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200410 - Arturo del Villar - Este año 2010, a pesar de sus actuales apariencias, acabará siendo formidable para el reino de España, puesto que coinciden en él las conmemoraciones de los años santos de Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, más el año jubilar de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, y el obispo de Roma, el nazi arrepentido Joseph Ratzinger, nos visitará el 6 de noviembre para darnos sus instrucciones y bendiciones.

En agradecimiento, el Gobierno del reino de
España ha concedido a la Iglesia catolicorromana 159 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, aparte las donaciones para el mantenimiento de los templos propiedad de la misma Iglesia, y para ayudar a los fines sociales que lleva a cabo, más sueldos de profesores de su religión y de capellanes en diversos centros.

Parte de esos ingresos se enviarán al presunto Estado Vaticano. El Gobierno del reino de
España no lo considera tráfico de divisas, sino contribución al llamado óbolo de san Pedro, por el que todos los creyentes de esa religión deben colaborar al sostenimiento de la corte papal en el minúsculo Estado Vaticano.
Pese a ser minúsculo padece un déficit elevadísimo, por tener que pagar indemnizaciones millonarias a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por sus arzobispos, obispos y sacerdotes. En los Estados Unidos comenzó la reclamación, pero se ha extendido a otros países, el último y más reciente Irlanda. En España apenas se han presentado denuncias hasta ahora, pero en cuanto las víctimas se liberen de la vergüenza de hacerlo, veremos la ruina de la Iglesia. No importa: el Gobierno pagará, especialmente si es socialista.

LA IGLESIA DA MIEDO


Parece que los gobiernos presuntamente socialistas que se han sucedido temen el poder de la Iglesia
catolicorromana, que es grande, sin duda, pero que en otros países de nuestro entorno cultural se ha sometido al civil. Por ejemplo, la República Francesa promulgó entre 1901 y 1905 las leyes que marcaron la separación entre la Iglesia romana y el Estado. Se vengó el entonces obispo de Roma, Pío X, rompiendo las relaciones diplomáticas con la República Francesa, pero ni sus dirigentes ni sus ciudadanos se inquietaron por ello, así que rectificó, y se respetan desde entonces.
 

En el reino de España seguimos dependiendo de la autoridad del Vaticano. Continúan vigentes los acuerdos firmados en 1976 y 1979 entre los dos estados, a pesar de las reiteradas denuncias del Parlamento Europeo, que los considera incompatibles con el Tratado de la Unión Europea. De modo que los gobiernos supuestamente socialistas disponen de capacidad legal para denunciarlos, pero no se atreven a hacerlo, por temor a los fundamentalistas catolicorromanos, que conservan todo el poder y privilegios adquiridos durante la dictadura, cuando la identificación entre la Iglesia de Roma y el Estado surgido de la sublevación militar fue plena.
 

En junio del año pasado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que se estaba preparando una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Se apresuró a tranquilizar a la Conferencia Episcopal, con la aclaración de que no afectaría a esos acuerdos. Aun así, los obispos trabucaires clamaron al cielo, y no se ha vuelto a saber nada de ese propósito, por muy edulcorado que estuviera. El Gobierno presuntamente socialista no quiere disputas con la Iglesia catolicorromana.

LOS OBISPOS, CONTRA LAS LEYES

Por eso su presidente, el compañero Rodríguez, peregrinó a la basílica de Compostela en cuanto ganó las elecciones en 2004, para impetrar la colaboración del apóstol Santiago, y la de su representante, el arzobispo, que le echó una reprimenda pública. Y por eso sus ministros acuden al Vaticano para participar en investiduras de cardenales, y a las ceremonias de santificación de españoles extremistas, y a la apertura de los años santos correspondientes, y a las procesiones.
 

Sin embargo, los obispos no están contentos, así que organizan manifestaciones públicas contra las leyes aprobadas en el Parlamento, e incitan a sus súbditos a incumplirlas. Especial odio sienten por la de Educación para la Ciudadanía, porque la califican de manipuladora de las conciencias, ellos, que se han pasado toda la historia manipulando las conciencias, y por la de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque dicen que el aborto es un crimen, ellos, que se han pasado toda la historia matando a los que acusaban de ser herejes, brujos, homosexuales, judíos, mahometanos, traductores de la Biblia, científicos independientes, librepensadores, e incluso socialistas.
 

Y los gobiernos presuntamente socialistas soportan sumisamente que los obispos sigan lanzando el grito medieval de “¡Santiago y cierra España!”, ahora no contra los mahometanos invasores, sino contra el Gobierno y el Parlamento. Han llegado a amenazar con la excomunión a quienes acaten las leyes que nos les gustan a ellos, con excepción de su majestad el rey católico, que lo es por la gracia de Dios (en realidad, por la del dictadorísimo, aunque dada la identificación entre la Iglesia y la dictadura, puede considerarse que las decisiones del ex–general rebelde estaban inspiradas por el Dios que le ayudó a ganar la guerra). El altar y el trono se han apoyado mutuamente a lo largo de la historia.

NECESITAMOS UN PARTIDO


Según el tercer punto del artículo 16 de la Constitución Española de 1978, “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Los gobiernos que se han sucedido desde su promulgación lo ignoran. Los súbditos callan y pagan impuestos con los que sostienen a la Iglesia catolicorromana, a la monarquía y a las instituciones. Se resignan, porque no hay un partido político fuerte que les anime a cambiar su situación. Si los grupos republicanos de izquierdas se unieran, podrían hacerlo, pero eso es imposible ahora. Estamos demasiado divididos para pensarlo siquiera.
La II República legisló para separar a la Iglesia del Estado, sin quitarle nada, ni su poder, ni su organización, ni sus propiedades. Sin embargo, desde el primer día los obispos, incluido el de Roma, se enfrentaron al nuevo régimen, incitaron a la sublevación, y cuando estalló la guerra bendijeron a los rebeldes y recaudaron dinero en sus templos de todo el mundo para entregárselo. El presunto Estado Vaticano fue el primero en reconocer a la dictadura en 1953.
 

El pueblo español no es antirreligioso, sino anticlerical, porque está harto de la dictadura de la Iglesia. Es el motivo de que se dedique a quemar templos cuando tiene ocasión, como en 1823, 1834, 1835, 1909, 1931 y 1936. Solamente los de obediencia catolicorromana, nunca los de otras confesiones, porque considera a curas y frailes sus opresores: tienen todos los derechos, incluso los de pernada y pederastia.

A cambio, en los conventos y los templos se reza diariamente por el bienestar del reino de España. Con poco éxito, dado que hay cuatro millones y medio de desempleados, un déficit público de 72 mil millones de euros, un sistema financiero en bancarrota, y una corrupción institucional generalizada. El grito de guerra medieval es ahora “¡Santiago y quiebra España!” Es lo que merecemos, por ser súbditos sumisos del altar y el trono. Si los grupos republicanos de izquierdas se unieran cambiaría el panorama. Pero eso es una utopía por ahora. ¿Hasta cuándo?

Arturo del Villar es PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO
 


 

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