionamiento del tribunal, donde ambas partes tratan de imponer su mayoría en la sala de deliberaciones, de ahí las recusaciones. Idas y venidas, hoy mandan los conservadores y mañana, previa recusación, los progresistas. Luego a la inversa. Eso es lo que hemos visto en los últimos años en España. Incluso una de las partes en cuestión no tuvo problema alguno a la hora de presentar pruebas falsas en uno de los procesos de recusación abierto, pruebas sacadas de un diario amigo. No importa si con eso se hizo un ridículo sin parangón en la historia constitucional de España, o si se puso en peligro el propio funcionamiento del tribunal, y con ello de la credibilidad del Estado entero que tanto dicen defender, lo que importaba era el poder, el cargo, la mayoría. Así, si unos imponen su mayoría en el tribunal, las leyes recurridas serán declaradas anti-constitucionales. Si lo hacen los otros, saldrán adelante. Así funciona la justicia democrática española. Pero ¿qué división de poderes es esa donde la legalidad constitucional de una ley no depende de su contenido jurídico sino del número de jueces posicionados a favor o en contra de un determinado partido político? Al parecer, en España una ley puede ser o no constitucional según haya o no una mayoría suficiente de jueces en el tribunal constitucional que estén cercanos a un determinado partido político u otro a la hora de deliberar sobre el recurso contra ella planteado. Lo de menos es si la ley es constitucional o no por su contenido, lo será o no según haya una u otra mayoría de jueces conservadores o progresistas en el tribunal. Un cachondeo. Y así se las gastan. Unos cuantos años después, se sigue esperando la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, entre otras muchas cosas.

Y cómo olvidar el uso político que se hace de los tribunales para reprimir y oprimir a quienes osan levantar su voz contra el Estado, contra sus intereses o contra aquellas personas que lo representan. Vemos constantemente como la justicia española es utilizada por el Estado para encarcelar grupos de inocentes, condenados solo por ser vascos, de izquierdas e independentistas. Paradojas tan bruscas como que militantes pacifistas sean condenados por formar parte de una organización terrorista, eso es lo que hemos tenido que soportar estoicamente año tras año desde que la doctrina oficial del ordenamiento jurídico español respecto de la Izquierda Abertzale pasase a ser el “Todo es ETA” . “Son las entrañas de ETA” nos han dicho, como si en nombre de la lucha contra ETA valiese todo, incluso la condena de inocentes, sin pruebas ni fundamentación jurídica alguna para condenarlos por las acusaciones que se les imputan.

Pero hay muchos más ejemplos, y en muchos otros niveles. Condenas políticas contra la libertad de expresión por caricaturizar a los príncipes o quemar fotos del rey, mientras quienes queman la foto de Carod Rovira o Ibarretxe, o quienes caricaturizan la figura de Mahoma, no sufren cohibición alguna de parte de la ley, todo lo contrario. Condenas por luchar contra las injusticias del sistema. Represión sindical. El caso de Cándido y Morala, el caso de los sindicalistas sevillanos, los centenares de casos que se dan dentro de las empresas españolas y que son amparados por sentencias judiciales, es algo prácticamente diario, y que a nadie que se mueva en ambientes de izquierdas en este estado debe sorprenderle, aunque sean sistemáticamente silenciados por los grandes medios de (des) comunicación.

La libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de asociación y de manifestación, la libertad de participación política, el respeto a la pluralidad y la diversidad ideológica, tampoco son reales en este Estado. Ya he mencionado antes como la justicia ha actuado contra quienes han osado levantar su voz contra la monarquía (eso sí, a Iñaki Anasagasti o Federico Jiménez Losantos ni los han mirado, solo quienes osan hacerlo desde la izquierda). Publicaciones secuestradas y jóvenes multados y perseguidos. Se puede quemar una foto de Carod Rovira, pero no una foto del Rey. Se puede caricaturizar a Mahoma en nombre de la libertad de expresión, pero no a los príncipes follando. Esa es la libertad de expresión de la democracia española.

Partidos políticos que se ilegalizan, asociaciones juveniles que se criminalizan, manifestaciones que se rechazan por ley y son reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, diarios que se cierran, ciudadanos a los que se les impide votar por la opción política que defienden en libertad, dirigentes políticos que son juzgados por reunirse con otros dirigentes, militantes que son encarcelados por convocar actos en nombre de su partido. Eso sí, solo en el caso de ser parte de la izquierda abertzale o próximos a la izquierda anti-sistema, nada más. A las organizaciones fascistas no se las reprime, no se prohíben sus actos, ni se persigue a sus dirigentes, ni se ilegaliza a sus partidos, ni se encarcela a los dirigentes políticos de otros partidos que osen reunirse con ellos. Para estos si existen las libertades que a otros les niegan con la excusa de su vinculación con la violencia. ¡Cómo si el fascismo en sí mismo no fuera ya suficientemente razón como para vincular a los grupos de extrema derecha con la violencia! Pero claro, estos ni cuestionan al estado, ni atacan al rey que fue nombrado por su añorado dictador, ni, y esto es lo que de verdad importa, atacan al sistema. Ya me explicarán ustedes qué democracia es esa que ilegaliza las ideas políticas de unos, mientras permite que otros actúen con impunidad aun cuando las razones que se argumentan para actuar contra los primeros serían a todas luces aplicables para actuar contra los segundos. ¿Qué democracia es esa que está al servicio de la defensa de los intereses del Estado, aunque para ello haya que pasar por encima de los derechos y libertades de las personas que lo cuestionan?

Tampoco es moco de pavo el asunto de los Derechos Humanos. Por ejemplo, con asuntos relacionados con el trato que se le da a los inmigrantes por parte de funcionarios y autoridades del estado. En 2005 Amnistía Internacional denunció las «violaciones sistemáticas de la integridad física y los Derechos Humanos de los inmigrantes», tras un periodo de análisis sobre el trato que se le da a estos seres humanos en las ciudades de Ceuta y Melilla, asegurando que «muchas de las heridas y fracturas» que presentan los sin papeles son consecuencia de «un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer que se cumpla la ley; que hirieron y mataron a personas que trataban de cruzar la valla».

Mención especial, por supuesto, merece en este punto la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en relación con el asunto de las torturas. No hay año que Amnistía Internacional -entre otros organismos- no las denuncie. Y no nos estamos refiriendo solo al grave e histórico asunto de las torturas contra los militantes de la Izquierda Abertzale detenidos. Hablamos de las torturas y los malos tratos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en general. Hablamos de las denuncias a las policías locales, a las autonómicas, a la policía nacional y a la Guardia Civil, a todos ellos, sin excepción. Casos como el de la policía local de Torrevieja, la policía local de Marbella, la policía local del Granada, la comisaría de Les Corts de la policía autonómica catalana, el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, y tantos otros que periódicamente van saliendo a la luz, en muchas ocasiones motivados por razones ideológicas (izquierda abertzale, manifestantes anti-globalización detenidos, etc.) o por razones xenófobas (desde 1995, AI ha documentado 320 casos de este tipo sólo en España). Sin embargo, la mayoría de las denuncias relacionadas con este asunto acaban perdiéndose en los juzgados sin llegar a ningún sitio, bien por falta de pruebas, bien por el desinterés de los órganos judiciales pertinentes. Son apenas un 10% de las denuncias presentadas las que acaban con una sentencia condenatoria contra el agresor, las más de las veces de corto alcance y escasa capacidad disuasoria. ¿Qué democracia es esta que no aplica contra aquellos de sus funcionarios que incumplen los derechos humanos todos el peso de la ley que sí se aplica en casos donde el que es atentado en sus derechos es el Estado o sus intereses?, ¿Qué democracia es esa que da vía libre para actuar impunemente a quienes detentan el monopolio de la violencia?

Finalmente, analicemos la situación de los derechos de los pueblos y naciones que conforman España, centrándonos para ello en un único artículo de la constitución que es en sí mismo lo bastante significativo como para ahorrarnos una argumentación extensa en nuestra afán de demostrar el cariz anti-democrático que impregna al Estado en este asunto.

Es en el título preliminar de la Constitución Española donde se habla en un mismo artículo de la existencia de diversas nacionalidades en el Estado y de la indisolubilidad del mismo. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (Art. 2).

Es decir, según la constitución, España es un ente diverso pero indisoluble, ¿Eso cómo se traga?, ¿es España una idea Platónica tal vez?, ¿una entidad metafísica?

Aunque en la Constitución no se utilice expresamente el vocablo naciones, si buscamos en el diccionario el significado de la palabra nacionalidad, veremos que se define como una cualidad derivada de la nación, y por tanto, no se puede hablar de nacionalidades sin dar por sentado la existencia de naciones sobre las que sustentarse. Además, ya son varias las CCAA que recogen en sus estatutos la definición del territorio como una nación o una realidad nacional, ahondando aún más en esta diversidad de identidades nacionales que existe en España. Aún así, la Constitución habla de la indisolubilidad de la Nación Española, como, repetimos, si de una idea platónica o cualquier otro ente metafísico del estilo se tratase.

El derecho internacional reconoce a toda nación facultades para llevar cabo el control de su futuro sin más ataduras que la decisión libre y democrática de sus gentes, o, lo que es lo mismo, su legitimo derecho a la autodeterminación. Cuando la constitución española habla de nacionalidades pero a su vez no recoge el derecho de estas a ser dueñas exclusivas de su futuro político, incurre en una grave omisión de la legalidad internacional al respecto. Eso es tan evidente, que no merece mayor razonamientos.

Pero es que además, cuando habla de la indisolubilidad del estado español, lo que hace directamente, sin camuflaje alguno, es atentar contra el normal funcionamiento de la Democracia. Ninguna nación es lo suficientemente poderosa como para gobernar a otra sin su consentimiento. Ninguna nación está creada por mandato divino. Todas las naciones, todos los Estados, son un producto de la historia. Todas ellas, y todos ellos, sin excepción, están sujetas y sujetos a las leyes de la dialéctica histórica. Hablar de indisolubilidad de un Estado, dándole con ello carácter eterno, es una aberración jurídica que atenta incluso contra la inteligencia.

¿Qué democracia es entonces esa que reconoce la diversidad nacional que existe dentro de un estado pero niega a su vez el derecho que tienen estas diversas naciones a decidir libremente su futuro? ¿Qué democracia es esa que da carácter de indisolubilidad a aquello que por definición es consecuencia de un proceso histórico dialéctico y cambiante y, por tanto, sujeto a evolución en su fondo y en su forma?

Es más, ¿qué democracia es esa que reconoce la libertad de expresión y de organización política, pero atenta constitucionalmente contra los derechos de aquellos ciudadanos independentistas que desean ver realizadas en acto sus aspiraciones democráticas?

Si el estado es por ley indisoluble, los independentistas somos por ley marginados: nuestras ideas y proyectos democráticos no caben en esa Constitución. ¿Cuántos millones de personas estamos marginados debido a este motivo dentro de este Estado que se presupone como democrático? Aunque solo fuese una, ya sería lo suficientemente grave para que todo verdadero demócrata se revelase contra ello.

La democracia española no es una verdadera democracia. Es una simple y vulgar demofascia, como tantas otras hay en eso que algunos se han empeñado en llamar “el mundo libre”.

Pero que quede claro: cuando uno permite que se quebrante la democracia, que esta sea sustituida por una demofascia que atenta contra los derechos y libertades de la ciudadanía, que niega el poder popular, que anula la separación de poderes y usa dobles varas de medir jurídicas según los intereses políticos y económicos del Estado, es su propia libertad la que está en juego. Aunque hasta que no le afecte directamente esté tranquilamente pensando que es al vecino (que algo habrá hecho para merecerlo) al único que puede ocasionarle algún daño. Pero ya lloraremos cuando nos vengan mal dadas y entonces tal vez sea demasiado tarde. Sobre todo los que son miembros de la izquierda anticapitalista en cualquiera de sus variantes, y permiten que se cometan injusticias con una parte de sus compañeros de clase, con sus aliados naturales para la acción política. Callar ante las injusticias de la demofascia española, te hace cómplice de ella. Que no quepa la menor duda. Que no te laven el cerebro con moralismo de pacotilla ni sentimentalismos baratos del tres al cuarto.
 


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