210610 -Arturo del Villar - Las Cortes Constituyentes de la República declararon al ex-rey huido Alfonso de Borbón “degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, […] sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”. Ningún historiador ha puesto nunca en duda la legalidad y legitimidad de las Cortes Constituyentes, por lo que sus acuerdos no pueden ser derogados más que por otras Cortes legales y legítimas.
 

El 27 de agosto de 1931 acordaron los diputados constituyentes crear una Comisión de Responsabilidades sobre las intervenciones de Alfonso de Borbón respecto a la guerra de Marruecos, la política social en Cataluña, el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, las actuaciones de la dictadura militar, y el proceso de Jaca concluido con la ejecución de los condenados en consejo de guerra sumarísimo.
 

La Comisión presentó el 12 de noviembre un acta de acusación contra el ex-rey huido. El dictamen fue redactado por Ángel Galarza, director general de Seguridad, y Eduardo Ortega y Gasset, y en él se le acusaba de reforzar su poder personal en el Ejército mediante la distribución de cargos y recompensas, de obligar al general Silvestre a ejecutar las operaciones conducentes del desastre de Annual, de organizar el golpe de Estado de 1923 para impedir al Congreso el examen del expediente Picasso acerca de lo sucedido en Marruecos, de perjurar la Constitución, y de haberse convertido por ello en el jefe de una facción.
Un voto particular de los diputados Royo Villanova y Centeno proponía que el ex-rey no fuera acusado de cometer un delito de lesa majestad, sino de alta traición.
 

Se discutió el acta acusatoria en una sesión comenzada a las 23,15 de la noche del jueves 19 de noviembre, presidida por Julián Besteiro. Acudió tanto público que no cabía en las tribunas de invitados. Abierta la sesión, leyó el acta de acusación el primer secretario del Congreso, Juan–Simeón Vidarte.
Le fue concedida la palabra en primer lugar al defensor del ex-rey huido, Álvaro de Figueroa, ex-conde de Romanones, antiguo jefe del Gobierno y ministro en varias ocasiones durante la monarquía entonces juzgada. Su discurso provocó risas a menudo, como cuando afirmó que no se puede juzgar a un ausente, y algunas voces gritaron “¡Pues que venga!”.
 

Por la Comisión habló Ángel Galarza. Calificó de ficción toda la vida política del ex-rey, y demostró que estaba probada su responsabilidad en los delitos de los que se le acusaba.
Le siguió en el uso de la palabra el antiguo servidor de la monarquía Ángel Ossorio y Gallardo, ferviente católico romano que se definía como “monárquico sin rey”. Recomendó que no se votase el acta, para evitar que, en su opinión, el Congreso quedara más dañado que el ex-rey.
Después intervino por la Comisión el diputado González López, quien manifestó que sólo veía en el ex-rey a un delincuente, con una vida entera punible, y añadió que debían tomarse medidas de seguridad para evitar que volviera a España.
 

Los diputados Royo Villanova y Centeno defendieron su voto particular, y seguidamente habló José María Gil Robles, en trance de implantar en España las ideas y las formas del fascismo italiano, para explicar que el jefe del Estado es irresponsable en los actos refrendados por un ministro, y en consecuencia resulta imposible acusarle, pero su argumento fue desechado.

El primer jefe del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora, pidió la palabra para responder a varias acusaciones lanzadas en el debate, sobre el hecho de haber permitido la fuga del ex-rey aquella noche del 14 de abril. Se declaró único responsable de facilitar su fuga, porque deseaba evitar una tragedia sangrienta que manchara las primeras glorias de la República, si el pueblo se vengaba de los agravios padecidos durante la monarquía.
Replicó Manuel Azaña, en ese momento jefe del Gobierno provisional, que todo el comité revolucionario había acordado solidariamente permitir la huida del ex-rey, aunque reconoció que el pueblo español se comportó aquella noche con gran dignidad, para “no ofender con la sangre vertida inútilmente la gloria de la Revolución”. Añadió que el ex-rey era culpable sin duda de los delitos de que se le acusaba, y que en su opinión “esta noche, con esta votación, se realiza la segunda proclamación de la República en España”, palabras acogidas con entusiasmo por los presentes.
Se procedió a la lectura por Vidarte de la redacción del dictamen en su nueva redacción, que fue aprobado por aclamación, entre aplausos y vivas a la República, levantándose aquella histórica sesión a las cuatro menos cuarto de la mañana del viernes 20 de noviembre de 1931. El dictamen dice así:

Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.
Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso conveniente que deba darles.
Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de las Naciones.

La sentencia no ha sido legalmente derogada, porque es inaceptable un decreto de anulación firmado el 15 de diciembre de 1938 por un ex-general rebelde convertido en dictadorísimo por sus cómplices en la traición al Ejército, a la República y a la patria. En consecuencia, los sucesores de Alfonso de Borbón están incapacitados legítimamente para reivindicar ningún título de la monarquía instaurada en 1874 en Sagunto, a consecuencia de la rebelión de otro general traidor a sus juramentos.

ARTURO DEL VILLAR ES PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO
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